“Era un caos”, explica Nilzete, enfermera del hospital Souza Aguiar de Río de Janeiro. Veintitrés años de experiencia no la habían preparado para ver esto. “La situación era difícil antes, pero cuando la pandemia asoló todo en 2020, se hizo imposible. Nos faltaba de todo. Obtener aunque sea una mascarilla se convirtió en una batalla. Todo el mundo caía enfermo, y aquellos que aún podían trabajar tenían que elegir entre quién debía vivir o morir”. Traumatizada, agotada e indignada, Nilzete recurrió al Ministerio Público del Trabajo (MPT) para denunciar ante los tribunales las condiciones de trabajo del personal sanitario. Con personal insuficiente, exceso de trabajo y sin el equipo adecuado, les era imposible hacer su trabajo en condiciones de mínima seguridad.

En los ocho hospitales municipales de la ciudad, la misma escasez, las mismas tragedias y la misma ira de los profesionales de la salud abandonados a su suerte. “Con los testimonios que recibimos, iniciamos directamente una acción judicial, era demasiado grave y demasiado urgente”, recuerda la procuradora Isabela Miranda, encargada del caso. “La justicia del trabajo puede ser terriblemente lenta, pero esta vez todo fue muy rápido. Fue una gran victoria. Sin embargo, lamenta que no se hayan resuelto algunos problemas. En julio de 2021, el MPT interpuso una nueva acción contra la ciudad de Río de Janeiro, acompañada de una multa de 6 millones de reales (alrededor de un millón de euros), por incumplimiento de una parte del acuerdo firmado en 2020, particularmente en lo que se refiere a la falta de personal.

Sobre el terreno, Nilzete reconoce que ahora se cuenta con suficiente equipo de protección, pero sigue sintiéndose indignada ante la situación que vive todos los días en su trabajo. “Lo peor de la pandemia ha quedado atrás, pero aun así, no es raro que nos ocupemos de pacientes que duermen en el suelo...”. Un tanto decepcionada, Nilzete se prepara a pesar de todo a presentar nuevas denuncias al MPT.

Además de un Ministerio Público del Trabajo para todo el país, existen 24 antenas locales repartidas por todo Brasil. El MPT es una rama de Ministerio Público de la Unión, el cual está integrado por cuatro organismos, entre los que se encuentra el Procurador General de la República. Los funcionarios de la institución judicial garantizan el respeto de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, garantizados por la constitución de 1988 y el código del trabajo, incluida la facultad de abrir y llevar a cabo investigaciones judiciales o administrativas en todos los lugares de trabajo, incluso en los del sector informal. Normalmente, cada procurador del MPT se especializa en uno o dos temas. Isabela Miranda está a cargo de los casos de trabajo forzoso y de fraude. Otros procuradores se ocupan, por ejemplo, del personal portuario y algunos, como la procuradora Fernanda Diniz, de las cuestiones de discriminación, pero también de coerción electoral dentro de las empresas.

El MPT también se ocupa, como órgano consultivo y de supervisión de los gobiernos, de los interlocutores sociales y la sociedad civil, desempeñando así un importante papel democrático en la difusión de la información jurídica, por ejemplo, mediante la realización de campañas de sensibilización pública. “Nuestras responsabilidades abarcan todo lo relacionado con el mundo del trabajo, tales como los problemas de seguridad, el entorno de trabajo, el acoso... “Competencias mucho más amplias que en la mayoría de los países”, a juicio de la procuradora.

Más de 47.000 denuncias relacionadas con la crisis sanitaria

Desde las últimas elecciones presidenciales, ya había aumentado considerablemente el número de casos judiciales, especialmente contra empresarios que apoyaban a Jair Bolsonaro. Los trabajadores recibieron correos electrónicos que contenían amenazas veladas si el candidato no resultaba electo, al tiempo que se les alentaba insistentemente a participar en protestas o a usar camisetas a favor del actual presidente. Con la pandemia, la organización del trabajo dentro de la institución se ha visto perturbada. “Sin estas modificaciones [en la organización del trabajo], el personal especializado en cuestiones de salud y seguridad ocupacional se habría encontrado sumergido de trabajo”, explica Miranda. Los casos de violaciones aumentaban en todo el país: falta de equipos de seguridad, fraude en la adjudicación de ayudas gubernamentales por parte de empresarios en detrimento de los trabajadores, aperturas ilegales de negocios no esenciales a pesar de las medidas de confinamiento, etc.

