La caída de Saddam Hussein en 2003 debería haber implicado que los trabajadores petroleros iraquíes pudieran ser libres de organizar sindicatos, así como la protección de sus empleos en un sector nacional dedicado a financiar la reconstrucción del país.

Pero en lugar de ello, Hassan Juma’a, dirigente de la Iraqi Federation of Oil Unions (IFOU) con sede en Basra, tuvo que comparecer ante un tribunal a principios de este mes, y fue amenazado con la cárcel por organizar huelgas.

El sindicato que dirige sigue siendo técnicamente ilegal, dado que la prohibición de los sindicatos en el sector público fue la única ley de Saddam que la ocupación estadounidense mantuvo vigente, y que posteriormente transmitiría a la administración de Nouri al-Maliki, Primer Ministro de Iraq desde 2006.

¿Y la industria petrolera? Los gigantes multinacionales del petróleo son las que ahora gestionan los campos petrolíferos de Iraq.

En 2010, el Gobierno de Maliki empezó a adjudicar a 18 empresas contratos para el desarrollo de los campos existentes y para la exploración de nuevos campos, entre ellas ExxonMobil, Royal Dutch Shell, la empresa energética italiana Eni, Gazprom y Lukoil de Rusia, Petronas de Malasia y una asociación entre BP y la Corporación Nacional Petrolera China.

Las corporaciones estadounidenses obtuvieron dos de los dieciocho contratos, mientras que la protección militar de EE.UU. proporcionó el paraguas de seguridad para proteger todas las operaciones que éstas llevaran a cabo en los campos.

El ministro de Petróleo iraquí sigue siendo técnicamente propietario del petróleo, pero hace más las veces de complemento de las multinacionales, al tiempo que despoja a los trabajadores de sus derechos.

A medida que las corporaciones petroleras se apresuran a reclamar los campos en desarrollo, el portavoz del ministerio, Assam Jihad, dijo al Iraq Oil Report que “los sindicalistas incitan a que el público se oponga a los planes del Ministerio del Petróleo para desarrollar la riqueza petrolera [de Iraq] utilizando el desarrollo extranjero”.

Como resultado, en 2011, Juma’a junto con Falih Abood, Presidente y Secretario General de la Federation of Oil Employees of Iraq, fueron los primeros demandados en los tribunales y amenazados con ser arrestados.

Juma’a dijo: “El Gobierno no quiere que los trabajadores tengan derechos porque prefiere que la gente se encuentre en una posición débil y a merced de los empleadores.”

Numerosos dirigentes sindicales han sido transferidos de puestos que habían ocupado durante años a ubicaciones remotas, lejos de sus familias, en un intento del Gobierno por desmoronar la estructura sindical y penalizar a los activistas.

Protestas

Pero la represión ha sido un fracaso a la hora de detener las protestas.

Este año las protestas se han intensificado tanto por parte de los trabajadores que se oponen a las promesas rotas de sueldos más altos y un mejor trato, como por parte de los agricultores locales que protestan por la incautación de sus tierras y la falta de trabajo para reemplazar su pérdida de ingresos.

En febrero, cientos de trabajadores se manifestaron en tres ocasiones distintas a las puertas del edificio de la empresa estatal South Oil Company (SOC) en Basra, reclamando la dimisión del director y de sus colaboradores.

La empresa, gestionada por el Ministerio Nacional del Petróleo, prometió construir alojamientos para los trabajadores – una necesidad urgente en una provincia que todavía se está recuperando de la guerra.

Los trabajadores aseguraron que durante dos años no les habían pagado las bonificaciones normales, y acusaron a la empresa de contratar trabajadores temporales y de mantenerlos después en ese estatus indefinidamente, en lugar de darles un trabajo fijo.

También reclamaban una mejor atención médica, sobre todo para los que sufren los efectos de la exposición al uranio empobrecido.

Las fuerzas estadounidenses utilizaron mucho este metal pesado en proyectiles y otras municiones, y los restos de la guerra continúan amontonados en los barrios y por los campos.

Durante una de las mayores protestas, los sindicalistas se unieron a los agricultores en una manifestación en el campo West Qurna 1, gestionado por ExxonMobil.

Reclamaban pagos más elevados por las tierras incautadas para desarrollar el campo, así como la creación de empleos por parte de la explotación petrolera. Mohammed al-Traim, jeque de la tribu Beni Mansour, indicó al Iraq Oil Report: "Nos hemos convertido en agricultores sin tierra.”

La agricultura es la ocupación tradicional para la mayoría de las familias del sur de Iraq, las cuales han estado cultivando la tierra de esa zona durante cientos de años.

El Gobierno iraquí estableció una comisión para compensarlos, pero los agricultores la acusan de infravalorar enormemente sus tierras.

"La compensación por un dunam (2.500 metros cuadrados) es cerca de un millón de dinares iraquíes (833 USD)”, explicó Abdul Sheikh a la publicación.

