La Nueva Agenda Urbana, ¿“condenada a dejar en la estacada” a los trabajadores?

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Hace apenas un mes, 30.000 representantes de gobiernos, empresas, planificación urbana, instituciones académicas, sindicatos y sociedad civil de todo el mundo aterrizaron en Quito, la capital de Ecuador, para participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, conocida como Hábitat III.

Este es el primer Hábitat —una cumbre mundial que se convoca cada 20 años— que tiene lugar en un mundo cuya población vive mayoritariamente en núcleos urbanos; el alcance de la conferencia es tan vasto como su objetivo declarado de alcanzar “un compromiso político renovado que garantice un desarrollo urbano sostenible”.

Los desafíos son hercúleos. Las ciudades, a pesar de que sólo abarcan el 2% de la superficie terrestre, albergan en nuestros días a más del 50% de la población mundial, cifra que en 2050 se espera alcance el 70%.

Por otro lado, las ciudades emiten algo menos de las tres cuartas partes de todas las emisiones de carbono; en ellas proliferan la desigualdad, la pobreza y la exclusión social; el número de migrantes y de refugiados crece exponencialmente y, en muchos países, el desarrollo urbano es prácticamente sinónimo de asentamientos y empleos informales.

Además, ciudades de todo el mundo tienen que lidiar con la falta de viviendas dignas y asequibles. De aquí a 2025 será necesaria la construcción de otros mil millones de viviendas nuevas.

A todo ello se añade la colosal tarea de proteger a la población y a las ciudades mismas de los efectos devastadores del cambio climático; el urgente problema de la financiación de las billonarias inversiones, necesarias para financiar la Nueva Agenda Urbana (NUA, según sus siglas en inglés), el documento de 23 páginas, piedra de toque de Hábitat III, que establece el modelo para lograr ciudades verdes, inclusivas y equitativas en el futuro.

¿Y qué tiene todo esto que ver con los trabajadores? Todo, afirman los sindicatos.

“Los trabajadores son fundamentales para el desarrollo económico, sostenible y cultural de las ciudades”, afirmó Per-Olof Sjöö, presidente de la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM) ante los delegados participantes en la Mesa Redonda de Sindicatos y Trabajadores celebrada durante Hábitat III.

“Los trabajadores construyen e impulsan las ciudades, les dan servicio y las mantienen. Los trabajadores son el motor de las ciudades: en Hábitat III nos estamos jugando nuestro futuro”.

Dicho de otro modo, si el medio de vida de los trabajadores no es sostenible, tampoco lo serán las ciudades en las que viven. Pero, ¿en qué medida estuvieron de acuerdo los responsables políticos?

 

Por debajo de las expectativas

La redacción del texto de la Nueva Agenda Urbana nos sirve de indicador: el término “trabajadores” apenas aparece un puñado de veces; la palabra “sindicatos” sólo se menciona una vez (en el párrafo 48). El “trabajo informal” sale mejor parado y aparece en varios párrafos, que hacen referencia a la necesidad de sacar de la economía informal a millones de pobres de las ciudades y trasladarlos a empleos estructurados. En cambio, el “sector privado” y las “empresas” se mencionan cinco veces cada uno a lo largo del documento.

Jin Sook Lee, director de Campañas Internacionales de la BWI y Daria Cibrario –responsable del Sector Gobierno Local y Regional y de Multinacionales de la Internacional de Servicios Públicos, una federación sindical mundial— participaron como miembros del Grupo de los Sindicatos y los Trabajadores en la Asamblea General de las Partes, que se esforzó por influir en la NUA negociada por los Estados miembros.

Antes de la conferencia, los sindicatos redactaron su documento de posición, una agenda de diez puntos, “por unas ciudades justas e inclusivas”, que detalla los principales motores para impulsar la urbanización inclusiva, desde la perspectiva sindical.

“En nuestra opinión,” explica Cibrario a Equal Times, la “Nueva Agenda Urbana debe servir a las personas; para ello debe abordar sus necesidades básicas mediante políticas que creen empleos urbanos dignos y garanticen el acceso equitativo a servicios públicos urbanos; y no apostar medidas con ánimo de lucro, como la privatización de los servicios urbanos fundamentales, la competencia y comparación entre ciudades. Queremos que los trabajadores sean el núcleo central de esta Agenda y su implementación, ya que suponen la inmensa mayoría de quienes habitan las urbes, sean mujeres, jóvenes, migrantes o trabajadores precarios e informales”.

En este sentido, Cibrario afirma que el documento final adoptado el 20 de octubre: está “por debajo de nuestras expectativas”.

Tomemos como ejemplo el trabajo decente. Si bien varios de los 175 párrafos de la NUA apoyan consistentemente la promoción del trabajo decente como un compromiso transformador —algo por lo que los sindicatos tuvieron que “luchar con uñas y dientes”— la NUA no menciona la agenda por el trabajo decente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el marco operacional que utiliza el empleo, los derechos laborales, las protecciones sociales y el diálogo social como el mecanismo para combatir la pobreza y propiciar el desarrollo sostenible.

La no incorporación de la labor política de la OIT en Hábitat III evidencia los problemas de incoherencia que podrían impedir progresar la Agenda. Hábitat III es la primera gran conferencia de la ONU desde la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en septiembre de 2015, y del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, de diciembre de 2015.

