Chum Makara nos cuenta que, aparte de su puesto habitual como trabajadora de apoyo en una obra, ha tenido que buscar otros trabajos –lavando platos, haciendo la colada para sus vecinos– desde que a su marido le lesionó un colega que transportaba barras de metal en las obras de una urbanización en Nom Pen.

“Ahora mismo, la empresa nos da tres o cuatro días [de trabajo] a la semana y yo tengo que aceptar cualquier trabajo que puedan ofrecerme”, explica a Equal Times tras mencionar que solo gana 5 dólares estadounidenses (USD) al día por transportar ladrillos y realizar tareas de limpieza en la obra.

Cuando su marido sufrió el accidente hace más de un año, esta mujer de 42 años originaria de la provincia de Prey Veng, en el sudeste de Camboya, fotografió sus lesiones en el centro médico, tal y como le ordenó su jefe. Incluso llegó a fotografiar sus nuevas suturas después de que los médicos le extrajeran, a principios de este año, una placa metálica del brazo que le habían colocado tras el accidente. Sin embargo, la familia nunca recibió una indemnización.

Un representante sindical informó a Chum de que debería poder recibir una indemnización y más prestaciones, pero después de meses comunicándose con el sindicato todavía no ha podido afiliarse ni, por tanto, recibir el apoyo en las negociaciones que la afiliación podría ofrecerle. Ella cree que se debe sobre todo a que no fue empleada directamente por la constructora de la urbanización, Borey Lim Chheanghak, sino por una subcontrata.

“En mi opinión no es justo, no está bien”, se lamenta, tras comentarnos que ha tenido que pedir un préstamo para poder pagar las deudas del hospital de su esposo.

Diferentes niveles de subcontratas

Aunque las organizaciones sindicales camboyanas han logrado ciertos avances promoviendo el trabajo decente en el sector textil, otros trabajadores, especialmente en el sector informal y las subcontratas como el de la construcción, están luchando por lograr esas mismas prestaciones, desde los salarios mínimos hasta las protecciones de seguridad.

El sector textil, del calzado y de la confección es uno de los mayores generadores de ingresos por exportación para Camboya y emplea a más de un millón de trabajadores en 1.200 fábricas. Dicho sector cuenta con unos altos índices de representación sindical, en parte debido a los requisitos necesarios a principios de la década de 2000 para acceder al mercado estadounidense, con numerosos sindicatos a menudo representados en una sola fábrica. Sin embargo, los trabajadores en el sector de la construcción tienen menos oportunidades incluso para empezar a organizar un sindicato, advierte Sou Chhlonh, el vicepresidente de la Federación Sindical de Trabajadores de la Madera y la Construcción de Camboya (BWTUC).

El principal objetivo de esta central sindical de 8.000 miembros son los trabajadores de la construcción y de las fábricas de materiales de construcción, especialmente los productores de cemento y ladrillos. Sin embargo, Sou asegura que se enfrentan a importantes obstáculos para aumentar su número de afiliados. Los trabajadores de la construcción como Chum pueden afiliarse, pero tienen pocas probabilidades de conseguir un sindicato local consolidado porque suelen estar subcontratados, a veces bajo diferentes niveles de subcontratas y a menudo con empleadores que nunca establecieron empresas legales, por lo que sus negocios resultan difíciles de rastrear.

Las fábricas de ladrillos funcionan de una manera totalmente diferente: los trabajadores solicitan préstamos al jefe de una fábrica y luego trabajan para saldar su deuda. Por tanto, el empleador tiene mucho poder sobre los trabajadores, pues estos temen perder sus puestos de trabajo y no poder pagar sus deudas.

Los sectores camboyanos de la construcción y las propiedades inmobiliarias, que representan alrededor del 15% del PIB del país, dependen en gran medida de las inversiones extranjeras directas. Las constructoras extranjeras –desde el grupo francés Vinci hasta las empresas estatales chinas como la China National Heavy Machinery Corporation– participan en numerosos proyectos en Camboya, donde tanto los trabajadores camboyanos como los extranjeros están luchando para conseguir un salario y una representación suficientes. Aunque las empresas extranjeras tienen normas contables más estrictas en sus países de origen, como en Camboya usan prácticas de subcontratación resulta más difícil hacer que rindan cuentas cuando violan los derechos de los trabajadores.

Chum, por ejemplo, nos explica que era consciente de que le habían subcontratado y que tendría que trabajar para otros jefes, pero todavía no entiende por qué tiene que pagar por las lesiones de su esposo. Poco después del accidente, empezó a reunirse con representantes de la BWTUC para analizar algunos de sus problemas. Les explicó que quiere atención médica y otras prestaciones como vacaciones remuneradas y los representantes de la BWTUC le informaron de que, según la ley, tiene derecho a recibirlas. “Sin embargo, no nos las dan”, se lamenta. Cuando Chum se lo mencionó a su jefe, este le replicó que solo le pagaría los días que trabajara. Como tiene pocas opciones laborales a su disposición, siente que no le queda más remedio que aceptar este acuerdo ilegal.

