Cuando la pandemia del coronavirus comenzó a propagarse por todo el mundo, los médicos y científicos advirtieron que era especialmente mortal para las personas mayores. Unos meses después del primer brote, detectaron otro sesgo aparente del virus: el género. Según los datos recopilados por Global Health 50/50 en Italia, los hombres representaron el 68% de los fallecimientos, en China el 64% y en Reino Unido, la Oficina de Estadísticas Nacionales reveló que en marzo, los hombres presentaban dos veces más probabilidades de morir a causa de la COVID-19 que las mujeres.
Las razones de esta disparidad siguen siendo desconocidas; se ha avanzado que las mujeres fuman y beben menos, y tienen estilos de vida más saludables en general, pero no son concluyentes. Sin embargo, los expertos en salud apuntan a otra discrepancia de género más preocupante.
“La idea de que en todo el mundo la COVID-19 afecta desproporcionadamente al género masculino es cierta en términos de tasa de mortalidad”, afirma Kelli Hall, autora principal de un estudio publicado en la revista médica The Lancet que aborda la forma en que las respuestas a la COVID-19 están ignorando la salud sexual y reproductiva, así como la justicia. “Las profundas implicaciones que representa para las mujeres y las niñas, más allá de un mayor riesgo de mortalidad, están siendo dejadas de lado en el debate mundial, en la política y entre el público en general”.
En tiempos de crisis, los países tienden a relegar las cuestiones de género al último plano de sus prioridades, y el coronavirus no es una excepción.
La situación de emergencia de salud pública y la crisis económica que está provocando agravan las desigualdades preexistentes, imponiendo a las mujeres una mayor precariedad, especialmente en entornos de bajos recursos. Gran parte de esta precariedad empieza con menores posibilidades de planificación familiar.
DKT International es una ONG que trabaja principalmente en el hemisferio sur y es uno de los mayores distribuidores de anticonceptivos y proveedores de servicios de aborto seguro en el mundo. En 2019, proporcionó productos y servicios de planificación familiar, prevención del VIH/SIDA y aborto seguro a 48 millones de parejas. Chris Purdy, fundador y director gerente de DKT, comentó a Equal Times la forma en que la pandemia ha afectado a las cadenas de suministro: “la producción de materias primas, el envío, el flete, el despacho, el almacenamiento; cada una de las etapas para llevar un producto al mercado se ha visto interrumpida”.
En Nigeria, donde DKT realiza sus actividades y en el momento de escribir este artículo, 12 millones de condones y cuatro millones de paquetes de píldoras anticonceptivas se encontraban bloqueados en un puerto de Lagos. El envío se vio afectado por meses de retraso debido a la COVID-19, y las existencias de condones en Nigeria (que son todos importados, según Purdy) se están agotando.
A mayor vulnerabilidad, mayor impacto negativo
A medida que avanza la pandemia, una de las principales preocupaciones de Purdy es que los fabricantes concedan mayor prioridad a los mercados de países más ricos para compensar sus pérdidas. “Los mercados menos rentables son los que recibirán menos atención”, afirma.
Women on Web, una ONG que ofrece teleabortos (servicios a distancia que consisten en consultas virtuales y el envío por correo de medicamentos para inducir abortos farmacológicos), señaló que su público ha cambiado desde que comenzó la pandemia. La ONG, que se inició como Women on Waves en 1999 brindando servicios de aborto extraterritoriales a mujeres en países en donde el servicio estaba restringido o prohibido, “ha experimento un aumento de las solicitudes de ayuda” desde que comenzó la COVID-19, según un comunicado enviado a Equal Times. “Lo interesante de este aumento es que no [solo] estamos recibiendo solicitudes de ayuda de países donde el aborto está restringido, sino también de países donde es legal porque las mujeres ya no pueden acceder a los servicios disponibles debido al confinamiento, el cuidado de los niños, etc.”.
Marie Stopes International, una ONG que proporciona anticonceptivos y servicios de aborto seguro en 37 países, elaboró diferentes situaciones hipotéticas de interrupción en las cadenas de suministro y prestación de servicios. En el peor de los casos (una prestación mínima de servicios para el resto de 2020), un portavoz de la organización indicó que se verían en la imposibilidad de proporcionar servicios a 9,5 millones de personas menos como resultado de las interrupciones relacionadas con el coronavirus. También anticipó de 1,3 a 3 millones de embarazos no deseados adicionales, de 5.000 a 11.000 fallecimientos maternos y entre 1,2 y 2,7 abortos inseguros en el marco de sus programas nacionales.
