Todos los Estados Miembros están representados por dos delegados gubernamentales –generalmente los ministros encargados de asuntos sociales–, a los que se suman un delegado empleador y un delegado trabajador, todos ellos asistidos por consejeros. Todos los delegados tienen igual derecho a hacer uso de la palabra y a votar libremente.

Tras casi 100 años de funcionamiento de la OIT se han adoptado numerosas recomendaciones y convenios (los convenios son tratados internacionales cuya ratificación los hace legalmente vinculantes; las recomendaciones no están sometidas a una ratificación, por lo que no resultan legalmente vinculantes).

La Conferencia examina entre otras cosas la aplicación de dichos convenios y recomendaciones por parte de los distintos Estados Miembros, y aprueba asimismo cada dos años el programa y el presupuesto de la OIT, financiado por los Estados Miembros.

Además, desde 1998, la OIT tiene una función adicional: examinar el informe global elaborado por la Oficina Internacional del Trabajo sobre una de las cuatro categorías de principios y derechos fundamentales en el trabajo: la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil; y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

Marginada y debilitada

Esta 104ª CIT que tendrá lugar en 2015 abordará varios temas esenciales, como la protección social de los trabajadores y trabajadoras y la aplicación de las normas internacionales: dos temas candentes si se tiene en cuenta que cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo.

Otro tema de gran importancia en esta reunión será el trabajo informal, una noción forjada a principios de los años 1970 por la propia OIT, para designar cualquier tipo de empleo que no está sometido a la regulación del Estado.

La principal cuestión desde entonces ha sido: ¿hace falta contribuir a reducir el trabajo informal para hacerlo formal, o bien fomentarlo puesto que a pesar de todo permite a la población que vive en condiciones precarias tener una actividad y obtener ciertos ingresos?

La CIT examinará concretamente un importante informe, publicado en marzo de 2015, que estudia la transición de la economía informal a la economía formal.

Pero para los trabajadores y trabajadoras del mundo entero, al igual que para sus representantes, resulta esencial que la OIT consiga reafirmar su posición en la escena internacional, frente a las instituciones financieras internacionales – el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) – y la Organización Mundial del Comercio (OMC), creada en 1995.

La OIT se ha visto en realidad marginada por estas instituciones y debilitada por la disminución de la tasa de sindicalización, tanto en los países del norte, donde el empleo es cada vez más precario, como en los países del sur, donde predomina la economía informal.

Como ilustración de esta marginación y este debilitamiento podríamos citar el hecho de que, después de haber intentado en los años 1970 –bajo el impulso de los países comunistas, los países del sur y los sindicatos– regular la acción de las empresas multinacionales, la OIT abandonara poco a poco este objetivo pasando a considerar a las EMN como socios prioritarios, perdiendo en gran parte su enfoque crítico en relación con las mismas.

No obstante, la OIT ha intentado desde los años 1990 reafirmarse: en 1994 obtuvo el estatus de observadora ante el Banco Mundial y el FMI. Sobre todo, la adopción desde 1999 del concepto de “trabajo decente” es una importante etapa.

Esta noción cubre todos los tipos de empleo, tanto formal como informal, insistiendo en la necesidad de instaurar un piso mínimo en relación con las condiciones de trabajo, con el calificativo de “decente” que recuerda el registro del cristianismo social que inspirase a algunos de los fundadores de la organización.

La OIT estableció en este marco equipos de asistencia técnica destinados a aconsejar a los Gobiernos, particularmente en África, que quieran promover el trabajo decente.

En 2005 lanzaría los Programas de Trabajo Decente por País (PTDP), que cubren actualmente varias decenas de países. Desarrolló asimismo el Programa para la salud y la seguridad en el trabajo Safework.

En 2005, la OIT consiguió que la noción de “trabajo decente” figure por fin en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de la ONU.

Signo de que la OIT se encuentra en vías de salir de su marginación, en 2009 sería admitida como observadora en el G20.

También se acercó a la OMC. ¿Pero ese acercamiento va en el sentido de las ideas progresistas defendidas históricamente por la OIT, o más bien en línea con las ideas neoliberales promovidas por las IFI y la OMC? Conviene preguntárselo.

Si en algunos aspectos la OIT parece estar en vías de abandonar su orientación social, en otros parece de hecho promover sus ideas humanistas: los objetivos de trabajo decente y de lucha contra la pobreza fueron incluidos en la Ronda Doha de negociaciones de la OMC a principios de los años 2000 y en los documentos de la estrategia de reducción de la pobreza (DERP) de las instituciones financieras internacionales.

En 2008, la adopción de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa favorece la difusión de ideas socialmente progresistas, pese a no tener fuerza ejecutoria.

Y en 2009, el Banco Mundial modificó su ‘indicador sobre empleo de trabajadores’, que acordaba una buena nota a los países que desregulaban su mercado de trabajo. Actualmente, este indicador valora el establecimiento de una protección de los trabajadores en base a los convenios de la OIT.

Es importante que la OIT continúe su acción y que no diluya su identidad y los principios progresistas en una colaboración desequilibrada con las instituciones económicas y financieras.

Una pista para acordar más peso a la OIT sería que todos los convenios tengan carácter vinculante; esto es, al igual que la OMC dispone de un poder de sanción a través de su órgano de solución de diferencias (OSD), que la OIT también disponga de un poder de sanción hacia los Estados o las firmas multinacionales que infrinjan sus principios.