Lloran a sus jóvenes, a sus chavalos. No es coincidencia que sean éstos quienes engrosan las listas de fallecidos, pues el conflicto comenzó en varios campus universitarios: el de la Universidad Politécnica de Nicaragua, el de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y el de la Universidad Centroamericana. La gran mayoría de los muertos, revelan las listas, son hombres y menores de 30 años.

“Después de 11 años perdimos el miedo, eso decían los jóvenes afuera de la universidad”, así inicia el relato Iván Matus, un joven que presenció el primer ataque armado del conflicto desde dentro de la Universidad Politécnica de Nicaragua.

“Lo que detonó esto fue que el primer muerto sucedió dentro de los perímetros de la Universidad Politécnica de Nicaragua, eso indignó a un país, eso hizo que nosotros llegáramos de manera voluntaria y que mucha gente llegara. La manera en la que esta persona fue asesinada fue brutal. Lo persiguieron y le dispararon a un metro. Las imágenes fueron grotescas. Sentí rabia, teníamos 11 años de estar callados bajo un régimen autoritario que se podía convertir en dictadura, la gente estaba apática y con miedo porque se creía que hasta cierto punto había estabilidad económica, se creía que había trabajo, algún tipo de prestaciones para decir: ‘bueno estamos mejor que antes’. Pero en realidad la gente estaba inconforme y al tener a los primeros muertos de 20 años, 18 y hasta 15 años y ver que estaban matando a los jóvenes sin escrúpulos y ningún tipo de remordimiento, creo que hizo el detonante social más grande”, narra Matus.

Fue después de una represión brutal por parte de las autoridades y grupos de la juventud sandinista (afines al Gobierno) que los estudiantes habrían tomado la Universidad Politécnica para atrincherarse adentro, señala Matus. Empezaron 20 estudiantes, pero en un punto llegaron a ser más de 300. Si en un comienzo la estrategia antidisturbios empleó balas de goma y gases lacrimógenos, después llegaron las balas. Eran ataques a matar.

Los jóvenes no tenían una estrategia; se atrincheraron pero no contaban con armas de fuego, sólo morteros artesanales y piedras. Poco después empezaron a recolectar suministros: medicamentos, agua y alimentos, y a organizar brigadas médicas con el apoyo de estudiantes de medicina, pues los hospitales públicos no estaban recibiendo heridos, ni la Cruz Roja operando, bajo lo que presumen los protestantes era una orden estatal.

“La única razón por la que no hubo una masacre ese día [19 de abril], fue porque al final salió tanta gente de la comunidad que empezaron a cercar las calles y comenzaron a hacer barricadas y defender la universidad. Ellos decían ‘no vamos a dejar a los chavalos solos’”, recuerda Matus.

La espiral violencia no tardó en llegar, concretamente el 30 de mayo, cuando se registró uno de los eventos más mortíferos: durante la marcha del día de las madres, que reunió a cerca de medio millón de personas, los francotiradores tiraron a voluntad. Un mes más tarde, el 6 de julio, una familia murió calcinada en un incendio que tanto el Gobierno como la oposición se achacan mutuamente.

A fecha hoy se registran, además de los tiroteos, ataques con cipermetrina (insecticida) perpetrados por avionetas a poblaciones; agresiones con ácido sulfúrico, detenciones arbitrarias, secuestros y actos de tortura. Según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los más afectados son los estudiantes, defensores de derechos humanos, periodistas y religiosos.

Reforma del sistema de pensiones. Arcas del Estado saqueadas

Un decreto presidencial para reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y aumentar las cotizaciones levantó la indignación popular, fue así como el 18 de abril los nicaragüenses se lanzaron a las calles en señal de protesta pacífica en un movimiento autodenominado #SOSNICARAGUA. Una protesta que se convertiría inmediatamente después en la crisis política y de derechos humanos más sangrienta que ha vivido el país desde la revolución sandinista.

El decreto estaría elevando los montos de cotización de un 7% a un 11% y 17% en el régimen facultativo de invalidez, vejez y muerte y en el integral, respectivamente, y recortando las pensiones en un 5%. Los montos afectarían a la empresa privada, y, en especial, a la ciudadanía, que vive, aproximadamente en un 40%, en condiciones de pobreza, según estimaciones de la Comisión Europea.

El incremento fue justificado por el Ejecutivo para salvaguardar la sostenibilidad del INSS después de declarar que el instituto habría sido saqueado por los tres gobiernos anteriores. Estas afirmaciones son discutidas por los manifestantes, que aducen un desfalco de las finanzas del Estado por el Gobierno actual (en el poder desde 2007).

Producto de esta situación habría hasta la fecha 277 muertos, más de 2.000 heridos, 215.000 empleos perdidos, 1,3 millones de personas en riesgo de caer en la pobreza (en un país de poco más de 6 millones de habitantes) y cerca de 250 millones de dólares USD (unos 214 millones de euros) en pérdidas, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES).

Si Daniel Ortega se va… pero… ¿y si se queda?

