La inversión en Guinea Ecuatorial no pondrá fin a la vulneración de los derechos humanos

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El mes de marzo de 2015 fue especialmente pródigo en vulneraciones de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial.

El 17 de marzo, las fuerzas de seguridad del Gobierno arrestaron a Guillermo Nguema Ela.

Guillermo es líder de la oposición – miembro de la Fuerza Demócrata Republicana – en un país donde un solo hombre controla todo el proceso político, que favorece al partido político en el poder y que fue fundado para aplacar las críticas de Occidente.

El Gobierno no ha dado ninguna razón para justificar el arresto de Guillermo, por lo que muchos concluyen que fue arrestado por razones puramente políticas.

Tras su arresto, fue trasladado forzosamente a su pueblo, cerca de la ciudad de Mongomo, en la zona este de Guinea Ecuatorial, donde se le ordenó permanecer indefinidamente.

Dos días después el activista político Luis Nzo fue arrestado por protestar contra el arresto ilegal de Nguema.

Luis fue arrestado cuando se encontraba distribuyendo panfletos pacíficamente, haciendo uso de un megáfono para expresar su opinión. Al parecer los agentes de la policía golpearon a Luis después de que éste se negara a poner fin su protesta pacífica.

A continuación le introdujeron a la fuerza en un coche de la policía y le arrestaron. Luis fue transferido a su pueblo, también cercano a Mongomo, y se le ha ordenado permanecer allí.

Ni Guillermo ni Luis han sido acusados formalmente de ningún delito, pero permanecen no obstante confinados en sus respectivos pueblos.

Una semana después, 56 estudiantes universitarios fueron arrestados por manifestarse pacíficamente contra la distribución injusta de un número insuficiente de becas.

En un primer momento la policía utilizó gases lacrimógenos contra los estudiantes, y después recurrió a la violencia para tratar de dispersar la manifestación. Los tres arrestados permanecieron detenidos durante 12 días sin haber sido formalmente acusados de ningún delito. Cinco personas que no eran estudiantes universitarios – cuatro de ellas con edades comprendidas entre 18 y 23 años, y otra de sólo 13 años – también fueron arrestadas en sus domicilios.

El niño de 13 años fue arrestado por grabar con su teléfono móvil los arrestos de los otros cuatro. Incluso después de que los 56 estudiantes universitarios hubieran sido puestos en libertad, los cinco jóvenes (el niño incluido), que no tenían ninguna relación con la universidad, permanecieron detenidos sin cargos durante un periodo de dos semanas.

 

Desconsideración total por los derechos humanos y el Estado de derecho

Por muy impactante que esta serie de arrestos ilegales pueda parecer, la detención arbitraria por el ejercicio de las libertades de expresión, asociación y asamblea es una práctica habitual en Guinea Ecuatorial, un minúsculo país rico en petróleo situado en el África subsahariana.

A fecha de enero de 2015, se calcula que el país tiene unas reservas de petróleo de 1.100 millones de barriles, así como otros recursos naturales, como madera.

Estos arrestos no sólo violan normas relativas a derechos humanos fundamentales sino también la ley ecuatoguineana.

Con arreglo a la legislación de Guinea Ecuatorial, los detenidos deben comparecer ante un tribunal en un plazo máximo de 72 horas después de su arresto, y el juez decidirá entonces si “legaliza” la detención o bien ordena la puesta en libertad del prisionero.

Sin embargo todo apunta a que este requisito no se está cumpliendo realmente, en particular en los casos de detenciones de carácter político.

Algunos casos de detención arbitraria son especialmente notorios, como por ejemplo el caso de Agustín Esono Nsogo, un docente arrestado en octubre de 2012 simplemente por estar relacionado con el fundador de uno de los dos partidos de la oposición de Guinea Ecuatorial.

Agustín permaneció en la cárcel hasta febrero de 2014 sin haber sido juzgado ni acusado de crimen alguno.

Las restricciones a la libertad de movimiento, como las que se han impuesto a Guillermo y a Luis, se aplican con frecuencia a los ecuatoguineanos, presuntamente para mantenerlos apartados de la actividad política. Y es además una excusa para volver a arrestarlos en el futuro.

En mayo de 2013 la policía arrestó a Clara Nsegue Eyi, más conocida como “Lola,” porque estaba reclamando el reconocimiento de su partido político antes de las elecciones parlamentarias del país.

Lola fue transferida a Mongomo, recluida sin cargos en un centro de detención durante dos semanas, y posteriormente liberada con la orden de permanecer en Mongomo, a pesar de residir en Malabo.

Dos semanas después Lola decidió regresar a su casa, donde fue arrestada por vulnerar la orden de permanecer en Mongomo. Fue encarcelada desde mediados de julio hasta mediados de octubre de 2013 sin que se le hubiera acusado de un delito.

Las personas que intentan pronunciarse contra la vulneración de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial son también acosadas o detenidas. El abogado Ponciano Mbomio criticó al Gobierno al sugerir que éste estaba procesando a su cliente únicamente por razones políticas, como consecuencia de lo cual fue inhabilitado para ejercer la abogacía durante dos años.

Por otra parte, el sistema judicial ecuatoguineano no es independiente – existen informes que demuestran que los jueces consultan con regularidad con la Oficina del Presidente antes de emitir un fallo – de manera que la justicia no existe realmente para las víctimas de estas violaciones de los derechos humanos.

 

La inversión no va a traer cambios

El Presidente Obiang, en el poder desde 1979, ha saqueado los réditos procedentes de los recursos naturales de su país para enriquecerse a sí mismo y a los miembros de su familia, a pesar de que las leyes prevén que los recursos naturales del país pertenecen al conjunto de la ciudadanía, no a particulares.

A pesar de que Guinea Ecuatorial tiene un PIB per capita de 32.026 USD, el ecuatoguineano medio vive en la miseria, sin tener acceso a agua potable ni servicios de saneamiento. La mayoría de los residentes de la capital viven en chabolas.

Obiang también ha despilfarrado la mayor parte de los ingresos procedentes del petróleo del país para financiar prestigiosos proyectos destinados a realzar su imagen a escala mundial.

Un ejemplo de ello es Sipopo, un lujoso complejo turístico situado en las afueras de la capital, que costó más de 830 millones USD, construido para acoger la Cumbre de la Unión Africana de 2011. La gran mayoría de los ecuatoguineanos son demasiado pobres para poder permitirse pasar siquiera una noche en el hotel de cinco estrellas de la ciudad turística.

Parece poco probable que el reciente compromiso por parte de China para invertir 2.000 millones USD en la infraestructura de Guinea Ecuatorial dé lugar a mejoras significativas para el desarrollo económico sostenible y el bienestar de los ciudadanos de Guinea Ecuatorial. La corrupción sistemática, la mala gestión de la riqueza nacional y la absoluta falta de respeto por los derechos humanos y el Estado de derecho son razones que corroboran esta hipótesis.

Sin ninguna posibilidad de conseguir que el Gobierno de Guinea Ecuatorial rinda cuentas, van a seguir produciéndose violaciones de los derechos humanos.

China admite abiertamente que no piensa interferir en las políticas nacionales del país a cambio de su inversión en infraestructura.

Invertir en un país que vulnera flagrantemente los derechos humanos de sus ciudadanos y que derrocha la riqueza proveniente de sus recursos naturales es dar carta blanca a Obiang para que siga aprovechándose de los recursos de la nación y oprimiendo a todo aquel que se pronuncie en su contra.