El movimiento sindical internacional ha hecho un llamamiento al Gobierno de Kazajstán para que revise la condena de una prominente líder sindical en un caso que ha sido descrito como una “flagrante violación de los derechos humanos y sindicales en Kazajstán”.

El 25 de julio de 2017, un tribunal de Shymkent, una ciudad meridional de Kazajstán, condenó a cuatro años de restricción a la libertad de circulación a la exdirigente de la Confederación de Sindicatos Independientes de Kazajstán (CNTUK o KNPRK), Larisa Kharkova, y a su inhabilitación para ocupar un cargo público durante cinco años, acusada de lo que tanto sindicatos como organizaciones de derechos humanos consideran falsas acusaciones de malversación de fondos.

Kharkova también fue condenada a 100 horas de trabajo forzoso, lo que, a juicio de los activistas, contradice la prohibición legislativa de Kazajstán sobre cualquier forma de trabajo forzoso en el país.

La condena de Kharkova se produjo tras el cierre de la KNPRK por un fallo judicial en el mes de enero como intento de represión contra los trabajadores petroleros en huelga en la región occidental de Mangystau.

La condena anterior del vicepresidente de la KNPRK, Nurbek Kushakbayev, a dos años y medio de cárcel por incitar a la huelga, y del sindicalista Amin Yeleusinov, a dos años, acusado de malversación de fondos sindicales y desacato a la autoridad policial –por motivos que se consideran políticos–, es un duro golpe para el movimiento sindical independiente en Kazajstán.

En una rueda de prensa celebrada en la ciudad de Almaty el 1 de agosto, Yevgeny Zhovtis, director de la Oficina Internacional de Derechos Humanos y Estado de Derecho de Kazajstán, dijo que los ataques del Gobierno a los sindicatos independientes son una “injerencia ilegal” a las actividades de una organización pública que tiene el derecho de decidir la forma en la que gasta sus propios fondos.

Estos ataques, indicó Zhovtis, “tienen un solo objetivo y este objetivo es muy sencillo. Es, a mi juicio, puramente político y no una cuestión judicial”. Asimismo, agregó: “Es una tentativa para acallar a un sindicato ante la situación precaria de la economía y las posibles protestas sociales, a fin de controlar a aquellos que son capaces de movilizar a los trabajadores o de expresar sus preocupaciones”.

Zhovtis también condenó las inexactitudes jurídicas en el fallo sobre el caso de Kharkova, ya que la sentencia implica la confiscación de sus propiedades y 100 horas de trabajos forzosos. De acuerdo con la ley kazaja, solo deben ser incautados los bienes obtenidos mediante actividades delictivas o relacionados con un delito cometido. Además, en tanto que país signatario del Convenio número 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo forzoso u obligatorio, Kharkova no debería haber sido condenada a trabajos forzosos, esencialmente porque el servicio comunitario también era una opción.

Duro golpe a las ambiciones de Kazajstán en la esfera internacional

Los críticos han observado que la condena de Kharkova podría resultar muy perjudicial para la posición internacional de Kazajstán, así como para sus aspiraciones de convertirse en uno de los países más desarrollados del mundo.

“La condena de Larisa Kharkova y las restricciones a sus actividades sindicales es una estocada más al movimiento sindical independiente en Kazajstán”, subrayó Mihra Rittmann, investigadora de Asia Central para Human Rights Watch, en un comunicado. “El Gobierno debe poner alto inmediatamente a sus implacables tentativas de suprimir los derechos de los trabajadores y permitir que Kharkova continúe su trabajo”.

Rittmann afirmó que los ataques del Gobierno kazajo contra los derechos laborales, tales como su restrictiva ley sindical, el cierre de sindicatos independientes y las acusaciones políticamente motivadas contra los dirigentes sindicales que hablan con franqueza, era un impedimento para sus aspiraciones a nivel internacional y económicas. Entre estas aspiraciones se cuenta la de situarse entre los 30 países más desarrollados del mundo para el año 2050, como lo indica en el ambicioso plan de desarrollo socioeconómico del país, Estrategia 2050.

“La actual represión de los derechos laborales del Gobierno es contraria a las normas internacionales del trabajo, cuya importancia es reconocida por numerosos inversores extranjeros”, afirmó la investigadora a Equal Times.

“La mano dura del Gobierno contra los trabajadores también se da de bruces con sus aspiraciones a formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el club de países ricos con sede en París, que considera que la consulta con los sindicatos independientes y el respeto de las normas del trabajo son factores importantes para sus Estados miembros”.

Anton Leppik, secretario ejecutivo del Consejo Regional Paneuropeo de la Confederación Sindical Internacional (CSI), también comentó a este medio que el caso contra Kharkova fue indudablemente iniciado y promovido por organismos de seguridad del Estado, dado su interés en las actividades de la central sindical KNPRK, y particularmente en sus relaciones con los sindicatos de trabajadores del petróleo en el oeste de Kazajstán.

La CSI presentó una queja formal ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT (CFA) en relación con los ataques contra la KNPRK y sus dirigentes, señaló Leppik. “Es un proceso largo, pero estamos seguros de que el CFA se mostrará enérgico ante el incumplimiento por parte del Gobierno de sus obligaciones internacionales. Ya lo ha reconocido la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo”, señaló, al tiempo que añadió que la CSI y sus organizaciones afiliadas nacionales estaban en contacto con las instituciones de la Unión Europea, la OCDE, Estados Unidos y otros gobiernos, así como con las empresas que tienen intereses comerciales en Kazajstán, para ejercer presión sobre las autoridades kazajas.

Asimismo comentó que Kazajstán podría perder el acceso al mercado estadounidense, ya que su central sindical nacional, el AFL-CIO, había planteado la cuestión dentro del marco del Sistema Generalizado de Preferencias, ya que este privilegio solo puede otorgarse a los países que cumplen con las normas internacionales de trabajo.

Durante una visita a la ciudad capital de Astana en febrero, las autoridades indicaron a representantes de la CSI que, a pesar de haberle retirado el registro a la central sindical KNPRK, sus estructuras podrían registrar una nueva confederación. “De hecho, es posible, pero requiere mucho trabajo, dados los complicados procedimientos establecidos por la nueva ley de sindicatos, la cual tanto la CSI como la OIT reconocen como una clara violación del Convenio número 87 de la OIT”, explicó Leppik.

“Sin embargo, cuando los dirigentes en lo individual son víctimas de ataques y presión, es difícil reunir lo que queda de la confederación, teniendo en cuenta el tamaño y la diversidad del país. Además, es evidente que la limitación de movimiento y la inhabilitación para ocupar cargos públicos que figuran en la condena de Larisa son un medio para impedir que desempeñe ningún tipo de papel en el movimiento sindical”.

Lyudmila Ekzarkhova, secretaria de prensa de la KNPRK, afirmó que el caso de Kharkova ha sido la “prueba de fuego” para evitar que otros trabajadores creen sindicatos independientes en Kazajstán, pero que, aun así, lo que queda de la confederación planea crear una nueva.

“Todavía tenemos tres sindicatos fundadores de la KNPRK y actualmente estamos en la fase de crear una nueva organización sindical a nivel nacional. Aun cuando Kharkova no pueda ocupar cargos públicos, todavía tenemos líderes capaces de tomar el testigo de Kharkova y dirigir nuestra organización nacional hacia la dirección correcta”, concluyó Ekzarkhova.