En Egipto, una nueva ley permite el despido de todo funcionario que fustigue al régimen

En Egipto, una nueva ley permite el despido de todo funcionario que fustigue al régimen

A member of Egyptian security forces stands guard before an overturned passenger carriage at the scene of a railway accident in the city of Toukh in Egypt’s central Nile Delta province of Qalyubiya. The train accident north of Cairo on 18 April 2021 left 11 people dead and 98 others injured.

(AFP/Ayman Aref)

El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sissi refrendó el pasado 1 de agosto, previa aprobación del Parlamento, una ley que autoriza el despido de funcionarios por motivos no disciplinarios. Conocida en los medios de comunicación como la “Ley sobre el despido de empleados pertenecientes a los Hermanos Musulmanes”, esta nueva legislación permite a las administraciones públicas despedir a todo funcionario sospechoso de pertenecer a los grupos clasificados en Egipto como “terroristas”, así como a cualquiera que atente contra un servicio público o los intereses económicos del Estado.

El 5 de mayo de 2021, a raíz de una serie de accidentes ferroviarios mortales ocurridos en Egipto desde principios de 2021, un diputado del Mustaqbal Watan, partido prorrégimen, presentó en el Parlamento un proyecto de ley para autorizar el despido de empleados que mantengan lazos con el grupo de los Hermanos Musulmanes, prohibido en el país desde 2013.

El 26 de marzo de este año se produjo un accidente de tren en la gobernación de Suhag, en el Alto Egipto, en el que murieron 20 personas y 165 resultaron heridas. Veintidós días más tarde, en otro accidente ocurrido al norte del país, murieron 11 personas y 98 resultaron heridas. El ministro de Transportes, Kamel al-Wazir (exgeneral del Ejército), que recibió una lluvia de críticas tras los accidentes a su gestión, acusó a “elementos extremistas y rebeldes” miembros de grupos terroristas, entre ellos los Hermanos Musulmanes, de estar detrás de estos “sabotajes”.

Para demostrar sus acusaciones, el ministro anunció que había identificado a 268 “elementos” en el sector del transporte afiliados a los Hermanos Musulmanes, pero que no podía despedirlos porque la ley egipcia prohíbe el despido de funcionarios o empleados de empresas estatales salvo por motivos disciplinarios.

Si bien los medios de comunicación subrayan que el único propósito de la nueva ley consiste en poder despedir a los trabajadores pertenecientes al grupo de los Hermanos Musulmanes, lo cierto es que sus ambiguas y extensas disposiciones hacen temer que podrá ser objeto de ataque toda voz crítica, por tenue que sea, dentro del sector público.

“El despido de empleados pertenecientes a los Hermanos Musulmanes constituye la parte visible del iceberg. Esta ley apunta a todo funcionario que se oponga al régimen, independientemente de su afiliación. El Gobierno sabe perfectamente que la mayoría de los Hermanos Musulmanes están en la cárcel o en el exilio”, explica a Equal Times el exministro de Trabajo Kamal Abu Aita, quien subraya que presentar esta ley como una medida contra los Hermanos Musulmanes solo tiene por objeto obtener la aprobación de la población.

Para Abu Aita “el régimen sigue calificando a toda persona que no sea prorrégimen como miembro o simpatizante de los Hermanos Musulmanes, para poder perseguirla y castigarla a sus anchas”.

El texto de la ley no menciona explícitamente a los Hermanos Musulmanes. Su artículo segundo permite la destitución de cualquier funcionario cuyo nombre figure en la lista de terroristas. Pero en un país en el que cualquier opositor o sindicalista detenido puede ser acusado, sin titubeos, de pertenecer o de compartir los objetivos de un grupo terrorista, “el círculo de funcionarios a los que apunta la legislación, rebasa el de quienes pertenecen a los Hermanos Musulmanes”, precisa Kamal Abu Aita.

“Conozco a varios sindicalistas y activistas obreros liberales que están en la lista de organizaciones terroristas por su afiliación política, como el arquitecto Mamdouh Hamza, incluido en la lista de grupos terroristas por criticar las políticas del régimen en las redes sociales, o Yehia Hussein Abdel Hadi, detenido a la espera de juicio desde enero de 2019 por haber participado en un acto en conmemoración del 8º aniversario de la revolución del 25 de enero. A ambos se les aplicará esta ley”, añade el exministro. En Egipto hay más de 60.000 disidentes entre rejas, de los cuales 30.000 están detenidos a la espera de juicio (en prisión preventiva), según las ONG.

