Estibadores y patronal evitan la huelga portuaria en España buscando consensos pese a la intransigencia del Gobierno

Estibadores y patronal evitan la huelga portuaria en España buscando consensos pese a la intransigencia del Gobierno

Employers and unions have agreed to find a way to save the 6,150 jobs in the country’s port sector in return for a pay cut of 10 per cent, together with other consensus-based measures.

(EC-Audiovisual Service)

Los estibadores y las empresas contratistas de los puertos españoles han alcanzado por su cuenta un principio de acuerdo que permite evitar por ahora la huelga, pese a la actitud inflexible de su Gobierno, que ha intentado barrer las buenas condiciones laborales del sector a golpe de decreto ley.

A pesar de la intransigencia del Ejecutivo, que evitó negociar con ambas partes antes de imponer, unilateralmente, un real decreto ley que regirá desde ahora el funcionamiento del sector, patronal y sindicatos han acordado buscar la manera de garantizar los 6.150 puestos de trabajo de todo el país, a cambio de un retroceso salarial del 10%, entre otras medidas que se están consensuando.

Esto ha permitido suspender cinco de las ocho jornadas de huelga que se habían convocado desde el pasado 24 de mayo, aunque, en espera de cerrar un posible acuerdo definitivo entre ambas partes en su próxima reunión el próximo jueves (1 de junio), se mantiene por ahora la llamada a los paros de los días 5, 7 y 9 de junio.

El futuro del sector está en vilo desde 2014

El conflicto se originó en el marco de las reformas que la Comisión Europea (CE) está impulsando para uniformizar la liberalización del sector portuario en el espacio comunitario.

Los estibadores de España y Bélgica se regían por un régimen especial, con condiciones laborales, de contratación, de formación y de seguridad determinadas por los propios trabajadores portuarios. El sistema estaba consolidado en ambos países, pero la CE los llevó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ordenó su fin por contravenir la libertad empresarial.

En concreto, en su sentencia del 11 de diciembre de 2014, Luxemburgo ordenó suprimir la obligación que había en España, para cualquier empresa que quisiera competir en el sector, de inscribirse en una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP), de participar en su capital y de contratar a un mínimo de trabajadores proporcionados por ella.

En Bélgica, donde se daba una situación similar, el Gobierno, la patronal y los sindicatos se pusieron de acuerdo para llevar a cabo esa transición garantizando con normalidad la subrogación de los empleos ya existentes.

Sin embargo, en España, el Gobierno conservador del Partido Popular (PP) actuó unilateralmente, y trató de legislar con una actitud que varios sindicatos internacionales del transporte han calificado de “autoritaria” hasta “más allá de lo increíble”, así como “fuera de sentido y, potencialmente, de la ley internacional”, e incluso una “traición” a los propios intereses de la industria portuaria española.

A mediados de 2015, los sindicatos ofrecieron un plan de acción para cumplir con Luxemburgo, pero el Gobierno lo ignoró y alargó el problema hasta que presentó, en febrero pasado y sin consultas previas, un decreto ley que prácticamente empujaba a la eliminación tanto de las SAGEP como de todos los puestos de trabajo existentes (de manera que las empresas contratasen libremente y bajo nuevas condiciones laborales).

Este primer intento fue frenado por el Parlamento, por lo que el PP negoció con otros partidos para conseguir apoyos para una segunda versión, que sí fue aprobada el pasado 18 de mayo. Ahora la ley, al menos, deja margen para que patronal y trabajadores puedan acordar voluntariamente, si lo desean, la subrogación de los puestos de trabajo ya existentes y la participación de ambas partes en unos Centros de Empleo Portuario (CEP), que no serán obligatorios, pero que darán continuidad a las funciones de las SAGEP de cada puerto. Así, los CEP se crearán para facilitar la contratación y la formación de nuevos profesionales de una manera segura. Todos los miembros actuales de la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco) se han mostrado de acuerdo en participar de su capital como ya lo hacían en las SAGEP. La patronal fue consultada para este artículo, pero declinó hacer comentarios más allá de sus comunicados oficiales.

En España, “la propuesta inicial del Gobierno pasaba por que todos los trabajadores fuéramos al paro y por que las empresas pudieran contratar a quienes quisieran en las condiciones que quisieran, sin ninguna garantía de seguridad en su formación y sin ningún tipo de respeto a los convenios del sector”, explicó a Equal Times Miguel Rodríguez, responsable de Comunicación y uno de los portavoces de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), que agrupa a los sindicatos de la estiba del país.

En contraste, señala, “en Bélgica el Gobierno ha negociado desde el primer momento, y por supuesto, se han garantizado el registro de los estibadores y la subrogación de todo el personal por parte de las empresas, y se han montado fórmulas para que la formación de los trabajadores tenga garantías de calidad, seguridad y productividad”, precisamente lo que ahora patronal y sindicatos están tratando de afianzar por su cuenta, al margen del Ejecutivo y en el espacio que les deja el nuevo decreto ley.

Además, han alcanzado un principio de acuerdo en “un tema muy importante para nosotros, y creo que para el resto de los trabajadores españoles, y es que los convenios del sector tengan el mismo el mismo peso que los convenios de empresa”, lo que sienta un precedente, dado que en España se da prioridad a estos últimos desde la reforma laboral de 2012.

¿“Privilegios” o derechos adquiridos?

“Nos habría gustado que todo esto estuviese metido en la ley, pero nos lo han dejado condicionado a que haya un pacto entre empresas y trabajadores”, lamentó Rodríguez, que celebra al menos la voluntad de entendimiento alcanzada la semana pasada con la Anesco para garantizar la subrogación del 100% de los empleos existentes, y no sólo del 75% por ciento como indicaba la versión del decreto ley que finalmente fue aprobada.

De esta manera, pese a no haber podido participar en la elaboración de la ley, los sindicatos negocian estos días la forma definitiva de un acuerdo con la patronal que garantice “la subrogación, la formación y la regulación de los CEP, pero ya en nuestro campo, en el que nosotros estamos acostumbrados a jugar: la negociación con las empresas”, afirmó. “Seguro que llegaremos a un acuerdo, siempre lo hemos hecho”.

Atrás queda, por lo menos, la campaña de descrédito lanzada desde el Gobierno en el Parlamento y en los medios de comunicación, que dibujaba a los estibadores como un colectivo “privilegiado” capaz de provocar multas y pérdidas económicas al país por mantener unas condiciones presentadas como si fueran insostenibles.

“Ha sido el habitual paquete de odio que muestra el Gobierno en estos casos, y que estamos acostumbrados a ver que lo montan con todos los colectivos que quieren desregular: funcionarios, profesores, controladores aéreos, taxistas...”, comentó Rogríguez.

“Es un discurso trasnochado, arcaico, de mugre, del ‘tú eres un privilegiado porque tienes buenas condiciones laborales, descansos y un salario por encima de la media’, pero afortunadamente creo que no ha calado, aunque lo hemos vuelto a sufrir”, aseguró. “Parece que al Gobierno le incomoda mucho tener que negociar en igualdad de condiciones con un colectivo”, concluyó.

This article has been translated from Spanish.