Hay que acabar con la impunidad en Bahréin

 

Desde el 14 de febrero de 2011, cuando se inició el levantamiento en Bahréin, el gobierno de este país ha estado llevando a cabo una campaña de represión contra su población civil.

Los llamamientos a favor de la democracia, los derechos humanos y la justicia han sido reprimidos mediante ejecuciones extrajudiciales, torturas, difamación en los medios de comunicación y detenciones arbitrarias.

Debido al encarcelamiento masivo de activistas políticos, las cárceles del país sobrepasan en un 33% su capacidad de ocupación.

Además, se ha dejado morir a algunos prisioneros al no facilitarles la asistencia médica necesaria.

El uso inapropiado de equipos antidisturbios, en especial de botes de gas lacrimógeno importados del extranjero, ha sido el arma principal utilizada contra los manifestantes y civiles.

El gas lacrimógeno se ha utilizado para infundir miedo a los disidentes bahreiníes. Según los activistas, en aproximadamente 1.000 días se han disparado alrededor de dos millones de botes de gas lacrimógeno.

Es el arma preferida de las fuerzas de seguridad bahreiníes, pues se puede disfrazar como una forma de control de disturbios, a diferencia de la munición real.

Aunque la munición real se utilizó en los primeros días de las protestas, el gobierno temía que suscitara críticas internacionales.

Prácticamente todas las noches, las fuerzas de seguridad de Bahréin disparan botes de gas lacrimógeno dentro de casas, vehículos, mezquitas, negocios e incluso recintos deportivos, como se puede ver en estos vídeos.

Asimismo, el gas lacrimógeno se está utilizando como una forma de castigo colectivo contra civiles inocentes que son víctimas de operaciones policiales claramente excesivas e indiscriminadas.

Recientemente, la ONG Bahrain Watch publicó un documento filtrado de encargo de compra en el que se detallaba un gran pedido de gas lacrimógeno para Bahréin.

Dicho documento sacó a la luz la intención del gobierno de importar 1,6 millones de botes de gas lacrimógeno, 90.000 granadas de gas lacrimógeno y un total de 145.000 granadas aturdidoras y de sonido.

Los documentos de encargo de compra del Ministerio del Interior de Bahréin no suelen hacerse públicos.

La publicación de este documento constituye la primera vez que se ha sacado a la luz un encargo de compra de gas lacrimógeno.

El 18 de octubre de 2013, Bahrain Watch lanzó una campaña mundial llamada Stop The Shipment (#StopTheShipment; “detened el envío”), que tiene en el punto de mira a los fabricantes de gas lacrimógeno de Corea del Sur, Sudáfrica y Alemania, así como a las autoridades nacionales, y en la que les piden que detengan todas las exportaciones a Bahréin de gas lacrimógeno.

Basándose en los análisis de los botes de gas lacrimógeno que se dispararon contra los manifestantes en Bahréin, Bahrain Watch identificó a las empresas surcoreanas DaeKwang Chemical Company Ltd y CNO Tech Ltd y a la empresa alemana/sudafricana Rheinmetall Denel Munitions como las productoras del gas lacrimógeno que se utilizó recientemente en este país del Golfo Pérsico.

El gas lacrimógeno fabricado por DaeKwang Chemical Company y Rheinmetall Denel Munitions se ha relacionado con la muerte de dos adolescentes: Sayed Hashim, de 15 años, y Ali Al Shaikh, de 14 años.

 

 

Consecuencias funestas

Ya se han enviado más de 31.000 correos electrónicos a las autoridades pertinentes en relación con el envío, lo cual ha impulsado la campaña que incluye un llamamiento de la Federación Coreana de Sindicatos para que el gobierno de Corea del Sur prohíba todas las exportaciones de gas lacrimógeno a Bahréin.

Es necesario insistir en la enorme importancia que tiene este envío: el gas lacrimógeno se está utilizando como el arma principal para reprimir la disidencia en Bahréin.

En los últimos años, el uso excesivo del gas CS, el principal componente químico del gas lacrimógeno, ha tenido unas consecuencias funestas en Bahréin.

