La covid-19 ha agravado la inestabilidad del Estado de derecho

Desde el estallido de la pandemia hace poco más de un año, se constata un deterioro cada vez mayor de algunas tendencias ya preocupantes respecto al Estado de derecho en todo el mundo. Este es un tema importante porque el Estado de derecho es la base fundamental para garantizar la rendición de cuentas de las instancias tanto gubernamentales como privadas, leyes justas que protejan los derechos fundamentales, un gobierno abierto y una justicia accesible.

En la intersección de esta doble crisis de salud pública y Estado de derecho, las principales preocupaciones son cuatro: límites al poder gubernamental, los derechos fundamentales y la discriminación, la ausencia de corrupción y el acceso a la justicia.

En cada uno de estos ámbitos existen motivos de alarma. Por ejemplo, la pandemia de covid-19 ha hecho que aumente el riesgo de erosión de los límites que han de imponerse al poder gubernamental, ya que los líderes con una inclinación autoritaria acumulan nuevos poderes ya sea a través de medidas de emergencia, tribunales y parlamentos; mientras que los controles institucionales y ciudadanos se ven obstaculizados en el ejercicio de sus obligaciones y derechos constitucionales. Por añadidura, se han utilizado nuevas medidas que criminalizan la propagación de la desinformación sobre el virus o la censura de informes sobre errores gubernamentales para silenciar o atacar a periodistas y críticos de la oposición. Se han encontrado pruebas contundentes de la aplicación discriminatoria de las medidas de confinamiento y toque de queda sobre bases étnicas, racistas, de religión, situación jurídica e identidad de género.

La corrupción en el sector sanitario se ha agravado a medida que los gobiernos aceleran los envíos de suministros y recursos a quienes los necesitan abreviando o pasando por alto los procedimientos diseñados para prevenir el despilfarro y el fraude. Además, las graves consecuencias económicas de la pandemia están generando aún más necesidades en el ámbito de la justicia, particularmente entre las comunidades pobres y marginadas, que en buen número carecen de identidad jurídica, vivienda o empleo formal y, por lo tanto, existe la posibilidad de que no puedan acceder a la asistencia de emergencia. Entre tanto, las instituciones judiciales que, además de acusar una escasez crónica de recursos, funcionan con menor capacidad debido a la pandemia, corren el riesgo de acumular aún más retrasos.

Además de los terribles efectos de la pandemia sobre el empleo, algunos gobiernos han aprovechado la crisis para reprimir la libertad de expresión, la libertad de acceso a la información y la libertad sindical, que son derechos esenciales para protestar contra las malas condiciones laborales.

Según un análisis reciente de Freedom House y el proyecto Varieties of Democracy de la Universidad de Gotemburgo, las libertades de expresión, sindical y de acceso a los medios de comunicación se han visto mermadas en el último año. Ha quedado de manifiesto una inequidad particularmente perniciosa contra los trabajadores sanitarios, quienes ya enfrentan riesgos terribles en virtud de sus ocupaciones.

Para los trabajadores de todo el mundo, este deterioro del Estado de derecho plantea preocupaciones lógicas. Un sistema estable de Estado de derecho crea un entorno que les asegura la protección de sus derechos a organizarse y a negociar colectivamente; los protege contra la discriminación; proporciona un marco normativo para la seguridad en el lugar de trabajo; y mecanismos para resolver conflictos y daños laborales. Las investigaciones también muestran que el Estado de derecho se correlaciona positivamente con el crecimiento económico, la mejora de los resultados en materia de salud, una menor desigualdad y niveles más altos de educación.

La situación del Estado de derecho antes de la covid-19

Lamentablemente, la pandemia mundial llegó en un momento en el que se observaba un marcado además de constante descenso en el respeto del Estado de derecho en todo el mundo. Como se documenta en el Índice de Estado de Derecho 2020 del World Justice Project (WJP), que mide la situación en este ámbito en todo el mundo basándose en encuestas de hogares y expertos por país, por tercer año consecutivo las puntuaciones de un mayor número de países lejos de mejorar disminuyeron. Esta tendencia se observa en las democracias establecidas, así como en los Estados menos libres y en todas las regiones del mundo. La persistente disminución es particularmente pronunciada en las esferas de la rendición de cuentas gubernamental, los derechos fundamentales y la ausencia de corrupción. Por ejemplo, un mayor número de países ha disminuido su puntuación en materia de derechos fundamentales, más que cualquier otro factor del Estado de derecho, tanto con respecto al año anterior como en los cinco años estudiados anteriormente.

