Francia criminaliza la solidaridad con los migrantes y redefine los derechos de la ciudadanía

La diferencia entre un ciudadano y un activista es como una línea trazada en la arena. Pierre-Alain Mannoni, un profesor universitario de 45 años, de Niza, nunca tuvo intención alguna de convertirse en activista —de hecho, sigue rechazando esa etiqueta—. Pero un simple gesto de bondad hacia tres mujeres migrantes, que provocó la ira de las autoridades francesas, borró la diferencia entre sus responsabilidades como ciudadano y su papel como activista.

El valle de Roya, una región montañosa y abrupta en la frontera franco-italiana, está sumido en una crisis humanitaria implacable desde junio de 2015, cuando las autoridades francesas cerraron parcialmente la frontera con Italia. Los migrantes, en su afán por entrar en Francia y reunirse con amigos y familiares o continuar viaje a otros países, como el Reino Unido, empezaron a aventurarse en travesías traicioneras a través de los Alpes, que muchas veces les traen al Roya.

La configuración geográfica del valle del Roya puede desorientar a cualquiera que desconozca la zona. “El valle comienza en Italia y termina en Italia. Sólo hay una vía que conecta todas las partes, una larga y abrupta ruta de montaña. Los inmigrantes intentan llegar desde Ventimiglia [en Italia] a Niza [en Francia] siguiendo esta ruta, por la que es muy fácil perderse, que les arresten o encontrarse de vuelta en Italia”, afirma Mannoni.

Ventimiglia es el primer punto de llegada de muchos migrantes y refugiados en su huida de las espeluznantes condiciones de vida en países africanos como Eritrea y Sudán. “No sé si conoce usted la situación en Ventimiglia, pero es absolutamente horrenda. Hay niños, y mujeres con sus hijos, a la intemperie. Intentar atrapar a quienes procuran pasar es una cacería de humanos. Y ahora, Italia y Libia han llegado a un acuerdo por el que Italia entregó a Libia 200 millones de euros, creo, para evitar que la gente se marche de allí”, explica Hubert Jourdain, activista de derechos humanos de Niza.

Según Jourdain, migrantes y refugiados están escapando de condiciones estremecedoras, exacerbadas de manera intolerable por el cierre de fronteras. “¿Sabía que las jóvenes eritreas toman anticonceptivos antes de empezar su migración, para poder pasar Libia y Líbano? Es decir, ¡la violencia es inversosímil!”.

Las circunstancias extremas que padecen refugiados y migrantes han empujado a muchos activistas a ofrecerles la asistencia necesaria que, en su opinión, el Estado está optando por no darles.

“Empecé a involucrarme activamente desde que el problema internacional se convirtió en local, afirma Sophie (no es su nombre real), miembro de Roya Ciudadana, un grupo local que ofrece refugio y asistencia a los migrantes. “Para mí, y muchas otras personas dirán lo mismo, todo sucedió muy rápido”.

Sembrar el miedo como maniobra de distracción

Sin embargo, luego de varios atentados terroristas, las autoridades francesas han puesto en la diana a las acciones de solidaridad que contravienen la política migratoria oficial, y suelen acusar a los activistas de tráfico de personas.

Los defensores de los derechos humanos afirman que sembrar miedo es una forma barata y fácil de dramatizar problemas concretos, para distraer la atención de la gente de las causas reales de la migración masiva, sin control o involuntaria.

El Estado ha encausado a docenas de ciudadanos por ayudar a los migrantes, acusándoles de tráfico de personas, entre otros delitos. El caso más mediático es el de Cédric Herrou, un olivarero de Roya acusado de varios delitos por dar cobijo a migrantes en su finca, convertido, sin buscarlo, en un héroe popular.

Felix Croft, un voluntario de ayuda humanitaria de 28 años, se expone a una cuantiosa multa y a una larga condena de cárcel por transportar a una refugiada embarazada y a su familia, entre la frontera italiana y francesa. Él alega que quería llevarles desde Ventimiglia a su casa en Vence porque ya no había espacio en la iglesia en la que intentaban refugiarse, pero fue arrestado cuando conducía por la autopista.

Mannoni, padre de dos hijos, atravesó un calvario similar. El pasado noviembre cenaba con sus amigos en Roya, que le invitaron a ver un edificio ferroviario abandonado, ocupado por activistas y ONG. El abarrotado edificio había sido ocupado para dar cobijo a migrantes, sobre todo de Sudán y Eritrea, que han cruzado la frontera italiana.

