Según dos nuevos informes, el secuestro, la tortura y el asesinato de Willie Kimani, prominente abogado de derechos humanos keniano, son solo la punta del iceberg de un ciclo de violencia e intimidación cuyo objetivo es silenciar a los disidentes ahora que los kenianos se preparan para votar el 8 de agosto.

En mayo, el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos publicó el informe 2017 Elections: Broken promises put human rights defenders at risk (Elecciones de 2017: las promesas rotas ponen en riesgo la vida de los defensores de derechos humanos), fruto de una misión de investigación internacional llevada a cabo por la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). La misión tuvo lugar en octubre de 2016, después de que se expresara preocupación por la represión de defensores de los derechos humanos en Kenia a manos de la policía y el poder judicial.

También se publicó en mayo un informe –elaborado conjuntamente por la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) y Article 19–, en el cual se detallaban los abusos perpetrados por funcionarios públicos y policías contra periodistas que informan sobre cuestiones delicadas como la lucha contra el terrorismo y la corrupción. Not Worth the Risk: threats to free expression ahead of Kenya’s 2017 elections (El riesgo no compensa: amenazas a la libertad de expresión en vísperas de las elecciones de 2017 en Kenia) documenta las amenazas, el acoso, la vigilancia y la violencia física experimentada por los trabajadores de los medios de comunicación en Kenia.

El Observatorio señala que el número de asesinatos extrajudiciales de civiles a manos de agentes de policía y fuerzas de seguridad en Kenia aumentó un 7% en 2016.

Por otra parte, el informe de HRW y Article 19 documentó “17 incidentes separados en los que 23 periodistas y blogeros fueron agredidos físicamente entre 2013 y 2017 por funcionarios públicos o individuos que se cree que actuaban en connivencia con funcionarios públicos; al menos dos personas murieron en circunstancias posiblemente vinculadas a su trabajo”.

Otra investigación de HRW también revela que la Comisión de Justicia Administrativa ha recibido unas 25.000 denuncias de muertes a manos de agentes de policía desde 2013.

“La brutalidad policial extrema –como el acoso y la intimidación, el asesinato extrajudicial de defensores de los derechos humanos y la reducción del espacio para la sociedad civil– es bastante alarmante en Kenia antes de las elecciones en agosto”, dice Peter Zangl, un representante de la OMCT en la Unión Europea y delegado integrante de la misión realizada por el Observatorio en octubre de 2016.

En uno de los casos más notorios, Kimani, un abogado de International Justice Mission, fue asesinado brutalmente en junio de 2016 por cuatro agentes de policía; su cliente Josephat Mwendwa, y el conductor del taxi en el que iban, Joseph Muiruri, también fueron asesinados. Kimani volvía a casa tras haber presentado una denuncia contra un agente de policía en un caso de corrupción, cuando fue secuestrado y posteriormente asesinado, convirtiéndose así en el quinto defensor de derechos humanos asesinado por las fuerzas de seguridad del Estado entre 2009 y 2016.

Ataque a la sociedad civil

Después de vivir durante décadas en un Estado unipartidista bajo el régimen del presidente Daniel arap Moi (el cual gobernó de 1979 a 2002), cuando llegó la democracia los kenianos votaron por una Constitución progresista que reforzó el marco de derechos humanos del país, en cumplimiento de las normas internacionales. Sin embargo, los observadores dicen que el Gobierno no ha cumplido ni aplicado estas normas.

Cuando la sociedad civil y los medios de comunicación han redoblado sus esfuerzos para defender y promover estos derechos, el Gobierno a menudo ha respondido duramente.

Por ejemplo, en su discurso durante las celebraciones con motivo del Día de la Independencia (Jamhuri) en diciembre de 2016, el presidente Kenyatta criticó abiertamente a las ONG que reciben dinero del extranjero señalando que, bajo el “pretexto de apoyar la buena gobernanza o la educación cívica (…) [su] verdadera intención es influir en nuestras decisiones electorales”. Advirtió igualmente que “el pueblo keniano no ve con buenos ojos estas acciones”.

No obstante, no todas las tácticas utilizadas para silenciar a los críticos del Gobierno son violentas. Como indica el informe del Observatorio, el Gobierno “ha intentado constantemente socavar su labor legítima [de la sociedad civil] mediante el acoso judicial y administrativo y una legislación restrictiva”.

Según Zangl, esto incluye la amenaza de anulación arbitraria del registro, la congelación de activos y campañas de difamación, lo cual es posible gracias al marco jurídico difuso para las ONG en Kenia.

Según Samuel Mohochi, director ejecutivo de la sección en Kenia de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ): “Desde las elecciones generales de 2013, hemos observado que un número significativo de activistas contra la corrupción y defensores de derechos humanos han comparecido en los tribunales acusados de difamación”.

“Algunas instituciones de derechos humanos que participaron en las últimas elecciones generales se han visto golpeadas por costes de seguridad enormes que llegan a unos 1,7 millones de chelines kenianos (aproximadamente 16.500 dólares de EEUU, unos 14.600 euros)”, dice.

Proteger a los más vulnerables

Mohochi reconoce que las elecciones generales de Kenia en 2013 se basaron, en parte, en una plataforma contra la Corte Penal Internacional (CPI), donde se acusó al presidente Uhuru Kenyatta y al vicepresidente William Ruto de crímenes contra la humanidad tras los actos violentos que se produjeron en 2007 después de las elecciones, los cuales se cobraron la vida de más de 1.000 personas y provocaron el desplazamiento de más de 500.000.

Los cargos contra Kenyatta y Ruto al final se retiraron, pero todavía preocupa mucho que se puedan producir oleadas similares de violencia si se disputan los resultados de las próximas elecciones.

Es especialmente preocupante el peligro al que se enfrentan los activistas de derechos humanos que trabajan en la base de la pirámide.

“Los defensores de los derechos humanos que trabajan en asentamientos informales en Kenia sufren la brutalidad policial debido a la relación asimétrica entre las autoridades policiales y los residentes en estas áreas. Es peor en el caso de los defensores de los derechos humanos que salen a manifestar su preocupación por los asesinatos cometidos por la policía”, señala el informe.

Aunque los observadores acogieron con satisfacción la creación de la Autoridad Independiente para la Supervisión de la Policía (IPOA, por sus siglas en inglés) en 2011, también se han mostrado preocupados ante la incapacidad de esta institución de enjuiciar a los agentes de policía a los que se declara culpables de violaciones de los derechos humanos.

Antes de las tensiones electorales que se anticipan en agosto, el informe pide reformas gubernamentales importantes para que las actividades de la policía observen los principios de derechos humanos consagrados en la Constitución de 2010 y se ponga fin a la cultura de impunidad de Kenia.

El Observatorio también propone que las autoridades kenianas lleven a cabo investigaciones independientes e imparciales de todas las alegaciones de violaciones de los derechos humanos cometidas por la policía y las fuerzas de seguridad.

“No nos vamos a quedar sentados mientras las autoridades estatales infligen dolor en los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil, cuando son precisamente ellos los que lideran la lucha para velar por un mundo justo en el que reine la igualdad”, dice Peter Kiama, director ejecutivo de Independent Medico-Legal Unit, otro miembro de la misión del Observatorio.