Ahmed al-Naggar, ex redactor jefe del diario gubernamental Al-Ahram, afirma que la ley está diseñada para despedir a cualquier funcionario indeseable para el régimen, ya que juzga a los empleados por “sus intenciones y sus posiciones políticas, no por sus actos”. “La ley supone la vuelta de la Inquisición al sector público y tendrá efectos sociales muy peligrosos”, advierte en declaraciones a Darb, el sitio web de información local.

La nueva ley podría afianzar aún más la influencia de la seguridad sobre los centros de trabajo, para vigilar las afiliaciones de los empleados. “La ley convertiría a los empleados de los organismos y administraciones públicas en informadores al servicio del aparato de seguridad para perseguir a los opositores, pero también a cualquier empleado honesto que critique la corrupción en la institución en la que trabaja”, explica a Equal Times Ammar Ali Hassan, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Helwan.

“El régimen quiere empleados mudos, que no se quejen de sus condiciones de trabajo y no critiquen al Gobierno”, indica.

Tras la entrada en vigor de la ley, el 1 de agosto, el Gobierno envió una copia de la misma a todas las instituciones estatales para que empezaran a revisar los perfiles de los empleados, según declaró una fuente oficial anónima a Sky News, la web de noticias en árabe, el 10 de agosto. El 22 de agosto, el Ministerio de Transporte anunció el traslado de 190 funcionarios supuestamente miembros de los Hermanos Musulmanes a puestos no relacionados con los servicios ferroviarios, a la espera de una investigación sobre su afiliación política y con miras a su despido.

El Consejo Superior de Universidades anunció, en un comunicado emitido el mismo día de la entrada en vigor de la ley, que había comenzado a elaborar una lista de profesores y de personal universitario “pertenecientes a grupos terroristas y que hacen todo lo posible para impedir que las universidades cumplan su misión docente”.

Los trabajadores que incitan a la huelga, en el punto de mira

Sin embargo, es el artículo 1 de la ley el que más temores suscita a los activistas y miembros de los partidos de la oposición. Establece que cualquier funcionario será despedido en caso de “un incumplimiento de sus obligaciones que atente contra los servicios ofrecidos por el Estado y sus intereses económicos”.

“Este artículo es una trampa para los empleados. Allana el camino para castigar a todo funcionario que convoque o participe en una huelga o en una acción sindical independiente porque, según esta ley, estaría incumpliendo sus obligaciones y obstaculizando la producción o el funcionamiento de los servicios estatales”, advierte Wael Tawfik, miembro del comité obrero del Partido de la Alianza Popular Socialista (SPAP).

Si bien la ley constituye un medio del Estado para controlar a una clase trabajadora muy politizada, que sigue siendo un actor clave y el motor de la mayoría de las revueltas ocurridas en Egipto en la era moderna, será una herramienta importante para reducir el número de empleados en el sector público, que el régimen y el Fondo Monetario Internacional (FMI) consideran hipertrofiado. Según cifras oficiales, el sector público y los servicios conexos emplean a unos 6 millones de personas (sin contar las Fuerzas Armadas).

“La nueva legislación permite al Estado encontrar nuevas razones para reducir el número de empleados del sector público, de acuerdo con las exigencias del FMI, que concedió un préstamo de 12.000 millones de dólares a Egipto a finales de 2016”, añade Elhami al-Merghani, vicepresidente del SPAP.

Desde 2020, miles de empleados han convocado numerosas sentadas de protesta contra la política del Gobierno de cerrar grandes empresas y fábricas que el Gobierno considera deficitarias. En la última sentada convocada en enero de 2021 participaron 7.000 trabajadores y empleados de la Egyptian Iron & Steel Co, como protesta contra la decisión gubernamental de cerrar la empresa y transformar sus 6 millones de metros cuadrados en una ciudad residencial. Una política que también pretende abrir paso a las ambiciones económicas del Ejército, que está extendiendo cada vez más su presencia en la producción civil, según indican varios análisis.

“Con el pretexto de que estas empresas no obtienen beneficios, el régimen está adoptando en los últimos años una política hostil a la clase trabajadora mediante el cierre de empresas y el despido de miles de trabajadores”, afirma Elhami al-Merghani.

Mientras el Gobierno se felicita por su política hostil hacia los opositores y los empleados del sector público excedentarios, esta política podría tener efectos desastrosos a largo plazo, ya que corre el riesgo de aumentar el resentimiento social y la tasa de desempleo en un país donde los ingresos de una gran parte de la población dependen desde hace tiempo del sector público. “El Gobierno puede recurrir a la maquinaria de las leyes represivas para silenciar a los empleados, pero esta opresión siempre aboca a un final desastroso”, advierte Elhami al-Merghani.

This article has been translated from French by Eva López Cabello

La realización de este reportaje ha sido posible gracias a la financiación de Union to Union, una iniciativa de las uniones sindicales suecas LO, TCO y Saco.