“Alhamdulillah [alabado sea Dios], no hay cadáveres, no se han encontrado”.

Desde hace tres meses, Ahmed Al Murshid, de 22 años, teme las noticias que llegan de las costas de Italia, Túnez o Argelia. Su hermano pequeño de 19 años, Youssef Al Murshid, desapareció el pasado 31 de diciembre junto con otras 13 personas de origen sirio, marroquí y argelino, después de salir de la playa de Oukacha en Argelia hacia la isla italiana de Cerdeña.

Hasta la fecha de esta publicación, no hay información sobre estos migrantes, incluidos seis niños y una mujer embarazada, que partieron en un bote de madera con 16 bidones de gasolina y un motor de 40 caballos hacia el continente europeo. Los hermanos, oriundos de la ciudad siria de Daraa, intentaron antes el viaje desde Argelia en dos embarcaciones diferentes el pasado octubre. Ahmed logró llegar a Italia y luego a Holanda, pero Youssef tuvo que volver a la costa argelina. En el siguiente intento de cruzar el Mediterráneo en Nochevieja, Youssef desapareció cuando intentaba alcanzar a su hermano.

Entre la esperanza y la desolación, la historia que cuenta Ahmed en una entrevista por escrito es una de las miles que se tragan las aguas que bañan Europa.

El Mediterráneo es la ruta migratoria más mortífera del mundo. Según el Proyecto de Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), desde 2014 han fallecido y desaparecido 19.342 personas tan solo en la ruta del Mediterráneo Central. Los datos de la OIM confirman la muerte de un tercio de ellos y el resto permanece atado al ambiguo estatus de desaparecido.

ONG sobre el terreno como Caminando fronteras, que recopila las cifras de fallecidos y desaparecidos de las rutas hacia España, señala que el 94,80% de aquellos no fueron identificados en 2021. “La mayor parte de los cuerpos en el mar nunca se recupera”, indica la activista de Caminando Fronteras, Helena Maleno.

La defensora de derechos humanos lamenta que desde 2019 las muertes y desapariciones de las personas que intentan alcanzar España se han duplicado anualmente hasta alcanzar 4.404 en 2021, en parte a causa del trágico aumento de los naufragios en la ruta canaria.

“El problema ha sido la apertura de la ruta atlántica, mucho más peligrosa, y el cierre y militarización de la zona mediterránea”, dice Maleno.

Estas desapariciones tienen un impacto legal en los familiares, que no pueden declarar el fallecimiento o repartir la herencia, y psicosocial al no poder pasar el duelo. “Cualquier desaparición en masa tiene un impacto muy grande en las comunidades”, dice la activista.

La frustrante búsqueda de respuestas es un calvario por el que pasan la mayoría de los familiares. En el caso de Ahmed, contactó con abogados y ONG, como la paneuropea y norteafricana Alarm Phone, que a principios de enero reportó tres pateras pérdidas que salieron de Argelia y pidió a través de un tuit un operativo de búsqueda con apoyo aéreo para encontrarlas.

Tras exhaustivas averiguaciones, Ahmed cree que su hermano podría encontrarse en un centro de detención en Túnez, una información que Equal Times no ha podido confirmar con fuentes oficiales ni ONG.

Maleno duda de esta posibilidad y señala que hay muchas noticias falsas sobre los centros de detención y cárceles, sobre todo en el lado argelino. “Las desapariciones en las cárceles son una respuesta que está en el imaginario y en el discurso de las familias para poder aguantar tanto dolor”, apunta.

Los sueños del estrecho

Omar Al Riyani, marroquí de 25 años, consiguió llegar en enero a la península ibérica tras pagar 20.000 euros junto a otros compañeros y comprar una pequeña lancha neumática con motor de segunda mano. Poco antes, el 30 de noviembre de 2021, cinco de sus amigos, todos marroquíes y menores de edad, no tuvieron la misma suerte y desaparecieron después de partir de Ceuta una noche de temporal en una embarcación pequeña, sin motor.

Al Riyani trabajó como pintor de casas durante cinco años en la ciudad de Ceuta y se desplazaba entre España y Marruecos. También llevaba a cabo otros trabajos puntuales, y es así como conoció a los menores cuando trabajaban juntos en una gasolinera de Ceuta. “Me dijeron que preferían morir en el mar a volver a Marruecos”, dice Al Riyani en una entrevista en Madrid.

