La guerra del oro en Colombia: una lucha de los mineros ancestrales contra el Estado

La guerra del oro en Colombia: una lucha de los mineros ancestrales contra el Estado

Una pareja de chatarreras desecha las piedras en las que no ha encontrado oro. Imagen de 2017 de la mina Las Brisas, a las afueras de Segovia, en el interior de Colombia.

(José Fajardo)

Luz Dary ha gastado más de la mitad de su vida en la mina. Esta colombiana de 47 años es chatarrera: todos los días, de seis de la mañana a seis de la tarde, se arremolina junto a más de medio centenar de mujeres en Las Brisas, a las afueras de Segovia (un municipio del nordeste antioqueño en el interior de Colombia), para escoger, lavar y colar los pedruscos que los mineros (todos hombres) les dejan. Busca cualquier resto de mineral valioso que después tendrá que extraer en los entables de la ciudad, los rodillos que separan el oro de los deshechos.

“Es una vida penosa, pero al menos es una vida. ¿Qué otra cosa vamos a hacer?”, lamenta. En función del valor del oro en los mercados internacionales puede ganar entre 150.000 y 280.000 pesos colombianos al mes (entre 44 y 81 euros). En Segovia al menos el 80% de la población (más de 40.000 personas) vive de la minería.

Esa vida penosa que, al menos, es una vida, ahora es ilegal. “El Gobierno llama criminales a los que descubre con unas pepitas de oro encima. No pueden venderlo, porque no les dan las licencias para ello”, explica Freiman Gómez, un periodista local que ha seguido de cerca el tema. La población segoviana reclama que se modifique el Proyecto de Ley 169 de 2016 que criminaliza al minero ancestral, así como la Ley 685 de 2001 del Código de Minas para incluir en él a los que heredaron este trabajo de sus antepasados desde hace más de un siglo.

El 83% de la extracción aurífera en Colombia se realiza por personas que no tienen un título legal, según recoge el libro La minería en el posconflicto: un asunto de quilates.

El sector minero recaudó 2,61 billones de pesos (756.900 millones de euros) en el segundo trimestre de este año, un 1,90% del PIB. En Colombia el Estado es el dueño del subsuelo y de los recursos naturales no renovables de acuerdo al artículo 332 de la Constitución de 1991. El Gobierno decide quién tiene derecho a sacar oro.

Para el presidente Juan Manuel Santos la minería debe ser una de las "locomotoras" que financien el posconflicto tras la firma de la paz con la guerrilla de las FARC. Su objetivo es recaudar los impuestos de las grandes empresas mineras y atraer la inversión extranjera, pero los mineros artesanales quedan fuera del plan. El acuerdo de paz en Colombia contempla una alternativa económica para que los productores de coca opten por cultivos legales, pero no incluía proyectos para sustituir la “minería ilegal”.

Conflicto social

Hay dos ruidos que nunca cesan en Segovia: el de los entables machacando el material que las chatarreras han extraído de la mina, ensordecedor y repetitivo, y el de las infinitas motos que circulan por sus calles. A ambos se sumó durante julio y agosto otro distinto: el de los enfrentamientos entre la población y el Esmad, el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Lo que empezó como un paro minero pacífico el 21 de julio, terminó 44 días después con tres muertos, al menos 25 heridos y 32 detenidos, entre ellos 10 menores.

Segovia simboliza la primera batalla de los mineros tradicionales (a los que el Estado llama ilegales) contra los planes del Gobierno.

La multinacional canadiense Gran Colombia Gold, que opera en la región desde 2009 y acapara las licencias para extraer y comercializar el oro, está en el centro del conflicto. "La población exige soluciones, que se garantice la cadena productiva y dejen vender oro a los chatarreros", dice Elióber Castañeda, presidente de la Mesa Minera de Segovia y Remedios que convocó el paro.

"Lo que no es justo es que se quieran llevar el 80% de la producción de un título que es de nuestra propiedad", responde José Ignacio Noguera, vicepresidente de Gran Colombia Gold.

En 2015 esta multinacional extrajo 116.857 onzas de oro (una onza troy, la unidad de medida internacional del oro, equivale a 31,1 gramos) entre sus dos plantas en Segovia y Marmato (un municipio cercano, en el departamento de Caldas). "Nuestro éxito repercute positivamente en las comunidades locales", asegura en su página web. En Segovia es muy difícil encontrar a alguien que esté de acuerdo con esto.

Don Jorge tiene 70 años y es minero desde los 15. Cada jornada desciende 120 metros a las profundidades de la tierra por un túnel estrecho y resbaladizo. Abajo la atmósfera es insoportable. El único aire es el que circula por un tubo de plástico blanco, que inhala cuando necesita respirar. Él trabaja en una mina que rinde cuentas a la Gran Colombia Gold. "Las condiciones de explotación son tremendamente desfavorables para los trabajadores, la multinacional se lleva los beneficios sin arriesgar nada", denuncia el periodista Freiman Gómez.

