ETUC Confederal Secretary Esther Lynch says trade unions are deeply concerned that the uncertainty being created by Brexit could not only be exploited by employers but that will also put jobs at risk.
La tercera ronda de las negociaciones de Gran Bretaña para abandonar la Unión Europea, que se celebró entre el 28 y el 31 de agosto de 2017, no aportó gran cosa para tranquilizar a los trabajadores sobre sus derechos después del Brexit. Durante las negociaciones se acordó el principio de “proteger los derechos de los trabajadores transfronterizos”.
Una fuente del gobierno británico entrevistada por Equal Times fue incapaz de explicar el contenido de la próxima tanda de documentos sobre la posición británica ni cuándo los harían públicos. Sin embargo, dicha fuente aseguró que los argumentos que detalló el negociador jefe británico para el Brexit, David Davis, en la Cámara de los Comunes siguen siendo válidos.
“El libro blanco publicado el 30 de marzo establece que los derechos laborales y de los trabajadores que gozamos todos en virtud de la ley de la UE seguirán estando vigentes en la legislación británica después de abandonar la Unión Europea, pues la Gran Ley de Derogación transformará las leyes europeas en leyes nacionales”, explicó en abril Davis en la Cámara de los Comunes. Asimismo, añadió que la primera ministra, Theresa May, ha designado a la Comisión Taylor para garantizar que los derechos de los trabajadores estén protegidos en un futuro.
Esther Lynch, secretaria confederal de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) con sede en Bruselas, explica por qué existe la necesidad urgente de unas negociaciones mucho más detalladas para aportar claridad a los trabajadores con respecto a su futuro.
¿Puede aportar ejemplos de los problemas a los que se enfrentarán los trabajadores británicos después del Brexit?
El mayor problema al que se enfrentan es la incertidumbre. Los trabajadores no pueden dejar sus vidas en un segundo plano. Y lo que es peor, estamos empezando a conocer casos en los que algunos empleadores han discriminado a trabajadores británicos. Algunos empleadores de los 27 Estados restantes de la UE están empezando a informar a sus trabajadores británicos de que no les van a designar como responsables de los nuevos proyectos o incluso que no les van a proponer para un ascenso porque no saben cuál será su situación después del Brexit. Consideramos este tipo de casos como una forma injusta de discriminación contra los trabajadores británicos que contraviene las directivas de la UE. En la actualidad estamos colaborando con un equipo jurídico para abordar este asunto.
¿Cómo puede garantizar la UE que los empleadores no discriminen a los trabajadores tanto antes como después del Brexit?
El derecho a no ser discriminado como trabajador británico tiene que formar parte explícita de la separación, la transición y el acuerdo final. Actualmente, si un Estado miembro de la UE no cuenta con las suficientes leyes vigentes para garantizar que los empleadores no discriminen a los trabajadores, los empleados y sus sindicatos pueden denunciarlo. La Comisión Europea puede iniciar un procedimiento de infracción y obligar al Estado miembro a promulgar leyes que protejan a los trabajadores de dicha forma de discriminación. Después del Brexit, Reino Unido ya no formará parte de la UE, por lo que esta opción para garantizar la protección de los trabajadores británicos desaparecerá, a menos que se plasme por escrito en el acuerdo de transición y separación final entre la UE y Reino Unido.
¿Constituye esto un problema únicamente para los trabajadores británicos?
No. También afecta al resto de los trabajadores de los 27 países de la UE. Está claro que los trabajadores europeos en Reino Unido también van a necesitar protección. Las partes negociadoras deben admitir con más claridad la probabilidad de que estos asuntos sean recíprocos. El CES hace hincapié en que la discriminación en el lugar de trabajo por motivos de nacionalidad o situación migratoria no es lo que quieren ni necesitan los trabajadores. Enfrentar a los trabajadores entre sí no constituye una buena base para el futuro de Europa. También hay alrededor de 60.000 de los llamados ‘trabajadores transfronterizos’, que viven en Reino Unido y trabajan en uno de los 27 países de la UE o viceversa. Casi la mitad de dichos trabajadores vive en Irlanda. Es primordial encontrar una solución real para esta situación.
¿Qué están pidiendo que haga al respecto la Comisión Europea?
Nos hemos reunido con el comisionado de la UE para el Brexit, Michel Barnier, y le hemos instado a que no se centre tanto en los principios de alto nivel y se sumerja en el meollo de los detalles esenciales. El problema con los principios de alto nivel es que se pueden sortear con facilidad. Por ejemplo, un principio de alto nivel relacionado con los trabajadores transfronterizos sería afirmar que sus derechos seguirán vigentes. Pero entonces un Estado miembro podría imponer largas filas en la frontera en las que los trabajadores tendrían que esperar una hora o más. No podemos permitir este tipo de situaciones.
