La Copa Mundial de Fútbol de 2026 es nuestra oportunidad para demostrar por qué los valores democráticos son mejores

La FIFA anunció recientemente que suspendería a Rusia de la Copa Mundial de 2022 en respuesta a la indignación de los grupos de derechos humanos y aficionados al fútbol a raíz de la brutal invasión rusa de Ucrania. Mientras los jugadores de Estados Unidos y de todo el mundo se preparan para el Mundial de 2022 en Qatar, la FIFA tiene que dejar de hacer la vista gorda ante las violaciones de los derechos humanos por parte de sistemas autoritarios y a través del ‘sportswashing’ (cuando se utiliza el deporte para lavar la imagen pública).

Cada vez es más normal que los grandes acontecimientos deportivos internacionales se asocien con regímenes autoritarios mientras los trabajadores, las comunidades locales y los grupos marginados sufren las consecuencias. En Qatar, miles de trabajadores migrantes han muerto durante los preparativos de la Copa Mundial de la FIFA. El Gobierno chino utilizó la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de 2022 para menospreciar a quienes le critican por su persecución contra la comunidad uigur, un hecho ampliamente documentado. La explotación de los trabajadores y las comunidades locales también empañó los Mundiales de Brasil y Rusia.

En 2026, Estados Unidos, Canadá y México serán los anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA. El Mundial de 2026 constituye una oportunidad crucial para que un grupo de democracias establezca una nueva normativa para los grandes acontecimientos deportivos internacionales. Nuestros países tienen la oportunidad de demostrar lo que diferencia a las democracias de un mundo inundado de autocracias envalentonadas. Para ello habrá que proteger los derechos humanos y garantizar que los trabajadores y las comunidades locales se beneficien realmente del torneo. Se trata de conseguir que la FIFA empiece a hacer las cosas de otra manera.

Hasta ahora, el organismo rector se ha mostrado reacio a hacerlo, cuando está a punto de finalizar su proceso de selección de la ciudad anfitriona para el torneo de 2026. La FIFA ha rechazado los llamamientos de nuestra coalición –formada por sindicatos, defensores de los trabajadores y los inmigrantes, organizaciones de derechos humanos y grupos de aficionados– para que se adopte un conjunto de normas mínimas relativas a cuestiones clave relacionadas con los derechos humanos y los trabajadores para las posibles ciudades anfitrionas y para ella misma.

Aunque faltan casi cinco años para la celebración del Mundial de 2026, los compromisos en materia de derechos humanos de las ciudades sede se están formulando y ultimando ahora. La FIFA exigió a los comités de candidatura de cada una de las 17 posibles ciudades sede que presentaran un plan de derechos humanos, y mientras algunas tomaron medidas para involucrar a las partes interesadas en lo que a derechos humanos y laborales se refiere, e integrar sus comentarios, otras se desentendieron o se negaron rotundamente a hacerlo. Esta incongruencia y la inadecuada consideración de las partes interesadas es consecuencia de la incapacidad de la FIFA para establecer normas y expectativas claras en materia de derechos humanos y laborales.

Al exigir a las ciudades candidatas que presenten un plan de derechos humanos, sin establecer unas normas mínimas claras, la FIFA puede hablar de boquilla de los derechos humanos y evitar comprometerse realmente a seleccionar ciudades que prioricen los derechos humanos. Esto, a su vez, ha fomentado una carrera hacia el fondo entre las ciudades candidatas.

A juzgar por los planes en materia de derechos humanos que han presentado las ciudades, parece que muchas piensan que pueden salirse con la suya evitando simplemente las prácticas de trata de personas y trabajo forzoso. Pero Estados Unidos, Canadá y México no son Qatar: los tres países disponen de normas más estrictas gracias a nuestros sistemas democráticos y movimientos sindicales organizados. Tenemos que asegurarnos de que el Mundial de 2026 lo refleje. De lo contrario, la FIFA y sus socios corporativos se beneficiarán de los bajos salarios y las condiciones de trabajo inseguras, de la discriminación racial en la contratación y la promoción, del aburguesamiento y de otras formas de desarrollo sesgado.

Por ello, la FIFA tiene que adoptar un conjunto mínimo de normas sobre derechos humanos y laborales para sus propias operaciones y exigir a las ciudades sede de los juegos que se comprometan a cumplirlas. Estas normas mínimas deben incluir (aunque no limitarse a): salarios vitales justos; medidas firmes para la protección de la salud y la seguridad en el trabajo; contratación local selectiva; limitaciones al trabajo temporal; mecanismos sólidos de investigación y aplicación; requisitos responsables de licitación de contratistas; requisitos para reducir los conflictos laborales; y convenios para que los trabajadores puedan tener voz.

La responsabilidad es de la FIFA. A menos que establezca explícitamente una serie de normas mínimas, todo vale; y la mayoría de las ciudades tratarán de seguir la vía que les resulte más cómoda. Las incongruencias en las propuestas de las ciudades candidatas son un aviso de que la FIFA se dispone a volver a restar prioridad a los derechos humanos y laborales en el Mundial. Y si la propia FIFA no toma las medidas necesarias por sí misma, entonces los responsables políticos de Estados Unidos, Canadá y México deberían exigirle que rinda cuentas.

El presidente Joe Biden respondió a la invasión rusa de Ucrania con un llamamiento a la acción dirigido a las democracias y los partidarios de los valores democráticos de todo el mundo. Los riesgos que presenta un gran acontecimiento deportivo internacional no son, por supuesto, los mismos que presenta un conflicto armado. Pero, al igual que el ascenso de Putin y otras figuras autoritarias en todo el mundo los ha llevado a servirse del Mundial para demostrar y reforzar su poder blando, también la movilización de las democracias en respuesta a la creciente amenaza de los regímenes autoritarios debería tratar de aprovechar el Mundial para demostrar por qué los valores democráticos son efectivamente mejores. 2026 es nuestra oportunidad para hacerlo.

Este artículo ha sido traducido del inglés.