La denuncia por genocidio de Gambia contra Birmania: cuando países pequeños contribuyen a equilibrar la balanza de la justicia internacional

Tras varios años de intensa persecución, por fin la minoría rohinyá de Birmania (o Myanmar, como se conoce a este país en el ámbito diplomático) ha visto atendida su petición de auxilio gracias a una sentencia histórica dictada a principios de este año por el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), que obligó al Gobierno de dicho país asiático a aplicar medidas inmediatas para evitar más actos genocidas.

El hecho de que el denunciante fuera Gambia, el país más pequeño de África continental, situado a 11.000 kilómetros de distancia de Birmania en la costa atlántica, ha sentado un importante precedente en el ámbito de la solidaridad sur-sur para la lucha contra las violaciones de los derechos humanos.

“La sentencia del TIJ constituye un mensaje muy potente: incluso los países pequeños pueden utilizar los organismos internacionales como un instrumento para promover los derechos humanos, no solo en su continente sino a nivel mundial”, aseguró Ismaila Ceesay, catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad de Gambia.

La causa ‘Gambia contra Birmania’ representa la primera vez que un país sin ninguna relación directa con los presuntos delitos ha utilizado el hecho de que forma parte de la Convención para prevenir y sancionar el delito de genocidio para presentar una denuncia ante el tribunal superior de las Naciones Unidas en La Haya.

Hasta entonces, las sanciones internacionales no habían conseguido disuadir al ejército mayoritariamente budista de Birmania (conocido como el Tatmadaw) de organizar campañas de limpieza étnica contra la minoría musulmana de los rohinyás en el estado de Rakhine. En 2017 miles de rohinyás fueron asesinados y sometidos a violaciones generalizadas y a la destrucción de sus comunidades. Desde entonces, casi un millón de ellos ha huido a los campos de refugiados de la vecina Bangladés.

El año pasado, un informe de la ONU concluyó que los actos de violencia selectiva y generalizada contra los rohinyás constituían “actos genocidas” y que el gobierno de Birmania “es el responsable”.

Asimismo, denunció que el medio millón de rohinyás que todavía se encuentran en Birmania siguen “sufriendo una persecución sistemática y viven bajo la amenaza del genocidio”. El gobierno de Birmania, liderado por Aung San Suu Kyi, sigue rechazando dichas conclusiones.

Todavía pasarán varios años hasta que el TIJ dicte la sentencia definitiva sobre la denuncia de genocidio interpuesta por Gambia. Sin embargo, y mientras tanto, ha obligado al Gobierno de Birmania a aplicar medidas de emergencia para proteger a los rohinyás y a informar al TIJ cada seis meses sobre las medidas que ha adoptado. El primer informe se espera para finales de mayo.

Los activistas rohinyás recibieron este logro como un importante paso adelante. En una entrevista con Equal Times en respuesta a la sentencia del TIJ, Tun Khin, presidente de la Organización de Rohinyás Birmanos en el Reino Unido (BROUK), declaró: “Llevamos varias décadas enfrentándonos al genocidio. Muchos medios de comunicación han estado informando sobre lo que le está pasando a nuestro pueblo, pero la comunidad internacional no ha ejercido la suficiente presión sobre Birmania”.

“Este pequeño país africano ha tenido un enorme impacto. Esto es muy esperanzador y motiva a las víctimas”, explicó Tun Khin, que vive exiliado en Reino Unido.

Fatou Jagne, directora de la ONG de derechos humanos Article 19 para África occidental, opina que la intervención es un importante punto de inflexión: “Constituye un paso audaz. Cambia toda la narrativa de que en general los Estados van a protestar, pero políticamente es muy difícil que un Estado exija a otro Estado que rinda cuentas”.

“No tiene precedentes, porque evidencia que no debemos cerrar los ojos cuando suceden cosas así y decir: ‘No podemos hacer nada. Está pasando muy lejos de aquí’”, concluyó esta activista gambiana de los derechos humanos.