Botín de los grupos armados

Los mineros tradicionales deben luchar además contra el estigma que les relaciona con los grupos armados mafiosos, que en realidad son sus verdugos y les exigen vacunas (pagos) a cambio de protección y de dejarles trabajar. Esta conexión es una de las tesis que esgrime el Gobierno colombiano para ilegalizarles. "Hay indicios que demuestran que el Clan del Golfo tiene incidencia en los eventos de Segovia", decía durante las protestas el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.

Tras la desaparición de las FARC, que en septiembre completó el desarme de 7.000 hombres, el Clan del Golfo (un grupo heredero del paramilitarismo) ha pasado a ser la banda armada más poderosa de Colombia. En zonas ricas en oro como Segovia y el Bajo Cauca antioqueño su presencia es intimidante, a través de pintadas en las casas y una sofisticada red de cómplices. Su interés, más allá de la droga, el secuestro y la extorsión, se ha centrado en el oro.

Por primera vez en la historia reciente, la minería ilegal genera más beneficios que el contrabando de narcóticos, según el último Informe Mundial de Drogas de la ONU. Sus beneficios en este país gracias al oro superan los 2.400 millones de euros anuales, casi el doble de lo que se obtiene por la venta de heroína y cocaína.

En lugar de atacar sólo a las mafias armadas, la fuerza del Estado también se ha cebado con los empresarios pequeños y medianos, según denuncia Ramiro Restrepo, presidente en el Bajo Cauca de Asomineros, el sindicato del sector más fuerte del país. "Nos hacen pasar por criminales", lamenta. Explica que el Decreto 2235 de 2012 autoriza a la fuerza pública para quemar la maquinaria de los mineros que no tengan licencia. "Para nosotros es la ruina", añade.

Un polvorín a punto de estallar

El Bajo Cauca, al igual que el municipio cercano de Segovia, es un polvorín a punto de estallar. En la población de El Bagre se asienta la base de operaciones de Mineros SA, una empresa privada colombiana que controla el negocio del oro en la región y que aspira a expandirse por el país y el extranjero (actualmente opera en la región de Bonanza, en Nicaragua).

El campamento de Mineros SA donde viven 700 personas (unos 200 trabajadores y sus familias) parece un fortín militar: allí está destacado un retén del ejército de 400 unidades. Han recibido ataques y sabotajes de grupos ilegales; además del Clan del Golfo, en esta región está presente el ELN, la segunda guerrilla del país con 3.000 hombres armados. Para recoger las remesas que extraen utilizan un helicóptero para evitar los robos. En 2016 la empresa obtuvo en Colombia 407.402 millones de pesos (118 millones de euros) por las ventas de su producción de oro, de los cuales dejó al Estado 26.222 millones (7,6 millones de euros), un 6,4% del total.

En contra de Mineros SA se manifiestan todas las voces con las que hablamos en la región del Bajo Cauca, con la excepción de sus trabajadores. Una de estas voces críticas es la de Wuilhmel Andrew, miembro del Partido Verde en Nechí, otra población cercana. "Mi padre era minero, mi abuelo era minero, en esta tierra no se puede vivir de otra cosa". Dice que el Gobierno les impide trabajar porque hacen daño al medio ambiente. "¿Y acaso Mineros SA no contamina nuestra tierra?", se pregunta.

Equal Times entró en las instalaciones de Mineros SA y habló con varios de sus portavoces. Carlos Mario Castaño, el director ambiental, asegura que cumplen con la legislación para proteger el medio ambiente y habla de un proyecto de responsabilidad social que repercute en las comunidades. Reconoce que hay un conflicto, que están sometidos a "una presión enorme".

"El oro está generando violencia", advierte Julio Sampayo, un joven que pertenece al Partido de la U en El Bagre. "Los beneficios no repercuten en la comunidad. Estas poblaciones son muy pobres, aunque sean ricas en oro", dice.

A lo largo del río Nechí se suceden las dragas ilegales, plataformas flotantes donde los mineros trabajan jornadas de 12 horas. Los efectos de la minería son evidentes: aguas marrones que arrastran mercurio y otros elementos nocivos como el arsénico, el plomo o el cianuro mientras en las laderas la deforestación causa estragos. Colombia lidera el ranking mundial de contaminación por mercurio (imprescindible para extraer el oro), según datos del Gobierno, y Segovia es el municipio que registra mayores índices.

El horizonte es oscuro. Los afectados hablan de un desplazamiento masivo de mineros ancestrales que se ven despojados de sus tierras porque ya no tienen trabajo y porque la violencia que genera la fiebre del oro se ha vuelto insoportable. En regiones como Cajamarca, en el Tolima (también en el interior del país), el pueblo realizó una consulta sobre la práctica de la minería y el 98% votó en contra. En Segovia hubo un acuerdo entre las partes, pero aún no se ha materializado en cambios en la legislación. La región, al igual que en el Bajo Cauca, vive una calma tensa. La guerra del oro acecha.