El 17 de diciembre de 1997, la conciencia del drama de la violencia de género en España cambió radicalmente para siempre. Ese día, Ana Orantes, una mujer de 60 años, fue quemada viva a manos de su exmarido en el patio de su casa tras contar en un programa de televisión, con total naturalidad y sin derramar una lágrima, los golpes, las agresiones y humillaciones que había sufrido durante 40 años, desde que se había casado.

En el plató de televisión, 13 días antes, Ana había explicado que presentó hasta 15 denuncias contra él sin obtener ninguna protección para ella ni para sus 11 hijos. La mujer contó que cuando finalmente obtuvo el divorcio, un juez le obligó a vivir en la misma vivienda con su esposo maltratador: uno en la planta de arriba y otro en la planta de abajo. Quien fuera su marido hacía vida propia porque estaba saliendo con otra mujer, pero regresaba frecuentemente a su casa a visitar a Ana, como hizo ese día tras verla en televisión, acabando con su vida con la ayuda un mechero y un bidón de gasolina.

Ana no recibió protección, apoyo, ni recursos de ningún tipo tras el goteo de denuncias. Solo después del asesinato, él fue condenado a 17 años de cárcel, si bien murió seis años más tarde en un hospital tras sufrir un infarto en la prisión donde cumplía condena.

Sin embargo, la muerte de Ana no quedó en la nada. Según explica a Equal Times Irene Ramírez, abogada de la Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres, su asesinato “dejó a relucir la falta de protección jurídica y social que tenían las mujeres en España”. Se desataron movilizaciones exigiendo a las instituciones públicas cambios en la legislación y los españoles empezaron a concienciarse de la necesidad de hacer algo contra la violencia machista, dejando al conservador Gobierno de José María Aznar entre las cuerdas.

Viejas y nuevas piedras en el camino

La abogada resalta que son muchos los factores por los que España se encontraba tan estancada en la lucha contra la violencia de género, pero es importante subrayar, “la falta de concienciación social de un país con tradición franquista que relegaba a las mujeres al ámbito doméstico y les asignaba un rol de segunda categoría respecto a los hombres”. Esto hacía que los malos tratos fueran totalmente invisibilizados y fueran considerados un problema del ámbito privado que debía resolverse en el marco del matrimonio.

Como explica Ramírez, más allá de la historia reciente de España, el patriarcado lleva miles de años instalado en la mentalidad de la sociedad, por lo que se requiere de tiempo para generar un cambio, cambio para el cual nunca faltan resistencias.

La contraofensiva al movimiento feminista en España lo protagoniza ahora una formación política de nuevo cuño (2013). Vox, el partido político de extrema derecha que irrumpió en el parlamento español tras las elecciones generales del pasado mes de mayo, considera que la legislación en vigor contra la violencia de género “discrimina a los hombres” y aboga por eliminarla para sustituirla por leyes de “violencia intrafamiliar” que puedan proteger “por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños”.

También han proclamado su intención de acabar con las asociaciones y organizaciones feministas que trabajan con víctimas de violencia de género; y hablan de “perseguir las denuncias falsas” interpuestas por violencia de género (aunque éstas supongan el 0,013% del total de las denuncias).

“Por culpa del reciente auge de la extrema derecha en España, el discurso feminista ha pasado de luchar por conquistar nuevas metas, a tener que dirigir la atención a defender los derechos ya conquistados que ahora se encuentran en tela de juicio. Son innumerables los factores que hacen que aún hoy en día la violencia de género siga siendo una lacra en España”, explica Ramírez.

En opinión de Octavio Salazar, jurista español especialista en derecho constitucional –especialmente conocido por sus trabajos sobre igualdad de género y nuevas masculinidades–, el discurso de este partido político “puede ser una amenaza en la medida en que se conviertan en una fuerza con capacidad de gobierno o de incidir en las políticas gubernamentales [algo que aún está por ver, cuando finalmente se forme gobierno]”, al margen, dice, de que son un peligro de por sí porque “crean un discurso reactivo que cala en muchos sectores de la sociedad y que puede ser un freno evidente para los avances en igualdad”.

