In 2011, the oil town of Zhanaozen was the site of one of the worst massacres in Kazakh history when 14 striking oil workers were shot dead by police.
La cancelación del registro de un sindicato independiente por orden de un tribunal kazajo ha dado lugar a la reciente detención de dos dirigentes sindicales, así como a una creciente oleada de huelgas de hambre de los trabajadores del petróleo en el oeste del país.
El 4 de enero de 2017, un tribunal económico de la ciudad meridional de Shymkent ordenó el cierre a escala nacional de la Confederación de Sindicatos Independientes de Kazajstán (KNPRK) para el 4 de febrero por no haber vuelto a registrar sus secciones sindicales en al menos nueve de las 16 regiones del país.
Esta orden fue motivo de agitación entre los trabajadores, y el 20 de enero, el líder sindical de los trabajadores del petróleo, Amin Yeleusinov, y su adjunto Nurbek Kushakbaev, fueron arrestados por convocar a huelga.
En virtud de una nueva y prohibitiva ley sindical aprobada en 2014, y condenada rotundamente por violar las normas internacionales, todos los sindicatos nacionales deben registrarse a nivel regional en más de la mitad de las provincias del país en el plazo de seis meses después de su establecimiento.
Tras numerosas demoras, la KNPRK fue finalmente registrada en febrero de 2016, pero los organismos laborales y las organizaciones de derechos humanos afirman que sus intentos por cumplir la nueva normativa se vieron constantemente socavados.
La Confederación Sindical Internacional (CSI) da como ejemplo el que algunos sindicatos recibieran “más de 25 negativas, ninguna justificada legalmente, antes de que se aceptara su solicitud de registro”.
Asimismo, se ha cancelado el registro de los sindicatos de los trabajadores médicos y del hogar afiliados a la KNPRK que, de no revocarse la decisión del tribunal, los convertirá en sindicatos ilegales.
Human Rights Watch (HRW) calificó la decisión judicial del 4 de enero como una “violación flagrante” de los derechos fundamentales y garantizados internacionalmente de los trabajadores, y pidió su anulación.
“Al cerrar esta organización sindical, las autoridades han dado un preocupante paso atrás”, señaló Hugh Williamson, director de Europa y Asia Central de HRW, en una declaración del 10 de enero. “Kazajstán se ha comprometido a nivel internacional a proteger la libertad sindical, pero esta decisión hace precisamente todo lo contrario”.
La respuesta de los sindicatos del país ha sido heterogénea. Los observadores lo atribuyen a la creciente presión que las autoridades están ejerciendo sobre los dirigentes sindicales independientes, y al temor de que un mayor número de sindicalistas y de sus familias puedan sufrir las mismas represalias que han experimentado Yeleusinov y Kushakbaev.
Por ejemplo, inmediatamente después de la sentencia del 4 de enero, la presidenta de la KNPRK, Larisa Kharkova, criticó el desarrollo del proceso judicial, afirmando que a su sindicato se le había negado toda oportunidad de presentar sus alegaciones ante el tribunal. Sin embargo, unos días después cambió de táctica.
“No podríamos sindicalizar el número necesario de miembros por lo que el Ministerio de Justicia presentó una demanda para denegar el registro y disolver la Confederación de Sindicatos Independientes de Kazajstán lo cual, en nuestra opinión, se justifica [desde un punto de vista legal]”, afirmó Kharkova en una conferencia de prensa en Shymkent, el 12 de enero.
La respuesta de algunos trabajadores a la revocación ha sido, sin embargo, inequívoca. Cerca de 90 trabajadores de la Oil Construction Company LLP, situada en la rica región petrolera de Mangystau, al oeste del país, iniciaron una huelga de hambre el 5 de enero.
Según Radio Free Europe/Radio Liberty, cientos de trabajadores de otras empresas de servicios petroleros se han unido a la protesta, con lo que el número de huelguistas supera los 400.
Los trabajadores exigen que el partido gobernante Nur Otan reabra la confederación KNPRK, aun cuando la sección regional de Nur Otan niega haber recibido petición alguna de los trabajadores petroleros.
Agitación en la industria del petróleo
En los últimos años, la industria del petróleo y el gas de Kazajstán ha sido el foco de gran parte de la agitación laboral en el país. A pesar de situarse constantemente entre los 15 principales productores de petróleo del mundo, y pese a que el sector aporta más del 60% al PIB nacional, la caída mundial de los precios del petróleo ha reducido los salarios y el número de horas laborales de los trabajadores del sector.
Además, en diciembre de 2011, la ciudad petrolera de Zhanaozen, en la región de Mangystau, fue escenario de una de las peores matanzas de la historia de Kazajstán. Varios meses de manifestaciones para pedir mejores salarios y mejores condiciones de trabajo dieron como resultado la muerte de al menos 14 manifestantes a manos de la policía.
Aun cuando la KNPRK había apoyado las huelgas petroleras de 2011, ahora Kharkova ha instado a los trabajadores actualmente en huelga de hambre a poner fin a su acción, ya que “no dará ningún resultado y solamente hará sufrir a las personas”.
Sin embargo, Kharkova ha sido objeto de una considerable presión por parte de las autoridades, tales como el registro de su domicilio, la incursión violenta en sus oficinas, la confiscación de su computadora y nuevas acusaciones de malversación de fondos.
“Los agentes policiales amenazaron con tomar nuevas medidas contra Kharkova a menos que dimita como presidenta de la confederación”, señaló Human Rights Watch. “La confederación sindical considera las acusaciones contra Kharkova como un acto de intimidación para disuadir a la organización de apelar la decisión de cerrarla”.
Riesgo de “radicalización y desestabilización”
Anton Leppik, secretario ejecutivo del Consejo Regional Paneuropeo de la Confederación Sindical Internacional, comentó a Equal Times que desde los acontecimientos de 2011 en Zhanaozen, las autoridades kazajas consideran toda acción laboral como una “amenaza a la seguridad”. Sin embargo, si suprimiera las restricciones a la libertad sindical, el Gobierno podría reducir el riesgo de nuevos conflictos.
“Al cerrar toda vía legal para que las personas se afilien por voluntad propia a las organizaciones sindicales y promuevan sus intereses a través de ellas, el Gobierno está creando las condiciones idóneas para que se genere una mayor radicalización y desestabilización”.
Estas restricciones son una “violación flagrante” de los compromisos contraídos por Kazajstán en virtud del Convenio núm. 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre libertad sindical, afirmó Leppik.
A juicio de Leppik, el incumplimiento por parte del Gobierno de las normas de la OIT podría conducir finalmente a la supresión de los diferentes programas y actividades realizados en Kazajstán por el organismo de las Naciones Unidas que se encarga del mundo laboral. Asimismo, añade que la inobservancia de estas normas también podría perjudicar la cooperación de Kazajstán con la Unión Europea, la OCDE, el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales.
“El perder su reputación como socio de confianza, capaz de respetar sus compromisos, como otros socios nacionales e internacionales sí los respetan, ciertamente tendría consecuencias para la cooperación y los proyectos internacionales [de Kazajstán]. Ya lo vimos con Bielorrusia”.
Human Rights Watch ha instado a los principales socios económicos de Kazajstán, como la Unión Europea, sus Estados miembros y los EEUU a ejercer presión sobre el Gobierno para que anule el cierre de la confederación sindical KNPRK y asegure que el país cumpla con sus obligaciones internacionales de respetar los derechos de los trabajadores.
“Si Kazajstán desea estar a la altura de sus ambiciones a escala mundial, también como centro internacional de inversiones, debería empezar por cumplir con las normas internacionales del trabajo”, señaló Williamson.