En el MPT de Río de Janeiro, el número de denuncias recibidas ha aumentado casi un 30% y el MPT ha registrado más de 47.000 denuncias relacionadas con la crisis sanitaria en todo el país.

“Ya no podíamos ir personalmente a hacer las inspecciones, por lo que desarrollamos nuevos métodos para preparar nuestros casos”.

Los trabajadores afectados o el personal esencial que continúa sobre el terreno envía vídeos y fotografías como base de elementos de prueba. A veces, el MPT abre por su cuenta una causa tras haber sido expuesta en los medios de comunicación, pero la mayoría de las veces las denuncias provienen de los trabajadores o de sus representantes sindicales. La creciente cobertura mediática de las acciones del MPT y la información de boca en boca hace posible que cada vez un mayor número de trabajadores sepa a quién dirigirse.

Nilzete se enteró de la institución por un compañero de trabajo. “No la conocía, pero mereció la pena intentarlo, no podía más. Además, me voy a jubilar pronto, así que no tenía miedo a las represalias”. En este sentido, Nilzete puede estar tranquila: el acuerdo entre el ayuntamiento y el MPT prevé la prohibición de tomar medidas contra los denunciantes. En otros casos, Isabela Miranda promete poder “garantizar el anonimato para evitar represalias... aunque a veces es difícil conseguir que testifiquen ante los tribunales”.

En general, los procuradores actúan como mediadores para encontrar una solución amistosa. En caso de no respetar los compromisos, los infractores pueden ser condenados a pagar una multa o una indemnización. Sin embargo, entre el 5 y 10% de los casos, hay que ir a juicio, asegura Viviann Mattos, también procuradora del MPT de Río de Janeiro. Es así como se enfrentó, durante la pandemia, a la tenacidad de la cadena internacional de restaurantes Fogo do chão. Desde el inicio de la crisis, la empresa despidió a todos sus trabajadores sin concertación colectiva en varias ciudades brasileñas.

“Se negaron a pagar los derechos de los trabajadores y pidieron al Estado que pagara la factura. Ni siquiera entablaron un diálogo con sus asalariados ni buscaron una alternativa. Esta vez, la justicia ha mostrado mayor lentitud. Si en primera instancia, la cadena de restaurantes ha perdido el juicio, el recurso aún no se ha resuelto. Mientras tanto, sus extrabajadores todavía no han recibido nada. “La pandemia ha estado marcada de forma dramática por muchos despidos colectivos”, lamenta Mattos.

Una institución amenazada por sus críticos

La crisis sanitaria ha contribuido a deteriorar aún más las condiciones laborales de los brasileños ya debilitadas por una importante reforma de la legislación laboral en 2017 bajo la presidencia de Michel Temer. En general, estos cambios han hecho que las condiciones de trabajo sean más precarias, complicando así las acciones de los procuradores del Ministerio Público del Trabajo, a quienes les resulta más difícil hacer valer los derechos de los trabajadores. A finales de octubre de 2021, después de cuatro años de batalla judicial, el Tribunal Supremo Federal revocó parte de esta reforma que limitaba el libre acceso a la justicia laboral.

A pesar de esta reciente victoria, Mattos lamenta que “en este momento, la protección de los trabajadores está mal vista en el país, se la percibe como inútil y costosa”. Con la grave crisis económica y social que afecta al país, las poblaciones más vulnerables se encuentran trabajando en condiciones cada vez más difíciles, donde han dejado de respetarse muchos derechos. “El trabajo forzoso ha aumentado”, afirma la procuradora. Hay casi tantos casos registrados en los primeros seis meses de 2021 que en todo el año 2020. “En el caso de los trabajadores del hogar, la situación es dramática. Ante la escasez de trabajo, algunos están listos para aprovecharse de la situación”.

