Elecciones en Nigeria: ¿se escuchará la voz de la clase obrera?

Pase usted el 14 de febrero de 2015*, La mayor democracia, el país más poblado y la mayor economía de África acudirá a las urnas.

Unos 70 millones de nigerianos/as inscritos/as votarán en las elecciones federales y estatales con la débil esperanza de elegir a un grupo de dirigentes que ayuden a Nigeria a desarrollar su enorme potencial y superar sus retos importantes.

Sin embargo, decir que estas elecciones han hecho al país presa de un estado de ansiedad sería quedarse muy corto.

Los/las nigerianos/as luchan contra la inseguridad en todos los frentes: de la corrupción al terrorismo y la enorme desigualdad.

Y, en un país en el que la política a menudo adopta un enfoque de “el ganador se queda con todo”, se ha expresado una gran preocupación en cuanto a la probabilidad de que haya violencia política.

Es prometedor que el Presidente Goodluck Jonathan, del partido gobernante People’s Democratic Party (PDP), su rival principal Mohammadu Buhari del All Progressives Congress (APC) y otros 12 candidatos presidenciales se comprometieran a prevenir la violencia política antes, durante y después de las elecciones.

Parece que hay unas cuantas personas influyentes en Nigeria que se dedican a dividir a la población en función de la etnia, la religión u otros motivos sectarios con propósitos políticos, pero esto solo sirve para desviar la atención de los problemas reales a los que se enfrentan los/las nigerianos/as: empleos, seguridad, corrupción y la economía.

Con una población de 173 millones de personas, una de cada 40 personas en todo el mundo es nigeriana.

Sin embargo, a pesar de los abundantes recursos naturales y humanos, el 61 por ciento de las personas todavía vive con menos de 1,25 dólares al día y Nigeria ocupa el puesto 153 en la lista de 187 países en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU.

Como consecuencia, los/las trabajadores/as nigerianos/as tendrán varias prioridades el 14 de febrero: la aplicación eficaz del salario mínimo existente, la creación de empleo, mitigación de la pobreza, el aumento de la inflación, la introducción de nuevas medidas de austeridad para contrarrestar los efectos de la caída de los precios del petróleo, la prestación de servicios públicos y el desarrollo de infraestructura.

Sin embargo, la prioridad máxima de todo el mundo es la seguridad.

 

Boko Haram

La insurgencia de Boko Haram en el noreste de Nigeria se ha cobrado más de 14.000 vidas desde 2009.

Miles de hombres, mujeres y niños en grandes ciudades como Maiduguri, Kano y la capital, Abuja, se han visto afectados y se calcula que 1,5 millones de personas de ciudades como Baga, Damaturu, Askira y Bama se han visto desplazadas.

La mayoría de ellas ahora busca refugio en países vecinos como Chad, Camerún y Níger, pero Boko Haram también ha empezado a atacar estos países.

En abril de 2014, 219 chicas fueron secuestradas por Boko Haram en su internado en Chibok, en el estado de Borno, y todavía siguen desaparecidas.

Más de 300 docentes y 2.000 estudiantes han sido asesinados o secuestrados por la secta islamista.

Otros miles de trabajadores/as que prestan atención sanitaria y otros servicios públicos también se han visto obligados a abandonar la región del noreste de Nigeria.

Se ha criticado duramente al gobierno por no enfrentarse a la insurgencia de Boko Haram ni abordar eficazmente los otros problemas de seguridad del país, como los secuestros no relacionados con el terrorismo.

Y con razón: la protección de vidas y propiedad es el mínimo absoluto que cualquier gobierno debería proporcionar.

Por ello, para los/las trabajadores/as nigerianos/as, la insurgencia de Boko Haram representa una declaración de guerra al gobierno nigeriano.

La central sindical nacional de Nigeria, el Congreso Sindical Nigeriano (NLC, por sus siglas en inglés), ha lamentado la respuesta despreocupada de la clase política del país a la amenaza del terrorismo en Nigeria.

Y es que los más vulnerables a los ataques de Boko Haram son los/las trabajadores/as nigerianos/as: conductores/as de autobús y okada (mototaxi), dueños/as de puestos en el mercado, vendedores/as ambulantes, docentes, viajeros/as y otros/as.