Una protección desigual en los diferentes sectores

Sou asegura que la BWTUC intenta obtener afiliados con el objetivo de recabar más información sobre sus condiciones laborales, pero admite que todavía les queda mucho por saber sobre dicho sector: los trabajadores de la construcción subcontratados suelen mudarse con frecuencia, por ejemplo, y también resulta difícil acceder a las fábricas de ladrillos. Incluso después de que el sindicato contribuyera a denunciar el trabajo infantil y la servidumbre por deudas tan extendidos en el sector de las fábricas de ladrillos, asegura que todavía están intentando entender cómo los trabajadores saldan sus deudas.

En caso de que los enlaces de la BWTUC no consigan crear un sindicato, Sou afirma que por lo menos intentan organizar sesiones informativas sobre los derechos de los trabajadores y la legislación laboral camboyana, así como otros talleres de formación para los trabajadores. Uno de los avances más recientes del sindicato fue la celebración de una reunión en octubre entre alrededor de 60 trabajadores de fábricas de ladrillos situadas a las afueras de Nom Pen, sus empleadores y un funcionario del Ministerio de Trabajo, para instar a los propietarios de las fábricas a que inscribieran a sus empleados en el Fondo Nacional de Seguridad Social (NSSF), que brinda asistencia sanitaria a los trabajadores camboyanos.

“Lo que más nos llamó la atención fue que el funcionario del Ministerio de Trabajo dijera: ‘¡Vaya! No tenía ni idea de que los trabajadores no pueden acceder al NSSF”, recuerda Sou, quien respondió: “Por favor, pregúnteles usted mismo. Están aquí”. Varios días después, algunos de los trabajadores declararon que sus jefes les habían hecho rellenar las solicitudes para las tarjetas. “Tenemos que presionar más [al gobierno], pero este es un buen ejemplo del tipo de trabajo que hacemos”, explica Sou. Sin embargo, advierte que el peso de la BWTUC depende únicamente del número de afiliados al sindicato. “Si tenemos pocos afiliados, no podemos avanzar en los asuntos que les afectan”.

Los sindicatos camboyanos del sector textil han podido negociar modestos aumentos salariales cada año desde 2014. Asimismo, durante la última década, el país ha sido la sede de Better Work, un programa laboral y de cumplimiento de las inspecciones creado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el objetivo de facilitar las relaciones entre los propietarios de las fábricas, las marcas de ropa y los trabajadores.

Better Work ha logrado mejoras en las vidas de los trabajadores textiles y en la percepción que estos tienen de sus carreras.

Aun así, Sou asegura que estos principios todavía no se han aplicado al sector de la construcción ni a los trabajadores informales de otros sectores como el del turismo y el transporte. “Hace muchos años que el salario mínimo solo lo disfrutan los trabajadores textiles y los del calzado”, explica Sou tras hacer referencia al salario base mensual de 194 dólares USD durante todo este año. Por el contrario, los trabajadores del sector de la construcción ganan entre 5 y 15 dólares al día, dependiendo de diversos factores como el nivel de formación y el género. “¿Y qué ocurre con los otros sectores?”.

Además, durante la recesión provocada por la covid, los trabajadores textiles y del sector turístico que se quedaron sin trabajo recibieron ayudas de 40 dólares para cubrir parte de los salarios que no cobraron y se esperaba que sus empleadores también aportaran algo. “Durante la pandemia de la covid, el gobierno apoyó al sector formal, pero el informal no tenía nada: ni las obras, ni las fábricas de ladrillos, nada. Eso es inhumano”, denuncia. “Una reacción humana hubiera sido abordar todos los problemas de los trabajadores en conjunto”.

Un aumento de los riesgos de seguridad

Sou asegura que los trabajadores de su sector no solo tienen que hacer frente a unos salarios y unas condiciones laborales deficientes, sino también al aumento de los riesgos de seguridad, a pesar de que el gobierno ha intentado aumentar las inspecciones de trabajo en las obras.

Después de que 28 trabajadores fallecieran en junio de 2019 al derrumbarse un rascacielos en obras en la pujante localidad costera camboyana de Sihanoukville, el primer ministro Hun Sen ordenó que se llevaran a cabo inmediatamente más inspecciones en el sector. Sin embargo, alrededor de seis meses después, otras 36 personas murieron tras el derrumbe de otra obra en la provincia de Kep, al sur del país, incluidos seis niños que vivían allí dentro.

“El gobierno alega que tiene 332 inspectores de trabajo, pero ¿cómo podemos confiar en ellos? Solo vemos la cifra, pero ¿dónde están los resultados?”, se pregunta Sou.

