[Este artículo viene acompañado del mini-documental titulado "Trabajar sin salario en Zimbabue".]

Imagine tener un trabajo en el que no le pagan desde hace cuatro años. Imagine tener que ir a trabajar cada día como si nada pasara. Nancy Musonza no tiene que imaginárselo, porque vive esta pesadilla día tras día. Esta madre de familia de 48 años, con tres hijos, lleva desde 2008 trabajando en la tintorería Blue Line de Southerton, Harare, como clasificadora de ropa. Hace cuatro años que es víctima de lo que se conoce como "robo de salarios", es decir, que la empresa no paga, o solo parcialmente, los salarios, durante meses o incluso años.

"Comenzó en noviembre de 2014", cuenta a Equal Times desde su pequeña casa de madera de dos habitaciones, a las afueras de Harare. "Estábamos trabajando normalmente y, de repente, dejó de pagarnos. Nos daba diez dólares, después tres dólares... hasta que dejó de pagarnos. Ahora nos paga tres meses y luego hace un alto. Nos paga enero, febrero, marzo y después para. Nos paga agosto, septiembre y luego para".

Nancy se levanta a las cinco de la mañana y realiza tareas del hogar para varios vecinos. Este dinero le permite pagarse el transporte al trabajo. Cuando le preguntamos por qué sigue yendo a trabajar a pesar de que le cuesta dinero hacerlo, Nancy responde que no tiene otra alternativa. "¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Quedarme en casa y morirme de hambre?".

Como otras mujeres de su edad de este país con la segunda mayor economía informal del mundo, Nancy sabe que sus perspectivas laborales son mínimas y como no cobra un salario adecuado desde hace cuatro años, carece de capital para iniciar su propio negocio.

"Llevo ya diez años trabajando aquí. Si renuncio, no recibiré nada. Lo sé por la experiencia de otros que se han despedido [Nota del editor: en julio de 2015, 20 trabajadores llegaron a ser suspendidos sin sueldo por reclamar sus salarios pendientes]. Si me quedo, al menos tengo la posibilidad de que algún día me pague lo que me debe. A veces, él [el director de la empresa, Narendrakumar Zavery] nos paga 15 dólares y con eso puedo comprar algo de harina de mijo [el alimento básico de Zimbabue] para que mi familia pueda comer. Pero estamos sufriendo de verdad".

Por "nosotros" se refiere no sólo a su familia, también a los 49 trabajadores de Blue Line que se encuentran en la misma situación que Nancy. En julio de 2018, los trabajadores ganaron un juicio y el Consejo Nacional de Empleo obligó a la empresa a pagarles un total de 159.629,45 dólares USD en concepto de salarios pendientes (3.192,59 UDS por persona), en cuotas mensuales de 435 USD, hasta que la deuda fuera saldada. Pero Musonza dijo a Equal Times en noviembre que no les han pagado los atrasos y siguen sin recibir salario alguno.

En la sentencia de cinco páginas a la que tuvo acceso este medio, el demandado (llamado como el responsable de recursos humanos de la compañía, A B Mukupuka) alega que Blue Line no pagaba los salarios correctamente porque sus acreedores no le pagaban tampoco. "Los salarios se pagan a plazos para mantener el equilibrio entre las operaciones y el negocio", dice en la sentencia. Pero los demandantes alegan que Blue Line —entre cuyos clientes se encuentran el Hospital del Condado de Harare, Dairiboard Zimbabue y algunos de los hoteles más importantes de la ciudad, como Cresta— sí ha tenido el dinero para financiar los partidos de clasificación de la Copa Mundial de Críquet del ICC, mientras que al comité de empresa lo mantiene completamente al margen de las finanzas de la empresa.

"Una situación desesperada para los trabajadores de Zimbabue"

Lamentablemente, no estamos ante un caso aislado. El robo de salarios es una lacra de alcance nacional. Según un informe de 2016 publicado por el Departamento de Investigación del sindicato Zimbabue Congress of Trade Unions, LEDRIZ (Instituto de Investigación Económica Laboral de Zimbabue), en colaboración con el Solidarity Center, unos 80.000 trabajadores zimbabuenses fueron víctimas de robo de salarios en 2015. Sin embargo, dada la crisis económica en la que está sumida Zimbabue con una inflación oficial anual que el mes pasado alcanzó el 20,9% y la escasez de productos de primera necesidad, como el pan, el aceite de cocina, el combustible y el dinero en efectivo, que obligan a los zimbabuenses a hacer cola durante horas para acceder a ellos— probablemente la cifra real de personas que sufren el robo de salarios es mucho mayor.