Este sombrío panorama se ha visto agravado recientemente por una decisión de Washington. El 29 de mayo, hablando desde el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca —el mismo lugar desde el que solo unos días después amenazaría con aplastar con el ejército las protestas por el asesinato de George Floyd—, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos se retiraba de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Fue el siguiente paso después de suspender a mediados de abril los fondos (destinados a la OMS) por no responder esta adecuadamente, a juicio del presidente, al brote de coronavirus.
Estados Unidos es el mayor proveedor de fondos de la OMS, a la que contribuyó con más de 400 millones de dólares estadounidenses (unos 354 millones de euros) en 2019.
“En un momento en el que más necesitamos de una fuerte cooperación y coordinación internacional, una retirada de fondos de tal envergadura a la OMS es una decisión profundamente irresponsable y perjudicial”, afirma Karmen Ivey, responsable de prensa internacional de Marie Stopes. “Repercutirá particularmente sobre aquellos que se han visto más afectados por la COVID: mujeres y niñas, comunidades pobres y trabajadores sanitarios de primera línea, que dependen de la OMS para apoyar los sistemas nacionales de salud. Sin la importante labor de la OMS en todo el mundo, morirá un número mayor de mujeres y niñas”.
Semejante a la ley mordaza, pero más perniciosa
Hall, autora del estudio en The Lancet, comparó la medida con la “ley mordaza global”, aquella política de la era Reagan que prohibía la financiación de grupos que prestaban servicios de aborto, que ha sido restablecida y ampliada bajo la administración Trump, “pero más perniciosa”.
“Sabemos que la ley mordaza surte efectos nefastos sobre la capacidad de los países en desarrollo para proporcionar servicios integrales de salud sexual y reproductiva a las poblaciones que más los necesitan y, a su vez, [los gobiernos] no están bien equipados para prevenir la morbilidad y mortalidad materna. Una política que retira gran parte de los fondos a la OMS tiene una serie de implicaciones aún más amplia”.
En México, donde, salvo en dos jurisdicciones (Ciudad de México y el estado de Oaxaca), el aborto es ilegal, excepto en casos de violación, los activistas han redoblado esfuerzos para educar a las mujeres sobre la planificación familiar y sobre la manera de acceder a un aborto seguro, y han recurrido a las redes sociales para difundir información durante el confinamiento.
Adriana Jiménez, quien dirige el sector de salud sexual de la ONG Equidad, comentó a Equal Times que, a finales de mayo, el número de llamadas recibidas para solicitar información sobre abortos legales y seguros se había triplicado desde que comenzó el confinamiento. El número de llamadas relacionadas con la violencia doméstica, con mujeres pidiendo ayuda para encontrar refugios, se había duplicado.
“A pesar del confinamiento, sabemos que la violencia contra las mujeres y las niñas no se detiene. Tampoco la necesidad de acceso a la salud sexual y reproductiva, como la prevención de embarazos no deseados y anticonceptivos”, asegura Jiménez.
“Trump no es el único que recorta fondos”, agrega. En 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, redujo los fondos destinados a organizaciones de la sociedad civil como parte de las medidas de austeridad. “Las organizaciones no gubernamentales de mujeres pertenecen a este tipo de organizaciones”. La medida fue denunciada por activistas feministas, particularmente preocupadas por el efecto que tendrán los recortes en los refugios para mujeres.
A medida que los informes de violencia de género se disparan en medio del confinamiento y las cuarentenas, muchas mujeres no pueden recurrir a la asistencia. El Fondo de Población de las Naciones Unidas calcula que este año el número de casos adicionales de violencia doméstica alcanzará aproximadamente los 15 millones debido al confinamiento. En México, los refugios de mujeres indígenas y afromexicanas se están quedando sin fondos debido a los recortes gubernamentales. Esta medida coloca a algunas de las mujeres más vulnerables del país, incluidas las mujeres embarazadas en las zonas rurales que dependían de estos refugios para recibir atención durante su embarazo y dar a luz, en situaciones que ponen en peligro su vida.
