El chavismo ha sabido –desde sus inicios– jugar convenientemente a la teoría matemática de juegos electorales con la finalidad de generar una sobrerrepresentación que, en muchos casos, ha sido hegemónica. Así, en 1999, ganó 125 de los 131 diputados constituyentes (elección del 25 de julio para una Asamblea Nacional Constituyente), con tan sólo el 65% de los votos, en tanto que la oposición, con un 22,1% de los votos, sólo obtuvo 6 diputados constituyentes.

Posteriormente ha utilizado diferentes métodos para lograr el mismo efecto en las elecciones. Una modificación de los circuitos electorales (Gerrymandering –rediseño de circunscripciones electorales con el objeto de beneficiar a un partido–), combinada con mecanismos de control de los votantes (misiones) y un uso indiscriminado de los fondos públicos para financiar las campañas electorales, les dio resultados ganadores en casi todas las ocasiones, con sobrerrepresentación del ganador.

Los altos precios del petróleo que acompañaron la gestión del presidente Chávez desde 2004 hasta su muerte, le permitieron crear mecanismos de subsidios directos e indirectos, que daban una sensación de bienestar.

La caída de los precios del petróleo, a partir de 2011, comienza a permitir vislumbrar el desastre económico que se había producido. Así, la balanza de pagos venezolana estaba constituida, para 1999, de un 76,33% de petróleo y un 23,67% de otras exportaciones. Cuando comienza a declinar el precio del petróleo, la balanza de pagos estaba constituida en un 96% de petróleo. Con una concentración en este producto que sólo tiene equivalente en la década de 1940.

A esto se agrega una caída estrepitosa de la producción petrolera, generada en parte por falta de inversiones y en parte por impericia. La producción petrolera ha bajado de 2,3 millones de barriles por día, en 2003, a alrededor de 2 millones de barriles por día, según la OPEP y la Agencia Mundial de Energía. Y se acompaña del deterioro y paralización de muchas de las plantas que forman parte de los principales centros de refinación venezolanos. Debido a esta parálisis, Venezuela se encuentra impedida de producir gasolina de 95 octanos. De allí las masivas importaciones de gasolina que se han venido haciendo desde hace varios años.

Y es en esas condiciones que se producen las elecciones legislativas de 2015. Y las reglas de la sobrerrepresentación del ganador que habían permitido al chavismo ejercer el poder de forma hegemónica desde 1999, jugaron a favor de la oposición.

A partir de ese momento, el Gobierno de Nicolás Maduro comienza su loca carrera hacia la eliminación de la Asamblea Nacional, por un lado; y hacia la suspensión de todo proceso electoral, por el otro.

Y para ello cuenta con el apoyo del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral y de los demás órganos públicos, que fueron designados –en la mayoría de los casos sin cumplir con los requisitos subjetivos y objetivos de designación– entre los seguidores más incondicionales.

La progresiva supresión de la Asamblea Nacional, se pretende hacer por medio de más de 60 decisiones dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia desde diciembre 2015, que constituyen un golpe de Estado continuado contra la separación de poderes y contra el poder legislativo. Pero para la comunidad internacional fueron las sentencias 155 y 156 –que arrebatan a la Asamblea Nacional todos sus poderes constitucionales, los cuales asume el Tribunal Supremo de Justicia y éste puede delegar al presidente de la República– las que fueron leídas como un clarísimo golpe de Estado. Estas dos sentencias fueron arregladas “cosméticamente”, pero su fondo sigue idéntico.

La suspensión de las elecciones constituye, por su parte, la más clara expresión del temor del régimen a que se efectúen elecciones libres. Todos los sondeos de opinión le dan al chavismo una voluntad de voto que se sitúa entre el 15% y el 20%. Intenciones de voto insuficientes para ganar ninguna elección libre. Es por esta razón que se bloquea –utilizando el Consejo Nacional Electoral y los tribunales– el referéndum revocatorio que se pretendía llevar a cabo en 2016. Pero también es por ello que nunca se convocaron las elecciones de gobernadores que tendrían que haber tenido lugar a finales de 2016; y no se han convocado las elecciones a alcaldes, que tendrían que realizarse a finales de 2017.

Nuevas reglas de juego, fraude constitucional

Con su continua exigencia de elecciones libres y justas, la oposición mayoritaria ha venido permitiendo que se muestre la cara más fea del chavismo. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha tenido un comportamiento unitario impecable, y ha implementado las tácticas de la lucha no violenta.

Desde comienzos de abril de 2017, se observa un movimiento masivo de calle, con marchas, protestas y otras formas de acción no violenta. Frente a los millares de personas en la calle, el régimen no ha tenido sino una sola respuesta: represión violenta. Esta represión se lleva a cabo, directamente, a través de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana; e indirectamente, a través del uso de los grupos paramilitares armados por el Gobierno desde 2002, llamados “colectivos”; que hacen el trabajo represivo con armas de fuego.

El resultado es, hasta finales de mayo de 2017, de 60 personas asesinadas, más de 4.000 heridas, alrededor de 3.000 personas detenidas, de las cuales más de 1.600 siguen en estado de detención.

Sin embargo, en vista de las críticas públicas hechas a esta represión desmedida por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien ha girado instrucciones a los Fiscales de no acusar a las personas detenidas sino cuando existan pruebas efectivas de que han cometido algún delito, el Gobierno ha comenzado a utilizar el método de hacer juzgar a las personas detenidas en los tribunales militares. Hasta esta fecha más de 300 civiles están siendo juzgados de forma expedita e inconstitucional ante ese fuero excepcional.

El hecho es que el Gobierno ha decidido, nuevamente, cambiar el juego. Y apelar a la teoría de juegos electorales para realizar un fraude constitucional. Es decir: convocar sin referéndum previo a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, por medio de una Asamblea Constituyente cuyos delegados serían electos, una parte de forma corporativa –estudiantes, trabajadores, comunas, personas con discapacidad, entre otros– y otra parte por parte de los municipios, de forma paritaria, sin tomar en cuenta su población.

Estas reglas pretenden permitirle al Gobierno controlar los postulados y los electores, con la finalidad de lograr una representación hegemónica.

Con esta forma de elección, se pierde el principio de la universalidad del voto; el principio de una persona, un voto; y el principio de las mayorías. Así, municipios con 2.000 habitantes podrían elegir el mismo número de representantes que uno con varios cientos de miles de personas. Y con el sistema de elección corporativa, sin que haya manera de controlar las listas electorales de las personas en cada sector, el Gobierno pretende controlar quiénes votan.

Para el Gobierno este es un juego de “todo o nada”. Al imponer esta constituyente, y hacerla aprobar sin necesidad de referéndum –y así incorporar un sistema comunista de organización política, que cambie totalmente la forma de designación de las autoridades–, es muy probable que Venezuela entre en un período de dictadura abierta, acompañado de total inestabilidad política y un colapso económico sin fondo. Es decir, que ganar, en estas condiciones, será para el chavismo una sentencia mediata de muerte.