En el gimnasio del centro de apoyo que gestiona Hassan Latif cerca de Denver (estado de Colorado), los hombres y mujeres como él, que están dispuestos a luchar para no volver a la cárcel, pueden fortalecerse físicamente.

De los orientadores, que también ayudan a levantar pesas, Latif dice: “Si puedes confiar en alguien para que aguante 120 kilos encima de tu cabeza, quizá también puedas confiar en él cuando te pregunte: ‘¿Cómo estás?’ y le tengas que explicar qué es lo que te está costando”.

Latif pretende que los expresos enfrenten sus temores como un paso hacia el cambio. También pide a todos los estadounidenses que analicen detenidamente por qué los exreclusos vuelven a ingresar en prisión.

Los activistas a favor de la reforma penitenciaria señalan que la reducción de la exagerada población penitenciaria es imposible si no se reducen también las tasas de reincidencia. Asimismo, afirman que la sociedad será más segura si los antiguos presos se convierten en ciudadanos productivos.

“Es una cuestión de salud comunitaria y eso incluye la seguridad pública”, asegura Latif.

Latif, exconsumidor de cocaína con antecedentes de robo y otros delitos, pasó dos décadas en una prisión estatal y se convirtió en un orientador para asuntos de drogodependencia. Hace cinco años abrió el centro para una segunda oportunidad Second Chance Center, en Aurora, un suburbio de Denver.

Además del acceso al gimnasio, el centro también ofrece un servicio de lavandería y comidas. A los usuarios les beneficia mantenerse activos para no volver a delinquir; por ejemplo, abandonar un vicio, reconectar con la familia, finalizar los estudios secundarios, empezar algún estudio universitario o encontrar un trabajo.

“Entendemos el reto y estamos dispuestos a ayudar si tú estás dispuesto a escucharnos”, explica Latif.

El complejo industrial penitenciario

Latif también participa en un debate más amplio sobre el complejo industrial penitenciario. Los reclusos en Estados Unidos constituyen el 20% de todos los presos del mundo, aunque esta gran potencia solo cuenta con el 5% de la población mundial.

Latif ha dialogado con diversos grupos a nivel nacional. Entre ellos, con banqueros para instarles a que reconsideren sus inversiones en la industria penitenciaria privada, pues está seguro de que constituyen un incentivo financiero para meter a más gente entre rejas durante períodos más largos.

“Si la gente supiera que los grupos de presión están ocupados metiendo a gente en la cárcel para obtener beneficios, quizá decida que es mejor dejar de invertir en este ámbito”, explica Latif.

Asimismo, ejerció presión para que se aprobara una ley en 2014 en Colorado que estipulaba que los agentes encargados de la libertad condicional debían formarse para orientar a los reclusos liberados hacia el asesoramiento en materia de salud mental; que los funcionarios estatales de prisiones colaboraran con sus colegas del Departamento de Trabajo para crear programas de formación laboral con el objetivo de facilitar el proceso de transición de la cárcel a la vida en libertad; y que se otorgaran subsidios para los programas comunitarios como el Second Chance Center.

Una parte importante del proyecto de Latif consiste en desarrollar la empatía entre los antiguos reclusos, pues estos tuvieron que reprimir sus sentimientos hacia otras personas para abrirse camino en el mundo de la delincuencia. Los usuarios de Second Chance trabajan como voluntarios en bancos de alimentos y otros proyectos.

“En lugar de sentir que forman parte de algo, la mayoría de nuestra gente se ha sentido apartada durante la mayor parte de su vida”, asegura Latif. “Creo que es importante que sientan que forman parte de este lugar”.

“El cambio más importante consiste en reconocer que el reingreso en prisión constituye un problema para todos”, declaró Jeremy Travis, presidente de la organización neoyorquina John Jay College of Criminal Justice, que lleva décadas estudiando el problema.

Los demócratas y republicanos se unieron para respaldar la ley que firmó el presidente George W. Bush y que aumentó el tratamiento de las drogodependencias, las asesorías y otros servicios para que los reclusos salgan de las prisiones. Por entonces, Bush declaró que la llamada Ley de la Segunda Oportunidad expresa la convicción fundamental estadounidense de que los individuos, incluso los que han cometido errores, poseen “un potencial y un valor ilimitados”.

El nuevo fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, formaba parte del Senado cuando esta institución terminó aprobando la propuesta por acuerdo unánime. Durante su audiencia de confirmación, Sessions señaló que había apoyado las reformas para reducir la brecha entre las sanciones por delitos relacionados con el crack y las relacionadas con la cocaína en polvo que había tenido como consecuencia unas condenas más prolongadas para los afroestadounidenses.

Sin embargo, también expresó su preocupación por el recrudecimiento de la delincuencia, aunque reconoció una tendencia general negativa. Su dura retórica contra la delincuencia evoca el lenguaje de la ‘guerra contra las drogas’. En una de las primeras leyes que propuso tras su confirmación revocó una medida de la administración de Obama que intentaba poner fin al uso de las prisiones privadas. Sessions asegura que la Oficina de Prisiones, supervisada por él mismo, necesita flexibilidad “para satisfacer las futuras necesidades del sistema penitenciario federal”.

