El tortuoso camino de la justicia transicional en Túnez

El tortuoso camino de la justicia transicional en Túnez

The Baraket family poses on the staircase of the Nabeul court: Faysal’s mother together with her sons, Jamel on her right and Kaïs and Hatem on her left.

(Ricard González)

Una soleada mañana de principios de marzo, diez minutos antes del inicio del juicio, Jamel Baraket se mostraba ilusionado. “Se han presentado cinco de los acusados. Hoy esto sí que irá en serio”, comentaba a representantes de un par de asociaciones de la sociedad civil que siguen de cerca el caso de su hermano Faysal, uno de los más emblemáticos de la represión ejercida por la dictadura de Ben Alí.

Faysal Baraket, un joven estudiante y militante islamista, fue torturado hasta la muerte el mismo día de su arresto, el 8 de octubre de 1991, en la comisaría de Nabeul. Sin embargo, el régimen falsificó la autopsia y afirmó que había muerto de un accidente de tráfico. Un examen posterior desveló que falleció por una hemorragia interna al ser sodomizado con una barra de hierro. Desde entonces, y a pesar de las dificultades, su familia no ha cejado en su empeño de llevar a sus verdugos y cómplices a los tribunales.

El “juicio Baraket” se enmarca dentro del proceso de justicia transicional puesto en marcha en Túnez tras la revolución de 2011, y que tiene como objetivo forjar la reconciliación nacional a base de revelar la verdad de los crímenes de Estado, resarcir económica y moralmente a las víctimas y garantizar que los culpables rindan cuentas ante la sociedad. En el corazón de esta experiencia se halla la Instancia de la Verdad y la Dignidad (IVD), que durante sus cuatro años de mandato ha estudiado más de 62.000 dosieres presentados por las víctimas, y que recogen todo tipo de abusos, desde asesinatos o torturas policiales a casos de despidos políticos.

“Esta es una experiencia única en el mundo árabe, y que esperamos que pueda servir de ejemplo a otros países de la región con un pasado doloroso”, cuenta Sihem Ben Sedrine, presidenta de la IVD, y conocida disidente que pasó varios años en el exilio durante el gobierno de Ben Alí.

A pesar de las expectativas, la cuarta sesión del “juicio Baraket” apenas ha diferido de las anteriores: la presidenta del tribunal ha aplazado la vista unos diez minutos después de su comienzo. Cada día lo ha justificado en base a un motivo diferente. Esta vez ha sido, entre otras, por la falta de un micrófono.

“Uno siente que hay una voluntad de dificultar el avance del juicio por parte de las autoridades. Estas cosas no suceden en los tribunales normales”, lamenta el veterano abogado Mojtar Trifi, miembro del equipo que asiste a la familia Baraket. Los casos más graves investigados por la Instancia, como el de Faysal Baraket, son transferidos a las llamadas “cámaras especializadas”. Si bien están integradas en la justicia ordinaria, por su composición y poderes, estas cortes tienen un carácter excepcional,

“La lentitud del proceso Baraket no es una excepción. Nos hemos encontrado con varios problemas. Por ejemplo, la mayoría de acusados no se presentan a los juicios, y no se les trae por la fuerza”, critica Sarah Attafi, coordinadora legal de la Organización Mundial Contra la Tortura, que cree que la presión de los sindicatos de policía, contrarios al proceso, se deja sentir en los tribunales.

En total, ya hay una veintena de juicios en marcha, y se espera que en los próximos meses dé comienzo el resto, que abarcan, en conjunto, las causas de algo más de 170 víctimas de un periodo que comprende más de cinco décadas. En todos ellos, los investigadores de la IVD creen haber hallado pruebas que desvelan la cadena de mando, completa, que ejecutó los crímenes, y que a menudo remonta hasta el propio Ben Alí, fugado a Arabia Saudita.

“Estos juicios son de una gran importancia, y no solo para las familias. Deben permitirnos romper con la impunidad. No hay que olvidar que aún se producen abusos [policiales] hoy”, espeta Fida Hamami, investigadora de Amnistía Internacional en Túnez.

Las elecciones, punto de inflexión

El camino de la IVD, una institución diseñada por el primer Gobierno elegido en las urnas, controlado por los partidos de la oposición a Ben Alí, ha estado repleto de dificultades y obstáculos desde su inicio, en 2014. Los remanentes del antiguo régimen, con una gran influencia en algunas instituciones públicas y en los medios de comunicación, se conjuraron para hacer fracasar el proyecto, estiman las principales organizaciones de la sociedad civil tunecina.