Además, está claro que el desempleo masivo – en particular en el norte de Nigeria – ha contribuido a la insurgencia.

Según diferentes medios de comunicación, hombres jóvenes desempleados han sido engatusados para unirse a Boko Haram por sumas entre 50.000 naira (aproximadamente 260 dólares) y 500.000 naira (2.600 dólares), una pequeña fortuna en esta parte del mundo.

 

Corrupción

En este contexto explosivo, el problema de la corrupción cobra más importancia ahora que en cualquier otra elección, en particular debido a la conexión entre la seguridad nacional y la lucha del ejército contra Boko Haram.

La corrupción masiva en el sector público y el privado continúa haciendo estragos en Nigeria.

En 2012, el antiguo economista del Banco Mundial, Oby Ezekwesili (que fue uno de los cofundadores de Transparencia Internacional), afirmó que Nigeria había perdido más de 400.000 millones de ingresos derivados del petróleo desde 1960.

Solamente podemos imaginar el impacto que este dinero podría tener en la protección social, la prestación de servicios públicos o incluso si se empleara eficazmente para ayudar a ganar la lucha contra Boko Haram.

A pesar del hecho de que el gobierno nigeriano ha gastado más de 10.000 millones de dólares en sus esfuerzos para derrotar a Boko Haram en los últimos cuatro años, los soldados de primera línea continúan describiendo cómo la falta de equipos necesarios, uniformes o bienestar básico –como consecuencia de la corrupción – tiene un impacto grave tanto en la moral como la eficacia.

La lucha contra la corrupción del gobierno de Jonathan puede describirse en el mejor de los casos como poco entusiasta.

El mismo Presidente declaró públicamente que robar no constituye corrupción y ha sugerido que las penas de prisión no deberían ser el único castigo por corrupción, a pesar de las estipulaciones de la ley.

Y hasta la fecha todavía no ha articulado de manera coherente su estrategia contra la corrupción.

En lo que concierne a la economía, la caída mundial de los precios del crudo ya está teniendo un impacto enorme en Nigeria, donde los ingresos petroleros representan aproximadamente el 70 por ciento del PIB del país.

En noviembre, el gobierno introdujo una serie de medidas de austeridad, como el aumento de los impuestos y topes presupuestarios, para contrarrestar la caída de los precios del crudo.

El temor de que la clase obrera nigeriana se llevará la peor parte de estas medidas ya se está convirtiendo en una realidad.

Como vimos en diciembre, los primeros salarios que se reducen – o que ni siquiera se pagan – cuando se atraviesan momentos duros son tanto los de los/las trabajadores/as del sector público como los de los/las jubilados/as.
Además, la tasa de crecimiento de 5 por ciento de Nigeria durante los últimos cinco años ha tenido muy poco impacto en la mayoría de los/las nigerianos/as.

La tasa de desempleo juvenil alarmantemente elevada del país pone de relieve el estado débil de la economía. La gravedad de este problema fue recalcada por una avalancha humana durante un proceso de entrevistas de trabajo que llevó a la muerte de más de 16 solicitantes de empleo cuando más de 225.000 personas solicitaron 4.500 puestos vacantes en todo el país.

Hasta ahora, todos los partidos políticos han prometido abordar el desempleo y el partido en el gobierno llegó a prometer la creación de ocho millones de trabajos en los próximos cuatro años si es reelegido.

Sin embargo, los/las nigerianos/as están cansados de promesas vacías.
Queremos elecciones libres, justas y creíbles para detener los actos de violencia llevado a cabo por Boko Haram como parte de su estrategia de desestabilización.

Después, el nuevo gobierno debe cumplir los objetivos relativos al trabajo decente y condiciones de vida decentes que todos/as los/las nigerianos/as puedan disfrutar en plena libertad y seguridad.

 

*El 7 de febrero de 2015, las elecciones de Nigeria se aplazaron hasta 28 de marzo de 2015 para dar tiempo al gobierno para tratar de contener la amenaza planteada por Boko Haram.