¿Habrá algo que detenga el actual genocidio en Myanmar?

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En estos momentos se está produciendo un genocidio en Myanmar [Nota de la redacción: Birmania] y la mayor parte de la población mundial no es consciente de ello. El 9 de octubre de 2016, un grupo armado no identificado atacó tres puestos fronterizos situados al oeste de Myanmar, matando a nueve policías. Tras este ataque, las fuerzas gubernamentales de Myanmar han lanzado una ofensiva coordinada contra la población civil, en el marco de la cual se están perpetrando matanzas masivas, violaciones, torturas y quema de casas y de tierras de cultivo.

Las fuerzas de seguridad han bloqueado toda la zona, por lo que resulta difícil comprobar los informes sobre casos de violencia que están saliendo a la luz. Utilizando fuentes independientes, Voice of America ha informado que el número de muertos podría ascender ya a entre 150 y 300 personas. Basándose en imágenes por satélite, Human Rights Watch (HRW) ha señalado que desde el 18 de noviembre se han destruido 1.250 casas y edificios.

Como resultado de esta feroz represión militar, miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, y muchas están intentando acceder al país vecino, Bangladés, cruzando el río Naaf. No obstante, el Gobierno bangladesí se ha negado a aceptar más rohinyás, declarando que su país, densamente poblado, ya ha acogido a medio millón de rohinyás que habían huido de anteriores conflictos violentos.

Los ataques contra el pueblo rohinyá de Myanmar no son nada nuevo.

Los rohinyás han mantenido una relación incómoda con el Estado desde que Myanmar obtuvo su independencia en 1948. Los rohinyás son un grupo étnico, lingüístico y religioso minoritario en Myanmar. Son practicantes del islam sunita en este país mayoritariamente budista. El estado septentrional de Rakáin (antiguamente Arakán), donde vive la mayoría de la población rohinyá, está situado entre el Asia Sudoriental y el Asia Meridional.

El Gobierno de Myanmar sostiene que la población rohinyá ha emigrado de Bangladés, motivo por el cual les deniega los derechos de ciudadanía. Sin embargo, el origen del pueblo rohinyá en el estado de Rakáin se remonta a cientos de años atrás. El estado de Rakáin había sido en el pasado el reino independiente de Arakán, compuesto por el noroeste de Myanmar y el sudeste de Bangladesh, hasta que fue ocupado por Birmania en 1784.

En el interior de una Birmania/Myanmar independiente, el pueblo rohinyá se ha enfrentado a una persecución generalizada en 1978, en 1991-92 y en 2012, lo que se suma a una continua discriminación y denegación de derechos básicos como la libertad de movimiento, el derecho a la subsistencia, a la educación, a tener hijos (los rohinyás no pueden tener más de dos hijos por familia), y muchos aspectos de la vida diaria.

En consecuencia, muchos de los rohinyás han abandonado sus hogares y emprendido peligrosas trayectorias en búsqueda de un refugio seguro. En Bangladés, Malasia, Arabia Saudita, Pakistán, India, Tailandia e Indonesia hay considerables comunidades de rohinyás. Algunos han llegado incluso hasta Australia en barco, aunque muchos fallecieron por el camino.

 

Políticas estatales genocidas

Aún así, en Myanmar hay 1,1 millones de rohinyás y el Gobierno quiere echarlos del país. En un estudio reciente elaborado por Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic de la Yale Law School se demuestra que las acciones e inacciones del Gobierno coinciden con los criterios de genocidio definidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.

En otro estudio realizado por HRW en 2013 se encontraron pruebas sólidas de crímenes contra la humanidad y de limpieza étnica contra los rohinyás, cometidos por las autoridades birmanas, por habitantes locales arakaneses y por multitudes budistas.

El informe destaca concretamente un incidente que se produjo el 23 de octubre de 2013, en el que al menos 70 rohinyás fueron asesinados durante una masacre que tuvo lugar en el pueblo de Yan Thei, en el municipio de Mrauk-U, perpetrada por multitudes arakanesas, y en el que las fuerzas de seguridad del Estado contribuyeron indirectamente a la masacre en lugar de proteger a las personas. Entre los muertos había 28 niños que fueron asesinados a machetazos, 13 de los cuales eran menores de 5 años.

En un artículo de investigación publicado en el Pacific Rim Law & Policy Journal en 2014, también se concluía que en el estado de Rakáin se está produciendo un genocidio lento e infernal. Desde 1978, los rohinyás de Myanmar han sido víctimas de cuatro de los cinco actos de genocidio que se mencionan en la Convención sobre Genocidio de 1948.

El artículo concluye que: “Los gobernantes birmanos, tanto la sociedad budista como el Estado budista, han cometido los cuatro primeros actos, a saber, asesinatos deliberados, lesiones a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento del grupo a condiciones de existencia que han acarreado su destrucción física, total o parcial, y medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo”.

Tras varios meses de trabajo de campo realizado el año pasado en el estado de Rakáin, los investigadores de la International State Crime Initiative (ISCI) de la Facultad de Derecho de la Queen Mary University of London también concluyeron que “las políticas estatales de Myanmar son efectivamente genocidas”.

No cabe duda de que en Myanmar se está llevando a cabo un genocidio contra el pueblo rohinyá.

El Estado no sólo no ha cumplido con su obligación de proteger a las personas sino que encima ha participado ocasionalmente en las atrocidades. Pero eso no ha impedido que determinadas naciones poderosas y grandes corporaciones refuercen sus lazos comerciales con Myanmar. Es evidente que la Consejera de Estado de Myanmar y premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi no ha conseguido detener la destrucción masiva de personas ni tomar ninguna medida contra las fuerzas militares.

 

La comunidad internacional

La comunidad internacional tampoco ha hecho gran cosa para acabar con el sufrimiento de los rohinyás. Si bien es cierto que ha criticado a Myanmar por las violaciones de los derechos humanos y que ha solicitado que se lleve a cabo una investigación independiente, resulta bastante ingenuo por su parte pedir a las autoridades que investiguen los crímenes que ellas mismas apoyan e incluso perpetran.

En una ocasión, el pueblo rohinyá tomó las armas para solucionar sus problemas. Pero la “guerra contra el terrorismo” posterior al 9/11 ha hecho que, a los ojos de los medios de comunicación internacionales y de las naciones occidentales, los musulmanes armados se conviertan en guerrillas terroristas. En consecuencia, actualmente no existe ningún movimiento fuerte entre el pueblo rohinyá. Y mientras tanto, los poderes regionales y vecinos de Myanmar, como China y la India, están ocupados en conquistar el mercado sin explotar del país.

Las Naciones Unidas y organizaciones defensoras de los derechos humanos se centran más en el aspecto humanitario del problema: instar al Gobierno bangladesí a proporcionar refugio a los rohinyás que huyen del conflicto. Sin embargo, estas organizaciones carecen a menudo de una voz lo suficientemente potente para hacer frente a la violencia que se está produciendo en el estado de Rakáin.

Myanmar no va a atender a los llamamientos en defensa de los derechos humanos si dichos llamamientos no están respaldados por un poder duro creíble.

Los actores regionales y mundiales no son lo suficientemente sinceros para comprometerse firmemente con Myanmar. Puede que la única solución restante esté en manos de las personas, que son las que pueden presionar a sus gobiernos para que se tomen medidas serias e inmediatas.

 

Este artículo fue inicialmente publicado en openDemocracy.