Inundaciones en Perú, Colombia y Ecuador: ¿desastres naturales o ineficiencia del Estado?

Inundaciones en Perú, Colombia y Ecuador: ¿desastres naturales o ineficiencia del Estado?

A barefoot girl searching for her missing relatives in the San Miguel neighbourhood, two days after the Mocoa landslide in southern Colombia.

(José Fajardo)

La noche del 31 marzo de este año llovió en la parte alta de Mocoa un volumen de 129,3 mm en apenas tres horas lo que cae habitualmente en 10 días en esta región selvática del sur de Colombia. La costa norte de Perú ha recibido, entre diciembre y los primeros cuatro meses de 2017, una cantidad de agua abrumadora como consecuencia del fenómeno de El Niño. En la provincia de El Oro en Ecuador, en las costas del sur, las lluvias han superado los registros históricos por el aumento de la temperatura del agua del Pacífico.

La respuesta inmediata de los gobiernos de estos tres países de la región andina en Latinoamérica fue rápida. Las cámaras de televisión se trasladaron al lugar, la comunidad internacional se solidarizó. Durante varias semanas, los hashtags de apoyo en las redes sociales ganaron espacio a la corrupción, a la violencia, incluso al fútbol: #TodosConMocoa, #FuerzaPerú, #LluviaEnQuito.

Se dio por hecho que aquellas eran unas catástrofes inevitables. Sin embargo, uno de estos tres países consiguió reducir el impacto de los daños humanos y materiales. ¿Cómo lo hizo?

Hoy sorprende volver a escuchar unas declaraciones del líder ecuatoriano Rafael Correa realizadas en agosto de 2015. Entonces ya era consciente del riesgo de inundaciones: “Costos siempre van a haber, pero se pueden minimizar. Todo está listo: sistema de ayuda, albergues, multipropósito, control de inundaciones, canales y limpieza”. Sus homólogos en Colombia y Perú, Juan Manuel Santos y Pedro Pablo Kuczynski, respectivamente, han insistido por el contrario en que estos fenómenos no se pueden anticipar. Las consecuencias de una y otra aproximación son evidentes.

Un antes y un después

El terremoto que sacudió el 16 de abril de 2016 la provincia de Manabí, en el litoral noroccidente de Ecuador, fue un precedente importante para el cambio en las políticas de prevención de riesgos ambientales en el país. Así lo cree Bernardo Ortiz, de Ecociencia, una fundación científica ecuatoriana enfocada a la defensa de la biodiversidad. “Fue una tragedia extremadamente grave que marcó un antes y un después”, dice.

Cuenta que, desde entonces, cada municipio en Ecuador está obligado a elaborar un análisis de riesgos por catástrofes ambientales. El país se ha convertido en un ejemplo a seguir en la región por sus buenas prácticas en prevención, sistema de alarmas, respuesta efectiva y evacuación de víctimas. “Se ha avanzado bastante en este último año y se ha hecho una inversión fuerte en infraestructuras como diques y muros”, asegura.

¿Por qué sus dos vecinos no han hecho lo mismo? La geografía de ambos (situados entre cordilleras, con fuertes precipitaciones tropicales) ha provocado catástrofes –con pérdida de vidas humanas–, algunas recientes: una avalancha por lluvias similares a las de Mocoa dejaron en el Salgar, en el interior de Colombia, varias decenas de muertos en 2015. El terremoto de 2007 tuvo efectos devastadores en las regiones de Pisco y Chincha, asolando las costas del centro de Perú.

El presidente Kuczynski, el mismo que hace poco reconocía estar incapacitado para declarar el estado de emergencia para paliar los destrozos de las lluvias debido a la corrupción galopante en el país, alabó a finales de marzo la preparación ante catástrofes de Ecuador, pero no cree que sea necesario seguir su modelo, al menos hasta ahora. “Esta mañana estaba viendo lo que se ha hecho en Ecuador. Claro, es un país donde llueve todo el año, aquí no. Pero yo creo que son buenos ejemplos que hay que seguir”, decía.

El dolor por la pérdida de un familiar o la desesperación ante el hogar destrozado no se pueden medir con números. Pero en este caso las cifras son tan demoledoras que exigen responsabilidades.

