“La mujer es fundamental, sencillamente no existiría la sociedad. La mujer, sabemos, tiene grandes tareas en la vida: la de parir, de gestar, de criar”. Para Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, esas son las tareas clave de las venezolanas, a quienes incluso ha mandado a “tener seis hijos”, para “que crezca la patria”. Pero, nacer en el país caribeño siendo mujer tiene un costo muy alto que se ha agudizado desde 2015 por la emergencia humanitaria compleja y por la crisis de covid-19.

En 2014, un año después de que la nación entrara en recesión económica, parte de las venezolanas pasaron de estar inactivas laboralmente a desempeñarse en trabajos precarios. Alguien debía llevar el pan a la mesa. La pobreza total, que se situaba en torno a un 50% en Venezuela ese año, escaló hasta algo más del 94% en 2021, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), elaborada por investigadores venezolanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab).

Para 2020, cuando comenzó el confinamiento por la covid, el 7,6% de las mujeres en Venezuela (1,6 millones) no podía buscar trabajo o debía abandonar la fuerza laboral por tener que cuidar a sus hijos y brindarles acompañamiento escolar en medio de la educación a distancia por el contexto pandémico. Un patrón similar al registrado en el resto del continente.

El aumento del trabajo de cuidados no remunerado con los niños fuera de la escuela generó un retroceso de más de una década en los avances respecto a la participación laboral femenina, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En solo un año, entre 2019 y 2020, 23 millones de mujeres latinoamericanas se sumaron al total de 118 millones de mujeres en situación de pobreza en la región.

En su informe especial La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad, el organismo regional recomendó a los gobiernos “invertir en la economía del cuidado y reconocerla como un sector dinamizador de la recuperación, con efectos multiplicadores en el bienestar, la redistribución de tiempo e ingresos (...) el crecimiento y la recaudación tributaria”.

En Venezuela, hacia finales de los años 80 se desarrolló el Programa de Hogares de Cuidado Diario –a cargo del entonces Ministerio de la Familia– cuyo cometido de instalar guarderías comunitarias para hijos de padres de sectores de bajos recursos. Estas eran atendidas por madres cuidadoras, cuya labor era remunerada por el Estado y prestaban servicios cinco días de la semana por jornadas de entre 6 y 12 horas, suficientes para que las madres pudiesen tener una mayor autonomía y trabajar a turno completo.

En la primera década del nuevo milenio, durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez, se creó el Proyecto Simoncito, que también facilitaba la atención cotidiana de los niños garantizándoles educación, asistencia nutricional y actividades extracurriculares. “Pero esas estructuras de cuidado se han desmantelado”, lo cual, además de otros efectos, ha provocado la relegación de la mujer del mercado laboral formal, dijo a Equal Times Estefanía Mendoza, coordinadora de Mulier, una ONG defensora de los derechos de la mujer venezolana.

“Ahora existe la visión de la mujer obligada a la maternidad como una especie de política de Estado”, resumió.

Mendoza explicó que en el país no se ha sacado la cuenta de cuánto dinero significa que las mujeres no puedan trabajar porque están cuidando a niños pero consideró necesario hacerlo.

“Si invertimos en el cuidado, vamos a lograr que más mujeres se inserten en el mercado laboral. Esas mujeres van a tener ingresos, van a aportar al PIB, van a consumir, y pagar impuestos que van a ayudar a pagar estos servicios públicos”, declaró a la agencia EFE, ya en 2019, María Arteta, especialista de género y no discriminación en la oficina de la Organización Internacional del Trabajo.

Aumentar la ocupación femenina en Venezuela precisaría, según Mendoza, de la creación de estructuras de cuidado para que ellas puedan tener opción de trabajar y ganar independencia económica. Lo principal, consideró, es la elaboración de políticas públicas transversales enfocadas en la atención y cuidado a la primera infancia, debido a que son factores que indirectamente contribuirán a que el costo de oportunidad para ellas sea menor y que sean igual de competitivas respecto a los hombres.

También cree que se deben equiparar las licencias de maternidad y paternidad, que es una política en la que varios países de la región han venido trabajando; y flexibilizar, tanto para hombres como para mujeres, los permisos por imprevistos, que ayudarían a conciliar mejor los arreglos familiares con el trabajo.

