Durante la campaña presidencial estadounidense, Donald Trump atacó a México y prometió construir un muro para impedir a los migrantes huir de la violencia y la pobreza extremas. Aunque la construcción del muro fronterizo se ha paralizado, la nueva Administración está afianzando la estrategia vigente de frenar a los migrantes centroamericanos antes de que lleguen a la frontera entre los Estados Unidos y México.
La cooperación regional encabezada por los Estados Unidos se relanzó oficialmente con ocasión de la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en América Central, que se celebró en Miami en junio, durante tres jornadas, convocada por el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional estadounidenses. No obstante, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos son el eje de los esfuerzos por mejorar la prosperidad económica de la región, y son los que prometen una “inversión de choque” para crear empleos y frenar a los potenciales migrantes centroamericanos.
En esta región americana asediada por la violencia contra los trabajadores y lastrada por un legado de explotación económica sin desarrollo, cada vez preocupa más que el Banco no sea apto para garantizar el desarrollo económico inclusivo y los derechos fundamentales. En efecto, el BID va a la zaga de instituciones homólogas en lo que se refiere al establecimiento de salvaguardias para proteger los derechos de los trabajadores.
En 2014, meses después de que la oleada de niños migrantes copara las portadas de los periódicos, dirigentes de Guatemala, Honduras y El Salvador se reunieron con el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la sede del BID para lanzar el Plan de la Alianza por la Prosperidad en el Triángulo Norte. Aunque oficialmente está liderado por los Gobiernos de estos tres países centroamericanos (conocidos como el Triángulo Norte) y el BID actúa como Secretaría, el Gobierno estadounidense se reserva un papel fundamental (no hay que olvidar que EEUU es el mayor accionista del BID y controla el 30% de los votos de su Directorio).
La Alianza por la Prosperidad se suma a una larga lista de iniciativas encabezadas por los Estados Unidos en América Latina y Central, como el Plan Puebla Panamá, que fracasó por la resistencia local a los megaproyectos que pretendían facilitar el libre comercio.
Junto a medidas similares, el Plan de la Alianza por la Prosperidad aboga por la creación de zonas económicas especiales y asociaciones público-privadas, que con frecuencia facilitan los abusos contra los derechos laborales en las cadenas de suministro y la apropiación de bienes públicos en beneficio privado. Los sindicatos y la sociedad civil criticaron el Plan porque éste reforzaba “las mismas políticas económicas que han propiciado una desigualdad galopante, el abuso generalizado de los derechos de los trabajadores y un aumento de la violencia contra los dirigentes sindicales, además de desplazamientos forzosos por toda Mesoamérica”.
En un editorial publicado durante la Conferencia de Miami, el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly y el presidente del BID, Luis Moreno, señalaron el Plan Colombia como modelo para el Triángulo Norte. Pero el Plan Colombia utilizó miles de millones de dólares de la guerra contra las drogas para propiciar desplazamientos forzosos y abusos generalizados de las fuerzas de seguridad contra los derechos humanos.
La militarización creciente de la seguridad fronteriza
La Conferencia emanó de las reuniones mantenidas en febrero de 2017 entre Tillerson, Kelly y responsables del Gobierno mexicano. Dejando atrás la retórica de la confrontación utilizada durante las elecciones, los dos Gobiernos encontraron en la seguridad de Centroamérica una base común de colaboración. La Conferencia la copatrocinó el Gobierno de México y las deliberaciones del último día se mantuvieron en la sede del Comando Sur militar de los EEUU.
Esto marca el inicio de una estrategia hacia los migrantes de la frontera sur de México de “ojos que no ven…”, unida a medidas de seguridad dentro del Triángulo Norte. La militarización de la frontera sur de México con Guatemala ya fue promovida por la Administración Obama como solución a la crisis migratoria.
Paralelamente a las iniciativas de infraestructuras y energías, el BID está promoviendo 35 proyectos de gestión a través de la renovada Alianza por la Prosperidad, como apoyo al interés de los Gobiernos de los Estados Unidos y México en sellar la frontera entre México y Guatemala e intensificar los controles dentro de Centroamérica. A pesar de limitar la libertad de movimientos de las personas, los proyectos pretenden facilitar la libre circulación de mercancías.
Se ha relacionado a las fuerzas de seguridad del Triángulo Norte con las agresiones contra los defensores de los derechos humanos, como Berta Cáceres, la líder indígena hondureña asesinada en 2016 por encabezar la resistencia contra una represa hidroeléctrica. Dos de los sospechosos de su muerte recibieron entrenamiento militar en los Estados Unidos.
La Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica expresó su preocupación por que la Conferencia “aborde la prosperidad con una lente puramente económica y configurada por el sector privado”, y con un enfoque hacia la seguridad que “ignore los derechos humanos y militarice aún más las fronteras”. Este mayor foco sobre la seguridad y el sector privado es paralelo al plan de la Administración Trump de recortar la ayuda a América Central.