En Mocoa el Gobierno ha confirmado la muerte de 332 personas y 7.600 familias damnificadas. A finales de mayo, en Perú había 147 muertos y más de un millón de damnificados por las lluvias. En Ecuador son 40 fallecidos por la misma causa en el último registro.

Según explica Diego Rubio, consultor experto en recursos hídricos que trabaja para el Gobierno colombiano, en Mocoa se sumaron “tres malas decisiones en el pasado”: un ordenamiento territorial fallido (asentamientos sin control en las laderas de las montañas y junto a las cuencas de ríos y arroyos), la deforestación (la erosión del suelo propicia inestabilidad) y la ausencia de un sistema de alertas tempranas.

Si se conocen las causas y es posible identificar las zonas de riesgo, ¿por qué no se hace nada? Esto es lo que preguntaba a Equal Times Roddy Mari Bermejo, en Mocoa, dos días después de la avalancha. Esta mujer había perdido su casa, situada a apenas unos metros del río Sangoyaco que atraviesa la población. “Hace más de dos años puse una denuncia en Corpoamazonia [institución pública responsable del medio ambiente en la región]: ya sabíamos que era un peligro vivir aquí. ¿Quién va a pagar por esto?”, dijo entre lágrimas.

El crecimiento sin control de las ciudades en Perú se ha mezclado con la ineficiencia de un Estado incapaz, denuncia Jack Lo, periodista especializado en temas ambientales. Señala también la corrupción, de fondos que se pierden, de una burocracia infranqueable que lo retrasa todo. “Este año el problema se ha convertido por primera vez en un debate nacional. Lima, la capital, quedó varios días sin agua durante las lluvias. Eso hizo a la opinión pública plantearse preguntas”.

A dónde fueron las promesas

Meses meses después del alud en Mocoa, todavía hay familias durmiendo sobre los escombros y en las cunetas de las carreteras, según denuncia Álvaro Cruz, vicepresidente de OZIP, la organización indígena que ha atendido a unas 600 personas afectadas. “Estamos muy molestos con el Gobierno, incluso ha habido marchas de protesta. El presidente dice que todo ha vuelto a la normalidad y eso es mentira”.

“Vamos a construir una Mocoa mejor”, fue la promesa de Santos poco después de la avalancha. Unas palabras que a Edwin Ñáñez, hasta el momento, sólo le han traído rabia y dolor. Este hombre perdió a su esposa y a sus dos hijos. Medicina Legal le entregó el 2 de abril los cuerpos. Un mes después, le arrebataron uno de ellos: las pruebas de ADN demostraban que era de otra familia. “Embolataron los documentos. Todavía estoy buscando a mi niña, sólo tiene cuatro años. No sé si está muerta. Esto me ha causado un gran daño moral y ni siquiera me han ofrecido ayuda psicológica”, relata a este medio a principios de junio.

Por el momento nadie asume la culpa por una mala gestión. Diego Rubio explica que en Colombia, según la Ley 1523 de 2012, los municipios son los últimos responsables de estas tragedias, pues son ellos los que aprueban el uso de los suelos públicos, y no el Gobierno. La Fiscalía ha emprendido una investigación para averiguar si las autoridades de Mocoa pudieron hacer algo más para impedir el drama.

“En Perú el pueblo perdió la confianza en los políticos y yo me incluyo en ese grupo: hasta que no se haga algo concreto, no les creeré, porque por el momento han demostrado su incapacidad”, replica Jack Lo.

En Ecuador existe el temor de que el nuevo Gobierno de Lenín Moreno reduzca los recursos para la gestión de catástrofes. “No todo ha sido positivo con Rafael Correa”, dice la periodista Daniela Aguilar, que ha publicado un estudio sobre los avances ambientales en Ecuador en la última década en el que denuncia un aumento de la minería y de las empresas petroleras.

En los tres países ya se habla de lo que costará la reparación (9.000 millones de dólares en cinco años, según el presidente peruano) y agradecen las donaciones internacionales. Pero las víctimas exigen hechos concretos: “Vivimos en una calma pasajera en espera de que alguien nos devuelva nuestras casas. Queremos recuperar nuestras vidas”, sentencia Edwin Ñáñez.

This article has been translated from Spanish.