En la región, hasta finales de 2021, algo más de 4 millones de mujeres aún no habían retornado a sus puestos de trabajo (habiendo llegado a perder hasta 23,6 millones de empleos en el peor momento de la pandemia). Entretanto, los hombres ya “prácticamente” habían recuperado “por completo” los 26 millones de empleos perdidos en ese entonces.

¿Qué mujeres trabajadoras resultaron más afectadas?

Leida Marcela León, secretaria general de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente de Venezuela (ASI), aseguró a Equal Times que en el país las mujeres dedicadas a la economía del cuidado, al campo de hotelería, de servicios y agricultura fueron las más afectadas, debido a que fueron los sectores con un mayor efecto negativo en términos del empleo e ingresos.

Su testimonio coincide con lo reseñado en los reportes de la Cepal, que señalan que en las Américas las medidas de aislamiento impactaron con más fuerza esas áreas, además de la de comercio y de actividades de esparcimiento, donde está mayormente representada la mano de obra femenina.

“En sectores económicos altamente feminizados como, por ejemplo, el de trabajo doméstico, donde la presencia femenina es del 90% y la tasa de informalidad supera el 70%, la pérdida de empleos fue del 20,2% y la recuperación apenas del 1,7%”, se lee en el informe América Latina y Caribe: Políticas de igualdad de género y mercado de trabajo durante la pandemia, publicado por la OIT en marzo de 2022.

León, en particular, señaló que las trabajadoras agrícolas venezolanas resultaron más perjudicadas debido a que además de lidiar con los efectos económicos del confinamiento tuvieron que hacerle frente a la escasez de gasolina registrada en las regiones venezolanas; así como a las fuertes inundaciones y sequías.

Carmen Segovia vivía de las cosechas que tenía en su pequeña parcela en el estado de Vargas, al norte de Venezuela. Antes de la pandemia distribuía mercancía, legumbres y verduras a un mercado municipal. Sin embargo, tras dos años de haber registrado grandes pérdidas de cultivos, aún no logra recuperarse y no cree que pueda hacerlo pronto. De hecho, forma parte de los millones de venezolanos que, según la Plataforma HUM Venezuela –que agrupa a 90 ONG locales– dependen de bonos gubernamentales porque perdieron la totalidad o la mayor parte de sus fuentes de ingreso por trabajo o negocio durante la pandemia.

Lo poco que aún vende es porque no requiere el uso de insecticidas, abono o químicos de uso agrícola. “Dejé de cosechar porque el dinero se me acabó”. Segovia ofrece cestas de cambur verde a un dólar o de palta, cuando están de temporada. Al mes devenga alrededor de 20 dólares, más los ingresos que percibe por ayudas del gobierno, que no superan los cinco dólares.

Eso no le alcanza para cubrir la canasta básica alimentaria venezolana, la segunda más cara en términos monetarios en América Latina, y cuyo valor el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores de Venezuela (Cendas) situó en septiembre de 2022 en 352 dólares. De hecho, solo 2 de cada 10 venezolanos pueden pagarla.

“Lo único que comemos son los plátanos o aguacates que dan las matas que todavía tengo. Cuando vemos carne en el plato es porque matamos algún conejo o una gallinita de las poquitas que nos quedan, o porque los vecinos nos comparten. Los 12 cochinos que criaba ya los vendí porque tampoco tenía para comprarles el alimento. Por hambre o por no poder mantenerlos, he tenido que salir de casi todos mis animales”, comentó Segovia, quien en algún momento se llamó a sí misma una pequeña productora agrícola.

Otro elemento a constatar es que el sector de la agricultura es uno de los sectores donde hay mayor disparidad de género. Lo dice el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas, que ha estimado que si las mujeres tuvieran el mismo acceso a recursos para el trabajo de la tierra y a los mecanismos de financiación podrían no solo lograr mejores resultados con su trabajo y salir de la pobreza sino que aumentarían el rendimiento agrícola entre el 20% y 30% y por tanto disminuiría entre 100 y 150 millones el número de personas que padecen hambre en el mundo.

“La mujer que siembra no es reconocida en Venezuela. No hay estadísticas oficiales que digan cuántas mujeres trabajan en el campo y cuántas están produciendo. Pareciera que están económicamente invisibilizadas. Las ven como que trabajan solo para el consumo de sus familias cuando no es así”, dijo la representante de ASI, quien también es especialista en derecho laboral.