Como ellos, unos 100 niños y adolescentes viven en las calles de Ceuta sin atención, ya que no quieren permanecer en los centros de menores por miedo a ser devueltos a Marruecos. La mayoría de ellos entraron en la ciudad tras la crisis diplomática entre España y Marruecos en mayo de 2021 y muchos intentan cruzar a España a diario. Arriesgan su vida con métodos como “hacer risky” (aferrarse a los bajos de los camiones durante largas horas) en el puerto de Ceuta. “Viva Madrid”, dice con una sonrisa Al Riyani, que ahora vive en la capital.

La ONG No Name Kitchen, que está en contacto con familiares de los adolescentes, denunció en un comunicado la falta de recursos de las autoridades para seguir este tipo de casos y la pasividad de la sociedad, “que nos hace cómplices de todas estas muertes”.

La OIM denunció en su informe sobre España en 2021 que no existen protocolos o instituciones específicas que se ocupen de la búsqueda e identificación de personas migrantes desaparecidas o fallecidas.

“Las familias se enfrentan por sí mismas a un sistema confuso y enrevesado, que tienen que navegar para buscar a sus seres queridos desaparecidos”, indica el informe sobre los obstáculos legales y burocráticos que comparten muchos de los países de la Unión Europea y Reino Unido.

Sin derechos en la muerte

La presidenta del Centro Internacional para la Identificación de Migrantes Desaparecidos (CIPIMD), María Ángeles Colsa, denuncia la falta de voluntad política en España y resto de Europa para mejorar la situación.

“El Ministerio del Interior siempre dice que tiene mucho interés en identificar los cadáveres que aparecen en España, la verdad es que la colaboración no es tal, es incierto, hay muchos funcionarios, a quien agradezco la colaboración, que de tapadillo nos pasan información”, indica la activista.

CIPIMD es una de las pocas organizaciones civiles que, frente a la falta de recursos y la desidia administrativa pública, ejercen de intermediarias entre las familias y las autoridades para identificar los cuerpos que devuelve el mar.

Hay casos, apunta Colsa, en los que no se conoce el país de origen del cuerpo y una fotografía de un efecto personal puede ser suficiente para conectar a las familias con el fallecido.

Otro de los principales escollos es la falta de denuncias. Las familias o no pueden viajar, por dinero o barreras idiomáticas, o tienen miedo a denunciar la desaparición. Sin este proceso, no se toman muestras de ADN y es más difícil identificar el cuerpo si se recupera.

“Hay casos que han ido y no les han querido coger la denuncia porque han dicho que no llegó a España”, asevera Colsa.

En el caso de los cinco menores desaparecidos, el protocolo de búsqueda se activó cuando los familiares denunciaron las desapariciones a la Guardia Civil. Si se considera que han desaparecido en territorio español, el caso será añadido a la base de datos pública del Centro Nacional de Desaparecidos, que no diferencia a los migrantes de los demás desaparecidos. Esta falta de información, según denuncian activistas como Maleno, de Caminando Fronteras, impide reflejar la magnitud del problema.

“Si no hay muertos, no hay victimarios, no hay responsables. Y aquí hay una serie de victimarios que tienen nombres y apellidos, muchas empresas vinculadas con el sector de venta de armamento que tienen el control migratorio, un segundo negocio”, denuncia Maleno.

La normativa europea para garantizar los derechos de los migrantes, que están reconocidos por los tratados de derechos humanos europeos e internacionales, se ha movido mucho más lenta que la política para el control migratorio. Según la OIM, hace falta mejorar y modernizar los protocolos forenses y establecer organismos públicos que centralicen la atención a los familiares, entre otras medidas.

Una resolución aprobada por el Parlamento Europeo el año pasado sobre derechos humanos y política migratoria habla de un esfuerzo coordinado a nivel europeo para identificar a los migrantes que fallecen en el Mediterráneo y para crear una base de datos conjunta.

Para Maleno, la realidad de los que arriesgan la vida huyendo de la miseria o la guerra es otra. “Los pobres se mueren rápido y los negros se mueren aún más rápido. Hay un racismo bastante brutal. A las familias se les niega el derecho de buscar y enterrar con dignidad”, dice la activista.

“No solo se niegan los derechos a los vivos, sino también a los muertos”, añade.

Equal Times contactó con las autoridades españolas sobre la desaparición de los cinco menores sin obtener información de ninguno de ellos. En el caso de Salvamento Marítimo, dijeron en un correo electrónico que su “única función es el salvamento como tal, sin información específica sobre los rescatados. Sus datos [de las personas migrantes] son recogidos por las fuerzas de seguridad al llegar a tierra”, señaló la entidad pública.

Y qué ocurre con los que nunca llegan a tierra.