Las segundas elecciones libres, que se celebraron a finales de 2014, representaron un punto de inflexión. Las venció Nidá Tunis, un partido liderado por personalidades vinculadas a la dictadura y cuyo fundador, Béji Caïd Essebsi, se convirtió en presidente del país. “El Gobierno actual no cree en la justicia transicional. Algunas instituciones, como el Ministerio del Interior, no han colaborado con nosotros. Aunque la ley le obliga a hacerlo, ha rechazado darnos los archivos de la policía política”, explica Ben Sedrine.

El informe final de la IVD, que cerró sus puertas el 31 de diciembre, recoge la complicidad del presidente Essebsi con violaciones de derechos humanos acaecidas hace décadas. Essebsi, de 92 años de edad, fue ministro de Interior y de Defensa en los años sesenta, durante el régimen de Habib Bourguiba. Este periodo también está incluido en el mandato de la Instancia; es más, la Instancia de la Verdad y la Dignidad abarca el periodo comprendido entre 1955 –en los estertores de la colonización francesa–, y 2013.

Aunque el informe se hizo público en marzo, la IVD ya había ido desvelando ante la ciudadanía el pasado oculto de Túnez. A través de una quincena de audiencias públicas, retransmitidas en directo a todo el país por la televisión pública, una selección representativa de las víctimas relató sus historias de dolor, humillación y pérdida. La potente carga emocional de sus testimonios suscitó lágrimas dentro de la sala, y una catarsis colectiva fuera de ella.

“La opinión pública cambió su percepción antes y después [de las audiencias]. Fueron realmente un punto de inflexión”, sostiene Salwa Gantri, responsable en Túnez del International Center for Transitional Justice.

Durante todo el proceso, la mayoría de agrupaciones de víctimas ha ofrecido un apoyo crítico a la Instancia de la Verdad y la Dignidad. “Algunos aspectos de su trabajo son mejorables. Muchas víctimas necesitan ayuda económica urgente y aún no se les ha hecho efectiva”, se queja Bashir al-Khalfi, presidente de la asociación Sawt al-Insan y antiguo preso político.

“La IVD no se ha comunicado de forma fluida con nosotros para informarnos de sus investigaciones sobre nuestro dosier. Estamos contentos por sus logros, pero ha faltado transparencia”, opina Jamel Baraket, él mismo víctima también de la tortura. Al no encontrar a Faysal en casa cuando fueron a arrestarlo, la policía se llevó a comisaría a Jamel para forzar a su hermano a entregarse. Fruto de los abusos, Jamel hoy padece artrosis en varios huesos, pero dice que las peores secuelas son las psicológicas.

La cobertura más bien hostil de los medios y la personalidad punzante de Ben Sedrine han convertido la IVD una institución controvertida en la sociedad tunecina. Por ello, no ha conseguido los ambiciosos mandatos que se había marcado.

“El proceso de Justicia Transicional no acaba con la IVD. El fin de la impunidad es un combate que será largo y sembrado de trampas. Pero las víctimas, sus familias y las organizaciones de la sociedad civil no bajarán los brazos hasta que se sepa toda la verdad y los responsables de violaciones graves de derechos humanos rindan cuentas por sus actos”, advierte la politóloga Olfa Lamlum.

Hasta el momento, en Túnez no ha habido ningún caso de una víctima que se haya tomado la justicia por su mano, algo que Ben Sedrine atribuye al carácter pacífico de los tunecinos. “La familia está dispuesta a perdonar a los verdugos de Faysal, pero antes deben contar toda la verdad y se debe aplicar la ley. No queremos venganza, sino garantizar que algo así no se repetirá en el futuro”, asegura Jamel, de ojos diminutos y mirada bondadosa mientras baja las escaleras del tribunal de Nabeul.

La decepción del aplazamiento de la vista no parece haber hecho mella en su estado de ánimo: “Han sido 27 años de lucha, y vamos a continuar. Lo de hoy ha sido un pequeño paso. Aún mantenemos la esperanza”. Cogida de su brazo y sosteniendo una foto en blanco y negro de Faysal, camina renqueante su anciana madre. Avanza despacio, midiendo cada paso, como la justicia transicional en la Túnez posrevolucionaria.

This article has been translated from Spanish.