"Las cosas han empeorado mucho desde que publicamos el estudio", dice Nyasha Muchichwa, economista e investigador de LEDRIZ, autor del informe. "La mayoría de las empresas que no pagaban entonces siguen sin pagar hoy. A esto hay que unir un nuevo colectivo de personas que perdieron su empleo debido a la sentencia de la Corte Suprema [de 2015], que autoriza a los empleadores a despedir a la gente con un preaviso de tres meses. La mayoría de estas personas despedidas aún no han recibido su indemnización correspondiente", dice Muchichwa. "Así que tenemos a gente que no recibía su salario y ahora, además, tienen que luchar para conseguir su indemnización por despido. Es una situación desesperada para los trabajadores de Zimbabue".

Aunque el robo de salarios se da en el sector privado y en el público, la mayoría de las 442 empresas e instituciones identificadas por LEDRIZ en su informe son organismos estatales o paraestatales.

Para Japhet Moyo, secretario general del ZCTU, la culpa de la epidemia del robo de salarios "recae directamente en el Gobierno".

El Gobierno del Zanu-PF (tanto bajo el expresidente Robert Mugabe como con el llamado ’nuevo comienzo’ de Emmerson Mnangagwa) ha generado "la peor crisis económica del país en una década" y, además, la mala praxis de entidades paraestatales y estatales incita a las empresas privadas a no pagar a sus trabajadores. Como era de esperar, el robo de salarios no afecta a los altos directivos de las empresas paraestatales, estatales o del sector privado, que puntualmente se embolsan enormes salarios y prestaciones. Por ejemplo, el informe de LEDRIZ cita que, en 2014, el salario medio mensual (incluidos complementos salariales) de un alto ejecutivo del servicio público era de 5.082 USD, mientras que el de los trabajadores de a pie era de apenas 375 USD.

La culpabilidad del Gobierno en el problema del robo de salarios se extiende incluso a las inspecciones de trabajo, según Moyo. "Se supone que el Ministerio de Trabajo debe velar por que las entidades respeten las reglas, que dicen que cada a persona que trabaja le corresponde cobrar un salario", ya sea semanal, quincenal o mensualmente, explica. "El Gobierno tiene el deber de realizar las inspecciones, pero las propias entidades gubernamentales incumplen la ley, esto significa que el Gobierno está directamente involucrado".

Además de los trabajadores, el robo de salarios afecta también directamente a las familias. Muchichwa habla de la "degradación moral" que en ellas provoca.

"Los maridos, de quienes se espera sean el sostén de sus familias, dependen ahora de sus esposas y algunos incluso de sus hijos, que han tenido que abandonar la escuela. Otros caen en actividades ilícitas sólo para poder alimentar a su familia".

Nancy nos cuenta que su esposo lleva sin trabajar desde 2006 y que su hijo y sus dos hijas no han podido terminar sus estudios, porque no pueden pagarles la matrícula escolar. "Tengo muchas facturas pendientes que no puedo pagar, así que todo está paralizado por ahora. Tengo una factura de agua de 1.300 dólares que no he pagado. Mi marido intenta trabajar en la comunidad. Si consigue un dólar, comemos pan. Si me pagan 15 dólares, tenemos harina de mijo. Si mi hijo trabaja en la huerta, comemos verduras. Así es cómo logramos sobrevivir".

En un caso infausto, cientos de mujeres familiares de mineros de la Hwange Colliery Company, a unos 620 kilómetros al oeste de Harare, protestaron durante meses contra el impago de salarios. "Estos trabajadores van a trabajar todos los días, a pesar de que llevan cinco años sin cobrar", dice Michael Kandukutu, responsable de organización del ZCTU. "A principios de este año, unas 600 esposas, hermanas e hijos de mineros montaron un piquete en las oficinas de Hwange Colliery durante 98 días, para exigir a la mina que pagara a sus maridos. Lamentablemente, el Gobierno intervino, lo cual no le corresponde porque se trataba de una disputa entre los trabajadores y su empleador. Los trabajadores no pudieron manifestarse ni declararse en huelga porque la empresa tomaba represalias. Si un trabajador decide hacer huelga, manifestarse o hacer huelga de celo, será despedido".

"¿Quién negociará colectivamente por ellos?"

Por otro lado, están las repercusiones del robo de salarios sobre los sindicatos. "Cuando las entidades no pagan los salarios, significa que no hay cuotas sindicales para los sindicatos y que no llegan cuotas de afiliación al ZCTU. Por lo tanto, los problemas administrativos que sufren los sindicatos, a los que se enfrenta el propio ZCTU, están relacionados con impago de salarios. Esto está vinculado con el robo de los salarios”.

