España amplía los derechos de las empleadas del hogar pero se deja fuera a las trabajadoras sin papeles

España amplía los derechos de las empleadas del hogar pero se deja fuera a las trabajadoras sin papeles

La colombiana Clara Hoyos lleva tres años viviendo en Valencia. En este tiempo se ha ganado la vida como trabajadora del hogar haciéndose cargo de la limpieza, la cocina, el cuidado de personas e incluso de animales.

(Marga Ferrer)
Artículos

Hace tres años, la colombiana Ángela López aterrizó en Madrid con la intención de pasar como turista. Traía memorizados los monumentos más famosos de la ciudad, pero cuando en migración le preguntaron cuál era su plan de viaje, Ángela se quedó completamente en blanco. Llegó enferma de estrés. “Fue poner los pies en España y pensar: ‘¿qué estoy haciendo aquí?’”, recuerda. Estaba huyendo de una relación de maltrato, en Colombia dejaba dos hijos y por delante se le abría un destino escrito de antemano. “Yo quería trabajo de interna porque es lo que le recomiendan a una cuando llega. Todo el mundo te dice que así ahorrarás en comida y vivienda”.

Se calcula que 600.000 mujeres trabajan en el sector doméstico, de las cuales solo 400.000 cotizan a la Seguridad Social. El resto subsiste en un mercado sin reglas donde abundan las madres solteras, de América Latina y en situación irregular.

Llegan como turistas y prolongan su estancia más allá de los tres meses legales, sin permiso de trabajo y con la urgencia de ganar un dinero fijo para poder enviárselo a sus hijos, un salario que encontrarán en la informalidad de los hogares. Así, migrantes y familias españolas se sostienen mutuamente a espaldas del Estado. Porque son las migrantes quienes cargan con buena parte del peso de los cuidados.

En la sombra, pero esenciales

Aunque en España existe el compromiso de atender a las personas dependientes, su sistema de cuidados ha evidenciado limitaciones, de modo que muchos hogares se ven obligados –y algunos tentados– a contratar mano de obra barata. Esto ha provocado el resurgimiento del sector. A mediados del siglo XX el servicio doméstico era un signo de estatus, pero en los años 90 reaparece –como necesidad– con la incorporación de las mujeres al mercado laboral, el envejecimiento demográfico y un creciente flujo de inmigración feminizada. Las mujeres migradas sustituyen a las nacionales en las responsabilidades del hogar. Los hombres siguen sin aparecer.

“Tiramos con el parche de las empleadas del hogar porque el Estado no abre el melón de los cuidados”, reflexiona la abogada Arantxa Zaguirre, colaboradora en la asociación Territorio Doméstico. “De hecho, es problemático que no estén separados el empleo del hogar y los cuidados. Esto viene de una relación laboral que ni siquiera se consideraba como tal: hace 40 años, las mujeres de los pueblos te hacían la limpieza, la plancha, si había niños los cuidaban y si había abuelos también; así que cuando redactan la norma –en 1985–, las tratan como mujeres de la casa y de todo lo que pasa dentro. Pero no es lo mismo cuidar que planchar. El Estado tiene que hacerse cargo de las personas dependientes, no de tu plancha”.

A falta de dicha división, las trabajadoras domésticas se enfrentan a una tormenta de tareas y lo hacen, muchas veces, desarmadas por la Ley de Extranjería, que las obliga a esperar tres años para regularizar su estatus. Durante ese tiempo viven y trabajan clandestinamente, sin poder firmar un contrato laboral.

“Cuando encuentran trabajo en una casa, bajo la promesa de que les van a regularizar en tres años, aceptan cualquier tipo de condición”, afirma Zaguirre, “y cuando consiguen los papeles necesitan un contrato para no perder el permiso de trabajo”.

En esa cuerda floja vive Ángela. Como interna le ha tocado trabajar, todos los días, sin fin de jornada, por 750 euros al mes. Durante seis meses estuvo limpiando, cocinando, duchando y administrando las pastillas de una pareja de ancianos, a quienes atendía incluso de madrugada, cuando querían cambiar de postura y no podían moverse. “Las hijas querían rebajarme el sueldo, así que me fui a otra casa que terminó resultando peor: tenía que pedirles permiso para ir al baño”, narra Ángela, quien acaba de volver de las vacaciones. “Ahora cuido de otra pareja y me han llevado a su casa de veraneo. He estado dos meses encerrada. Me ha tocado limpiarles hasta la piscina”.

La también colombiana Clara Hoyos ha sufrido las mismas vivencias y un vicio que parece común entre sus empleadores: llamarlas para cuidar de una persona que en realidad son dos. “Yo debía cuidar solo de un abuelo, pero su mujer se puso muy mal y también me tocó atenderla. No tenía vida. Trabajé siete meses por 850 euros [mensuales] hasta que los abuelos murieron. A él llegué a ponerle inyecciones de morfina. Estaba yo sola con él cuando murió, ¿sabes el trauma que es eso?”, rememora.

