“Sabemos que las denuncias solo fueron una artimaña para detener e incluso humillar a los líderes de nuestra organización”, denuncia Sama, portavoz de la Asociación de Propietarios y Usuarios de Tierras Afectadas de Malen (MALOA).

En febrero, el Tribunal Supremo del país obligó a Sama y a otros cinco miembros de MALOA a pagar multas de 210 millones de leones (aproximadamente 40.000 USD). Si se negaban, se enfrentarían a penas de entre cinco y seis meses de prisión.

Como le consideran el líder del grupo, a Sama también le acusaron del delito adicional de incitación.

Sin embargo, él rechaza las acusaciones y hace poco los Seis de MALOA presentaron un recurso de apelación. “Queremos inversores. A lo que nos oponemos es a que vengan para llevarse todos nuestros recursos, a que se queden con todas nuestras tierras sin nuestro consentimiento”.

En un país devastado por largos años de guerra civil y por el virus del ébola, el gobierno de Sierra Leona está ansioso por atraer capital extranjero para ayudar a la reconstrucción de la nación. Sin embargo, los agricultores sostienen que gran parte de dichas inversiones se están llevando a cabo mediante el acaparamiento de tierras.

 

“Una larga lista de denuncias”

En 2011, Socfin Agricultural Company Sierra Leone Ltd. (Socfin S.L., una filial de la multinacional Socfin o Société Financière des Caoutchoucs, con sede en Luxemburgo) obtuvo el arrendamiento durante 50 años de 6.500 hectáreas de tierras agrícolas de primera para plantaciones de aceite de palma y caucho en la jefatura de Malen, situada en el distrito de Pujehun, al sur de Sierra Leona.

Los activistas aseguran que el acuerdo se firmó entre el Jefe Supremo de Malen (Victor Brima Kebbie), funcionarios del gobierno y Socfin, sin llevar a cabo la debida consulta con las 30 comunidades de la zona, donde viven casi 50.000 personas.

“El proyecto prometió a la población local indemnizaciones íntegras por las tierras perdidas, inversiones para el desarrollo y puestos de trabajo”, según el Atlas Global de Justicia Ambiental.

“Sin embargo, tan solo ocho meses después de la firma del acuerdo, los líderes de la región presentaron a las autoridades locales una larga lista de denuncias contra la empresa, entre las que se incluían el incumplimiento de las debidas consultas previas, la falta de transparencia y el impago de indemnizaciones por la pérdida de tierras, así como la corrupción, las condiciones laborales deplorables y la presión e intimidación para que firmaran los acuerdos de arrendamiento”.

Los propietarios de tierras aseguran que recibieron una cantidad irrisoria de aproximadamente un millón de leones (alrededor de 177 USD) por cada acre que adquirió Socfin. Más tarde, este hecho lo confirmó un representante local de Socfin quien explicó a los medios de comunicación que los habitantes de Malen habían recibido unas indemnizaciones de alrededor de 31 mil millones de leones (aproximadamente 5,5 millones USD).

Los propietarios de las tierras denuncian que les coaccionaron para respaldar un acuerdo que no entendían del todo y algunas personas aseguran que sus tierras fueron vendidas a Socfin incluso después de haberse negado personalmente a hacerlo.

Además, hoy en día Socfin ha cultivado unas 12.500 hectáreas de tierra agrícola de primera en Malen y reclama 18.481 hectáreas en total, lo cual constituye más de la mitad de las tierras de la jefatura.

Para poder recuperar sus tierras, los propietarios quieren que se revise el acuerdo de arrendamiento firmado y han fundado la organización MALOA para propugnar la devolución de las mismas. Hasta la fecha, el Gobierno y las autoridades locales han ignorado los llamamientos y las protestas de los propietarios de las tierras y, según los miembros de MALOA, se han tenido que enfrentar al acoso, la represión y a numerosas detenciones.

En una carta dirigida al Ministerio de Asuntos Políticos y Públicos y fechada el 22 de julio de 2016, Sama denunció que Socfin y las autoridades de la jefatura siguen creando la falsa impresión de que la gente de la zona está satisfecha con las operaciones de la empresa.

A los funcionarios del Gobierno que visitan Malen “les cuentan interminables historias exageradas sobre las escuelas, baños y otros proyectos que la empresa está llevando a cabo como parte de sus compromisos de responsabilidad social corporativa”, explica Sama a Equal Times.

En realidad, según Sama, Socfin S.L. solo ha renovado el edificio de una escuela y las sumas que gasta en proyectos de responsabilidad social corporativa son irrisorias si se comparan con la riqueza que han perdido los lugareños.

“Nunca saldrá a la luz la verdad sobre las circunstancias bajo las cuales numerosos propietarios han perdido sus tierras y plantaciones sin recibir indemnización alguna”, asegura.

 

“Lo mejor que le podía pasar a Malen”

Sin embargo, las autoridades y Socfin mantienen un punto de vista totalmente diferente.