Las raíces del problema

La ‘guerra contra las drogas’ constituye gran parte del problema penitenciario en Estados Unidos, como reveló la abogada de los derechos civiles Michelle Alexander en su libro The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness.

Entre 1980 y 2000, la cifra de presos en Estados Unidos aumentó de 300.000 a más de dos millones. Entre 1985 y 2000, los acusados de haber cometido delitos relacionados con drogas aumentaron en dos tercios la población federal de reclusos y en más de la mitad la población de las prisiones estatales. En muchos estados, el 90% de los encarcelados por delitos relacionados con drogas eran negros o latinos, aunque estadísticamente existen pocas diferencias en el consumo de drogas entre los diferentes grupos étnicos.

Cuando salen de prisión, muchos descubren que la ley les impide acceder a viviendas públicas y a las ayudas económicas para formarse. Asimismo, los propietarios de viviendas en alquiler y los posibles empleadores les discriminan de forma constante. La adicción a las drogas y los problemas de salud mental son comunes entre los presos; los servicios de asesoramiento en el exterior brillan por su ausencia. Por tanto, no es de extrañar que los investigadores que analizaron la reincidencia en 30 estados hayan descubierto que dos tercios de los liberados vuelven a ser detenidos en un plazo de tres años desde que salieron de la cárcel y tres cuartos vuelven a prisión en un plazo de cinco años.

Eric Young, presidente nacional de la federación American Federation of Government Employees’ Council of Prison Locals, considera la reincidencia como un indicio de que las prisiones fracasan en el campo de la rehabilitación. Según denuncia, los límites presupuestarios dificultan la oferta de formación, asesoramiento y otros programas que preparan a los presos para la vida fuera de las prisiones.

“Hay que ofrecer programas”, explica Young a Equal Times. “No se pueden gestionar las prisiones a bajo coste”.

En su día, el hermano de Young estuvo preso en una cárcel de Florida donde las autoridades no ayudaban a los prisioneros a punto de ser liberados a conseguir un permiso de conducir (que a algunos prisioneros se les retira o que puede caducar o perderse durante una condena prolongada).

Young nos contó que su hermano pasó meses sin poder conducir después de su liberación, lo cual limitó sus oportunidades de conseguir un trabajo en una zona con poco transporte público. Durante su último año en el cargo, Loretta E. Lynch, la predecesora demócrata de Sessions, puso en marcha una iniciativa para facilitar la obtención de documentos estatales de identificación a los prisioneros que salen de las prisiones federales.

Maltratados y traumatizados

Después de que su entonces marido ingresara en prisión en 2004, Jessica Jackson Sloan se comprometió a conseguir una licenciatura en Derecho y se convirtió en cofundadora de #cut50, una organización con sede en California que tiene como objetivo reducir la población de presos a la mitad para 2025.

Jackson Sloan defiende a las personas que ingresaron en prisión siendo adolescentes; allí suelen ser víctimas de maltratos y acaban traumatizados. La trágica historia de Kalief Browder (un adolescente negro que se suicidó después de pasar tres años en la célebre prisión de Rikers Island sin haber sido condenado por ningún delito) es uno de los casos de mayor difusión. Sin embargo, hay muchísimos casos más. Muchos reclusos son liberados tras décadas en prisión sin ningún tipo de experiencia laboral, a una edad en que la mayoría de la gente ya se plantea la jubilación. Para estas personas existen muy pocas opciones.

“Se espera que alguien que ha sufrido maltratos pueda funcionar en la sociedad sin ningún tipo de apoyo u orientación reales”, explica Jackson Sloan a Equal Times. “Tenemos que considerar qué consecuencias tienen esas condenas extremas”.

En los últimos años, la abogada y escritora Michelle Alexander y otras personas han avanzado en la sensibilización sobre dichos asuntos, nos cuenta Doug Ammar, director ejecutivo del Georgia Justice Project. Durante tres décadas, este proyecto con sede en Atlanta ha prestado servicios jurídicos a gente sin recursos acusada de delitos, así como servicios y apoyo a los que salen de la cárcel.

En 2015, el gobernador republicano de Georgia, Nathan Deal, firmó un decreto ejecutivo que prohibía al estado preguntar sobre los antecedentes penales en las solicitudes de empleo. Si el tema salía después en las entrevistas, al menos el solicitante de empleo tendría la oportunidad de explicarse y plantear su caso para convencerles de que le contrataran, explicó Deal en el decreto. Normalmente, los empleadores piden a los solicitantes de empleo que marquen una casilla en la solicitud si tienen antecedentes penales. Por tanto, las organizaciones de derechos civiles pusieron en marcha campañas para ‘Prohibir las casillas’, pues afirman que éstas constituyen una desventaja para la gente que busca trabajo y quiere cambiar su vida.

En Georgia, Ammar le mostró a Deal los formularios estatales para buscar empleo tras preguntarle al gobernador dónde creía que aparecía la pregunta. Era la cuarta de la lista.

“Sentí que una puerta se cerraba”, explicó Ammar a Equal Times. “¿Quién va a contratar a alguien si lo primero que ve es que le han condenado por un delito?”.