Sus historias discurren ocultas en la economía sumergida, lejos de la inspección de trabajo, donde todo funciona con el boca-oído, las recomendaciones cruzadas entre compañeras y el puro azar de dar con un empleador íntegro. Algo que no siempre ocurre. “A menudo nos encontramos con empleadores que se aprovechan de la vulnerabilidad de las compañeras, con una falta de interés total en querer enterarse de sus derechos”, afirma Marcela Bahamón, portavoz de la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de los Cuidados (AIPHYC). “En general, la gente cree que estas personas carecen de derechos laborales por no tener documentación en regla. Es un error muy extendido”.

Local e internacional, todos los frentes abiertos

Para reivindicar sus derechos surgen asociaciones como Territorio Doméstico o AIPHYC, las cuales llevan años luchando por la ratificación del Convenio 189 de la OIT, un acuerdo internacional impulsado en 2011 para regular el empleo doméstico. 11 años después, España por fin ha ratificado el convenio y ha sacado adelante un Real Decreto-Ley que reconoce el derecho a paro de las empleadas del hogar –era el único sector sin paro, algo que la justicia europea tachó de discriminatorio–, equipara otros derechos y elimina un agravio del colectivo: el despido sin causa.

Sin embargo, la nueva norma no llega a todas las empleadas. Siguen quedando fuera las migrantes sin papeles. Para ellas no hay grandes novedades, más allá de una reforma de Extranjería que suaviza los requisitos del arraigo social e introduce la figura del confidente –acreditando 6 meses de trabajo irregular pueden obtener el permiso de residencia y trabajo–. Rafaela Pimentel, portavoz de Territorio Doméstico y líder del Sindicato de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados (Sintrahocu), pide ir más lejos: “Debe haber una regularización extraordinaria de todas las que ya están aquí, porque ellas también son esenciales. Los migrantes sostenemos el sistema y el día que haya una caída de brazos, esto se nos hunde”.

Quizás no le falte razón, pero si es un trabajo esencial asumido por migrantes, ¿por qué no se abren vías de migración legal?

Marcela Bahamón afirma que a estas mujeres no se las regulariza “porque el Estado del Bienestar se sustenta sobre las espaldas de las personas empobrecidas”, algo que Zaguirre comparte y completa: “Lo que hace el Estado es abrir el grifo en el aeropuerto y dejar pasar a turistas que saben que serán futuras trabajadoras sin papeles, reclutando mano de obra barata y atemorizada que te garantiza cierta paz social”.

Desde el sindicato Comisiones Obreras coinciden en la necesidad de encajar a las personas migrantes y piden al Gobierno nuevos esfuerzos. “El Real Decreto es valiente, pero quedan pendientes algunas cuestiones de fondo”, opina Pilar Expósito, secretaria de Mujeres de CCOO del Hábitat: “Por ejemplo, hace falta regular el derecho a la negociación colectiva, impulsar la representación sindical y visibilizar la profesionalización del sector”. Y termina sumándose a una demanda de las asociaciones entrevistadas: integrar el sector en el régimen general de la Seguridad Social para lograr una equiparación completa con el resto de personas trabajadoras.

CCOO y UGT han sido importantes a la hora de presionar para que España se sume a convenios como el 189 y el 190 –contra la violencia y el acoso en el trabajo–. “Firmarlos significa decir que el trabajo doméstico también merece reconocimiento internacional”, reflexiona Ana María Corral, responsable del área de Migraciones de UGT, “y de alguna manera impulsan los derechos de todas las trabajadoras”. Pero la sindicalista también pide ampliar el Real Decreto: “Nos falta un sistema para que la Inspección de Trabajo funcione y, por ejemplo, las trabajadoras sin papeles puedan denunciar su situación laboral”.

En definitiva, los agentes sociales aspiran a lograr un marco legal más extenso y más ancho donde quepan todas las compañeras, también quienes llegan sin papeles. Para ello exigen un cambio de mentalidad que ponga en valor la atención a las personas dependientes, imprescindible en una sociedad caracterizada por su creciente esperanza de vida y su retroceso en políticas de bienestar. Identificar esa urgencia significa avanzar hacia una red pública de cuidados que no escatime en presupuestos y que integre a las profesionales en la sombra. De lo contrario, mujeres como Ángela López y Clara Hoyos seguirán siendo cosificadas como un recurso de emergencia para familias necesitadas. Mano de obra precaria. Esenciales por castigo.

La realización de esta crónica ha sido posible gracias a los fondos de la Friedrich-Ebert-Stiftung.