La pandemia de coronavirus no es una razón para obstaculizar la democracia

En julio, cuando la población fue a votar en República Dominicana, quedó claro que no participaba en una elección normal. Hacían largas colas fuera de los colegios electorales, y cuando les tocaba votar, se ponían mascarillas y se desinfectaban las manos antes y después de emitir su escrutinio. Los funcionarios también usaban mascarillas y guantes, y las superficies y equipos de los colegios electorales se limpiaban regularmente. Las elecciones fueron más difíciles de celebrar y hubo que tomar precauciones especiales en cada fase, pero se llevaron a cabo y concluyeron con una derrota estrepitosa del partido gobernante. El público expresó su deseo de cambio, algo que no habría sido posible si las elecciones se hubieran pospuesto.

Las elecciones presidenciales de Malawi, celebradas en junio tras la anulación por parte del tribunal de las elecciones fraudulentas de 2019, también dieron lugar a un nuevo gobierno. Corea del Sur encabezó la lista al celebrar las primeras elecciones nacionales en el marco de la pandemia. A pesar de los temores de que la gente se quedara en casa, la participación de los votantes aumentó y se eligió a un número récord de mujeres.

En el Día Internacional de la Democracia, es hora de decir que se pueden celebrar elecciones en el marco de la pandemia. Las elecciones no son, por supuesto, el único componente de la democracia: ésta también debe permitir la capacidad de expresar la disconformidad, de participar en la oposición y de pedir cuentas a los que están en el poder. Pero las elecciones sí son una piedra angular vital de la democracia, y los países que no celebran regularmente elecciones libres y justas no pueden considerarse democráticos.

Lo que estos ejemplos muestran es que todavía se pueden celebrar elecciones a pesar de la covid-19, y que todavía pueden ser una auténtica expresión de la voluntad pública y una transición pacífica del poder. La pandemia ciertamente dificulta las elecciones, pero no las hace imposibles, y está surgiendo un conjunto de buenas prácticas sobre cómo celebrar elecciones en estos tiempos inusuales, que incluyen medidas de seguridad, alternativas a la votación presencial y nuevos escenarios para la campaña política.

Los gobiernos tienen el deber de celebrar elecciones siempre que sea posible, y los partidos en el poder no deben utilizar la pandemia y las medidas de emergencia como excusa para aferrarse al poder.

Los gobiernos también tienen el deber de velar por que las personas no se vean indebidamente expuestas a riesgos en el ejercicio de sus libertades democráticas. Esto significa que, además de las medidas de protección, tal vez deban ofrecer métodos de votación alternativos a las personas que no pueden llegar físicamente a los colegios electorales, incluidos los grupos de población vulnerables con mayor riesgo de infección. Los gobiernos deben garantizar que nadie quede excluido del derecho de voto y que los resultados de las elecciones sean una expresión genuina de las opiniones de los ciudadanos.

Esto significa que los gobiernos tal vez tengan que recurrir más a la votación en línea, por correo y por poderes de lo que lo han hecho hasta ahora, y esforzarse más para garantizar que estos medios sean fiables e invulnerables a los ataques. Además, en los casos en los que no sea posible utilizar métodos físicos de campaña, como mítines y votación puerta a puerta, debería haber un acceso equitativo a la cobertura de los medios de comunicación y debería abrirse un espacio en línea para que una serie de candidatos y partidos puedan transmitir sus mensajes y conectarse con los votantes.

Elecciones en la cuerda floja

Lamentablemente, aunque algunas elecciones en el marco de la pandemia han sido libres y justas, también ha habido varios casos en los que la realidad no ha estado a la altura de las expectativas. El partido gobernante en Bolivia, que llegó al poder como gobierno interino tras el derrocamiento de Evo Morales en 2019, parece decidido a seguir posponiendo la fecha de las elecciones hasta una fecha en la que sea más probable su victoria.

Las elecciones al Consejo Legislativo de Hong Kong [parlamento de la excolonia británica], que habrían ofrecido un espacio a la disidencia para organizarse frente a las medidas cada vez más restrictivas del régimen de Pekín, se han aplazado un año. En los Estados Unidos, los ataques del gobierno de Trump al servicio postal, en un momento en el que el voto por correo ofrece una forma fundamental de votación segura, parecen ser la última táctica de una larga campaña para reprimir a los votantes y dificultar la expresión de las minorías; estos ataques tienen por objeto ayudar a Trump a mantenerse en el poder o darle un espacio para impugnar los resultados de las elecciones.

Algunas de las votaciones ya celebradas no han estado a la altura de las normas más exigentes que se pueden alcanzar, ya que los gobiernos en el poder han aprovechado el marco inusual en el que han tenido lugar. En las elecciones de julio en Singapur, que confirmaron, como era de esperar, el largo dominio del partido en el poder, el partido gobernante aprovechó al máximo sus estrechos vínculos con los medios de comunicación estatales, a los que las voces de la oposición tuvieron difícil acceso; la oposición fue retratada como una amenaza a la respuesta del gobierno a la pandemia. Se observaron problemas similares en Sri Lanka.

En varios países, los partidos de la oposición, incapaces de organizar mítines o acceder a los medios de comunicación estatales, han recurrido a las redes sociales para hacer campaña. Aunque las redes sociales se han utilizado eficazmente, la creciente desinformación y las mayores restricciones a la libertad de expresión en Internet durante la pandemia impuestas por muchos gobiernos también han sido problemáticas.

El papel tradicional de la sociedad civil en torno a las elecciones también se redujo durante este período. Se hizo mucho más difícil, por no decir imposible, organizar cursos de formación para los votantes o actuar como observadores electorales, presentes físicamente en los centros de votación y escrutinio.

Sin embargo, la sociedad civil hizo lo que pudo para ayudar a asegurar que las elecciones fueran libres y justas.

Las elecciones en Malawi se celebraron después de que la sociedad civil presentara una demanda que sirvió para aplazar las medidas de contención hasta después de que se hubieran celebrado las elecciones. Se sospechaba que el partido gobernante estaba tratando de introducir apresuradamente una medida de contención que habría retrasado las elecciones en lugar de arriesgarse a perder el poder. En Croacia, la sociedad civil presentó una denuncia para obtener el derecho de voto por poderes para las personas que reciben tratamiento hospitalario por covid-19.

En República Dominicana, la sociedad civil lanzó una contracampaña para alentar a la gente a protegerse y salir a votar de forma segura después de que el gobierno saliente lanzara una campaña que parecía explícitamente diseñada para asustar a la gente para que se quedara en casa en lugar de ir a votar. La protesta pública llevó a suspender rápidamente la campaña del gobierno.

En el contexto de la pandemia, los gobiernos han tenido que tomar decisiones difíciles y encontrar equilibrios complejos entre los objetivos, a veces contradictorios, de controlar la propagación de la infección, proteger los medios de vida y respetar los derechos humanos, las libertades democráticas y el espacio para la sociedad civil. Es más probable que esas difíciles decisiones alcancen el equilibrio adecuado si se adoptan con un espíritu de apertura, diálogo informado y rendición de cuentas: si pueden ser objeto de supervisión y debate democráticos, y si se reconoce el papel de la sociedad civil, no sólo en la prestación de servicios a las comunidades necesitadas, sino también en la defensa de los derechos, el fomento de alternativas y el apoyo a elecciones libres y justas. La covid-19 no es una excusa para retrasar, minimizar o secuestrar la democracia. Ahora la necesitamos más que nunca.