En Marruecos, las cosas a menudo no son lo que parecen, sobre todo, en lo que a derechos respecta. Tanto la Constitución como las leyes esbozan un sistema democrático que garantiza las libertades individuales y los derechos sociales. Sin embargo, cuando éstos chocan con la voluntad del makhzen –el Estado profundo tejido en torno a Palacio– o poderosos intereses económicos, se convierten en papel mojado. Este es el caso, por ejemplo, de la libertad sindical, lo que explica que sólo el 6% de los trabajadores con contrato estén sindicados en el país magrebí.

“Cuando aparece un grupo de trabajadores combativo, ya sea en una empresa concreta o en el seno de un sindicato, se lo ‘cargan’”, comenta Mohamed Hakech, un veterano sindicalista que fue secretario general de la Federación Nacional del Sector Agrícola. Las herramientas más habituales son las amenazas, los despidos, y para los más recalcitrantes, la cárcel. Sin embargo, existen otras medidas más sibilinas, como la fragmentación del movimiento obrero en incontables sindicatos o la promoción de los sindicatos amarillos.

Este ambiente hostil ha llevado a que en algunas profesiones se creen las llamadas tansiquiyat o coordinadoras, estructuras informales de trabajadores que intentan defender sus derechos al margen de los sindicatos.

La patronal ha tenido siempre una gran influencia en la dirección del país, pero existe la percepción de que nunca antes había tenido tanto poder. En los mentideros políticos del país se habla de un auténtico “matrimonio entre la política y los negocios”, no en vano, el actual primer ministro, Aziz Akhanouch, es el más rico magnate del país.

La precariedad es especialmente acusada en el sector agrícola, uno de los puntales de la economía del país, y que emplea a un tercio de la mano de obra. Uno de los principales problemas es que solo una cuarta parte del millón de empleados dispone de un contrato y de cobertura social, una carencia que se multiplica en el caso de las mujeres. Según Hakech, la discriminación hacia los campesinos es tan indisimulada que está inscrita en la ley. “El salario mínimo es de unos 2.900 dirhams [265 euros], pero en el sector agrícola es de 2.100 [190 euros] únicamente. Y encima, la jornada de trabajo por ley es más larga, de 48 horas semanales, por 44 del resto de trabajadores”, se queja Hakech, que recuerda que hace más de dos décadas que el Gobierno se ha comprometido en repetidas ocasiones a poner fin a estas discriminaciones, pero nunca lo ha hecho. La última promesa lo fía para 2028.

Sin embargo, el sector que mayores dolores de cabeza ha dado recientemente al Gobierno marroquí es el educativo. En 2023, los representantes de más de 100.000 maestros y trabajadores interinos del Ministerio de Educación han organizado diversas jornadas de huelga para lograr ser reconocidos como funcionarios públicos, llegando a paralizar las clases en la mayoría de escuelas e institutos públicos. “Los interinos representamos aproximadamente el 40% de los trabajadores del Ministerio. Algunos llevan en esta situación desde hace más de 15 años”, se queja el activista sindical Moulay Taj, maestro y responsable de la página web annakaba.com (nakaba significa sindicato en árabe).

Como muchos otros trabajadores, Taj ha decidido vehicular su lucha al margen de los sindicatos tradicionales al considerar que estos se dedican a apuntalar al régimen, en lugar de defender los derechos de los trabajadores. “En los años setenta, eran la punta de lanza de la oposición. Pero el régimen los ha ido vaciando por dentro a través del chantaje económico [la mayoría de sus recursos son subvenciones públicas], el hostigamiento de sus cuadros más combativos, la falta de democracia interna, etc. Su rol actual es el de domesticar a los trabajadores”, espeta Taj, que cita la situación de la reivindicación en el sector educativo como un ejemplo. El 14 de enero, los principales sindicatos llegaron a un acuerdo con el Ministerio, que Taj considera que no responde a las aspiraciones de la mayoría de trabajadores, y por eso, muchos siguen en pie de lucha.

También por eso, ahora es la coordinadora o tansiquia quien convoca las nuevas movilizaciones. “La coordinadora es mucho más popular entre los interinos que los sindicatos tradicionales. Yo creo que aproximadamente la mitad de los 250.000 trabajadores del Ministerio de Educación se sienten representados por ella”, estima Taj. Por el hecho de ser agrupaciones informales, sin entidad jurídica, las tansiquiyat gozan de una mayor flexibilidad, pero no les libra de la represión, y sus máximos responsables sufren amenazas y arrestos si deciden lanzar campañas de movilización, sobre todo huelgas.

