Chhattisgarh, que es un estado en su mayor parte rural y habitado en más del 50% por tribus o bajas castas, también se considera uno de los estados más pobres de India.

Sin embargo, en una entrevista concedida recientemente al periódico Business Standard, Raman Singh alardeaba de su política “favorable a los pobres” y de un aumento del PIB regional de más del 7% durante el ejercicio 2015-2016. Ahora quiere destacar la exploración y la extracción de oro, que generará “empleos” y “reavivará la joyería y la orfebrería”.

Este anuncio acompañaba la victoria en febrero del holding Vedanta Resources durante una subasta para la extracción de la mina de oro india más importante, a 140 km de Raipur, la capital del estado.

La India importa actualmente unas 1000 toneladas de oro al año, constituyendo así un sector importante de importación. Esta subasta de una mina de oro, la primera nacional, está en consonancia con la voluntad del Gobierno de monetizar y volver a poner en circulación este metal precioso con el fin de limitar su importación. El oro en India se acumula sobre todo en manos de los particulares y en los templos, cerca de 20.000 toneladas según las estimaciones del Gobierno.

Este anuncio ha resonado como una gran promesa para la región de Chhattisgarh y sus hogares mineros. Este estado del centro de India, ya conocido por la extracción de carbón, podría de este modo diversificar su explotación hacia el oro.

Las organizaciones no gubernamentales, como el Center for Science and Environment, un centro de estudios ambientales en India, se muestran más bien escépticas.

“¿Aumenta la extracción minera la pobreza? Esto es lo que afirma la mayoría de la gente que vive en estos estados en los que abundan los minerales y las estadísticas macroeconómicas apoyan este argumento. Los estados como Jharkhand, Chhattisgarh y Orissa, que ahora son muy dependientes de los recursos mineros, muestran una renta per cápita muy baja, más pobreza, tasas importantes de malnutrición y de mortalidad”, indica un libro del Center for Science and Environment de 2008 sobre la correlación entre la explotación minera y la miseria de las tribus.

Otra organización, Survival International, ya había alertado a la opinión mundial del apropiamiento de tierras de las tribus Dongria Kondh, en el estado vecino de Orissa, donde la lucha contra el mismo grupo Vedanta se retomó a principios de marzo.

En Chhattisgarh, sin embargo, la lucha parece estar comprometida. La explotación del carbón ya ha ganado terreno. El 8 de enero el Gobierno central retiró a las tribus del distrito de Surguja la posibilidad de ejercer su derecho ancestral sobre sus tierras, garantizado por la Forest Right Act (ley relativa a los derechos sobre los bosques), que declara que las tribus tienen prioridad en la toma de decisiones sobre cualquier empresa que explote los bosques.

La retirada de esta ley fue justificada por un vicio de procedimiento. En realidad, según la periodista Raksha Kumar, se trata de la ilustración de un proceso de “desarrollo forzado” sostenido por la campaña “hacer negocios más fácilmente” lanzada por el Gobierno, que ha construido las infraestructuras necesarias para un proyecto amplio de deforestación y explotación minera.

Esto, según el periódico The Wire, permite a una empresa pública, Rajasthan Vidyut Utpadan Nigam Limited (RVUNL), y a una privada, Adani Minerals Private Limited, explotar las minas de carbón de la región. No obstante, las tribus de Surguja luchan contra estos proyectos desde hace años.

“Nos oponemos firmemente a la explotación indiscriminada de los recursos”, sostiene Himanshu Kumar, un activista local, en una entrevista con Equal Times. “El problema es que en Chhattisgarh, cuando cuestionas un proyecto de desarrollo, se te acusa de colaboración con los militantes armados maoístas”.

Chhattisgarh, como otros estados del centro del país, pertenece al tristemente famoso “cinturón rojo” de la India donde continúa causando estragos una guerrilla vinculada al maoísmo, más conocida bajo el nombre de “naxalita”.

En nombre de la lucha contra el terrorismo, el Gobierno se apoya desde hace tiempo en milicias, reclutando por la fuerza a mujeres y niños y cometiendo los peores abusos – como los naxalitas – contra la población local, atrapada en una situación de gran desprecio de los derechos humanos.

“El Gobierno está decidido a adquirir estas tierras y no va a privarse de utilizar este tipo de métodos para acabar con cualquier tipo de activismo. Me da miedo el futuro cuando veo la intensificación de la violencia actualmente”, explica Kumar, que prepara una campaña de sensibilización sobre los derechos humanos y contra la explotación minera abusiva en la región en junio.

Desde finales de 2015, parece que la persecución de periodistas, asociaciones, abogados y activistas pro derechos humanos se ha intensificado.

A Soni Sori, una militante tribal y miembro del Aam Admi Party, conocida por haber sido víctima de actos violentos inauditos después de haber denunciado las acciones del Estado en 2011, le quemaron la cara a finales de febrero y su hermana fue secuestrada a principios de marzo.

Sin embargo, para Raman Singh, que hablaba el 18 de febrero en una entrevista con el The Economic Times, la situación es de lo más normal, la amenaza naxalita es ahora mínima y Chhattisgarh se convertirá dentro de poco en un estado donde proliferarán las empresas.