Una intervención poco esperada

La intervención tan poco esperada de Gambia surgió debido a una serie de circunstancias. La Organización para la Cooperación Islámica (OCI) había estado buscando un modo de defender a los rohinyás y subvencionó a Gambia de entre sus 57 miembros para que liderara el caso. “Consideraron que Gambia era el país adecuado para hacerlo. Era importante que fuera un país democrático con las manos relativamente limpias”, asegura Reed Brody, asesor jurídico de la ONG Human Rights Watch.

El fiscal general de Gambia, Abubacarr Tambadou, que trabajó durante más de una década llevando a juicio los casos del genocidio de Ruanda de 1994, ya había manifestado un compromiso personal con el caso. Tambadou, que también ostenta el cargo de ministro de Justicia, visitó a los refugiados rohinyás de Cox’s Bazar (Bangladés) como parte de una delegación de la OCI en 2018.

“Observó patrones muy similares [a los de Ruanda] en lo que estaba sucediendo en Birmania y decidió que llevaría el caso”, asegura Brody, que está trabajando con las víctimas del antiguo régimen de Gambia para llevar al exdictador Yahya Jammeh ante la justicia.

También es simbólico el hecho de que Gambia esté viviendo su propio proceso de justicia transicional para crear un registro histórico de las violaciones de los derechos humanos perpetradas durante el régimen de Jammeh, que duró 22 años y acabó con su exilio en Guinea Ecuatorial en enero de 2017.

La Comisión Nacional para la Verdad, la Reconciliación y la Reparación (TRRC) lleva desde enero de 2019 tratando casos desgarradores y generalizados de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y violencia sexual.

“Tenemos un lema: ‘Nunca más’. Por tanto, utilizar a Gambia como ejemplo y demostrar al mundo que estamos avanzando, pasando de una dictadura con violaciones de los derechos humanos a promover los derechos humanos, no solo aquí, sino también en el extranjero, creo que eso es muy simbólico por parte de la OCI y Gambia”, explica Ceesay. Además, asegura que la cooperación sur-sur también se beneficia de la “percepción de legitimidad” si se compara con la intervención de las naciones occidentales que pueden considerarse como ejecutoras de un plan oculto.

Jagne cree que la “experiencia colectiva de la opresión” también contribuyó a que la opinión pública apoyara la lucha en defensa de los rohinyás. Durante la época del régimen de Jammeh, las intervenciones extranjeras fueron muy escasas.

“Durante 22 años la gente se solidarizó con nosotros y otros países acogieron a refugiados y organizaron debates para que los gambianos se movilizaran, pero hubo momentos importantes en los que creo que si hubiéramos tenido países utilizando un organismo de los derechos humanos para decir ‘lo que está pasando en Gambia nos importa’, podría haber desencadenado algún cambio”, nos explica Jagne, que ha trabajado en los casos de numerosas víctimas que huyeron cruzando la frontera al exilio en Senegal, donde reside ella misma.

La ayuda internacional y regional llegó finalmente cuando Jammeh se negó a dejar el poder después de haber sido derrotado por Adama Barrow en las elecciones generales de diciembre de 2016. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEEAO) fue decisiva para negociar en último término la salida pacífica del dictador. Dicha intervención fue respaldada por una fuerza multinacional de paz –la ECOMIG– que se desplegó sobre el terreno para asegurar la estabilidad durante los tres primeros años de la transición política de Gambia hacia la democracia.

“La gente nos ayudó finalmente. Si nos hubieran abandonado a nuestra suerte, nos hubiéramos tenido que enfrentar a una situación muy complicada. Creo que esto es algo que la gente todavía recuerda y la razón por la cual hubo un gran apoyo popular cuando se planteó el caso de Birmania”, concluyó Jagne.

¿Una estrategia de relaciones públicas?

Sin embargo, la transición democrática de Gambia no deja de ser polémica y algunas víctimas del antiguo régimen opinan que la denuncia que ha interpuesto su Gobierno contra Birmania es pura hipocresía.

