Los resultados del intenso ciclo electoral que se está viviendo en América Latina no solo están cambiando la composición de muchos gobiernos –en algunos casos incluso su filiación política–, también están incidiendo en los equilibrios regionales, afectando igualmente el proceso de integración regional. Es verdad que este atraviesa un momento de grandes dificultades, impulsadas tanto por causas internas como por el entorno internacional, que en lo referente al comercio internacional no está facilitando mucho las cosas.

Aquellas organizaciones más influidas por el proceso bolivariano son las que más han sufrido en esta coyuntura. Para comenzar está el caso del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) que, ante la crisis de Venezuela, su principal sostén económico y movilizador político junto a Cuba, vive un prolongado declive. El mismo comenzó con la muerte de Hugo Chávez, aunque la destitución de Mel Zelaya en Honduras había marcado su punto de inflexión tras alcanzar su máximo desarrollo precisamente con la incorporación de dicho país centroamericano. La reciente salida de Ecuador ha constatado las dificultades políticas del bloque, que no han podido ser revertidas por la gestión prácticamente inadvertida del excanciller boliviano David Choquehuanca que ocupa la secretaría ejecutiva de la institución.

Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) es, con todo, la que más ha sufrido en la actual coyuntura. Tras el paso del expresidente colombiano Ernesto Samper por su secretaría general y su sesgada labor para intentar mediar en la crisis venezolana, fue imposible encontrarle un sucesor para cubrir el cargo al vencimiento de su mandato. El veto del presidente Maduro a la elección del argentino José Octavio Bordón y el bloqueo posterior a cualquier solución de consenso que no pasara por un candidato provenezolano condujeron primero a la parálisis de Unasur y luego a su fractura, aunque de momento esta sea solo temporal.

En efecto, en abril de 2018 Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú suspendieron su membresía por tiempo indefinido hasta que se resuelva la elección de su máxima autoridad ejecutiva. Unasur recibió posteriormente otro golpe simbólico, aunque dirigido al centro mismo de su concepción ideológica fundacional. El gobierno ecuatoriano decidió retirar la estatua de Néstor Kirchner que presidía la sede de la organización en Quito al considerarla un intolerable símbolo de la corrupción. Las mismas autoridades estudian actualmente el destino del edificio, cuyo costo de construcción fue millonario, que bien podría utilizarse como sede de una universidad indígena.

La complicada situación venezolana también afecta a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), sumida en una crisis existencial bastante preocupante y con escasos visos de superación, al menos a corto o medio plazo. La suspensión definitiva de la Cumbre UE-CELAC, que debía haberse realizado a fines del año pasado en El Salvador (fue reemplazada finalmente por una reunión de cancilleres) es una buena prueba de la fractura que se vive en su interior a cuenta de Venezuela.

La creación del Grupo de Lima en agosto de 2017, con su activa posición en la denuncia de las violaciones de los derechos humanos por el gobierno de Maduro, ha intensificado las contradicciones internas de la organización y encrespado los debates. El Grupo lo integran 11 países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú) más Canadá. Posteriormente se unieron Guayana y Santa Lucía, lo que significa una abrumadora presencia de gobiernos de América Latina.

En esta lista de acontecimientos relacionados por el hilo conductor de la crisis que vive Venezuela, cuyos componentes humanitarios y migratorios ya tienen repercusiones regionales, no se puede dejar de mencionar a Mercosur. En este sentido hay que recordar la suspensión temporal de Venezuela del bloque subregional en agosto de 2017 por la “ruptura del orden democrático” dentro de sus fronteras, un hecho que provocó fuertes encontronazos entre los gobiernos democráticos del bloque y el régimen de Maduro.

Pero el reordenamiento regional va más allá de Venezuela. Pendientes aún de celebración las elecciones brasileñas, de las seis presidenciales convocadas para este año, y a la espera de que Andrés Manuel López Obrador se haga cargo de la presidencia mexicana el próximo 1 de diciembre es lógico que ciertas sombras de incertidumbre se proyecten tanto sobre el horizonte de Mercosur como sobre el de la Alianza del Pacífico.

En el caso de Brasil, el mayor interrogante pasa por una eventual victoria del candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro. Sus ataques a ciertos organismos multilaterales como Naciones Unidas hacen aumentar la prevención sobre su actitud respecto a Mercosur. Hay que señalar que siguiendo la estela de Donald Trump, Bolsonaro es un firme defensor del proteccionismo y partidario de las negociaciones bilaterales en lugar de las multilaterales y enemigo acérrimo de los bloques comerciales como Mercosur.

La Alianza del Pacífico vive una situación inédita, ya que los cuatro presidentes de los países que lo componen han iniciado sus mandatos o lo iniciarán, caso del mexicano Andrés Manuel López Obrador, a lo largo de 2018. Es precisamente el caso de México el que más preocupa, dadas ciertas pulsiones proteccionistas del próximo presidente y su inasistencia a la Cumbre de Puerto Vallarta, en julio pasado. Sin embargo, el nuevo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que sí participó de la misma, confirmó el compromiso de su gobierno con la Alianza. A esto hay que añadir la recomposición del diálogo entre López Obrador y los empresarios, que favorecerá una política comercial más aperturista.

En definitiva, los resultados electorales han impactado y lo seguirán haciendo en los procesos de integración regional y subregional en América Latina. Al mismo tiempo vemos cómo la región no es inmune a los vientos proteccionistas que llegan desde Estados Unidos. La demanda de ciertos sectores productores colombianos frente a la competencia que podría suponer la producción y exportación de carnes y lácteos de Australia, Canadá y Nueva Zelanda, posibles nuevos miembros de la Alianza del Pacífico, es una señal de los tiempos. Es de esperar que no sea una tendencia irreversible.