Más de 39 personas han muerto por exposición prolongada al gas lacrimógeno o por traumatismos provocados por el impacto directo en el cuerpo de los botes disparados por las fuerzas de seguridad.

Al menos cuatro personas han fallecido tras recibir disparos con botes de gas lacrimógeno, normalmente en la cabeza o el cuello, incluido Ali Al Shaikh, de 14 años, que fue herido en la cabeza durante una manifestación pacífica.

Otra víctima, Mahmood Al Jaziri de 20 años, murió el 22de febrero de 2013 después de que la policía antidisturbios le disparara directamente a la cabeza, un incidente registrado gracias a una cámara.

Los periodistas también han estado en el punto de mira y a principios de este año las fuerzas de seguridad llegaron a asaltar una escuela de niños, asfixiando a estudiantes y profesores por igual.

Incluso los funerales de los asesinados por las fuerzas de seguridad están continuamente en el punto de mira y son atacados con gases lacrimógenos.

Los médicos que han tratado a los civiles expuestos a la toxina han advertido de las complicaciones para la salud que provoca a largo plazo.

Los casos de abortos han aumentado, al igual que las complicaciones para los pacientes con anemia drepanocítica.

Asimismo, se teme que aumenten las tasas de cáncer como resultado de la excesiva exposición al gas CS.

La ONG Physicians for Human Rights afirma que el gas lacrimógeno en Bahréin se ‘utiliza como un arma’, lo cual ha sido descrito como un uso ‘sin precedentes en el mundo’.

 

 

Preocupación

Las Naciones Unidas han solicitado investigaciones independientes debido a los “preocupantes informes” recibidos por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre el uso excesivo y desproporcionado del gas lacrimógeno, los perdigones y las balas de goma contra los manifestantes y civiles por parte de las fuerzas de seguridad bahreiníes.

Asimismo, el Parlamento Europeo ha condenado enérgicamente el uso del gas lacrimógeno en Bahréin y ha solicitado sanciones contra todos los individuos directamente responsables de las violaciones de los derechos humanos en este país, así como estrictas restricciones en las exportaciones europeas de tecnología de vigilancia, gas lacrimógeno y material antidisturbios.

Las organizaciones no gubernamentales Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Human Rights First han mostrado su preocupación por el uso represivo del gas lacrimógeno en Bahréin.

El uso constante de la fuerza y las represalias contra los manifestantes y civiles deriva del sistema de impunidad y la falta de responsabilidad penal por las flagrantes violaciones de los derechos humanos que perduran hasta la fecha en Bahréin.

La profesión médica se convirtió en uno de los objetivos con el fin de imposibilitar cualquier tipo de asistencia médica a los heridos durante la campaña represiva del gobierno.

Numerosos médicos han sido detenidos, torturados y encarcelados, por lo que a menudo los heridos han tenido que arreglárselas por sí solos.

Los juicios han sido una fachada; únicamente se han utilizado para castigar a los que critican al régimen.

Los detenidos por delitos relacionados con las protestas son condenados a largas penas de prisión y a menudo les imponen condenas más severas que a los miembros de las fuerzas de seguridad acusados de asesinar o torturar a manifestantes.

La semana pasada, a un agente de policía declarado culpable en 2011 de matar de un disparo a un manifestante le redujeron la condena de prisión a tres años, mientras que los disidentes acusados de quemar neumáticos son condenados a cinco años.

Los torturadores no solo están protegidos por los procedimientos judiciales, sino que también han recibido el “agradecimiento” del primer ministro, SAR el príncipe Khalifa bin Salman Al Khalifa, por su servicio.

La evolución de los acontecimientos en los próximos meses es impredecible, en especial en lo relativo a si se cancelará o no el plan de envío de gases lacrimógenos.

Sin embargo, la presión internacional debe aumentar para garantizar que los funcionarios del gobierno y los miembros de las fuerzas de seguridad acusados de violar los derechos humanos rindan cuentas por sus acciones.

Asimismo, las futuras exportaciones de gas lacrimógeno a Bahréin deben detenerse hasta que se ponga fin a esta cultura de la impunidad y se lleven a cabo verdaderas reformas.