Guerra, arte y paz: sobre el plebiscito de Colombia al acuerdo de paz

Opinión

Colombia es un país de contrastes. Se posiciona como el más feliz del mundo, y lleva más de cincuenta años atrapado por la guerra.

Situado en la esquina de Suramérica, su norte y oeste son dos océanos, y su sur y oriente jungla amazónica y llanos orientales. Los Andes, trenzados longitudinalmente sobre su territorio, son eje del desarrollo en el país que se riega sobre y alrededor de valles y montañas, y contrasta con la Colombia del olvido y abandono que se aleja de ellas.

El contraste no es empero y únicamente de paisajes y clima, es también de niveles de respeto y oportunidad entre unos y otros colombianos.

Desde que los muiscas vieran desembarcar a los españoles, traer como esclavos a pobladores africanos, y Colombia empezara a cohesionarse como nación independiente en 1819, el país no ha parado su largo proceso de cohesión, de colombianizarse. Su éxito ha sido más bien moderado, por ejemplo, los términos “negro” o “indio” se mantienen ligados a un uso despectivo o discriminante, y la justicia y movilidad social están más ligadas al saldo bancario y al tono de la piel que a la institucionalidad pública y la educación propia.

El mayor contraste se da entre quienes nacieron con horizonte de desarrollo y quienes sólo nacieron con horizonte de subsistencia, una población vulnerable de futuro monopolizado o capturado por actores de codicia y guerra.

 

Bipartidismo y tercera fuerza armada y violenta

La fuerza vital de los colombianos la han consumido guerras, batallas y luchas de todo tipo. Desde la ocasionada por la búsqueda de El Dorado por lados de Bacata o Bogotá, aquellas contra piratas del caribe cerca a Cartagena y San Andrés, y las de la independencia y posindependencia, por todo el país. En cuanto a la violencia bipartidista del siglo pasado, ésta se resolvió con una rotación del poder entre ambos bandos lo cual hizo surgir una tercera fuerza política atomizada, armada y violenta, antagónica al Estado bipartidista.

Ejércitos irregulares que a su vez engendraron contra-ejércitos irregulares y fueron a situarse al margen izquierdo y derecho del Estado mismo. Grupos guerrilleros y paramilitares reflejo o adhesión también de la guerra fría y que fueron a imponer su ley armada sobre pueblos y aldeas de la Colombia del olvido, esa desde donde se conectaba con milicias urbanas para coordinación logística de bombas y secuestros.

Su financiación no ha sido problema. Colombia es tierra fértil para el cultivo de toda suerte de flores, frutos y hojas como café, rosas y banano, marihuana, coca y amapola, porque la naturaleza no sabe nada del código penal. Desde la esquina continental, Colombia ha sido simultáneamente punto de producción y puerto de distribución global para el comercio legal e ilegal que es fuente económica tanto del desarrollo como de la guerra que lo impide.

La última batalla colombiana se ha librado contra carteles de drogas en Medellín y Cali y sus multinacionales de coca y crimen conexas. Organizaciones de crimen transnacional que hacen de la corrupción y el homicidio en Colombia el caldo vital de su negocio de narcotráfico. Tanto, como los consumidores globales de coca irresponsablemente lo auspician desde el goce efímero de su inhalación.

A pesar de la compleja geopolítica y tupida macrocriminalidad, gobiernos pasados han logrado desmontar carteles, guerrillas y paramilitares. Ya no existen las estructuras del Quintín lame, el M19, el EPL y las AUC y subsisten la guerrilla del ELN, las FARC y rezagos paramilitares que, atomizados como bandas criminales (bacrim) quedan para recordarnos que desestructurar a un grupo y terminarlo no es lo mismo, pero que solo desestructurando se puede empezar a avanzar hacia la Colombia menos sufrida, más optimista y mejor cohesionada de hoy.

 

Acrobacia jurídica, desconfianza y temor

Es dentro de este contexto que este 2 de octubre vamos a decidir si apoyamos o no el acuerdo pactado entre Gobierno y la Guerrilla de las FARC para su desarticulación y reincorporación a la sociedad civil y la política activa.

Es la primera vez que se nos pregunta al respecto. Tal vez porque se trata del más viejo grupo guerrillero, el penúltimo, y es necesario engranar la transición en el corazón colombiano y en el nivel local del territorio.

Este domingo se vota sí o no al Acuerdo duramente negociado por cuatro años. Una obra jurídico-política de 297 páginas blindada a modificaciones posteriores por su revestimiento internacional.

Las FARC son terroristas para un gobierno, cartel de droga para otros y beligerantes bajo este Acuerdo, que, pactado entre nacionales, fue elevado al plano internacional como Acuerdo Especial bajo el Articulo 3 común de Ginebra de modo que, cual PIDCCP o PIDESC, bajaría y entraría al ordenamiento nacional a manera de tratado internacional de derechos humanos por bloque de constitucionalidad.

Esta acrobacia jurídica, las 297 páginas y los cuatro años de negociación reflejan ante todo desconfianza y temor.

