¿La contraofensiva de Lyft y Uber en California contra la ley AB-5 pondrá fin a los derechos conquistados por los trabajadores?

¿La contraofensiva de Lyft y Uber en California contra la ley AB-5 pondrá fin a los derechos conquistados por los trabajadores?

Una conductora Uber del colectivo Rideshare Drivers United protesta con cientos de otras personas contra la “Prop 22” en Los Ángeles, el 14 de octubre de 2020.

(Noémie Taylor-Rosner)

Detrás del volante de sus relucientes coches, un centenar de conductores de Uber y Lyft dan un concierto de bocinazos. En esta mañana de otoño en Los Ángeles, los trabajadores de los dos gigantes de servicios de coches de alquiler con conductor vinieron a participar en una gran jornada de movilización contra la “Prop 22”, una polémica propuesta de referéndum que se someterá a la votación de los californianos el 3 de noviembre al mismo tiempo que las elecciones presidenciales.

Financiada con unos 200 millones de dólares por varias empresas de la economía digital, entre las que se encuentran Uber, Lyft y el gigante del reparto de alimentos a domicilio Instacart, la medida propone invalidar la ley AB-5 aprobada por el parlamento de California en 2019, que obliga a las plataformas de servicios de Silicon Valley a reclasificar como asalariados al millón de trabajadores autónomos cuyos servicios requieren. Un cambio capital en su situación que les da derecho al salario mínimo y acceso al seguro de desempleo, bajas por enfermedad y al seguro médico.

La ley, que entró en vigor el pasado mes de enero, no ha sido nunca aplicada por las grandes empresas de la economía de plataforma (la economía de los pequeños encargos o bajo demanda a través de plataformas), que han optado por impugnarla en los tribunales y llevar el caso ante los votantes financiando un referéndum sobre la cuestión, como lo permite la ley de California.

Este posicionamiento despierta la ira de muchos trabajadores por cuenta propia. “Uber y Lyft amenazan con irse de California porque pretenden que no pueden seguir funcionando si se ven obligados a pagar más a sus futuros asalariados”, observa Nicole Moore, conductora de Lyft y representante del colectivo de trabajadores autónomos Rideshare Drivers United, que está haciendo campaña por el “No” en el referéndum. “Tanto mejor si quieren irse. ¡Los invito a marcharse! Después de todo, hay otras empresas en California que están dispuestas a ocupar su lugar y respetar la ley”, afirma.

20.000 conductores movilizados contra la reducción de su remuneración

El colectivo Rideshare Drivers United fue fundado hace tres años, en agosto de 2017, en el estacionamiento del aeropuerto de Los Ángeles, donde trabajan muchos conductores de Uber y Lyft. En ese momento, ambas plataformas de servicio acababan de anunciar importantes recortes a sus ingresos. Estos recortes han continuado a lo largo de los últimos tres años: mientras que a los conductores de Los Ángeles se les pagaba 1,75 dólares (1,50 euros) por milla en 2016, la tarifa ahora no sube de 60 centavos (50 centavos de euro). Sin embargo, la oficina tributaria de los Estados Unidos calcula que el costo por kilómetro ya asciende a 57,5 centavos de dólar por milla recorrida.

“Nos apresuramos a crear una aplicación para movilizar a los trabajadores contra estos recortes de ingresos, ya que necesitábamos un lugar para reunirnos”, explica Nicole Moore. “Este es uno de los problemas con los que se encuentran todos los que trabajan en la economía por pequeños encargos para conseguir sindicalizarse: a diferencia de los trabajadores que pueden organizarse en su fábrica, nosotros estamos aislados unos de otros, cada uno en nuestro coche”.

La estrategia de organización del colectivo finalmente rindió frutos: de los primeros 50 conductores con los que contaba en sus inicios, Rideshare Drivers United ahora tiene casi 20.000 miembros. La aprobación de la ley AB-5 por el parlamento de California se debe en gran medida a su movilización.

