La página web de Yarl’s Wood, alojada en Serco, una compañía de gestión subcontratada, muestra imágenes de “residentes” sonrientes y expresa su “promesa” de “respeto, apoyo y compromiso”.

Pero estas luminosas imágenes promocionales ocultan una realidad más lúgubre. El Inspector Jefe de Instituciones Penitenciarias concluyó en una inspección realizada sin previo aviso que “Yarl’s Wood suscita, con razón, preocupación a nivel nacional”. Su informe revela numerosas deficiencias, como un trato inadecuado a mujeres vulnerables —muchas de ellas traumatizadas—; atención sanitaria inadecuada; abusos sexuales; un número elevado de casos de autolesiones y un personal escaso y falto de formación.

No es de extrañar que casi todos los 11 centros de detención de inmigrantes que hay en el Reino Unido estén alejados, por aquello de ojos que no ven corazón que no siente. En ellos se viola sistemáticamente el derecho internacional y las leyes nacionales.

La agencia de refugiados de la ONU es contraria a la detención de los solicitantes de asilo en casi todos los casos y hasta la política y las declaraciones del Ministerio del Interior británico contradicen la realidad de la detención.

Por ejemplo, la política del Ministerio del Interior dispone que las mujeres embarazadas sólo podrán ser detenidas “con carácter excepcional” y se comprometió a poner fin a la detención de niños en 2010. Lamentablemente, en 2014 había detenidas 100 mujeres embarazadas, sólo en Yarl’s Wood, y 203 niños permanecieron detenidos en 2013.

El Reino Unido es el único país de la UE que no limita la duración de las detenciones. En septiembre, en un debate en la Cámara de los Comunes, 25 diputados condenaron diametralmente las detenciones. Seema Malhotra, Diputada del Partido Laborista y Cooperativo por la circunscripción de Feltham y Heston afirmó: “La cuestión une a la Cámara Baja y al país entero, lo cual justifica de manera abrumadora y firme la necesidad de una reforma de este sistema que no responde a su propósito”.

Abusos y denuncias

En noviembre, unos 1500 manifestantes llegados de todos los puntos del país —entre ellos numerosos solicitantes de asilo y antiguas detenidas— se concentraron frente a Yarl’s Wood. Convocados por el movimiento Movement for Justice, hombres, mujeres y niños se manifestaron bajo una lluvia torrencial y atravesaron campos llenos de barro al grito de “¡Ciérrenlo!”, “¡Ningún ser humano es ilegal!” y “¡Libertad!”.

Entre los emotivos discursos, un antiguo detenido, que permaneció en el centro durante tres meses a pesar de tener un visado de estudiante válido, dijo: “La gente debe saber que en el Reino Unido se están violando los derechos humanos. Este es un país que se enorgullece de los derechos humanos, la democracia y la libertad ¿Cómo pueden predicar algo que no practican? Estoy aquí porque la gente debe saber que existen estos centros”.

Noel Finn, antiguo empleado y hoy informante, está de acuerdo: “Cuando empecé a trabajar en Yarl’s Wood, me abochorna reconocer que no sabía nada sobre este lugar. Estoy convencido de que se apoyan en eso, en que la gente desconoce lo que allí sucede”.

Finn empezó trabajando como enfermero psiquiátrico y nadie le informó mucho sobre el centro. Al entrar por primera vez, “pensé que me había equivocado de sitio… Noté claramente que se trataba de una cárcel: con alambradas, sistemas de esclusas, una centralita de cámaras de seguridad. Pensé que los pacientes iban a justificar esas medidas, que iba a ser gente peligrosa”.

Pero lo que encontró fue muy distinto: solicitantes de asilo, detenidas “que no suponían ningún riesgo para la sociedad. En algunos casos, [permanecer detenidas] se convertía en un riesgo para sí mismas”.

Como enfermero psiquiátrico, Finn considera que el centro no solo desatiende los problemas de salud mental, además, los crea. “Si te internan allí seis meses, el mundo empieza a resultarte muy sospechoso”, afirma. La inspección de 2015 reveló que casi la mitad de las mujeres tienen síntomas de depresión o tendencias suicidas al llegar; en los seis meses anteriores se habían producido más de 70 casos de autolesiones.

A Finn le preocupaba que las complejas necesidades de sus pacientes las atendieran “un nivel de personal pésimo y sin formación”. Quienes sufren las consecuencias de esto son las detenidas. Aunque la mayoría de las mujeres afirmó en la inspección que el personal las trataba con respeto (con excepciones significativas), sentían que su falta de comprensión y de formación les incapacitaba para poder responder a sus necesidades —con frecuencia un historial de violencia—. Finn considera que muchos “de los funcionarios más atentos están atrapados en el sistema, simplemente porque necesitan pagar sus facturas”.

