Entre 2010 y 2013, los jueces españoles decidieron que centenares de mujeres no debían tener hijos nunca. Ordenaron a las mujeres a someterse a una intervención de esterilización irreversible, argumentando que era lo que más les convenía.

Poco se sabe sobre estas aproximadamente 400 mujeres, y no está claro si su salud estaba en peligro o si sufrían enfermedades hereditarias potencialmente mortales. Su único crimen, según parece, era que padecían una discapacidad.

Los casos españoles junto con incidentes similares en Croacia, Reino Unido y Francia han sido puestos de relieve en un nuevo e impactante informe que por primera vez arroja luz sobre la esterilización forzosa de mujeres y niñas con discapacidad en Europa.

Y estos solo son los casos que conocemos. Lo más frecuente es que las intervenciones de esterilización forzosa no dejen rastros en los registros oficiales porque los médicos suelen decidir solos la esterilización de las mujeres, haciendo caso omiso del procedimiento debido.

Nadie se ocupa de recoger las cifras ni lleva a cabo ningún tipo de investigación sobre el alcance de este problema, afirma An-Sofie Leenknecht del Foro Europeo de Discapacidad (FED), autora del reciente informe conjuntamente con la Fundación CERMI Mujeres, en España. Sin embargo, esta situación aún se produce hoy día en Europa, constata. “Contamos como prueba el testimonio que recibimos de mujeres con discapacidad a través de nuestras organizaciones miembros”, señala Leenknecht.

“El hecho de que las mujeres con discapacidad todavía tengan que someterse a esta situación es increíblemente sorprendente, incluso para aquellos que trabajan con personas con discapacidad día tras día”.

Leenknecht forma parte de una coalición no oficial de derechos de las personas con discapacidad y activistas feministas, organizaciones de derechos humanos y legisladores que han estado reuniendo testimonios, organizando audiencias parlamentarias y publicando documentación en los últimos años para sacar a la luz estas continuas violaciones de los derechos humanos.

La esterilización forzosa significa que una mujer es sometida a una intervención quirúrgica, consistente en bloquear o sellar las trompas de Falopio, sin saber qué significa, sin dar su consentimiento ni su autorización. Conforme a las normas internacionales de los derechos humanos, esta intervención constituye una violación del derecho humano a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, degradantes o inhumanos. Por su parte, el Convenio de Estambul, el primer instrumento vinculante en Europa destinado a prevenir y combatir la violencia contra la mujer, lo considera como un crimen contra la mujer. Entonces, ¿por qué sigue practicándose?

Laura Albu es miembro del comité ejecutivo del Lobby Europeo de Mujeres de Rumania, y afirma que en todo el continente son varias las razones que se esgrimen para justificar el procedimiento en función de la discapacidad de una mujer. A veces, continúa, es una inquietud propia de una cultura que teme que una mujer transmita su discapacidad a cualquiera de sus hijos futuros, otras veces resulta de la preocupación de que la mujer no sea apta para ser madre. También puede deberse a puntos de vista religiosos que consideran pecado que las mujeres con discapacidad tengan hijos.

Lo que equipara los diversos incidentes que se han producido en los últimos años es la persona que toma la decisión, afirma Laura Albu. “En general, no es la familia quien solicita la esterilización, sino los profesionales médicos, quienes toman decisiones basadas únicamente en prejuicios”, e indica que la intervención quirúrgica se realiza con frecuencia al mismo tiempo que otras intervenciones médicas o exámenes.

Esos profesionales médicos no cumplen leyes locales ni pautas médicas, afirma Albu. “Son producto de las ideas personales de los médicos”, quienes creen que la esterilización es beneficiosa para la mujer, su salud, su familia o la sociedad en general. “Son ellos los que deciden y se arrogan el papel de Dios en este aspecto en particular”, al tiempo que señala que educar a los profesionales médicos es una cuestión clave para erradicar esta práctica.

La amenaza de la violencia de género

En Europa hay hasta 46 millones de mujeres y niñas con discapacidad. En tanto que grupo, tienen de dos a cinco veces más probabilidades de ser víctimas de violencia que las mujeres sin discapacidad, según las cifras del FED. Los activistas de los derechos de las personas con discapacidad afirman que las mujeres y las niñas con discapacidades intelectuales y psicosociales corren un riesgo particular de verse obligadas a someterse a la esterilización.

Otro grupo marginado que ha sido particularmente vulnerable a esta práctica son las mujeres romaníes, conocidas como gitanas. Esta situación se debe a razones obvias, indica Soraya Post, una parlamentaria sueca por la Iniciativa Feminista. “Tanto las mujeres romaníes como las mujeres con discapacidad no son consideradas como ciudadanas plenas; son vistas como ciudadanas de segunda clase”, constata. Los romaníes son la minoría étnica más numerosa de la Unión Europea y desde hace mucho tiempo sufren uno de los mayores niveles de exclusión y discriminación.

