El año pasado, el Banco Mundial decidió dedicar la edición 2019 de su emblemática publicación política anual, el Informe sobre el Desarrollo Mundial (IDM), al tema del futuro del trabajo. La preparación del IDM 2019 registró ciertos retrasos tras la renuncia a finales de enero del primer director del informe, el Economista Jefe del Banco, Paul Romer. No obstante, sería rápidamente reemplazado por Simeon Djankov, quien fuera el director fundador del informe Doing Business, habiendo trabajado para el Banco Mundial de 1995 a 2009, y que posteriormente se convertiría en ministro de finanzas de Bulgaria entre 2009 y 2013.

El Banco avanzó rápidamente con su nuevo director del IDM, elaborando un borrador de trabajo que, en su última versión (cambia de semana en semana), ignora casi por completo los derechos de los trabajadores, los poderes asimétricos en el mercado de trabajo y fenómenos como el declive en la participación de las rentas del trabajo en los ingresos nacionales. Propone un programa político que contempla una extensa desregulación del mercado de trabajo, incluyendo salarios mínimos más bajos, procedimientos de despido flexibles y contratos de cero horas al estilo británico.

El declive resultante de los ingresos de los trabajadores se compensaría en parte por un “nivel básico de seguridad social” financiado en gran parte mediante la introducción de impuestos al consumo regresivos. El Informe sobre el Desarrollo Mundial 2019: La naturaleza cambiante del trabajo lo denomina un contrato social mejorado.

Posiblemente para evitar tener que exponer esta alarmante visión del futuro del trabajo en una discusión abierta con representantes de los trabajadores, el equipo del IDM 2019 se negó a reunirse con una delegación internacional integrada por 38 economistas y responsables de política de los sindicatos, que viajó a Washington en marzo para asistir a los dos días de reuniones con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

La Confederación Sindical Internacional había solicitado la reunión con varias semanas de antelación, pidiendo ser incluida en las “consultas con (…) organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil y destacados investigadores”, que el equipo del IDM 2019 afirma venir efectuando desde noviembre.

El borrador de trabajo del IDM 2019 examina la naturaleza cambiante de las firmas y el impacto de la digitalización y otras innovaciones tecnológicas, llegando esencialmente a la conclusión de que las instituciones del mercado de trabajo y los sistemas de protección social existentes, que dependen de una relación empleador-empleado, han llegado a su fin. Las regulaciones laborales “protegen a los pocos que tienen empleos formales, dejando de lado a la mayoría de los trabajadores” y los sistemas bismarckianos de seguridad social (financiados mediante las contribuciones de trabajadores y empleadores) han quedado anticuados porque únicamente cubren a un tercio de la población en los países en desarrollo.

El borrador del informe no examina posibles opciones para incentivar la formalización del empleo, pese a los esfuerzos considerables desplegados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a tal efecto y los progresos reales registrados en algunos países en desarrollo para garantizar los beneficios de la formalización: protección legal de los derechos de los trabajadores, incluyendo su derecho a lugares de trabajo seguros y acceso a la seguridad social. En cambio, el IDM asume que la informalidad es algo inevitable y, lo que es peor, implica que debería incluso promoverse.

No examina cómo el menoscabo de las instituciones del mercado de trabajo, mediante estrategias corporativas deliberadas como la subcontratación o unas relaciones de trabajo encubiertas (por ejemplo, clasificando a los conductores de Uber como contratistas independientes) podría combatirse proporcionando una protección legal a estas categorías de trabajadores. Los trabajadores en la economía de plataformas, que han venido desarrollando campañas para el reconocimiento de sus derechos, encontraron una feroz resistencia por parte de sus empresas. El IDM 2019 insinúa su apoyo a estas últimas, admitiendo que esos trabajadores no son empleados, sino que “emergen como una categoría laboral separada”.

Perspectiva desregulatoria

Salvo raras excepciones muy de agradecer, que se describen más abajo, cualquier medida que suponga que los empleadores asuman sus obligaciones, como contribuir a la seguridad social de sus trabajadores, se presenta como inaceptable porque hace que “los trabajadores resulten más caros”. De manera similar, las “regulaciones laborales de hoy en día” tendrían que rechazarse dado que representan “un elevado coste para las firmas”.

El borrador del IDM afirma que “una de las herramientas que merece ser reconsiderada es la aplicación de salarios mínimos [(…) cuyo objetivo] es asegurar una remuneración justa a los trabajadores, que los proteja frente a ‘abusos’ por parte de los empleadores”. Añade que los salarios mínimos tendrían que reducirse y los empleadores poder optar por no pagarlos si, por ejemplo, disponen de sistemas de reparto de beneficios. Las protecciones frente al despido también deberían debilitarse o eliminarse puesto que crean “rigidez estructural” para las firmas y los trabajadores.

La perspectiva desregulatoria del borrador del IDM 2019 refleja lo defendido en ediciones previas del informe Doing Business a mediados de los años 2000, que promovía una eliminación a gran escala de las regulaciones laborales porque, supuestamente, sofocan la inversión y el crecimiento del empleo.

Tras haber recibido fuertes críticas del movimiento sindical, la OIT y algunos Gobiernos, el Banco Mundial suspendió en 2009 el indicador sobre flexibilidad del mercado de trabajo del informe Doing Business y, dos años después, emprendió una revisión exhaustiva de la literatura económica en relación con el supuesto vínculo entre las regulaciones laborales y el empleo.

La conclusión global, publicada en el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2013: Empleo, sería que el vínculo es prácticamente inexistente: “la mayoría de las estimaciones del impacto [de las regulaciones laborales] sobre los niveles de empleo tienden a ser insignificantes o modestas” (pág. 261). Resulta decepcionante que el borrador del IDM 2019 resucite el mito sin siquiera intentar refutar la voluminosa evidencia en que se apoyara el IDM 2013.

Después de rechazar la protección social financiada por contribuciones empleador-empleado, el borrador aborda distintas formas de renta básica universal (RBU) o impuestos negativos sobre la renta, pero señala que la carga fiscal sería “problemática” y que “otros impuestos deberían incrementarse considerablemente”. El informe propone la necesidad de incrementar los ingresos de las emisiones de carbono y abordar la subimposición a las plataformas digitales, especialmente las que recurren a paraísos fiscales. Pese a acoger con agrado estas propuestas, esta sección del informe no llega a cuantificar lo que esos impuestos generarían en los países en desarrollo, donde la cobertura de protección social es más débil.

Es presumible que la tercera opción propuesta en el IDM 2019 sea en realidad su opción por defecto: impuestos sobre el valor añadido regresivos que financien medidas mucho más modestas que una RBU, limitando más bien la asistencia social básica entre los más pobres, de manera selectiva, tal como se describe en la sección sobre “Reforma del seguro social”.

En el futuro mundo del trabajo descrito por el IDM 2019, donde las firmas se liberarían de la carga de tener que contribuir a la seguridad social y dispondrían de la flexibilidad de pagar unos salarios tan bajos como deseen y de despedir a su personal a voluntad, el informe insiste en que los sindicatos “seguirán teniendo un papel”. No obstante, no será en modelos de diálogo “tripartito” (el término aparece entrecomillado en el informe original) porque no incluyen al sector informal. Además de integrar a las firmas informales en estructuras de diálogo, el informe aboga por “nuevos mecanismos para ampliar la voz de los trabajadores”.

Estos últimos incluirían organizaciones no gubernamentales que no trabajan necesariamente sobre temas laborales y redes sociales donde los trabajadores insatisfechos con sus empleadores pudiesen expresar sus quejas, presumiblemente para que sean debidamente recogidas por Cambridge Analytica.