Las experiencias de violencia sexual, entre otras, son comunes entre las mujeres detenidas en Yarl’s Wood. La organización de ayuda a las mujeres refugiadas Women for Refugee Women afirma que sus resultados “sugieren que el gobierno británico continúa deteniendo a un gran número de mujeres supervivientes de violaciones, violencia sexual y tortura”.

Ante esta realidad, el Ministerio del Interior hizo la siguiente declaración: “El personal que supervisa a las mujeres mientras se duchan, se visten o se desnudan, incluso si permanecen bajo supervisión constante, no deberían ser hombres, por riesgo de autolesión”. Pero parece que estas declaraciones cayeron en saco roto ya que, según reveló la inspección, son hombres quienes continúan supervisando a las mujeres a horas inapropiadas, y el 45% de ellas se siente insegura en el centro —el 20% incluso estando en sus dormitorios —. Las alegaciones de acoso y abusos sexuales son alarmantemente comunes

Una vez más, las normas se pasan por alto. El Artículo 35 del Reglamento del Centro de Detención (que regula el adecuado funcionamiento de los centros de detención) habla de salvaguardar a las personas detenidas especialmente vulnerables; en estos casos dispone la supervisión y revisión cuidadosa del bienestar y la detención, para que el periodo de detención no continúe en los casos en que se considere inapropiado.

El informe del Inspector Jefe de Instituciones Penitenciarias afirma que “los informes sobre el Artículo 35 que examinamos en Yarl’s Wood son los peores que hemos visto jamás”, y algunos los califica de “displicentes”.

Finn fue suspendido de sus funciones cuando decidió plantear abiertamente sus temores por la seguridad y bienestar de sus pacientes de Yarl’s Wood. Redactó un informe sobre los servicios de salud mental del centro y lo presentó a sus superiores. “Allí lo describí todo, cosas que no querían escuchar. Pero era necesario comprender los fallos del sistema para mejorarlo. Dije que habría graves consecuencias si no se hacía nada, advertí que iba a producirse una muerte, y así fue”.

A partir de ese momento, Finn fue blanco de “un sinfín de emails, abusos, hostigamiento, marginalización; le dejaban intencionadamente solo con mujeres —cosas comunes cuando te atreves a plantear tus temores: te etiquetan de alborotador”.

Apartado de sus funciones en Yarl’s Wood —por motivos imprecisos como “no seguir órdenes”— Finn está estudiando la filtración de información y afirma que la cultura del “miedo y la falta de debate o discusión abierta” consigue que el personal de Yarl’s Wood tenga demasiado miedo para hablar.

Denunciar la violencia

Durante la manifestación, cuando finalmente desaparecieron las nubes, la gente habló alto y claro y demostrando su solidaridad. Las internas sacaban los brazos por las estrechas rendijas que dejan las ventanas al abrirse, ondeando todo lo que encontraban. Algunas agitaban bolsas de plástico que recordaban a banderas blancas. Hablaron a través de líneas telefónicas entrecortadas sobre sus experiencias, mientras la multitud coreaba afuera y una antigua detenida les decía: “¡Nuestra libertad es su libertad. No se rindan!”.

Pedir asilo no es un delito; de hecho, el derecho al asilo está garantizado en el Artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lamentablemente, las personas inocentes, con frecuencia vulnerables, internadas en Yarl’s Wood y en otros centros del Reino Unido, permanecen detenidas indefinidamente, “en una prisión de clase B que las clasifica como personas peligrosas”, afirma Finn.

Muchos de los detenidos acaban siendo puestos en libertad, lo cual, concluye el informe de la inspección, “plantea serias dudas sobre la validez de su detención inicial”.

El gobierno no puede argumentar que lo hace para “ahorrar el valioso dinero de los contribuyentes” ya que las detenciones resultan mucho más costosas que mantener a un solicitante de asilo en la comunidad. Al contrario, afirma una antigua detenida, “Los contribuyentes británicos están financiando la brutalidad contra las mujeres”.

Si consideramos la controversia incesante y los informes condenatorios, desde los detenidos hasta las altas esferas del poder político, es válido preguntarse por qué continúan existiendo centros como Yarl’s Wood.

Finn tiene claro que “sirven exclusivamente a la ideología del gobierno sobre la inmigración”.

De ello se hizo eco el clamor de las detenidas y manifestantes en la protesta de noviembre. Porque a la luz de los últimos acontecimientos, lo natural sería que quienes están huyendo de la violencia reciban más compasión y refugio, no todo lo contrario.