La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) ha publicado recientemente un informe sobre la situación en Belarús, examinando los derechos sociales, económicos, laborales y sindicales en este país conocido como “la última dictadura de Europa”.

Una de las revelaciones más condenatorias que ofrece el informe es el hecho de que en toda una serie de sectores, que abarcan desde la agricultura hasta la construcción, el Gobierno fuerza a gran parte de la población a trabajar sin cobrar.

Para el Belaruski Kongress Demokraticheskih Profsouzov (BKDP, o Congreso de Sindicatos Democráticos de Belarús), la iniciativa de la FIDH de investigar las condiciones sociales, económicas y laborales de los trabajadores bielorrusos representa un avance significativo.

El informe se convertirá en un importante instrumento para presionar al régimen autoritario bielorruso, cuyo desprecio por los derechos humanos – ya sea con relación a la libertad de expresión, a la libertad sindical o a unas elecciones libres y justas – se ha vuelto público y notorio.

También califica a la FIDH como un importante aliado para el BKDP.

A los funcionarios bielorrusos no les gusta recibir críticas relacionadas con las violaciones laborales, sociales y económicas, puesto que consideran que el Estado está haciendo un trabajo extraordinario para garantizar los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas.

Pero el informe de la FIDH proporciona un análisis exhaustivo de la difícil situación que prevalece en Belarús, así como hechos concretos para apoyar sus conclusiones, examinando de forma contundente la evolución del autoritarismo del Gobierno.

Decreto núm. 29

Ya por 1999 el Presidente Lukashenko emitió el Decreto núm. 29, conforme al cual se ordenaba a los empleadores que los contratos de todos los trabajadores habrían de pasar a ser contratos de duración determinada: lo nunca visto en la historia del trabajo.

El decreto anulaba de hecho una norma del Código Laboral en virtud de la cual se prohibía la firma de contratos temporales con toda persona cuyo trabajo fuera de naturaleza permanente.

Era asimismo incompatible con uno de los principales postulados que constituyen la base de las acciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a saber, la lucha por el empleo permanente y universal.

El Decreto núm. 29 era tan reprobable que generó protestas masivas entre los trabajadores y los sindicatos.

Por aquel entonces, la Federation of Trade Unions of Belarus (FTUB), la mayor asociación laboral del país, era todavía relativamente autónoma y consiguió organizar protestas y llevar a cabo una serie de manifestaciones impresionantes en contra del Decreto en Minsk, la capital nacional, así como en otras ciudades industriales importantes.

Decenas de miles de trabajadores y trabajadoras tomaron las calles y paralizaron efectivamente la promulgación del Decreto núm. 29 por parte del régimen en el poder.

No obstante, los acontecimientos posteriores confirmaron un patrón común a todos los Gobiernos autoritarios: empezar a considerar a las organizaciones independientes de trabajadores como la amenaza más peligrosa, y empezar a utilizar el aparato represor del Estado para acabar con ellas.

Belarús no fue una excepción. En 2002, tras años de constante presión, la FTUB fue sometida al control del Gobierno, y entre 2003 y 2004 los contratos de cerca del 90% de los trabajadores del país pasaron a ser de duración determinada.

Cruel disyuntiva

El BKDP, al igual que los expertos de la FIDH, está convencido de que la completa modificación de los contratos de la mayoría absoluta de los empleados bielorrusos y su transformación en contratos temporales contiene elementos de trabajo forzoso.

Esto viene respaldado por el hecho de que una persona que trabaja con un contrato temporal no puede abandonar su trabajo durante la duración de dicho contrato, incluso si se le presenta la posibilidad de acceder a un trabajo más atractivo y adecuado para ella.

Hace aproximadamente un mes, el Presidente Lukashenko ordenó a los sindicatos estatales comprendidos dentro de la égida de la FTUB modificar a esta forma de empleo los contratos de todas las personas empleadas en la economía nacional, sin excepción alguna.

Dado que el 98% de todos los trabajadores y trabajadoras son miembros de la FTUB (en su mayoría por coacción), es perfectamente plausible decir que una forma de empleo aparentemente civilizada, como son los contratos de duración determinada, se traduce en realidad como trabajo forzoso en Belarús.

El sistema de contratos temporales ha sido directamente transpuesto de áreas de la economía y las relaciones laborales al área de la política, convirtiéndose en un instrumento ideológico que se utiliza para influenciar a los trabajadores.

Por medio de este sistema las autoridades mantienen a los trabajadores bielorrusos bajo un férreo control, además de manipularlos y prescindir de los que consideran librepensadores, desleales o elementos poco fiables.

Entre éstos se pueden encontrar más que nada a miembros del BKDP y sus organizaciones afiliadas.

Nuestros compañeros y compañeras se enfrentan a una cruel disyuntiva: su sindicato independiente o su trabajo.

No sorprendió a nadie que el régimen en el poder agravara aún más la situación hace un año, el 7 de diciembre de 2012, con la promulgación de otro decreto presidencial que prohibía la dimisión de los trabajadores en el sector de la madera.

Así pues, el trabajo forzoso en el país no sólo es de facto, sino también de jure.

¿Qué puede esperarse en el futuro de un régimen que intensifica continuamente su autoridad totalitaria?

No hace falta adivinar. Sólo podemos insistir en que, al hacer la vida de los trabajadores más dura, el régimen no ha logrado nada; absolutamente nada ha cambiado en la economía nacional.

La introducción del trabajo forzoso jamás ha contribuido a incrementar ni la productividad ni la eficiencia en ningún país.

Y es una de las razones subyacentes al grave deterioro de la situación social y económica en Belarús.

Pero al haber recurrido al trabajo forzoso, a la servidumbre moderna, el régimen político en el poder en Belarús ha optado por una vía segura para acercarse más a su propio fin.