Imaginar a Australia sin su industria del carbón es casi como imaginar a Estados Unidos sin la segunda enmienda de su Constitución que permite portar armas de fuego. Dos aspectos que durante mucho tiempo se han considerado inseparables de estos países y que todavía siguen siendo vigorosamente defendidas por los grupos de presión, hasta en las esferas parlamentarias y los pasillos de los ministerios, en un país en el que los combustibles fósiles siguen representando el 92% de la combinación energética. Y en esta combinación, el carbón representó el 29% en 2021.

Tan es así, que el antiguo primer ministro conservador australiano Scott Morrison no dudó en blandir un trozo de carbón en el parlamento en 2017, cuando era ministro de Finanzas, asegurando que no debía temérsele. Y cuando se convirtió en primer ministro, también se rodeó directamente de representantes de grupos de presión como John Kunkel, exvicepresidente del Consejo de Minerales de Australia, a quien nombró jefe de gabinete en 2018.

En el valle Hunter, Nueva Gales del Sur, al norte de Sídney, el mineral sigue siendo aún hoy el motor de la economía local. De las minas a la salida de los buques de carga que zarpan del puerto de Newcastle, la industria emplea directa e indirectamente a más de 17.000 personas. “Newcastle es el puerto de exportación del carbón más grande del mundo”, asegura Liam Phelan, investigador de la Universidad de Newcastle especializado en la incertidumbre y los riesgos del cambio climático. “Aquí, las minas de carbón han formado parte de la vida de la población desde la llegada de los blancos a Australia”.

Sin embargo, la situación ha cambiado. Durante muchos años, los proyectos mineros contaron con el apoyo y la aprobación gubernamentales, especialmente por el Gobierno de Morrison, tan denostado en Australia y en todo el mundo por su inacción ante el cambio climático. En mayo de 2022, los votantes desalojaron a “ScoMo” y repusieron a los laboristas en el poder. El nuevo primer ministro Anthony Albanese ha prometido hacer de Australia una “superpotencia de las energías renovables” y reducir las emisiones de CO₂ del país en un 43% para 2030, en relación con los niveles de 2005. Un objetivo que sigue siendo insuficiente para los científicos de la Autoridad del cambio climático.

Situación que plantea una vez más la cuestión del futuro de los combustibles fósiles y, en consecuencia, de los 50.000 empleos directos y 120.000 indirectos (cifras del grupo de presión del Consejo de Minerales de Australia) vinculados a la industria del carbón en Australia.

Ya que, aun dejando de lado el tema medioambiental, la industria del carbón de Australia ha experimentado una desaceleración de sus exportaciones en los últimos años, en parte debido a la guerra comercial con China desde 2020, pero también al desplazamiento de la demanda interna hacia energías más limpias, las cuales van ganando terreno.

La industria de las energías renovables “representó el 32,5% de la producción total de electricidad del país en 2021, lo que equivale a un aumento de casi 5 puntos porcentuales en comparación con 2020”, señala Climate Council, la organización independiente a favor del medio ambiente en su informe de 2022 sobre la energía.

Una transición más rápida de lo previsto que preocupa a los trabajadores

Las empresas mineras son, pues, conscientes del cambio en su industria, y ya están tomando medidas en este sentido (a pesar de sus importantes ganancias de los últimos meses debido a la crisis del gas en Europa causada por el conflicto en Ucrania, y que ha acarreado un fuerte aumento de la demanda mundial de carbón). En junio, el Grupo BHP anunció el cierre de su mina Mount Arthur en el valle Hunter en 2030, es decir, 15 años antes de su fin de vida útil inicial. A principios de este año, se reveló el cierre de la central eléctrica de carbón de Eraring, en el lago Macquarie, programado para 2025. En el espacio de ocho años, el estado de Nueva Gales del Sur verá cerrar su mina y su central eléctrica más grandes.

Motivo por el cual los trabajadores y los sindicatos prefieren anticiparse a esta transición, que probablemente será más rápida de lo previsto. “He vuelto a la universidad para obtener una licenciatura en comercio”, comenta Nathan Clements, de 27 años, delegado del Sindicato Australiano de Trabajadores de la Manufactura (AMWO), que representa a 4.000 trabajadores en el valle Hunter, entre los que se cuentan muchos empleados por empresas relacionadas con las actividades conexas a la producción de carbón.

Nathan ha estado trabajando durante siete años para una empresa que “se ocupa del mantenimiento de las máquinas utilizadas en las minas”. El carbón casi le viene de familia.

“Mi padre todavía trabaja en el sector. Mi hermano y mis amigos también trabajaron allí. Cuando entras tienes la seguridad de un trabajo, de un ingreso y, antes, de un futuro”, relata. Sin embargo, desde hace algún tiempo, la incertidumbre crece entre los trabajadores.

Al igual que Nathan, que intenta como puede compaginar su trabajo de 38 horas semanales en la empresa con sus estudios, algunos se plantean volver a la universidad en busca de una reconversión profesional. “¡Conozco a un tipo que hace malabares con los dos y tiene seis hijos!”, añade.