Le hemos advertido (y seguiremos advirtiéndoselo tanto a él como a su equipo) que tenemos que establecer supuestos sobre cómo funcionarán las cosas en la práctica y sobre qué garantías se necesitan para asegurar la aplicación de los principios de alto nivel [con el objetivo de evitar la competencia basada en el dumping social, medioambiental o fiscal]. Asimismo, es importante saber qué leyes se van a promulgar para garantizar que los empleadores no socaven los principios establecidos en el acuerdo. En este caso existe una gran diferencia entre las declaraciones y propuestas concretas de la UE y Reino Unido. Es importante que los trabajadores y sus sindicatos dispongan de una vía para denunciar a los empleadores si estos actúan de un modo que contravenga lo acordado. Nos hemos reunido con los asesores técnicos de Barnier para analizar el tipo de leyes que se necesitan, pero por ahora está claro que ambas partes tienen ideas muy diferentes sobre este asunto.
¿Qué han propuesto al gobierno británico?
Hemos reunido al gobierno con la central sindical británica TUC [Trades Union Congress] y les hemos manifestado que necesitamos leyes apropiadas para garantizar que los trabajadores dispongan de una vía para denunciar las violaciones de sus derechos y cuenten con recursos eficaces. Tal y como hemos expresado claramente al gobierno británico, nos preocupa que, aunque los empleadores tengan que cumplir con las normas de los 27 países de la UE para los productos de exportación, después del Brexit intenten competir en el proceso de producción; por ejemplo, cumpliendo menos normas de seguridad, salud y otras normativas laborales que los 27 países de la UE. Para nosotros esto sería inaceptable.
¿Cuáles son sus principales preocupaciones en relación con el Brexit?
Una es que el Brexit está creando un ambiente de incertidumbre que aprovecharán los empleadores y que está poniendo en peligro muchos puestos de trabajo. Otra es la política exhibicionista que estamos observando actualmente, con los políticos haciendo declaraciones de todo tipo. No nos queda claro si se trata únicamente de posturas para la negociación o de declaraciones de intenciones. Además, los principios de alto nivel están bien, pero tienen que transformarse en leyes vinculantes y garantías que darán a los trabajadores británicos y europeos la confianza de que sus derechos se respetarán tanto en Reino Unido como en la UE. En cuanto al acuerdo de separación, la UE tiene que asegurarse de que Reino Unido dispone de un tipo de leyes que no permitan a los empleadores competir recurriendo a menos derechos, menos normativas o la discriminación injusta de los trabajadores.
¿Qué ambiente hay entre los sindicalistas en relación con el Brexit?
La gente está cada vez más indignada, porque a pesar de que tanto la UE como Reino Unido afirman que quieren proteger los derechos de los trabajadores y que no van a utilizarles como moneda de cambio en las negociaciones, cada vez resulta más obvio que eso es exactamente lo que están haciendo.
La ‘ley de desconexión de la UE’ británica estipula que “en la legislación nacional no se recoge el derecho a indemnizaciones después del día de la separación según lo dispuesto en la sentencia del caso Francovich”. ¿Qué significa esto en la práctica?
La sentencia del caso Francovich estipula que los Estados miembro pueden verse obligados a pagar indemnizaciones a individuos que hayan sufrido pérdidas debido a que dicho Estado no haya transformado una directiva europea en legislación nacional. Básicamente permite a los trabajadores demandar al gobierno en tal caso. Si se elimina esta sentencia del marco jurídico existe el peligro real de que, sin nada que sustituya a esta vía en términos de garantías y leyes, el Reino Unido esté indicando que no pretende facilitar a los trabajadores la capacidad de exigir responsabilidades al gobierno por sus pérdidas cuando los empleadores decidan ignorar sus derechos en el futuro acuerdo del Brexit. Esto afectará a los trabajadores en Reino Unido, pero también provocará una reacción en cadena que afectará a trabajadores en los 27 países restantes de la UE.
¿Cuál sería el enfoque adecuado para el Brexit teniendo en cuenta los derechos de los trabajadores?
El Partido Laborista británico ha propuesto el enfoque más razonable y realista: mantener el statu quo durante el período de transición. Esto daría a la clase trabajadora el tipo de seguridad que necesita en lo que se refiere a sus trabajos y derechos. El tiempo sigue corriendo. La gente necesita saber en qué situación se encuentra para poder tomar decisiones sobre dónde van a vivir y trabajar y también sobre sus familias. Los asuntos relacionados con los derechos de los trabajadores deberían haberse abordado ya.
