La contraproducente ley británica sobre la esclavitud moderna

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A primera vista, Reino Unido parece encabezar la lucha mundial contra el trabajo forzoso y la trata de seres humanos. En marzo aprobó la Ley sobre la Esclavitud Moderna, convirtiéndose así en el primer país de la Unión Europea y en una de las primeras naciones del mundo que intentan enfrentarse jurídicamente a las formas modernas de la esclavitud. La esclavitud moderna afecta a unas 13.000 personas en Reino Unido y a alrededor de 21 millones de seres humanos en todo el mundo.

Según el Ministerio del Interior de Reino Unido, dicha ley “incrementa considerablemente el apoyo y la protección a las víctimas, otorga a los agentes del orden público las herramientas necesarias para identificar a los actuales esclavistas, garantiza que se pueda penalizar duramente a los delincuentes e incluye una disposición, que es un referente a nivel mundial, que anima a las empresas a tomar medidas para garantizar que todas sus cadenas de suministro estén libres de esclavitud”.

Sin embargo, según los activistas existe una gran diferencia entre lo que la ley dice y lo que la ley hace. Sean Bamford, responsable de políticas de la central sindical británica Trades Union Congress (TUC) que trabaja en el ámbito de la trata de seres humanos y el trabajo forzoso, asegura que la Ley sobre la Esclavitud Moderna no aporta grandes novedades, ya que básicamente se limita a ordenar las leyes ya existentes y las unifica en una sola.

“Puede que la unificación fuera una buena idea, pero ya sabíamos que la legislación existente no otorgaba una protección ni un apoyo adecuados a las víctimas de la trata de seres humanos y el trabajo forzoso. La nueva ley no aborda para nada estos temas”.

Asimismo, cabe destacar que la nueva ley tampoco es coherente con la política británica de inmigración, cada vez más restrictiva y punitiva. Donde esta incongruencia es más obvia es en el trato que se dispensa a las trabajadoras/es migrantes del hogar.

Como explica una publicación editada por la Confederación Sindical Internacional (CSI), los intentos por abordar los aspectos de género de la trata de seres humanos tienden a centrarse en las mujeres y la explotación sexual. Sin embargo, el ámbito de las trabajadoras/es del hogar constituye un claro ejemplo de la relación que existe entre el género y la trata de seres humanos con fines de explotación laboral.

Se calcula que cada año llegan a Reino Unido 16.000 migrantes, casi todos mujeres, con visados para trabajadoras/es del hogar. Trabajan en viviendas particulares, excluidas de la mayor parte de las leyes laborales y a menudo sin unas condiciones claras de empleo. Por tanto, son sumamente vulnerables a la explotación y los abusos, como el exceso de trabajo, el impago de salarios, las restricciones a la libertad de movimiento, el acoso sexual, el maltrato psicológico y la violencia.

Las enmiendas a las normas británicas de inmigración que se aprobaron en abril de 2012 hicieron que “la condición laboral migratoria más desfavorable que existe” lo fuera aún más. Actualmente, las trabajadoras/es migrantes del hogar que llegan a Reino Unido están vinculadas a un único empleador y solo pueden trabajar un máximo de seis meses.

Kate Roberts, directora del departamento de políticas de la ONG británica de trabajadoras/es migrantes del hogar Kalayaan, es una de las mayores críticas del visado vinculante. “La política migratoria británica limita a las trabajadoras y trabajadores del hogar a la condición de bienes. No tienen derechos reales. Son piezas de equipaje adicional a las que solo se permite la entrada a Reino Unido para beneficiar a otra categoría de trabajadores más deseables”.

Roberts explicó que Kalayaan ha observado un aumento de las denuncias de malos tratos y explotación desde que se cambiaron las normas, así como una notable reducción del número de personas que se presentan para pedir ayuda.
Priya es una de esas víctimas. Llegó a Reino Unido con un visado vinculante. Sus empleadores, una familia originaria de Oriente Medio, le obligaban a trabajar de 6 de la mañana a 1 de la madrugada durante siete días a la semana; tenía que cocinar, limpiar y cuidar de tres niños pequeños. Como le prohibían las pausas para comer, sobrevivió a base de sobras. Además, le obligaban a dormir en el suelo de la cocina.

Priya pudo escapar, pero como su visado estaba vinculado a su empleador, se encontró en el país como migrante ilegal, lo cual le obligó a aceptar trabajos precarios y mal remunerados y le puso en situaciones peligrosas, debido a las cuales fue acosada sexualmente y violada. Actualmente, Priya recibe ayuda de Kalayaan, pero hay miles de trabajadoras/es que no piden ayuda porque temen que se les criminalice.