Entre las víctimas y sus familias que están ansiosas por que se haga justicia crece la sensación de que el proceso de la comisión de la verdad está tendiendo demasiado hacia la reconciliación. El año pasado, la tensión entre las víctimas se agudizó cuando el ministro de Justicia Tambadou llegó a un acuerdo para liberar a cuatro miembros de los Junglers –la brigada paramilitar de Jammeh que asesinaba y torturaba cumpliendo sus órdenes– a cambio de que testificaran en la TRRC. La comisión formulará recomendaciones para los juicios al acabar los dos años de comparecencias, pero las víctimas consideran que el acuerdo de Tambadou fue una gravísima traición.

“No podemos negar las atrocidades que se están cometiendo en Birmania y la necesidad de detenerlas cuanto antes. Sin embargo, muchas víctimas y miembros de la sociedad civil no pueden evitar sentir que se trata de una estrategia de relaciones públicas del Gobierno y del ministro de Justicia, pues dependen de los donantes extranjeros”, asegura Nana-Jo Ndow, directora de ANEKED, una organización que lucha por las víctimas de las desapariciones forzosas acaecidas durante el régimen de Jammeh.

Tambadou ha declarado que actualmente el país no cuenta con la capacidad para juzgar a los Junglers, pero Ndow discrepa: “El Gobierno, con voluntad política, ha interpuesto una denuncia contra Birmania en el TIJ. Puede hacer lo mismo en Gambia para los responsables de las violaciones de los derechos humanos”.

Mientra tanto, en Birmania, según informó en marzo Tun Khin tras un reciente viaje a Bangladés –durante el cual se reunió con los refugiados–, la situación de los rohinyás se está agravando desde que entraron en vigor las medidas provisionales.

Los civiles están atrapados en los continuos estallidos de violencia en el estado de Rakáin entre el separatista Ejército de Arakan y las fuerzas armadas birmanas o Tatmadaw.

“Al menos 20 rohinyás han sido asesinados con el pretexto de que las fuerzas armadas están luchando contra el Ejército de Arakan. Están deteniendo a los rohinyás que intentan salir del estado de Arakan (Rakáin). Además, les niegan el acceso a la asistencia sanitaria y a sus trabajos”, denuncia Tun Khin. Por ahora, el gobierno no parece estar cumpliendo la sentencia del TIJ, advierte.
“Estamos todos muy contentos de contar con las medidas provisionales. Pero para obtener una justicia de mayor calidad necesitamos que la comunidad internacional, en especial los países grandes, se levanten y apoyen a Gambia”, asegura Tun Khin.

Tun Khin recalcó que cada vez hay más llamamientos de la comunidad internacional para que el Consejo de Seguridad de la ONU derive la causa contra Birmania al Tribunal Penal Internacional (TPI). El mes pasado, la relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Birmania, Yanghee Lee, también instó al Consejo de Seguridad de la ONU a que constituya un tribunal internacional para “juzgar los delitos de lesa humanidad”, argumentando que ya no es suficiente que la comunidad internacional se limite a vigilar las graves violaciones que se están dando en dicho país.

Otros países, alentados por la intervención de Gambia, se han unido a la lucha contra la persecución de los rohinyás en Birmania, incluidos los Países Bajos, Canadá, las islas Maldivas y Alemania. Tun Khin, en representación de la BROUK, también ha interpuesto una denuncia contra Birmania en Argentina.

En una época en la que las naciones más ricas parecen estar asumiendo menos responsabilidades para intervenir en caso de violaciones de los derechos humanos perpetradas por otras naciones, cada vez son más necesarias las intervenciones de este tipo basadas en la solidaridad, opina Brody.

“Vivimos en una época de impunidad. Hoy en día, los gobiernos en general no se enfrentan al tipo de altos costes que pagaban hace 20 años por las atrocidades que cometían. Esto se debe a que los países más grandes que tradicionalmente presionaban para que se cumplieran las normas internacionales ya no están llevando a cabo dicha tarea. A partir de aquí van a ser los países más pequeños o en solitario los que se encarguen de hacerlo”, concluye.