“[Las mujeres] han ayudado a hacerle frente a esta emergencia, aportando a la economía rural. Aun así viven en pobreza y están en una desprotección muy alta, sin acceso a créditos ni seguridad social”, añadió.

En el caso venezolano el bajo acceso a internet y a dispositivos móviles también “impidieron que [las mujeres] pudieran hacer su trabajo como debían”, aseveró León. Mientras, las que tenían, se vieron obligadas a venderlos para poder comer. Una de cada 10 trabajadoras afiliadas a la organización a la que ella pertenece tuvo que recurrir a esta acción como modo de subsistencia en plena pandemia.

Esta es una situación generalizada que, en el país, afecta a mujeres y hombres por igual, pues en el 65,5% de los hogares venezolanos reportan no tener conexión a internet. No obstante, en Latinoamérica sí existe una diferenciación por género. El porcentaje de acceso a internet en la región es del 63% para hombres y el 57% para mujeres, afirmó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Empobrecimiento de los hogares con jefatura femenina

En Venezuela la pobreza echa sus raíces en la mujer. Algo más de 7 de cada 10 venezolanas son pobres y la tasa de actividad femenina se ubica en un 32%, a causa del déficit de ofertas de trabajo decente, exacerbado durante la pandemia, según la ONG Centro de Justicia y Paz (CEPAZ).

Ello ha derivado en que la tasa de pobreza en los hogares venezolanos liderados por mujeres sea cuatro puntos porcentuales mayor al indicador de pobreza nacional, que está en un 76,7%. En los últimos ocho años, según la consultora venezolana ANOVA Policy Research, las tasas de pobreza extrema en viviendas con jefatura femenina han aumentado en un 10%.

La brecha salarial de género ha contribuido a que esos hogares encabezados por mujeres perciban un 22,4% menos que los comandados por hombres, quienes por hora ganan, en promedio, 1,23 dólares, frente a los 1,05 dólares que gana la mujer con la misma experiencia, edad y cantidad de horas de trabajo semanal.

No obstante, las venezolanas aún mantienen un nivel de educación universitaria superior al de los hombres, pero hasta un 10% de las jóvenes de entre 17 y 24 años considera prioritario –por encima de los estudios– conseguir un trabajo remunerado, dice la investigación Mujeres al Límite.

Según el mismo estudio, la pérdida de la escuela como una escalera de progreso social perpetúa la pobreza femenina y mantiene excluidas a las venezolanas del mercado laboral público y formal.

Actualmente un tercio de la población femenina venezolana no logra generar ingresos para su autosuficiencia y un 52% de ellas realiza actividades económicas informales como estrategia de supervivencia o subsistencia precaria. Todo esto, a su vez, ha derivado en que estén más presentes en sectores y empleos peor remunerados, con menos posibilidades de escalar a posiciones de mayor nivel y progresar en su carrera profesional.

Con reportes de la Encovi de que en 8 de cada 10 hogares venezolanos alguno de sus miembros deja de comer –generalmente una mujer anciana– para que el resto pueda recibir algún alimento, Venezuela continúa robusteciendo a la cifra de pobreza en América Latina, que sigue teniendo rostro de mujer.

Por cada 100 hombres en extrema pobreza (globalmente, en la franja de 25 a 34 años), hay 125 mujeres en la misma condición, asevera la Organización de Naciones Unidas.

Líderes sindicales y ONG locales apuestan por reformas y políticas públicas que contemplen la plena reincorporación de la mujer al mercado de trabajo. Esto pasaría por considerar en el diseño de los programas gubernamentales el impacto diferenciado que ha tenido la crisis humanitaria compleja sobre las mujeres, adolescentes y niñas –que, de acuerdo con la plataforma HUM Venezuela representan el 55% (9,5 millones) del total de 18 millones de personas con necesidades humanitarias en la nación–.

“Se están achicando las posibilidades de progreso de toda una generación, generando una espiral de pobreza gravísima para el país que nos aleja de la modernidad. […] Hay niñas que van a sufrir daños irreparables, perdiendo su infancia, asumiendo labores, trabajando, o exponiéndose a explotación laboral”, concluyó la defensora de derechos de la mujer Estefanía Mendoza.