Sin embargo, los conductores y los repartidores de las plataformas ahora creen que la “Prop 22” amenaza estas conquistas. Por su parte, las empresas afirman lo contrario. Aseguran que su propuesta de referéndum tiene tantas ventajas como la ley AB-5, menos la condición de asalariado. Se comprometen a proporcionar el “120% del salario mínimo garantizado a aquellos que trabajen a tiempo completo y una compensación que les permita comprar un seguro médico en función del número de horas trabajadas por semana”, asegura Geoff Vetter, portavoz de la campaña a favor de la Prop 22.

“El problema es que todas estas ventajas se basan en el tiempo de trabajo real de los conductores”, observa Mark T., conductor de Uber y repartidor de alimentos para la plataforma DoorDash, quien prefiere permanecer en el anonimato por temor a represalias de sus empleadores. “Esto significa que solamente tienen en cuenta el número de horas que realmente pasamos sirviendo a un cliente, nunca el tiempo de espera entre cada carrera o las horas dedicadas al mantenimiento del vehículo”, explica este autónomo que trabaja en la zona de la bahía de San Francisco, donde dirige su propia campaña contra la Prop 22 en las redes sociales y a la que ha denominada Make Work Pay (Hacer que merezca la pena trabajar).

“Estas horas no remuneradas son una parte importante de nuestro tiempo de trabajo. Alrededor de 20 horas a la semana de carreras en realidad me toman unas 40 horas de trabajo sobre el terreno”, insiste. “He calculado que teniendo en cuenta todas las horas que estamos ocupados, la Prop 22 ofrece menos del salario mínimo y, en algunos casos, incluso nos hace perder dinero”.

Debate en torno a la flexibilidad

Para convencer a los conductores y repartidores de California a unirse a la campaña por el “Sí” en el referéndum sobre la economía de plataforma, Uber, Lyft y otras empresas insisten en que la ley AB-5 pondría fin a la flexibilidad de que disfrutan actualmente como trabajadores por cuenta propia. Un argumento que ya ha convencido a algunos, como a Alexia Anastasio, directora de cine, quien completa sus fines de mes trabajando para la empresa Postmates, especializada en la entrega de alimentos a domicilio. Incluso se ha convertido en una de las voces de la campaña Yes on 22. “Elegí trabajar para Postmates específicamente para evitar los inconvenientes de un trabajo a tiempo completo en una empresa. No quiero tener jefe y quiero poder organizarme a mi antojo. Necesito un trabajo con horarios flexibles para poder complementar mis ingresos mientras sigo trabajando como directora de cine”, asegura.

Un argumento que no convence a Nicole Moore, la responsable del colectivo Rideshare Drivers United. “En ningún momento la ley AB-5 contradice el principio de flexibilidad. De ninguna manera obliga a las personas a adaptarse a un empleo con un horario fijo. La asignación de horas de trabajo sigue siendo enteramente responsabilidad de las empresas de la economía de plataforma, afirma.

“En cualquier caso, la idea de que estas empresas ofrezcan total flexibilidad a sus colaboradores es una ilusión”, añade Liz Temkin, quien trabaja para la plataforma de reparto de alimentos Instacart. “Si quieres que te paguen un mínimo, tienes que trabajar en momentos específicos del día que no necesariamente eliges, porque la oferta es más importante”, recuerda esta repartidora de 65 años, que ya ha participado antes en varios recursos colectivos contra las plataformas de servicios de Silicon Valley.

“Desafortunadamente, muchos trabajadores jóvenes que ahora defienden la Prop 22 nunca han conocido otro sistema que la economía de plataforma. No saben lo que es tener un empleo estable con protección social. Suelen tener una visión a corto plazo que no toma en cuenta la necesidad de tener derecho a la licencia de maternidad o a cotizar para la jubilación”, concluye.

A solo unos días de la votación, la Prop 22 sigue dividiendo a toda la sociedad californiana. A finales de septiembre, una encuesta de la Universidad de Berkeley, en California mostró que el 39% de los californianos apoyaba la medida sometida a referéndum, el 36% se oponía, pero el 25% seguía sin decidirse. El futuro de la economía de plataforma y de sus trabajadores depende actualmente del veredicto de las urnas.

Este artículo ha sido traducido del francés.