A Mannoni le presentaron tres chicas eritreas que necesitaban asistencia médica y psicológica y sus amigos le preguntaron si las podía acoger en Niza. Dudó en un principio (porque “debía trabajar al día siguiente”), pero cedió cuando vio la extensión de sus heridas. En su testimonio afirmó que parecían “asustadas, ateridas de frío, enfermas y con heridas visibles”.

Las tres mujeres habían caminado toda la noche para cruzar las montañas y llegaron al borde de la extenuación al edificio ocupado. Intentando dar ejemplo a sus hijas, Mannoni decidió darles cobijo en su casa, en Niza. Subieron a su automóvil, pero no pudieron llegar muy lejos. La policía le arrestó en un peaje de la autopista, una hora después de salir de Roya, por violación del Artículo L622-1 de la Ley de Inmigración francesa.

La ley dispone que cualquier persona que “facilite o intente facilitar la entrada ilegal, el traslado o la residencia a un extranjero en Francia será castigada con cinco años de cárcel y una multa de 30.000 euros”. Muchos lo llaman el “delito de solidaridad”.

Sin embargo, hay buenas noticias para las decenas de activistas que se enfrentan a cargos similares, ya que Mannoni ha sido absuelto y su caso sentará precedente. El tribunal alega que Mannoni actuó conforme a la ley de “protección de la dignidad” de las tres chicas eritreas que transportaba.

El veredicto, leído íntegramente por el presidente del Tribunal, concluye que “a la luz de estos elementos, tomados en su conjunto, se debe considerar que el acusado ayudó a estas inmigrantes con el objetivo de preservar su dignidad y de ofrecerles seguridad física para que pudieran mantener su integridad física”.

Lamentablemente, la Fiscalía ha declarado que recurrirá la sentencia. A pesar de que el ministro del Interior, Bruno Le Roux, afirma que no existe “delito de solidaridad” mientras nadie se beneficie de prestar ayuda a los refugiados inmigrantes, el Ministerio no ha respondido a la pregunta de Equal Times sobre las razones por las que la Fiscalía pretende recurrir la absolución de Mannoni.

“Sus derechos y libertades son los nuestros”

El caso de Mannoni no solo pone al descubierto los vericuetos legales utilizados por las autoridades para justificar sus medidas disciplinarias contra la ciudadanía, también arroja luz sobre la constante impugnación y el debate a los que están sometidos los derechos de la ciudadanía.

El Fiscal distinguió entre los conceptos de ayuda y asistencia, y argumentó que, aunque la ayuda como respuesta a un peligro inminente constituye un deber, los cargos por los que se imputaba a Mannoni tienen que ver con una asistencia más organizada, no la que corresponde a un peligro real e inminente.

El argumento de la Fiscalía implica que los actos espontáneos e impulsivos de compasión merecen inmunidad legal, pero los esfuerzos organizados, no. Es más, el Estado percibe “la libertad de movimientos” como un derecho intransferible, que no puede extenderse a los no-ciudadanos. De esta forma, pretende garantizar y proteger su posición de distribuidor único de dichas libertades y derechos en Francia.

Mannoni y sus amigos activistas están convencidos de que esta impugnación de los derechos de la ciudadanía hermana a migrantes y ciudadanos bajo una lucha común, en la que los derechos de un grupo están correlacionados con los del otro. Según Jourdain, los ciudadanos que ejercen sus derechos contraviniendo los canales de migración oficiales están cuestionando y poniendo a prueba los límites del poder del Estado y, en consecuencia, el alcance de sus propias libertades.

“Defendemos los derechos y libertades [de refugiados y migrantes]; de hecho, sus derechos y libertades son los nuestros. Así es como hemos llegado a esta lucha política: no hay otra opción posible”.

El 7 de mayo se celebran las elecciones presidenciales en Francia. El telón de fondo del populismo de extrema derecha en Europa, y en la otra orilla del Atlántico, ha erigido a la migración en el foco principal de los debates y campañas presidenciales francesas. Según Mannoni, los responsables del gobierno se vanaglorian del número de ilegales devueltos a Ventimiglia, pero estas cifras “equivalen al mismo número de personas que intentan cruzar la frontera cada día”.

De esta forma, deduce Mannoni, las autoridades inflan artificialmente las estadísticas y disimulan la eficacia de su propia respuesta. “Nos cuentan que la migración es un problema de seguridad, pero ¿han impedido las deportaciones que los terroristas cometieran los atentados?”.

El material de investigación utilizado para este artículo fue traducido del francés y el inglés por Morgane Tims Mace y Kanwal Eshai.