Como resultado del robo de salarios, los sindicatos están sufriendo una reducción forzosa de sus cuotas sindicales, y el derecho constitucional a la libertad de asociación está siendo gravemente restringido. “Por supuesto, el impacto [del robo de salarios] es enorme. Recuerde que para que seamos muy efectivos como organización debemos realizar investigaciones, para las que se necesitan recursos, sin los cuales una organización no puede implementar sus programas de organización, que ayudan a los sindicatos a crecer y a desarrollar sus capacidades. Por lo tanto, hay un impacto en las operaciones o en la existencia misma de la organización. Hay afiliados que tienen dificultades incluso para pagar el alquiler. Pueden verse obligados a cerrar y esto ha afectado a la libertad de asociación, porque los trabajadores no podrán contar con organizaciones que les ayuden. Si no tienen organizaciones que les ayuden, ¿quién negociará colectivamente por ellos?”.

A pesar de sus limitados recursos (el ZCTU ha perdido tres cuartas partes de sus miembros desde la década de los noventa), el ZCTU y sus afiliados continúan haciendo todo lo posible por representar a los trabajadores afectados por el robo de salarios.

Kandukutu dice: "El ZCTU, con el apoyo de la CSI, ha estado visitando empresas y hablando a los empleados sobre el robo de salarios y las soluciones que la ley ofrece a los trabajadores cuanto dejan de cobrar su sueldo u otras prestaciones no salariales". Subraya la importancia de que los trabajadores sepan que "el silencio no ayuda a cambiar las cosas. Cuando los trabajadores sufren agravios deben saber que pueden acudir a los sindicatos y haremos todo lo posible para que se aborde el problema". Con la ayuda de la ONG sindical estadounidense Solidarity Center, en vísperas de las elecciones de 2018, el ZCTU organizó ’juntas municipales’ o actos públicos para tratar de dar a conocer la incidencia del robo de salarios y promover que las empresas y las comunidades se unan en la lucha contra esta lacra.

Zakeyo Mtimtema, responsable jurídico del ZCTU, dice a Equal Times que los sindicatos han intentado en repetidas ocasiones colaborar con el Gobierno a través del Foro de Negociación Tripartito de Zimbabue, "pero no sale nada concreto de esas discusiones".

La abierta hostilidad del Gobierno hacia los sindicatos (varios líderes del ZCTU, incluido Moyo, se enfrentan actualmente a 10 años de cárcel por cargos falsos de desorden público y el Gobierno considera a los sindicatos como un obstáculo para su ’Zimbabue abierto a los planes de inversión de las empresas’, en lugar de actuar como un interlocutor social significativo) implica que "el nuevo Gobierno no respeta su propia Constitución, que garantiza esos derechos [laborales]".

Por ejemplo, dice: "La ley que regula la huelga es pésima para los trabajadores. Dice que no se puede hacer huelga en un conflicto de derechos, sólo se puede hacer huelga en un conflicto de intereses. Pero cuando hablamos de un conflicto de derechos, estamos luchando por algo a lo que tienes derecho. ¡Y ahora la ley dice que no puedes hacer huelga! Pero se nos pide que sigamos viniendo a trabajar aunque no nos paguen. ¿Quién entiende eso? No tiene ningún sentido. Y aquellos que, como los trabajadores de Blue Line, logran llevar su caso ante un juez, tienen que soportar los obstáculos de la justicia, "que es lentísima", dice Mtimtema. "Si vas a juicio, el asunto tardará dos o tres años en resolverse".

En cuanto a las medidas que se deben adoptar para hacer frente al robo de salarios, el informe de LEDRIZ recomienda: garantizar el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo y de la Constitución de Zimbabue; revisar y reforzar la Ley del Trabajo para establecer "procedimientos que permitan la supervisión de estos casos y la adopción de medidas al respecto, en el sector público y en el privado", y la ratificación inmediata de los convenios internacionales del trabajo en materia salarial.

Pero hasta que el Gobierno no tome medidas concretas, miles de trabajadores como Nancy continuarán sufriendo. "Sé que va a despedirme. Si él ve este vídeo, me va a despedir", dice. "Pero no tengo miedo, si va a pagarme mi dinero. Porque ya estoy harta. Soy una mujer y necesito que mis hijos sobrevivan, pero ya he trabajado suficiente para él. Y no quiere pagarme. ¿Qué puedo hacer?".