De la falta de protección jurídica, enmendada…

Gracias a las movilizaciones tras la muerte de Ana, comenzaron a perseguirse de oficio la violencia de género y surgieron las órdenes de alejamiento, pero estas medidas eran insuficientes para proteger a las mujeres y el movimiento feminista continuó presionando hasta conseguir nuevas metas. La esperada legislación llegó en 2004 e incluía un aumento de penas prisión, medidas de prevención, sensibilización y formación de agentes específicos en materia de violencia de género.

Con esta ley, España se convirtió en uno de los primeros países europeos en instaurar una ley marco específica contra la violencia de género, a la que se sumó la ley de igualdad en 2005. Sin ir más lejos, el Convenio de Estambul del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia de género [firmado por la UE y todos los Estados miembros, entre otros], es del año 2011, es decir, que se formalizó siete años después de que en España ya existiese una ley específica.

Pero, a pesar de los progresos, el número de víctimas de la violencia machista en España sigue siendo alarmante. Cuarenta y cinco mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año, 1.020 desde que empezaron a contarse estos casos en 2003, hasta el cierre de esta crónica.

No obstante, en España la incidencia es menor que en otros países de la región (de los que existen datos sobre este tipo de violencia). Aunque es difícil comparar unos países con otros, según datos de Eurostat –la oficina de estadística de la UE–, Francia, Alemania, Inglaterra y Gales e Italia lideraron la tabla de homicidios intencionales a mujeres entre 2015 y 2017.

En lo que se refiere a las denuncias registradas en los juzgados de violencia de género (en España) han aumentado en los últimos años (de poco más de 134.000 en 2010 a casi 167.000 en 2018); no obstante, hay que ser cautelosos al leer los datos. Como señala Salazar a este medio, en España ha aumentado la conciencia social en los últimos años con respecto a este problema y como consecuencia han aumentado las denuncias, pero esto no necesariamente quiere decir que hay más víctimas, sino “una mayor visibilidad del problema”, algo que hace poco más de 10 años, apunta, “prácticamente ni se hablaba y no estaba en los medios de comunicación”.

… A la falta de medios en formación y educación, por enmendar

El presupuesto que el gobierno español destinó en su “Estrategia nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer” para el periodo de 2013 a 2016 fue de unos 1.560 millones de euros (unos 1.730 millones de dólares USD), mientras que el impacto económico de la violencia de género (atención sanitaria, servicios sociales, procesos judiciales, etc.) superó los 10.000 millones de euros. El coste para el PIB de los Veintiocho se calcula que asciende a un 0,8% (equivalente a unos 110.000 millones de euros).

Salazar explica que el origen de la violencia no es otro que una cultura machista que imita un determinado modelo del sujeto hombre y una manera de entender las relaciones entre los hombres y las mujeres que es difícil de cambiar a corto plazo. En su opinión, para lograr este objetivo –equiparable a una carrera de fondo– hay que centrarse muy particularmente en trabajar “con los chicos jóvenes que están reproduciendo de manera acentuada este comportamiento, creando unas relaciones muy tóxicas”.

Ramírez, al examinar las cifras de víctimas de violencia de género, señala que en España no está fallando la ley, el problema básico es que ésta no se cumple en muchos casos, sobre todo en lo referente a la formación de los profesionales y la inversión en educación.

Quince años después de la implantación de la ley contra la violencia de género, por ejemplo, más de la mitad de las 31 capitales españolas no disponen todavía de juzgados de lo penal especializados; la formación a profesionales sanitarios es escasa y la educación que reciben los menores de edad en igualdad y género no ocupa apenas horas en el calendario lectivo, dice.

Sin embargo, Ramírez y Salazar coinciden en que, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer, la sociedad española tras la muerte de Ana ya nunca ha sido la misma, y la organización de dos huelgas feministas en los últimos dos 8M –calificadas de históricas, y lideradas por los sindicatos CCOO, UGT, organizaciones feministas y diversos grupos de la sociedad civil–, son un claro ejemplo de ello.

El Convenio sobre la violencia y acoso en el trabajo, promovido activamente por el movimiento sindical internacional (y sindicatos nacionales), fue adoptado en Ginebra el pasado mes de junio y está pendiente de ser ratificado por todos los miembros, incluido España. No obstante, justo la semana pasada, la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, declaró que “España está en condiciones de efectuar una rápida ratificación del Convenio”, incluso con un Gobierno en funciones como el actual.

La violencia de género ahora es visible y reconocible por cualquier ciudadano como algo que puede estar pasando en su casa, o quizás, en la casa de al lado.