El tema es profundamente personal para Soraya Post, una activista romaní desde siempre y la primera legisladora elegida al Parlamento Europeo gracias al voto feminista. Cuando su madre, una mujer romaní, tenía 22 años y llevaba siete meses de su tercer embarazo, fue obligada a someterse a un aborto y a un procedimiento de esterilización, eventos que atormentaron a su familia durante toda su vida. Su madre nunca dejó de preocuparse por lo sucedido al bebé, a su padre le arrebataron su deseo de tener una gran familia, mientras que ella y su hermano nunca llegaron a conocer a la persona en la que podría haberse convertido su hermano pequeño.

“Ahora estoy sola. No tengo padre, ni madre y mi hermano menor ha muerto. Me hubiera encantado tener otro hermano. Y hubiera tenido uno si el Gobierno no hubiera decidido poner fin a su vida”, explica Post a Equal Times. “Fue una gran humillación y una violación de nuestros derechos humanos y de nuestra dignidad”, denuncia, el hecho de forzar a su madre a someterse a la esterilización y a un aborto únicamente debido a su origen étnico.

Para Post, frenar el ascenso de los partidos de extrema derecha en Europa es clave para prevenir en el futuro la esterilización forzosa de grupos vulnerables.

“Estos partidos son antifeministas, racistas, fascistas y no miran a los romaníes ni a las personas con discapacidad como ciudadanos plenos de la Unión Europea”, afirma.

Post también insta a los Estados miembros de la Unión Europea a tomar cartas en el asunto y a cumplir los numerosos convenios y tratados internacionales que han aprobado en virtud de los cuales las esterilizaciones forzosas constituyen violaciones a los derechos humanos.

Los activistas dicen que el problema también tiene que ver con las dificultades a mayor escala que enfrentan las mujeres con discapacidad cuando se trata de explorar su sexualidad, tener relaciones sexuales, acceder a métodos anticonceptivos y tener hijos.

“Se nos considera asexuales; se nos ve como personas sin la capacidad, el derecho o la necesidad de explorar ese lado de nuestra vida. Se piensa que deberíamos ser solitarias, sentirnos aisladas e incapaces de participar en la sociedad”, afirma Lucy Watts (Miembro del Imperio Británico), de 24 años, una activista por los derechos de los discapacitados residente en el Reino Unido que padece una rara enfermedad neuromuscular.

¿Es hora de cambiar la legislación?

El tema de la esterilización forzosa también está íntimamente ligado a un problema jurídico que los activistas por los derechos de las personas con discapacidad denuncian desde hace años. Bajo las leyes de muchos países europeos, las personas con discapacidades intelectuales y problemas de salud mental que muestran una incapacidad para “ocuparse de sus asuntos” pueden ser despojados de su capacidad jurídica.

Es decir, que se les priva de la posibilidad de tomar decisiones legalmente válidas y de entablar relaciones contractuales, por lo que, por ejemplo, ya no pueden firmar un contrato de alquiler, emitir un voto o incluso casarse y mantener relaciones con otra persona. El tutor legal puede ser un padre, pero también puede ser alguien que apenas tenga algo que ver con esa persona, y que a su vez sea responsable de otras 50 personas más, explica Leenknecht.

Para evitar esterilizaciones forzosas de las mujeres con discapacidad, necesitamos cambiar las leyes de tutela que privan a las personas de su capacidad jurídica, afirma Leenknecht, describiendo esta situación como una práctica diaria en la mayoría de los países de la Unión Europa.

“Es preciso modificar la legislación para que las personas con discapacidad siempre conserven su capacidad legal, sin importar la situación, aunque contando, naturalmente, con el apoyo que necesiten, dependiendo de la situación”, concluye.

En última instancia, la cuestión consiste en saber quién decide de la vida de estas personas, comenta Laura Albu, y señala que están en juego las libertades fundamentales. “Si soy yo la que decido qué es lo mejor para usted, entonces esta no es una sociedad democrática y libre”, al tiempo que señala que las mujeres con discapacidad deben poder tomar sus propias decisiones reproductivas: nadie debe tomar esas decisiones por ellas.

Muy a menudo, añade Lucy Watts, las decisiones que afectan a las personas con discapacidad se toman dando por sentado que se sabe qué es mejor para ellas, como hicieron los jueces españoles con esos centenares de mujeres. Es ilegítimo, afirma Watts. “Tú no vives mi vida; no sabes cuán satisfactoria es y cuán feliz me hace. En realidad, no sabes de lo que soy capaz, no sabes quién soy, ni tampoco lo que deseo”, insiste. “Entonces, ¿por qué deberías dictarle a alguien como yo qué es lo mejor para mí si no me conoces? ¿Por qué debería ser esterilizada por la fuerza cuando yo sé qué es lo que más me conviene?”.