El pasado 26 de octubre, Putri y Surna acudieron, como cada día, a la fábrica de petardos en la que trabajaban en Tangerang, un distrito a las afueras de Jakarta, la capital de Indonesia. Aquel día, sin embargo, no sería un día normal. Una chispa entraría en contacto con la pólvora almacenada y la fábrica saltaría por los aires, dejando 47 muertos, entre ellos Putri y Surna. Sus casos fueron, sin embargo, especiales; Putri y Surna tenían tan sólo 14 y 15 años, respectivamente, y su empleo en la fábrica era ilegal.

No es un caso aislado. A pesar de que el gobierno de Indonesia publicó una hoja de ruta en 2015 para erradicar el trabajo infantil en el país para el año 2022, la presencia de menores en fábricas y plantaciones sigue siendo una realidad cotidiana en el país asiático a cuatro años de que termine el plazo.

Así, según el último informe del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, aunque Indonesia registró “mejoras moderadas” en los esfuerzos dedicados a eliminar las peores formas de trabajo infantil en 2016, mejoras como la creación de grupos de trabajo contra la trata de personas en varias provincias o el desarrollo de redes de inspectores en las comunidades que puedan informar de casos de trabajo infantil, los menores aún realizan tareas peligrosas en las plantaciones de aceite de palma y de tabaco y también están presentes en la industria del sexo.

Según la legislación indonesia, la edad mínima para trabajar es de 15 años, aunque se permiten trabajos menores a partir de 13 años si éstos no interrumpen el desarrollo físico, mental o social del menor y durante un máximo de 3 horas diarias. Sin embargo, la edad mínima se eleva a los 18 años en el caso de las industrias consideradas peligrosas, como la fábrica de petardos en la que trabajaban Putri y Surna.

“El dueño de la fábrica dice que no sabía que eran menores, pero por ley tiene que comprobarlo”, asegura Andre Yakob Silitonga, uno de los abogados del caso. UNICEF estima que hay unos 2,7 millones de menores desempeñando algún tipo de trabajo en Indonesia y que aproximadamente la mitad tiene menos de 13 años.

Muchos de ellos recogen frutos en las millones de hectáreas de plantaciones de aceite de palma, una de las principales exportaciones del país. “El trabajo infantil está realmente extendido en la industria del aceite de palma”, asegura Emma Lierley, responsable de comunicación sobre bosques de la Rainforest Action Network, una ONG que monitorea el impacto social y medioambiental de esta industria. “La cultura sigue siendo mirar a otro lado cuando se trata de trabajo infantil”. Según Lierley, la principal razón del trabajo infantil en las plantaciones son la “cuotas inalcanzables” que las plantaciones exigen a los trabajadores; tan altas que “para alcanzarlas [los recolectores] se ven obligados a traer a sus mujeres e hijos a trabajar con ellos”.

Otra de las industrias donde el trabajo infantil está extendido es la poderosa industria del tabaco. En un informe publicado en 2016, Human Rights Watch denunciaba los perjuicios a largo plazo que este trabajo tienen en el futuro de los menores, debido a los tóxicos a los que están expuestos. “Los niños que trabajan [en las plantaciones de tabaco] están sometidos a riesgos serios para su salud y seguridad. Los peligros incluyen envenenamiento agudo por la nicotina debido al contacto con las plantas de tabaco y sus hojas y la exposición a pesticidas tóxicos y otros químicos”, aseguraba el informe.

“No hemos visto demasiados cambios desde [desde la publicación del informe]. Los niños siguen realizando tareas muy peligrosas. Están expuestos a nicotina y realizan trabajos considerados peligrosos”, afirma Margaret Wurth, investigadora de Human Rights Watch y autora del informe.

Así, según Wurth, el contacto continuado con las hojas puede provocar, a corto plazo, mareos, náuseas, vómitos y dolores de cabeza, y daños permanentes en el cerebro a largo plazo. Además, y a diferencia de lo que ocurre con el aceite de palma, que acaba en las estanterías de los supermercados de medio mundo como ingrediente de productos procesados, las plantaciones de tabaco satisfacen fundamentalmente el consumo local, en uno de los países con una de las tasas de fumadores más altas del mundo: un 75,2 por ciento de los hombres indonesios mayores de 15 años fuma habitualmente, según datos de la Organización Mundial de la Salud de 2014.

El trabajo doméstico, donde se calcula que trabajan unos 85.000 menores de 18 años, es otro de los sectores con más riesgo para los menores. “Los trabajadores del hogar en Indonesia carecen de la protección de sus derechos laborales básicos [de la ley laboral] ya que su trabajo –mayoritariamente informal– no está cubierto por la ley”, aseguraba un informe de 2017 de la Organización Internacional del Trabajo sobre menores en el trabajo doméstico del país. Según la OIT, los trabajadores domésticos en el país están expuestos a un gran número de abusos, como jornadas demasiado largas, salarios no pagados, abuso sexual y físico, trabajos forzados o trata.

Leyes fuera de control

La fábrica de Putri y Surna era un ejemplo de manual de la falta de control en la aplicación de las leyes laborales del país. Además de la presencia de menores, los trabajadores cobraban por debajo del salario mínimo y no estaban asegurados. Todo ello está minuciosamente regulado por las leyes del país, pero, como en muchas otras ocasiones, se quedó en el papel. Así, según Human Rights Watch, las leyes sobre trabajo infantil cumplen la mayor parte de los estándares internacionales, “pero las regulaciones inadecuadas y la pobre aplicación de la ley, sobre todo en el sector agrícola a pequeña escala, dejan a los niños [expuestos] al riesgo”.

Uno de los principales problemas es la falta de personal para llevar a cabo auditorías. En este sentido, el Departamento de Trabajo estadounidense aseguraba en su informe que el Ministerio homólogo indonesio “carece de los recursos financieros y del personal necesario” para implementar de forma efectiva las leyes sobre trabajo infantil en el país, especialmente en el sector informal.

“Hay problemas con las auditorías porque hay corrupción”, asegura Amos Sinmanjuntak, otro de los abogados del caso de Putri y Surna. Algo similar ocurre en las plantaciones de aceite de palma, incluso en aquellas certificadas por la Mesa Redonda para el Aceite Sostenible (RSPO en sus siglas en inglés).

“Hemos documentado casos en los que las plantaciones eran prevenidas de que los auditores iban a ir [y] las plantaciones llevaban a los auditores a zonas específicas de la plantación”, asegura Emma Lierley de RAN, una organización que ha denunciado en varios informes los abusos laborales, incluida la presencia de menores, en las plantaciones certificadas de Indofood, un productor que solía proveer a PepsiCo. “[En respuesta a los informes] han tomado algunas medidas cosméticas, pero las causas de fondo del trabajo infantil perduran”, continúa Lierley, refiriéndose a las cuotas.

Aunque el Ministerio de Trabajo de Indonesia no respondió a las solicitudes de información realizadas por Equal Times sobre sus progresos en la lucha contra el trabajo infantil, el objetivo parece demasiado lejano para alcanzarlo a tiempo.

“[El gobierno está] intentando tomar medidas para hacer frente a este problema pero no son suficientemente rápidos y una nueva temporada de recolección de tabaco se acerca”, asegura Wurth, con respecto a la industria del tabaco. Mientras llegan medidas concretas, miles de niños indonesios como Putri y Surna seguirán expuestos a largas jornadas y peligrosas condiciones laborales, comprometiendo su futuro y, a veces, incluso su vida.