"Pero si tuviéramos la posibilidad de cultivar tomates en ese dunam, conseguiríamos unas ganancias de más de cinco millones de dinares."

A otros les ofrecieron una compensación de 80 a 1.250 dólares por dunam.

Mientras tanto, ExxonMobil extrae 450.000 barriles diarios de un campo con unas reservas estimadas en 8.700 millones.

Los precios actuales del crudo rondan los 100 dólares por barril, lo que sitúa el valor de un día de producción en el campo en unos 45 millones de dólares.

Con esos niveles de compensación una familia puede mantenerse durante unos meses. Pero ¿y después qué?

Desempleo

Ese dilema estimula la demanda de puestos de trabajo, fuente de un conflicto continuo desde que empezó la ocupación.

Las corporaciones extranjeras que operan en Iraq han intentado en numerosas ocasiones traer trabajadores extranjeros al país.

La IFOU ha encabezado muchas luchas desde 2003 para obligar a las corporaciones a mantener la mano de obra nativa iraquí, y a contratar trabajadores de la población local.

Aunque las cifras oficiales sitúan el desempleo en torno a los dos millones (de una población general de 31,7 millones, de los cuales el 53,6 % están en edad de trabajar, según cifras recientes de la ONU), en realidad es bastante más alto.

“No se ha dado fundamentalmente cambio alguno en la situación del desempleo desde que empezó la ocupación”, alega Qasim Hadi, que organizó el Union of the Unemployed in Iraq (UUI) cuando empezó la ocupación.

“En Iraq hay más de 10 millones de desempleados– alrededor del 60-70% de la mano de obra.”

Según el sindicato de desempleados, las estadísticas de desempleo del Gobierno aplican exclusiones para mantener las cifras artificialmente bajas.

“Las mujeres no se cuentan”, dice Hadi, cintando sólo un ejemplo, “porque el Gobierno dice que sus maridos o padres son responsables de mantenerlas”.

El Gobierno iraquí paga prestaciones por desempleo, pero únicamente a un número muy limitado de familias – aproximadamente unas 500.000.

Las prestaciones son bajas, en torno a 110 dólares al mes, y si hay más de una persona desempleada en la familia, las prestaciones se reducen.

Pero el peor problema, dice el UUI, es que cuando uno se registra para recibir las prestaciones tiene que registrarse en el partido político gobernante.

“Si te opones al partido gobernante no te puedes registrar”, afirma Hadi. “Las prestaciones son repartidas como sobornos políticos.”

Apoyo mundial para Juma’a

Al principio las autoridades gubernamentales denegaron los rumores de que penalizarían a los trabajadores implicados en las manifestaciones de este mes de febrero.

"No penalizaremos a ninguno de los manifestantes y todas sus reivindicaciones serán satisfechas”, anunció el líder del consejo provincial de Basra, Sabah al-Bezzouni.

Pero después de las manifestaciones masivas en Basra que tuvieron lugar el 27 de febrero de este año, el Ministerio del Petróleo decidió penalizar al sindicato que las organizó.

Un tribunal de Basra presentó cargos contra Juma’a y le ha dado hasta el 7 de abril para conseguir un abogado.

Al mismo tiempo, Bezzouni trató de reemplazar el sindicato durante las negociaciones con relación a las quejas de los trabajadores ante la SOC.

En respuesta, los sindicatos de todo el mundo han protestado contra las amenazas de las que han sido objeto Juma’a y su sindicato.

En una carta al Primer Ministro iraquí Maliki, observaron que otros ocho manifestantes sindicales habían sido convocados por el Ministerio del Petróleo “para investigar su papel en las recientes manifestaciones de Basra, donde los trabajadores participaron en protestas pacíficas para expresar sus reivindicaciones legítimas.”

La carta repasaba el largo historial de denegación de derechos de los trabajadores desde el comienzo de la ocupación, en particular la aplicación de la Ley 150 que prohíbe los sindicatos en el sector público.

“La constante represión de la libertad de asociación y los derechos de los trabajadores por parte del Gobierno iraquí, que se basa en unas leyes que fueron emitidas durante la dictadura, contradice directamente los principios de la democracia y la justicia que el Gobierno iraquí promete a su pueblo”, expresaba la carta.

“El Gobierno de Iraq tiene que anular de inmediato las órdenes dictadas por el ministro de Petróleo contra los activistas sindicales, incluyendo todas las órdenes de traslado, las amonestaciones y las sanciones arbitrarias contra activistas sindicales.

Deberán retirarse los cargos contra Hassan Juma’a Awad y todas las medidas legales adoptadas como represalias contra los trabajadores.”

La carta ha sido firmada por la Confederación Sindical Internacional, el sindicato del sector público del Reino Unido UNITE, la mayor federación sindical de Italia, la CGIL, la central sindical nacional estadounidense AFL-CIO y Labor Against the War, también en EE.UU., entre otros.

La carta sigue abierta a la firma de otras organizaciones, y puede consultarse aquí.