El futuro preocupa y la prueba son las discusiones cada vez más frecuentes en el lugar de trabajo. “Actualmente es más fácil hablar sobre el futuro de nuestras profesiones”, confía Nathan, que también constata “una sensibilización sobre el calentamiento global desde los incendios” que asolaron Australia en 2019 y 2020. Sin embargo, aun cuando se habla más del clima, es una cuestión que sigue relegada a un segundo plano entre los trabajadores. Su prioridad sigue siendo la perspectiva de un empleo y un salario.

Los sindicatos en primera línea para una “transición justa”

En noviembre de 2020, Steve Murphy, secretario nacional del Sindicato Australiano de Trabajadores de la Manufactura (AMWU) y varios grupos de protección ambiental* fundaron la Hunter Jobs Alliance (HJA), cuyo objetivo es velar por el éxito de la transición económica de la región. “Intentamos asegurarnos de que el valle Hunter cuente con los apoyos y programas necesarios para ayudar a los trabajadores afectados por el cambio, pero también para poder crear nuevas industrias y mantener el atractivo de nuestra región”, afirma Warrick Jordan, coordinador de la Hunter Jobs Alliance.

Y en lo que respecta a la creación de empleos, a la HJA no le faltan ideas: fabricación de autobuses eléctricos, rehabilitación de edificios, fundiciones de aluminio ecológicas, energía eólica marina y rehabilitación de las minas. Sectores que la organización espera reciban financiación gubernamental.

Con el deseo de ir más allá del debate, a veces controvertido, sobre la acción medioambiental en la industria del carbón, la HJA también quiere reunir, y rápidamente, a los sindicatos de varios gremios para reflexionar sobre el futuro de la región. Ahora conforman la HJA un total de nueve sindicatos que representan a docentes, enfermeros, administrativos, sector público y trabajadores manuales. “Se ha dedicado demasiado tiempo a discutir la realidad del calentamiento global, cuando debería haberse dedicado a encontrar soluciones para apoyar a los trabajadores y atraer nuevas industrias”, añade Warrick Jordan.

La Hunter Jobs Alliance centraliza las opiniones de los trabajadores a través de sus sindicatos miembros, y organiza talleres para conocer sus temores y expectativas. “Y a pesar de la diversidad de orígenes de los trabajadores y de las diferencias de opinión sobre el tema, la mayoría entiende que está llegando un cambio”, comenta Liam Phelan.

Otros sindicatos que representan a los trabajadores vinculados a la industria del carbón tampoco se oponen a las realidades del cambio climático y a la inminente transición energética. También ellos desean una “transición justa”. “Estamos trabajando en el plano político, a nivel estatal y federal, para garantizar que esta transición justa sea un requisito legislativo”, afirma Adrian Evans, secretario nacional adjunto de la Unión Marítima de Australia (MUA), una rama del Sindicato de la Construcción, la Silvicultura, el Servicio Marítimo, la Minería y la Energía (CFMMEU) que representa a los trabajadores en los puertos desde los que se exporta el carbón.

Los representantes entrevistados coinciden en que esta transición implica, entre otras medidas, un aumento de los medios desplegados para dar formación a los trabajadores, a fin de que puedan volver a encontrar trabajo, especialmente en el sector de las energías renovables. Los sindicatos están convencidos: “Debemos aprovechar estas oportunidades y velar por que los beneficios del desarrollo de las energías renovables sean compartidos por todos, especialmente por aquellos que se verán afectados por el fin de las antiguas industrias”, explica Michael Wright, secretario nacional adjunto del Sindicato de Trabajadores de la Electricidad (ETU), una organización que representa a 60.000 trabajadores en el sector eléctrico de Australia, entre los que se cuentan “varios miles” que ya trabajan en la energía solar o eólica, especifica Wright.

“Este es solo el principio”

En el estado de Nueva Gales del Sur, el organismo estatal TAFE (Technical and Further Education) asegura la formación de profesionales. Para Liam Phelan, se precisa una mayor inversión gubernamental en esta formación. “No vamos a trabajar en un parque eólico de la noche a la mañana. Poseemos las competencias, pero es un hecho que necesitamos más formaciones”, añade.

Otra medida puesta en marcha y exigida por los sindicatos: la creación de una autoridad local para coordinar los esfuerzos en esta transición. Estas estructuras ya existen en varios lugares de Australia. “El año pasado, el Gobierno de Nueva Gales del Sur anunció la creación del fondo de Regalías para el rejuvenecimiento, una organización que recibirá 25 millones de dólares al año para apoyar iniciativas en la transición, también en el valle Hunter”, explica Liam Phelan. Una situación similar se observa en el estado de Victoria, donde también se ha establecido la Autoridad del Valle Latrobe.

Para el Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU), la principal central sindical australiana a la que están afiliados muchos de los sindicatos mencionados, la transición es en gran medida “predecible y es esencial que las autoridades gubernamentales actúen”. Los sindicatos y sus trabajadores afirman que ya ha comenzado, y Warrick Jordan, de la Hunter Jobs Alliance, advierte: “Este es solo el principio”.