Justo antes de los dos días de encuentros gubernamentales en Miami, el BID y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos organizaron una reunión, sólo para invitados, a la que asistieron representantes de multinacionales como Walmart, Monsanto y Coca-Cola.
La controvertida Cámara suele interferir en todo el mundo en perjuicio de las normas laborales y en los Estados Unidos defiende una agenda política que ha marginado a empresas como Unilever y Apple. Varias compañías abandonaron públicamente la Cámara por su negativa a abordar el cambio climático.
Conforme a su línea dura, la Cámara critica a los Gobiernos del Triángulo Norte por no lograr que la región atraiga más a los inversores extranjeros.
A pesar de la retórica en sentido contrario, la Cámara coincide en que el sector privado debería impulsar lo que Moreno, el presidente del BID, llama “una inversión de choque decisiva, que consiga retener en sus países a las personas que los están abandonando”. Esta retórica recuerda a la utilizada en la conocida “terapia de choque” del Chile de Pinochet y de la Europa del Este postsoviética, para introducir con rapidez los programas de ajuste estructural que promueven la privatización.
En Miami, Tillerson insistió en el interés de la Administración en defender las exportaciones y los intereses económicos estadounidenses a través de la Alianza por la Prosperidad. La protección de los intereses empresariales es, desde hace mucho, el objetivo de la política exterior estadounidense en América Latina y la justificación para su intervención contra gobiernos elegidos democráticamente.
Aumento de las finanzas privadas y disminución de los derechos de los trabajadores
La reunión de Miami concluyó con un nuevo enfoque del BID, que prestó 850 millones de dólares a los gobiernos del Triángulo Norte para apoyar el Plan 2014. Ahora, el Banco colaborará con los tres Gobiernos para diseñar los catalizadores de la inversión, siendo los fondos de inversión privados uno de ellos. El BID ayudará a diseñar los proyectos de transporte, energía y fronterizos que atraigan al capital privado y les convenzan de suministrar 750 millones de dólares como financiación inicial. La mayor parte del dinero procederá de inversores privados y Gobiernos, que conjuntamente se comprometieron en Miami a ofrecer 1.750 millones de dólares USD.
La estrategia de primar el diseño del proyecto y la financiación inicial, en lugar de apostar por unas inversiones públicas y multinacionales sólidas, sigue la línea del giro hacia el sector privado dado por la financiación del desarrollo, a través del enfoque en “cascada” y de la “financiación mixta”.
El Diálogo Empresarial de las Américas, una iniciativa del BID en la que participa la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, entre otros, acordó en Miami establecer el grupo de trabajo Triángulo Norte. La agenda del sector privado para el Triángulo Norte seguirá elaborándose en septiembre, con ocasión del Foro de Competitividad de las Américas sobre “ajuste estructural y emprendimiento”.
Los megaproyectos propuestos por la renovada Alianza por la Prosperidad pueden propiciar las obras de construcción en las que los trabajadores están expuestos a condiciones de trabajo inseguras y se les niega el derecho a formar un sindicato.
Al contrario de otros bancos multilaterales de desarrollo, el BID no ha dado los pasos necesarios para garantizar que los proyectos que financia protejan los derechos fundamentales de los trabajadores. En 2006, la Corporación Financiera Internacional estableció la Norma de Desempeño 2 para garantizar el respeto de la salud y seguridad, la libertad de asociación, la prohibición de trabajo infantil y otras normas universales. El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo hizo otro tanto en 2008, el Banco de Desarrollo Africano la adoptó en 2013, y el Banco Mundial en 2016.
Los trabajadores han podido esgrimir estas políticas para minimizar los riesgos para la seguridad en las obras de construcción, reclamar su derecho fundamental a formar un sindicato y combatir la utilización de los fondos de desarrollo públicos para enriquecer a corporaciones irresponsables. En 2006, el BID escribió una guía para su personal acerca de los proyectos de infraestructuras, pero se negó a designar los requisitos o a adoptar una posición oficial.
El Triángulo Norte es de las zonas más violentas del mundo para los sindicalistas y los trabajadores. En 2013, poco antes de la oleada de migrantes, Guatemala fue designado el país con la mayor tasa de asesinatos de sindicalistas del mundo. Al menos 62 militantes sindicales fueron asesinados entre 2008 y 2016. En Honduras 20 sindicalistas fueron asesinados o amenazados de muerte en 2016. En El Salvador, las pésimas condiciones laborales de las zonas económicas especiales se preservan mediante amenazas contra los dirigentes sindicales.
Presionado por haber celebrado las reuniones de Miami a puerta cerrada, el Banco Interamericano de Desarrollo prometió una mayor intervención de la sociedad civil, pero aún no ha abordado la introducción de una norma del trabajo. La militarización y el conjunto de megaproyectos que incorpora la próxima fase de la Alianza para la Prosperidad pondrá en la cuerda floja la vida y los derechos de los trabajadores. Es hora de que el BID se una a sus homólogos y salvaguarde los derechos laborales.