Derechos sindicales, reconocidos pero sin efecto para multinacionales y el Estado

“En Marruecos, el derecho a la huelga está reconocido en la Constitución, pero no se respeta. El artículo 288 del código penal castiga con penas de cárcel ‘la obstaculización del trabajo’ de una forma muy vaga, por lo que se utiliza para arrestar a los miembros de los piquetes”, asevera Khadija Riady, expresidenta de la Asociación Marroquí para los Derechos Humanos. A veces, los trabajadores sufren represalias menores, como despidos o degradaciones en cargos o condiciones de trabajo por sus actividades políticas de oposición. “En el sector educativo, los últimos años, calculo que unas 300 personas han sufrido represalias por estar activas en partidos de izquierda comprometida, como la Vía Democrática o Justicia y Caridad [un movimiento islamista ilegal, pero tolerado]”, apunta Taj.

Otro sector en efervescencia sindical, si bien con un menor impacto en la vida de los marroquíes, es el de los centros de llamadas. Desde hace más de una década, Marruecos se ha convertido en un polo de atracción para las multinacionales que ofrecen servicios de atención al cliente, sobre todo en lengua francesa, pero también española. En total, se calcula que el sector emplea a unas 120.000 personas.

Aunque las multinacionales conocen bien los derechos sindicales recogidos en las convenciones internacionales, y los aplican escrupulosamente en sus países matriz, se empeñan en ignorarlos en Marruecos.

Esta situación la ha vivido en sus propias carnes Benabdallah Badreddine, empleado de la multinacional estadounidense SITEL. “Cuando informamos a los responsables de la sede de Rabat que queríamos crear una sección sindical, empezaron las represalias. De los 18 que lo solicitamos, un total de 15 fueron progresivamente despedidos sin pasar por el Consejo de Disciplina. No se les informó del porqué, y no pudieron defenderse”, comenta este licenciado en informática de 40 años. Badreddine es uno de los tres empleados del ‘grupo de los 18’ que todavía continúa en nómina. La represión sindical por parte de SITEL en Marruecos se halla recogida en el Índice global de los derechos de la Confederación Sindical Internacional (SCI) para 2022.

Aunque no ha perdido su empleo, Badreddine hace ya meses que sufre el acoso de sus jefes, que en un primer momento intentaron comprarlo ofreciéndole un ascenso a cambio de renunciar a su aspiración sindical. Pero él lo rechazó, y prefirió lanzar una campaña para lograr la readmisión de sus compañeros. “Hemos organizado ya dos concentraciones frente a la sede de la compañía, y también buscado la mediación de diversas instituciones públicas. En una de ellas, los representantes de SITEL ni se dignaron a venir”, comenta este hombre de cabello corto y ojos claros. La perspectiva de ser finalmente despedido, no le preocupa. En el sector, los salarios base no superan en demasía el salario mínimo –unos 4.000 dirhams o 365 euros–, y las primas por objetivos representan a menudo un tercio del sueldo final.

“Las acciones de las multinacionales violan muchas veces el Estatuto de los Trabajadores de Marruecos, son manifiestamente ilegales, pero el Estado es incapaz de hacerlo cumplir”, denuncia Ayoub Saoud, de 36 años, y con más de diez años de experiencia en los centros de llamadas. La cantidad y autoridad de los inspectores de trabajo es a todas luces insuficiente, por lo que muchas veces los pleitos no llegan ni a los tribunales. Y cuando lo hacen, la empresa prefiere pagar unas irrisorias multas en lugar de readmitir a los empleados. “¿Qué son 30.000 dirhams [unos 2.800 euros] de multa para estas compañías? ¡Nada de nada!”, exclama vehemente. Además, asegura que las compañías del sector se coordinan, y que circulan entre ellas “listas negras” de los trabajadores despedidos por su activismo sindical. Sorprende a todo analista que Marruecos, un Estado tan potente a la hora de controlar y sofocar a su sociedad civil, no pueda hacer cumplir la propia ley frente a las multinacionales.

Para Saoud, en elemento clave en las diversas victorias logradas por los sindicatos del sector figura la coordinación y el apoyo de sus homólogos en países occidentales, sobre todo en aquellos donde tienen su sede las empresas que subcontratan el servicio de los centros de llamadas a multinacionales del sector como SITEL. Ahora está intentando hacer lo mismo con los sindicatos de países del sur más profundo, como Madagascar donde amenazan de trasladarse las compañías cada vez que hay un conflicto sindical. “Lo mismo que hicieron antes con Marruecos, ahora lo hacen con países del África subsahariana. Se van allí en busca de salarios aún más bajos y aún menos derechos laborales. Con eso nos amenazan cuando reclamamos derechos”, desliza Saoud, que se pregunta en tono jocoso cuál será la siguiente etapa de la globalización: “¿Y después qué harán, ir a la Antártida?”.