Los ataques sufridos el 5 de marzo por varios guardias de prisiones en la cárcel de Alençon a manos de un detenido radicalizado desencadenó un movimiento de protesta masivo en los establecimientos penitenciarios de toda Francia. El 6 de marzo los guardias “bloquearon” más de 18 prisiones en señal de protesta, y se esperaban otras movilizaciones puntuales. Esta manifestación se asemeja a la que tuvo lugar en 2018, cuando los funcionarios de prisiones alertaron a las autoridades públicas y se movilizaron en el marco de un importante conflicto social, el más destacado en el sector desde hacía 25 años.
Efectivamente, las agresiones (verbales o físicas) que sufren los guardias son frecuentes: la administración penitenciaria contabiliza entre 4.000 y 5.000 agresiones al año, y las cifras son relativamente estables. Sin embargo, la intensidad de las mismas está aumentando. A eso se suman las condiciones de trabajo: los guardias siguen estando mal vistos, mal pagados (1.543 euros al mes en la primera categoría en 2015) y mal protegidos.
Y además trabajan en número reducido: 27.849 miembros del personal de vigilancia para 78.796 personas encarceladas, según las últimas cifras comunicadas por el Ministerio de Justicia.
Las huelgas y manifestaciones recientes ponen de relieve, con fuerza y preocupación, las condiciones de trabajo de estos funcionarios, consideradas obsoletas y, sobre todo, peligrosas. Es algo que no se veía desde 1990, año histórico de las protestas de los funcionarios de prisiones.
Sin embargo, en la actualidad se destaca la radicalización religiosa. Los últimos ataques a guardias de prisiones fueron presuntamente obra de individuos sospechosos de haberse radicalizado o de haber adoptado la retórica yihadista. Se habla de 500 autores de infracciones con carácter terrorista y de 2.000 detenidos en este contexto. Dicha cifra, inédita en la sociedad francesa republicana, supone un problema desde todas las ópticas y deja patente la desorganización de los gobiernos, y por tanto de las cárceles, en cuanto a la manera de gestionar a estos sujetos especiales. En 2014, el director de la cárcel de Fresnes, intentó reagrupar a los presos más radicales en una unidad específica para evitar el contagio. Estos últimos episodios son, ante todo, un desencadenante, además de un síntoma de que las cárceles funcionan mal en una sociedad que, por su parte, también está desasosegada.
¿Qué ha pasado desde la publicación en junio de 2000 del informe del Senado sobre las condiciones de detención en Francia? En él se mencionaban “cárceles republicanas relegadas al olvido por parte de la sociedad”; o incluso una “deshonra para la República”, como afirmaba el presidente de la República Nicolas Sarkozy ante el Parlamento reunido en Congreso el 22 de junio de 2009.
El hacinamiento en las cárceles agrava las condiciones de trabajo y perjudica la reinserción
El trabajo del Controlador general de centros de privación de libertad, una autoridad independiente creada en 2007, ha permitido analizar el conjunto del parque penitenciario francés y presentar varias observaciones, en particular sobre el hacinamiento carcelario, un problema crónico y estructural de las cárceles. En 1990, la tasa de ocupación de los establecimientos penitenciarios era del 124%. Hoy en día gira en torno al 117%, y a principios de 2017 había 68.432 presos para 58.681 plazas. El hacinamiento se concentra en los centros de detención, que acogen a las personas que se encuentran a la espera de juicio y a los condenados a penas de cárcel cortas.
Este hacinamiento no se traduce únicamente en celdas con un índice de ocupación límite, sino que descompensa todo el funcionamiento del sistema carcelario y, en consecuencia, reduce aún más la eficacia de la reinserción, agravando al mismo tiempo las condiciones de trabajo y la insatisfacción del personal.
La cárcel produce violencia, en primer lugar por la condición de sus instalaciones, insalubres, anticuadas y vetustas. En Francia hay 187 establecimientos penitenciarios que se caracterizan por una enorme diversidad, ya sea por su tamaño, arquitectura, antigüedad, u otro. Y se reparten en dos categorías principales: los centros de detención y los establecimientos para condenados. A esto se suman los centros penitenciarios, que agrupan pabellones separados que pueden pertenecer a ambas categorías.
Los programas de construcción de cárceles nuevas, que se pusieron en marcha en 1987, dieron lugar a la creación de establecimientos ultramodernos y asépticos, que aprueban el aislamiento y deshumanizan debido a su enorme tamaño. Treinta años más tarde, el 24 de enero de 2017, el primer ministro Bernard Cazeneuve propuso la Comisión del Libro Blanco sobre los edificios penitenciarios, planteando nuevas generaciones de cárceles desde la óptica de acabar con el hacinamiento carcelario. El Libro Blanco, que se presentará a finales de marzo, expondrá la limitación y la ineficacia de la construcción de nuevos centros penitenciarios como única vía para solucionar los problemas actuales.
Luchar contra la reincidencia
Para descongestionar las cárceles hay que luchar contra la reincidencia. La iniciativa de Christiane Taubira, ministra de Justicia en 2012, estaba enfocada en ese sentido: bajo su mandato, diferentes actores de la justicia y de la sociedad civil trabajaron durante cinco meses en esta problemática. Desde esta perspectiva, el encarcelamiento se convierte en un “tiempo útil”, pero la finalidad de la sanción se traduce sobre todo en una condena que tiene por objetivo la reinserción del individuo en la sociedad. Esta visión cuestiona por tanto la eficacia de la cárcel y abre la puerta a la concesión de penas alternativas, proponiendo un profundo replanteamiento del sistema penal.
Varios países están realizando experimentos en su lucha contra la delincuencia, puesto que el encarcelamiento sigue siendo una sanción costosa y que suele considerarse poco eficaz para prevenir la reincidencia. En todas las fases del procedimiento penal existen numerosas medidas para evitar el encarcelamiento, como son los servicios a la comunidad con seguimiento socio-judicial, la flexibilización de la condena en el marco del sistema de supervisión electrónica, los permisos para salir del establecimiento penitenciario y la libertad condicional. Pero estas medidas siguen sin utilizarse lo suficiente como alternativa real a la cárcel, que continúa siendo la condena de referencia.
Esas posibilidades se han visto ahora comprometidas por los recientes brotes de violencia, cada vez más difíciles de canalizar, por parte de ciertos detenidos. Por ejemplo, se ha preconizado la libre introducción del teléfono (que, de hecho, ya circula), lo que abriría la vía a la autorización en las celdas de teléfonos portátiles restringidos.
Se han considerado otras reformas, como por ejemplo reconocer el derecho de expresión colectiva de los detenidos o permitirles tener más acceso a la información jurídica para que puedan organizarse mejor de cara a la institución carcelaria.
Los acontecimientos actuales plantean por tanto la cuestión de la imposible reforma penitenciaria, más o menos contemporánea de la propia cárcel. Según las publicaciones de Michel Foucault [sociólogo, autor de la obra de referencia Surveiller et punir (Vigilar y castigar)], este proyecto debería seguir condenado al fracaso. La República Francesa se ha movilizado durante mucho tiempo, persuadida de que la resolución de la cuestión penal permitiría resolver la cuestión social. Un proyecto que con el tiempo se ha ido abandonando lentamente.
Por eso habría que replantearse el sistema penitenciario, rompiendo su aislamiento, y reconsiderar asimismo el sentido de la condena. Esta perspectiva casi no se cuestiona, aunque resulta cada vez menos adecuada a la evolución de la sociedad, de sus desórdenes normativos y de los autores de los mismos.