Durante cincuenta años las FARC han querido tomarse el Estado y éste exterminar a las FARC. El Estado las admite en democracia sin armas ni dinero sucio y las FARC no quieren quedar vulnerables a un exterminio como el que 3.000 miembros de la UP (Unión Patriótica) sufrieran años atrás. A su vez, ambas partes temen que un eventual gobierno de odio llegue a derogar y pasarles cuenta por lo ya acordado.

Grosso modo el Acuerdo afirma minorías; pivota sobre un enfoque de género; pacta un plan integral agrario sobre la base de una reforma rural integral que en nada cambia el modelo económico; saca las armas de las FARC del país para volverlas monumentos; subsidia sustitución de cultivos ilícitos por lícitos y refuerza protesta ciudadana y oposición política. También crea un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No-Repetición aparte de la justicia ordinaria y para efectos de transición. Lo integrarían entidades para (i) la verdad, (ii) la búsqueda de desaparecidos y (iii) la jurisdicción especial para la paz (JEP) que culminaría con sentencias del Tribunal de Paz.

Las FARC luego de desmovilizarse se concentrarían en más de 20 zonas rurales por 180 días bajo verificación de la ONU y se enlistan para ser amnistiadas y entrar en reinserción civil y socioeconómica. Quienes hayan cometido delitos no-amnistiables se procesan ante la JEP donde deben ofrecer verdad plena y oportuna sobre violaciones, masacres, secuestros y fosas comunes, así como cuentas bancarias y caletas de dinero en la selva so pena de hasta 20 años de cárcel.

Ahora, si dieran verdad plena y oportuna, su castigo restringiría su libertad a tareas de construcción, erradicación de coca y desminado, entre otras sanciones no privativas de su libertad.

 

Las FARC, ¿a por el espacio que Castro y Chávez dejaron en la región?

En suma, a las FARC les tocaría intercambiar balas por ideas, abandonar armas, renunciar a violencia, decir la verdad y sujetarse al Estado y sus instituciones, y, a nosotros, nos cuesta su transición a la vida civil, la reparación a las víctimas, darles curules (escaños) fijas en el congreso, y financiar el arranque de su partido político.

Causa temor –dado nuestro contexto– que cualquier delito pueda entonces resultar conexo al conflicto y que la justicia transicional de verdad y perdón termine por marchitar a la justicia ordinaria (que retribuye los daños causados con cárcel). Asusta también que la implementación de desarrollo y paz territorial sea un botín contractual sobre el telón de fondo que es la corrupción.

Ocurre que en el Acuerdo, desde el fortalecimiento de la economía rural y solidaria de campesinos, afro, indígenas y pueblo rom, los proyectos productivos de excombatientes FARC, y las veedurías de control a gestión pública, recaen centralmente en la contratación y creación de Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) u Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Personas jurídicas que, desde 2012 y a la luz de la Teoría de la Alteridad Jurídica (Ruiz-Restrepo, 2011) de la cual la suscrita es su autora, no están ya sólo negativa y residualmente definidas sino que cuentan también con definición positiva; una identidad cierta y precisa como entidades con ánimo de alteridad (Artículo 468-3 # 4 del Estatuto Tributario Colombiano).

Si bien esto apuntala legitimidad civil, facilita transparencia e incrementa seguridad jurídica, el ámbito de lo público-ciudadano en democracia sigue pobremente comprendido. Por tanto, preocupa que las organizaciones alter-intencionadas de la sociedad civil organizada colombiana queden reducidas a ser apéndices comerciales para ejecutar agendas sociales o bien satélites político-ideológicos para movilización social controlada.

Operativamente el acuerdo dependería enteramente del rigor jurídico, la transparencia estatal y el empoderamiento ciudadana. Políticamente el debate es otro.

En el lado del SÍ, unos creen que menos balas y sangre permiten acelerar el desarrollo del país, otros que hay que liberar a la Colombia del olvido de la guerra. En el lado del NO unos temen que, so pretexto del acuerdo de paz con la guerrilla, viejos políticos y negociantes de siempre aprovechen para avanzar blindadamente sus ambiciones, otros que el espacio de liderazgo, que Castro y Chávez dejaron vacío, lo ocupen las FARC en la región.

Unos perdonan, otros no quieren perdonar, pero lo que más daña es la publicidad que sobre-simplifica lo público y reduce todo a colombianos que quieren la paz y colombianos que no quieren la paz. Así, infantiliza a unos y deshumaniza a otros.

Como la belleza, todos anhelamos la paz. Por eso el arte permite explicar mejor el dilema: ¿Belleza es, sí o no, La Fuente de Marcel Duchamp? Todo depende de lo que sepa de dadaísmo y/o de su estándar de belleza referido al Apolo y Dafne de Bernini, los dibujos del colegio sus hijos, o de ambos.

El plebiscito del domingo es una pregunta de apreciación. Colombiano, ¿ve o no Paz en las 297 páginas del Acuerdo? La sumatoria de respuestas marcará el curso de nuestro destino. Deséennos suerte.

Y usted, ¿qué opina?

@ruizrestrepo @equaltimes