En una carta abierta enviada al presidente de Sierra Leona (Ernest Bai Koroma) el 1 de julio de 2016, el director general de Socfin S.L., Philip Tonks, rechazó rotundamente las acusaciones de acaparamiento de tierras y señaló que: “el proceso de adquisición fue dirigido por Socfin en negociación directa con los líderes y propietarios de tierras de la jefatura y se llevó a cabo con arreglo a la legislación nacional y en coordinación con el gobierno”.

El jefe Kebbie considera que MALOA es una organización ilegal y se niega a hablar con Sama, quien fue diputado del 88° distrito de Pujehun durante el período que va de 2007 a 2012.

“Socfin es lo mejor que le podía pasar a Malen”, declara el jefe Kebbie.
La empresa alega que ha creado más de 1.000 puestos de trabajo fijos en Malen y casi 2.500 trabajos de temporada, además de construir y renovar escuelas, carreteras, pozos de agua y un centro médico, entre otros muchos proyectos de responsabilidad social corporativa.

El jefe Kebbie rechaza las acusaciones de los propietarios, quienes aseguran que les coaccionaron para renunciar a sus tierras y plantaciones y que todavía no han recibido indemnizaciones adecuadas.

Los habitantes de Malen denuncian que la tierra se vendió en base a un acuerdo firmado por el jefe Kebbie y el ex Ministro de Agricultura Sam Sesay (actual asesor presidencial) con Socfin, sin consultarlo previamente con las comunidades, como es debido. Fuera de Freetown (la capital), la tierra es propiedad de familias particulares y un jefe supremo no tiene derecho a vender sus bienes.

Las autoridades de Sierra Leona no son inmunes a los recursos judiciales derivados de dichas ventas de tierra. En febrero, otro fallo del Tribunal Supremo ordenó la restitución de 1.486 acres de tierra propiedad de más de 70 familias en el este de Sierra Leona y que fueron vendidas a una empresa china (Orient Agriculture Limited) sin el consentimiento pleno e informado de los afectados.

Sin embargo, según Joseph Rahall, director ejecutivo de la ONG local Green Scenery, la situación en Malen es más grave, pues afecta a muchas más familias.

Rahall describió los procesos judiciales que se están llevando a cabo contra los Seis de MALOA como “un modo de quebrar la resistencia de dichas personas”.

 

Enfrentamiento con las multinacionales

Socfin, propiedad del conglomerado francés Bolloré en un 38%, intentó obtener financiación de la Corporación Financiera Internacional (CFI), la institución del Banco Mundial que se encarga de las inversiones en el sector privado. Sin embargo, no lo consiguió.

“Durante 2015, la CFI y Socfin debatieron sobre la posibilidad de que la corporación invirtiera en las actividades de la empresa en África occidental. Dichos debates se suspendieron a finales del año pasado”, explicó a Equal Times en un correo electrónico Frank Ajilore, representante nacional de la CFI para Sierra Leona.

“Por razones de confidencialidad, la CFI no puede revelar los motivos que influyen en sus tomas de decisiones”, alegó en respuesta a un correo electrónico posterior.

Sin embargo, Rahall reveló sus sospechas de que la CFI no quiso financiar una inversión tan polémica, pues eso significaría que respalda dichas prácticas empresariales.

“Mucha gente considera a Socfin como una empresa esclavista, pues los lugareños aseguran que les ha quitado todas sus tierras. Como ya no hay más tierras, el único modo que tienen de buscarse la vida consiste en ir a trabajar a una plantación de Socfin. Sin embargo, los sueldos de dichos puestos de trabajo constituyen una parte mínima de lo que los lugareños ganarían si cultivaran su propia tierra”, asegura Rahall.

“Desde la época en que la gente de Malen empezó a resistir y a alzar la voz contra la empresa, nos dimos cuenta de que la policía era una fuente constante de intimidación para la gente de la comunidad. A menudo detenían e iniciaban procesos judiciales contra los activistas mediante diversos medios”, denunció Rahall.

En el pasado, los activistas buscaron vías pacíficas para que la empresa accediera a sentarse en la mesa de negociaciones.

“Fui a Francia en octubre de 2014 y me reuní con Bolloré y Socfin”, nos contó Sama. “Por desgracia, Socfin Sierra Leone no asistió a la reunión y las autoridades locales la socavaron al declarar que yo fui allí para representarme a mí mismo y no a la gente de Malen”.

Socfin S.L. es consciente de los problemas en Malen y es muy activa en las redes sociales rebatiendo cualquier crítica. Aunque Socfin S.L. ha creado un comité de quejas, según Sama “éste excluye a los propietarios afectados”.

Sama afirma que los habitantes de Malen quieren resolver el asunto a través de sesiones de diálogo en las que participe todo el mundo, no solo la gente elegida a dedo por el jefe Kebbie.

Sin negociaciones reales, los activistas locales temen que haya más protestas y se desate un conflicto social de gran envergadura en el futuro.