El portavoz del Ministerio de Trabajo de Camboya, Heng Sour, declaró a Equal Times que es consciente de que resulta más difícil sindicalizar a los trabajadores de la construcción y conseguir derechos para ellos, ya que están subcontratados y suelen ser empleados temporales. Asimismo, hace hincapié en que las constructoras no siempre son empresas registradas oficialmente, por lo que resultan más difíciles de supervisar. Cuando le preguntamos sobre la evolución de las inspecciones de trabajo en las obras, Heng alega que el Ministerio de Trabajo está colaborando con otras agencias gubernamentales. Sin embargo, hasta la fecha no nos ha facilitado ningún detalle sobre dicha evolución.

La BWTUC es uno de los ocho sindicatos sectoriales afiliados a la central sindical Confederación Sindical Camboyana (CLC) que promueve su agenda y las necesidades de otros sindicatos ante el gobierno.

El presidente de la CLC, Ath Thorn, afirma que esta central sindical nacional ha intentado formar a sus líderes, principalmente mediante sesiones de formación para representantes y enlaces locales sobre sus derechos laborales, y ha fortalecido la capacidad de su equipo jurídico para que defiendan a los sindicalistas. Ath asegura que también intentan abogar por mejorar las leyes y políticas relacionadas con las negociaciones sindicales, así como los cálculos de las prestaciones, y admite que aunque el gobierno ha logrado pequeñas mejoras en las prestaciones sociales de Camboya, las condiciones de trabajo en este país asiático siguen siendo muy deficientes.

“Con nuestros afiliados intentamos avanzar y suscitar debates a todos [los niveles] entre nuestros trabajadores: a nivel local, provincial y nacional. Intentamos implicar a los empleadores y al gobierno para mejorar las condiciones de trabajo y las prestaciones sociales”, declara. Asimismo, destaca que actualmente el gobierno está sometiendo a los sindicatos a mucha presión y utilizando restricciones de la época de la covid para romper huelgas. “Si organizamos una campaña o una huelga, utilizarán la ley contra nosotros”.

No obstante, Khun Tharo, director de programas de la organización de derechos de los trabajadores Center for Alliance of Labor and Human Rights (CENTRAL), insta a la CLC a que se centre menos en los programas de formación y sensibilización y dedique más tiempo a presionar al gobierno para que se ajuste al Derecho internacional y mejore las prestaciones sociales. “Los afiliados deben utilizar la plataforma [y] el poder que tiene la CLC para ejercer una mayor influencia dentro del gobierno cuando se trata de políticas nacionales”, recomienda.

Represión antisindical

La CLC perdió alrededor del 50% de sus afiliados durante el primer año de la pandemia, según Ath, quien lo atribuye a la dificultad para resolver los conflictos laborales durante la crisis sanitaria y a la pérdida en masa de puestos de trabajo, lo cual afectó a la capacidad de los trabajadores de pagar sus cuotas sindicales. Aunque la afiliación a la CLC es actualmente un 30% inferior que antes de la pandemia, está intentando captar nuevos afiliados y fundar nuevas secciones sindicales locales: “Hoy en día, seguimos mejorando la organización, la formación y también [los temas de] resolución de conflictos para evitar… el tipo de cosas que hacen que perdamos afiliados”.

A Sou, de la BWTUC, también le preocupa el futuro de los sindicatos independientes en Camboya y denuncia que cada vez les resulta más difícil trabajar. Como ejemplo significativo menciona la actual huelga de trabajadores de NagaWorld del Sindicato de Apoyo de los Derechos Sindicales (LRSU) y la represión a la que han tenido que hacer frente. En febrero, tres activistas sindicales fueron arrestados, los cuales se sumaron a los ocho líderes sindicales del LRSU detenidos en enero por exigir a NagaWorld –un poderoso casino en Nom Pen que cotiza en la bolsa de Hong Kong– que reincorporara a más de 200 miembros del sindicato despedidos y que negociara con el LRSU para restablecer los derechos sindicales dentro de la empresa.

Sou tildó la huelga, que se inició en diciembre, de “muy profesional” y admitió que ha extraído importantes lecciones de sus estrategias y su agenda. Aun así, desde el primer día de la huelga el gobierno camboyano se resistió a las demandas y más tarde todo degeneró en detenciones y violencia contra los trabajadores en huelga. Más recientemente, la situación ha derivado en el registro de un nuevo sindicato amarillo, el Sindicato por los Derechos y los Intereses Comunes de los Empleados de NagaWorld, respaldado por NagaWorld y el Ministerio de Trabajo.

Este veterano sindicalista recalca que, en su opinión, todos los trabajadores deberían avanzar juntos, tanto los de la construcción subcontratados como los empleados sindicalizados del casino que cotiza en Hong Kong. “[La huelga en NagaWorld] constituye un buen modelo para los sindicatos independientes, pero si van a perder su capacidad o pierden este caso, los otros sindicatos independientes no podrán hacer nada al respecto”.