En Filipinas, las violaciones de derechos humanos van en aumento. El Gobierno, bajo pretexto de reprimir la criminalidad, arremete contra los defensores de los derechos humanos y de los derechos sindicales en un esfuerzo por silenciar las críticas. Desde que el presidente Rodrigo Duterte diera luz verde a su particular “guerra contra las drogas” en 2016, el número de ejecuciones extrajudiciales supera la cifra de las 29.000.

Hoy, 10 de diciembre, día internacional de los Derechos Humanos, el movimiento sindical internacional ha puesto en marcha una serie de acciones en apoyo a los sindicatos amenazados en Filipinas.

La activista sindical France Castro, exsecretaria general del sindicato de docentes ACT (Alliance of Concerned Teachers) de Filipinas, y actualmente diputada en la Cámara de Representantes, recibió este año el galardón Prix Arthur Svensson 2019 por su compromiso en la defensa de los derechos sindicales.

Castro concedió una entrevista a Equal Times una semana antes de que dos miembros del ACT fueran objeto de un ataque armado, en plena clase, por varios hombres que portaban máscaras, un acto que se suma al acoso, difamación e intimidación denunciado por la ACT. La activista, nos dice, ha sido testigo de las campañas específicamente dirigidas a desacreditar a los sindicalistas. En su entrevista evoca igualmente su combate por defender los derechos de los lumad, una población indígena del sur de Filipinas.

El Índice Global de los Derechos de la CSI menciona a Filipinas como uno de los 10 peores países del mundo para los trabajadores. ¿Cuál es la realidad sobre el terreno?

Ser sindicalista en Filipinas en este momento es peligroso, ya que al Gobierno del presidente Duterte no le gustan aquellos que luchan por los derechos humanos o por los derechos sindicales, ni aquellos que se oponen a las políticas de este Gobierno contra el pueblo. Este es el motivo por el que nuestro sindicato es actualmente víctima de persecución política y campañas específicamente dirigidas en su contra.

Ha habido agentes policiales que han ido de escuela en escuela preguntando quién era miembro de ACT. Es una medida que viola la privacidad de nuestros miembros, pero también afecta a nuestra libertad sindical. Nuestros afiliados están asustados y en algunas zonas se están desafiliando de nuestro sindicato.

Nuestros miembros y líderes también son víctimas de amenazas, a veces de amenazas de muerte. Recientemente, el presidente de nuestro sindicato en la región 5 (Bicol) recibió un sobre que contenía su perfil y los perfiles de los miembros de su familia. Es una forma de intimidación.

Muchos miembros de su sindicato son víctimas del “etiquetado rojo” [red tagging, en inglés; una práctica destinada a empañar la reputación de una persona y a desalentarla a que se organice, a que haga valer sus derechos y a que critique las políticas gubernamentales*].

¿Cuáles son las consecuencias?

En Filipinas, cuando una organización o una persona es etiquetada como “roja”, significa que está vinculada y apoya a grupos terroristas, incluso si es totalmente falso. A partir de ese momento, la policía, el ejército y los paramilitares, así como otros grupos de presión, la señalan como objetivo.

Esta es una situación que están padeciendo no solo los miembros de mi sindicato y las organizaciones progresistas, sino también otros grupos de oposición, los medios de comunicación, los grupos de mujeres, los pobres, etc.

¿Cómo lucha su sindicato contra la propaganda y los abusos?

Denunciamos el establecimiento de perfiles de nuestros miembros a través de conferencias y comunicados de prensa, interponemos demandas. Educamos continuamente a nuestros miembros sobre las noticias falsas, las campañas de las que somos víctimas. Denunciamos casos de acoso, estamos investigando con otros compañeros parlamentarios las violaciones de los derechos humanos.

El apoyo de las organizaciones internacionales también nos ayuda enormemente. El Gobierno de Duterte sabe que nuestros miembros y líderes están protegidos por la solidaridad internacional. Los galardones internacionales que he recibido, como el premio Arthur Svensson y el Febe Velasquez, nos brindan una forma de protección y confianza, demuestran que lo que hacemos como sindicalistas es correcto. Espero que inspire a otras mujeres sindicalistas a luchar dentro de sus organizaciones y a permanecer afiliadas a sus sindicatos.

Nuestros miembros no deben tener miedo, deben continuar luchando por sus derechos: la solidaridad internacional nos protegerá mientras mantengamos nuestro compromiso sindical.

También se opuso usted al Gobierno para apoyar los derechos a la educación de los pueblos indígenas, ¿por qué este compromiso?

Apoyamos a los más desfavorecidos y a los más marginados. Este es el caso de los lumad, un pueblo indígena que vive en el sur de Filipinas. Desde tiempos inmemoriales, luchan por su tierra y el derecho a la autodeterminación, disponen de muy pocos servicios sociales, porque viven lejos de las ciudades. Sus tierras están amenazadas por las empresas mineras y la agroindustria, están militarizadas y el Gobierno está haciendo todo lo posible para que los lumad vivan en la ciudad. Como el Gobierno se ha desinteresado de su derecho a la educación, las comunidades han construido escuelas lumad con la ayuda de organizaciones no gubernamentales y docentes voluntarios.

Nuestro sindicato les presta ayuda en lo relativo al plan de estudios, útiles escolares, formación de docentes. El Gobierno de Duterte nos culpa por este apoyo porque a su juicio, los lumad que oponen resistencia al control de sus territorios son rebeldes, terroristas, y si los ayudamos, se nos acusa de ayudar a los terroristas.

En noviembre de 2018, por invitación de los lumad, participé en una misión nacional en su región debido a que sus escuelas habían sido cerradas. Las autoridades bloquearon las carreteras de la zona. Los lumad pensaron que, como soy parlamentaria, el ejército y la policía me dejarían pasar, pero fue todo lo contrario, tirotearon y apedrearon mi vehículo. Mis compañeros y yo fuimos detenidos arbitrariamente por la policía durante 18 horas sobre la base de acusaciones falsas.

¿Ha adoptado su sindicato una posición en relación con las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las autoridades?

La administración del presidente Duterte comenzó su guerra sangrienta contra la droga en 2016, la cual culminó con los asesinatos de miles de personas con la más absoluta impunidad. Denunciamos enérgicamente esta política desde el principio, lo que enfureció al presidente. Duterte rechaza a todo aquel que se oponga a sus medidas y tiene miedo de las palabras “derechos humanos”.