En el ámbito de los derechos laborales, el panorama es más heterogéneo.

Según los datos recogidos para el mencionado Índice de 2020 del WJP, un ligero número superior de países mejoró en lugar de disminuir sus puntuaciones en la aplicación efectiva de los derechos fundamentales del trabajo.

Las cuestiones examinadas en la encuesta incluyen la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, la ausencia de discriminación con respecto al empleo y la ausencia de trabajo forzoso y del trabajo infantil (subfactor 4.8 del Índice).

Durante el período quinquenal más reciente de datos recopilados por el WJP, el número de países que mejoraron o disminuyeron en este subfactor es aproximadamente el mismo, con un aumento del 53% y una disminución del 42%, y alrededor del 5% que no registró cambios significativos. Cuando se analiza sobre una base ponderada por población, el grupo de 54 países con mejor puntuación representa el 64% de la población mundial, mientras que el grupo en declive de 43 países representa solo el 23% de la población mundial. En otras palabras, durante este período de cinco años, los derechos laborales generalmente mejoraron para un mayor número de personas en todo el mundo.

Un análisis más pormenorizado de los números destaca una imagen heterogénea tanto en lo relativo a los progresos como a la regresión. Desde un punto de vista positivo, los países históricamente más débiles en el ámbito del Estado de derecho han experimentado mejoras significativas en su puntuación relativa a los derechos laborales. Sin embargo, muchos de estos países tienen puntuaciones en materia de derechos laborales que están muy por debajo de la media mundial (por ejemplo, Tanzania, Afganistán, Egipto), lo que indica que, aun cuando en los últimos años se han observado algunas mejoras, los países siguen luchando por proteger y defender adecuadamente estos derechos. Por otro lado, algunos países más débiles en lo que se refiere al Estado de derecho también han experimentado una gran disminución en la esfera de los derechos laborales (por ejemplo, Belice, Brasil, Turquía), lo que demuestra una vez más que no existe un panorama claro y único sobre los derechos laborales y su correlación con el comportamiento del Estado de derecho de manera más amplia.

Algunas perspectivas esperanzadoras

Sindicatos, ONG, periodistas y ciudadanos han respondido con valentía a la crisis pandémica que está teniendo lugar, tanto a través de la asistencia humanitaria directa como de otros servicios a las víctimas. El World Justice Challenge 2021 del WJP, un concurso mundial para reconocer proyectos innovadores que responden a los desafíos en el ámbito del Estado de derecho planteados por la pandemia, ha identificado una serie de ejemplos inspiradores de apoyo directo a los trabajadores afectados por la crisis.

En Kenia, la Red de Mujeres Dhobi puso en marcha el proyecto Inua Mama Fua para llevar alimentos, equipos de protección personal, servicios psicosociales y de acceso a la justicia para las trabajadoras del hogar de Nairobi que actualmente no pueden valerse por sí mismas en la medida en que sus empleadores las enviaron a casa debido a la pandemia. La Asociación de Mujeres Guatemalteca en España interpuso litigios estratégicos y otras herramientas jurídicas para proteger la capacidad para trabajar de los trabajadores migrantes y recibir prestaciones sociales durante la pandemia. En Nepal, en respuesta a las crecientes vulnerabilidades de los trabajadores migrantes, el People Forum proporcionó asistencia jurídica gratuita a las víctimas, preparó documentos en materia de políticas y recomendó la repatriación y reintegración de los trabajadores migrantes que retornan a su país de origen.

En resumen, la crisis de la covid-19 ha erosionado el Estado de derecho en todo el mundo. En respuesta, las sociedades están empezando a reconocer y a abordar las profundas desigualdades estructurales de las condiciones económicas y en materia de Estado de derecho que existen actualmente. El próximo Índice de Estado de Derecho del WJP, que se publicará en octubre de 2021, ofrecerá datos adicionales que aportarán una base documental para los sindicatos, los activistas, los gobiernos y el sector privado sobre las prioridades que requieren atención y recursos para la construcción de una recuperación más justa tras la pandemia.