“Estas trabajadoras no tienen ninguna forma de enfrentarse de un modo realista a ningún tipo de maltrato o abuso”, explica Roberts. “Si dejan a su empleador por cualquier razón, estarán violando las leyes de inmigración”.

En septiembre y debido a las críticas, se introdujeron ligeros cambios en las normas británicas de inmigración para las trabajadoras/es migrantes del hogar. A las trabajadoras del hogar identificadas como víctimas de la trata mediante el marco del Mecanismo Nacional de Derivación se les concederá un visado de seis meses.

Sin embargo, la prevención de la trata de seres humanos y el trabajo forzoso no se mencionó en las enmiendas y las trabajadoras del hogar siguen sin poder recurrir a las ayudas públicas y no disponen de ningún tipo de protección.

Colin Yeo, un abogado británico de inmigración que dirige el blog Free Movement, declaró que los cambios en la normativa fueron “aprobados a regañadientes, si se tiene en cuenta lo que las víctimas han tenido que sufrir”.

 

Restablecimiento de las garantías

Lo que los activistas quieren es que se restablezcan las garantías anteriores a 2012 para las trabajadoras/es del hogar y se ratifique el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y trabajadores del hogar.

En virtud del anterior visado para trabajadores/as del hogar extranjeros, aprobado en 1998, estos disponían de derechos laborales básicos y no estaban vinculados a un único empleador. Una Comisión del Ministerio del Interior investigó la trata de seres humanos en 2009 y describió el visado como “el elemento más importante en la prevención de la esclavitud y la trata de dichos trabajadores/as”, asegura Roberts.

Entonces, ¿por qué el gobierno puso fin a este visado en 2012? En última instancia, las preocupaciones acerca de la inmigración están por encima de cualquier preocupación sobre los derechos humanos. “El motor de todo esto no es la preocupación por los trabajadores vulnerables en situaciones difíciles. El motor de todo esto es la política”, afirma Bamford.

“Ahora tenemos un gobierno con una mayoría conservadora y reducir la migración es fundamental para ellos”, asegura, a pesar de los indicios que demuestran que la escasez de personal cualificado derivada de la reducción de migrantes va a incidir de forma negativa en la economía británica.

“Aunque resulte increíble, una de las razones que adujeron [para suspender el visado en 2012] es que se estaba abusando de la ruta migratoria”, explica Roberts. "Pero nunca hemos visto ninguna prueba de ello. Es extraño que digan que se está abusando de una ruta migratoria cuando se evidencia un aumento de abusos hacia las personas que están atadas a las reglas de inmigración a través de su empleador.”

Por eso mismo, la ratificación y aplicación del Protocolo de la OIT sobre el Trabajo Forzoso se considera tan urgente y es tan importante la innovadora labor de programas como el proyecto Fine Tune financiado por la UE [una alianza de sindicatos, ONG y organizaciones de inspiración religiosa que colaboran para mejorar las respuestas ante la trata de seres humanos con fines de explotación laboral]. Según los activistas, la trata de seres humanos y el trabajo forzoso se han analizado desde el ámbito de la delincuencia durante demasiado tiempo; ya es hora de que se considere un tema de derechos humanos y laborales.

Actualmente, la OIT está gestionando una campaña mundial para convencer a 50 países de que ratifiquen el protocolo antes de 2018. Hasta la fecha, solo Níger lo ha firmado, pero Bamford está seguro de que Reino Unido será uno de los signatarios. Sin embargo, conseguir que el gobierno británico ratifique el convenio 189 no va a ser tan fácil.

“Nos han dicho que será difícil porque las trabajadoras del hogar están excluidas de la Directiva de la UE sobre el Tiempo de Trabajo y de la Directiva Marco Europea sobre Salud y Seguridad en el Trabajo. Pero este asunto realmente se reduce al derecho de inspección de la Health and Safety Executive, el organismo público encargado de la regulación de la sanidad y la seguridad en el trabajo. Los derechos del propietario y el empleador se consideran más importantes que cualquier derecho de los trabajadores”.

Aun así, las trabajadoras/es migrantes del hogar en Reino Unido todavía no han perdido la esperanza. La ministra británica del Interior, Theresa May, ha solicitado una evaluación independiente del visado vinculante que estará lista a finales de este mismo mes. Para Roberts, no cabe ninguna duda sobre cuál es el siguiente paso a seguir. “Claramente es tan injusto y ha sido tan criticado que eso de vincular a las trabajadoras del hogar a sus empleadores tendrá que modificarse antes o después. Tan solo es una cuestión de cuántos años tardará y cuantas trabajadoras del hogar tendrán que sufrir hasta entonces”.