La gestión de la crisis sanitaria por parte de Jair Bolsonaro también ha complicado la tarea de los procuradores. A finales de octubre, el presidente brasileño fue acusado por una comisión parlamentaria de haber “expuesto deliberadamente” a los brasileños a una “contaminación masiva”. La comisión pidió que se le inculpara por, entre otros delitos, “charlatanismo, prevaricación y crímenes de lesa humanidad”. Los empresarios han sido alentados por el propio presidente a no respetar las reglas (emitidas por los gobernadores locales, en particular), o se han encontrado perdidos ante una avalancha de información falsa. En los últimos meses, la situación ha vuelto gradualmente a la normalidad en el MPT a medida que se intensifica la cobertura de vacunación y se levantan las restricciones.

Sin embargo, su acción todavía se ve alterada por las declaraciones de Jair Bolsonaro, quien, incluso antes de su elección, había acusado al MPT de “impedir que el país avance” debido a una supuesta persecución contra los empresarios.

“Viniendo de la máxima autoridad del Estado y sus aliados, este tipo de declaraciones tiene consecuencias y alimenta una agresividad ya existente”, suspira Mattos. “En general, la hostilidad hacia las instituciones de control ha aumentado en Brasil. El MPT no es una excepción, especialmente a través de los ataques en las redes sociales”.

Durante las operaciones de control más tensas, tales como el trabajo esclavo o en lugares conflictivos, los procuradores pueden contar con una escolta policial. Durante su último viaje a un barrio controlado por una milicia armada, Mattos llegó con nada menos que 35 policías.

Más allá de las amenazas físicas, el MPT trata de proteger a sus miembros de las presiones internas, políticas o económicas. “Después del desastre de Brumadinho, cuando el colapso de una represa minera causó cientos de víctimas (incluyendo buena parte de sus trabajadores), optamos por despersonalizar el caso, dado el poder de Vale, la multinacional implicada en el desastre”, especifica Lydiane Machado, de la asociación nacional de procuradores laborales, la ANPT. “Es entonces la institución la que se manifiesta, y no un procurador en particular”. Una técnica también utilizada en caso de amenazas de muerte reales, como ocurrió en Recife (al noreste del país), tras la intervención de un procurador en una empresa de ropa.

Garantizar la independencia del poder judicial

Aun así, esta independencia irrita a más de uno. Desde que Jair Bolsonaro llegó al poder, se han hecho varios intentos de restablecer sus prerrogativas. “Tememos un cambio en la legislación federal que podría poner todo en cuestión, vivimos un poco con una espada de Damocles sobre nuestra cabeza”, comenta Mattos.

Su presupuesto, garantizado legalmente, no ha sufrido ningún recorte, pero una reciente propuesta para enmendar la constitución, la PEC5, tiene preocupados a los procuradores. “Fue una amenaza para todos los procuradores”, asegura Machado. Lo que más temen es una interferencia política en el nombramiento de un controlador interno para sancionar posibles prácticas abusivas por parte del Ministerio Público. Si este controlador estuviera vinculado a intereses políticos, podría poner fin con toda facilidad a algunas investigaciones delicadas.

“Sucede regularmente que los políticos [a menudo empresarios ellos mismos] son acusados de trabajo esclavo. Una acusación que también pesa sobre las grandes empresas cárnicas, por ejemplo, que están estrechamente vinculadas a un poderoso grupo parlamentario de interés a favor de la agroindustria”, explica Machado.

Muchos críticos de la propuesta PEC5 reconocen que algunos procuradores han cometido abusos, especialmente por parte de un grupo del Ministerio Público Federal durante la enorme operación anticorrupción denominada Lava Jato –que puso patas arriba la vida política brasileña–. En su opinión, el control sobre el Ministerio Público puede efectivamente repensarse, pero debe hacerse de manera concertada, y no como un medio para poner fin a una independencia que le es indispensable.

Al final, la PEC5, demasiado controvertida, no fue votada. “Sin embargo, no está enterrada”, subraya Isabela Miranda. “Tenemos que estar alertas. La situación actual no presagia nada bueno”.