Dos escenarios binarios: el fin a la crisis o su agudización. Lo que implica la salida transitoria de Ortega, presidente actual, o una continuidad en el poder de su "régimen" y un "aumento de la represión para contener la oleada de descontento popular". Así lo confirmó Vilma Núñez, directora del CENIDH cuando conversó con Equal Times vía telefónica desde Nicaragua a inicios de mayo. En ese entonces la mesa de diálogo nacional estaba conformándose bajo el liderazgo de la Conferencia Episcopal de Nicaragua.

Sin embargo este esfuerzo no prosperó, la Conferencia Episcopal se retiró aduciendo que no existían condiciones para el trabajo ni para instaurar una Comisión de Verificación y Seguridad. Sumado a las amenazas para los representantes de sociedad civil, el sacerdote José Alberto Idiáquez, rector de la Universidad Centroamericana (UCA) y uno de los principales defensores de los manifestantes pacíficos, sufrió amenazas de muerte, las cuales quedaron constatadas en las medidas de protección otorgadas por la CIDH.

Finalmente, había un sentir generalizado de doble moral del Gobierno, que por un lado demostraba apertura para dialogar y por otro sigue reprimiendo violentamente a la población; por lo que ambos escenarios son totalmente inciertos.

Según FUNIDES, que ha monitoreado el impacto de la crisis sociopolítica en la economía del país: en caso de “una salida negociada a la crisis a finales del mes de julio [que logre] un marco de entendimiento en los temas de justicia y democratización [y ponga] fin a la represión, violencia e inseguridad ciudadana”, lo que equivaldría a una salida del poder de Ortega, la tasa de crecimiento de la actividad económica para 2018 se contraería a un -0,03% en comparación con el ejercicio de 2017, y las pérdidas alcanzarían los 638 millones de dólares (unos 550 millones de euros) en valor agregado. En caso de que el actual dirigente no salga del poder y la crisis se agudice en la segunda parte del año, la contracción de la tasa de crecimiento se precipitaría a un -5.6% y las pérdidas se duplicarían hasta los 1.400 millones de dólares (unos 1.200 millones de euros). Además, las pérdidas de empleo, según esta Fundación, se prevén por decenas de miles, principalmente en el sector de la restauración, seguido de cerca del de comercio, construcción e industria manufacturera.

La posición del Gobierno de Nicaragua fue dada a conocer el 4 de junio en Washington (EEUU) durante la cuadragésima octava Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). En la “Declaración de apoyo al pueblo de Nicaragua”, los representantes del país centroamericano aceptaron el apoyo de la OEA y la intervención de la CIDH. A la fecha, los sitios web de las instituciones del Gobierno de Nicaragua (Cancillería, Presidencia y Ministerio de Hacienda) no están operando ni es posible contactar a los encargados de prensa.

En silencio, a oscuras y con miedo

A las 5 de la tarde Managua muere, hay prácticamente un toque de queda y las personas tienen miedo de salir de sus casas; hay grupos armados disparando por las colonias, temor, incertidumbre y pánico generalizado.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas confirmó el 5 julio que hay grupos afines al gobierno armados en las calles intimidando a la ciudadanía. “Mi equipo escuchó testimonios de profunda frustración y desesperación, así como de miedo generalizado. Es necesario establecer garantías reales para que las personas puedan ejercer sus derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación. También hay que garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Exhorto al Estado a garantizar la realización de investigaciones efectivas, independientes, imparciales y rápidas para establecer la verdad y asegurar la rendición de cuentas por las violaciones y abusos cometidos desde abril”, declaró Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en un comunicado.

Tras los intentos por establecer una mesa de diálogo, la última alternativa parece quedar en manos de actores internacionales. Tras una visita para constatar la situación, la CIDH elaboró 15 recomendaciones para lograr la estabilidad en el país y el pasado 24 de junio se estableció el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) que llevará hasta Nicaragua al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH.

Asimismo la Organización de Estados Americanos emitió una resolución el pasado 18 de julio con el apoyo de 21 países del continente que condena enérgicamente los hechos y llama al Estado a establecer un calendario electoral para tener unas nuevas elecciones. A estas voces se sumó la Unión Europea con un pronunciamiento similar dos días antes, en el que urge una salida pacífica y democrática al conflicto.

El equipo de la CIDH, único en el terreno, se encargará de vigilar el cumplimiento de las medidas de protección interpuestas para múltiples actores del conflicto y dará asistencia a la Comisión de Verificación y Seguridad para que el Estado investigue las violaciones ocurridas desde el 18 de abril y establezcan las responsabilidades de quienes habrían perpetrado los asesinatos, actos de tortura y otros múltiples desórdenes.

A la fecha, los acontecimientos siguen en proceso de desarrollo. El pasado 17 de julio hubo una ofensiva de represión en ciudades como Masaya y Monimbó, reportadas por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, bajo lo que se denominó “Operación Limpieza” y los ataques siguen siendo reiterados contra los actores del diálogo nacional, especialmente los sacerdotes. La Alianza Cívica de Nicaragua estima que cada seis horas hay una nueva víctima mortal.