Dada la disminución constante de sus recursos, ¿cómo van a cumplir los gobiernos el número cada vez mayor de compromisos internacionales que asumen, sobre todo en el ámbito local, donde más se sentirán las repercusiones de la NUA?

 

“El tema tabú”

Para los sindicatos, el nudo gordiano es la recaudación de fondos para implementar la NUA. “Los gobiernos locales y regionales están recibiendo mandatos pero faltos de recursos”, afirma Cibrario. Las soluciones para la financiación que se propusieron en Hábitat III tienden a poner el acento sobre el cobro de tarifas a los usuarios finales, por servicios como el agua, la electricidad y el saneamiento, para hacer más “eficientes” los presupuestos urbanos y digitalizar los empleos del sector público, además de recaudar capital privado. Pero es poco probable que esto promueva la inclusividad que, supuestamente, sustenta la Agenda, arguyen sus críticos.

Emanuele Lobina, profesor de ética y gobernanza empresarial en la Unidad de Investigación de la Internacional de Servicios Públicos (PSIRU, en la Universidad de Greenwich, Londres), afirmó durante la mesa redonda que “los problemas encontrados con los partenariados público-privados (PPP) son similares a los de la privatización”.

Lobina rechaza la idea de que las PPP en los servicios urbanos básicos aporten dinero adicional. “El sector privado tiene acceso a los mismos recursos financieros que el sector público. La única diferencia es que el privado tiene que pagar más porque corre más riesgos”, afirma.

Según la investigación de Lobina, las PPP incurren, de hecho, en riesgos y costos adicionales (que sufragan los contribuyentes), precarización laboral, destrucción de empleos y recortes salariales (debido al ánimo de lucro), además de mayores niveles de secretismo y corrupción, derivados de las ingentes cantidades de dinero y los contratos a largo plazo asociados a las PPP.

“La remunicipalización, las asociaciones público-público, la cooperación intermunicipal y, a la postre, la propiedad y gestión públicas de los servicios urbanos esenciales resultan una opción mucho mejor y más viable que las PPP” concluye Lobina.

Según los sindicatos hay otra alternativa que permitiría financiar la Nueva Agenda Urbana, aunque no resulta fácil.

“Una de las grandes ausentes de los debates fue la cuestión de la justicia fiscal” afirma Cibrario. “Es tema tabú”.

Se estima que 30 billones dólares de impuestos no pagados se acumulan en paraísos fiscales, de los cuales 12 billones de dólares proceden de los países en desarrollo.

“Todo el mundo habla de la necesidad de financiar los recursos municipales pero nadie menciona que las ciudades africanas, por ejemplo, son despojadas de los impuestos corporativos que les corresponden, debido a un sistema fiscal internacional que permite a las compañías aplicar rutinariamente la erosión de la base imponible y desviar sus beneficios” afirmó Cibrario en la Mesa Redonda.

Los sindicatos, además de abogar por unos sistemas fiscales progresivos, reclaman que se deje de descargar la deuda privada sobre las finanzas públicas (los recates a los bancos tras la crisis de 2008 son un ejemplo flagrante) y que se ponga fin a los acuerdos “por encima de la ley” en los tratados de comercio, como las exenciones e incentivos fiscales y las zonas francas industriales.

Resultan alarmantes, sobre todo, los mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS) , incorporados a los acuerdos de comercio, que permiten a una empresa individual demandar a todo un país. Según estimaciones de la ISP, hay en la actualidad 26 demandas en proceso de arbitraje de ISDS, por valor de miles de millones de dólares.

 

Los sindicatos, cruciales para las ciudades inclusivas

La NUA también hace caso omiso de la incorporación de cláusulas laborales a los contratos de oferta pública y financiación de infraestructuras, como medio de promover y salvaguardar el empleo decente. Según Gunde Odgaard, del sindicato danés de la construcción BAT-Kartellet, 72 de los 98 municipios de Dinamarca han incorporado cláusulas laborales para garantizar unos salarios dignos, pleno empleo, formación y prevención en materia de salud y seguridad para el personal; también las han incorporado varios proyectos de infraestructuras de envergadura, en países como Uganda, Camboya y Panamá.

“Incorporar cláusulas laborales en los contratos eleva a los trabajadores a un nivel superior, les abre la puerta a empleos estructurados, a la capacitación y a disfrutar de derechos sindicales que les permitan organizarse y negociar”, afirma Odgaard. También propicia que empleo decente se haga local, según Sjöö, y permita a los gobiernos municipales mejorar y expandir las ciudades, estimular la economía local, al tiempo que se garantizan los derechos laborales.

Una vez finalizada Hábitat III, el reto radica en convertir la Nueva Agenda Urbana en un documento vivo, a pesar de su carácter no vinculante.

El diálogo social será clave en su aplicación, pero a los sindicatos les preocupa su exclusión de conversaciones vitales. “Los sindicatos no deberían ser incluidos de manera opcional, deberían ser uno de los interlocutores sociales clave, en pie de igualdad con las autoridades locales y empresas”, afirma Cibrario. Se les debería “incorporar en los mecanismos de gobernanza de ONU Hábitat que implementarán el cumplimiento de la Agenda”, y reconocerse el peso específico de los sindicatos en el diálogo social tripartito y la negociación colectiva.

“Sin ello, la Nueva Agenda Urbana estará abocada a un estrepitoso fracaso” afirmó.