El ordenamiento jurídico japonés está siendo objeto de un análisis cada vez más minucioso tras la histórica declaración por parte de la principal asociación jurídica del país para poner de relieve el elevado índice de condenas, así como el hecho que la pena de muerte se siga utilizando en el país.

La Federación Japonesa de Colegios de Abogados ha ido más lejos y ha reclamado la abolición de la pena de muerte –una iniciativa que los defensores de los derechos humanos esperan abra el diálogo sobre esta cuestión en el país–.

Los partidarios sostienen que el uso de la pena capital está reservado únicamente para los casos más extremos –asesinatos múltiples o ataques terroristas, como fue el ataque con gas sarín de la secta Aum Shinrikyo en 1995 que mató a 12 personas en el metro de Tokio–. En principio, una o dos personas son ejecutadas de media cada año en Japón, lo que hace que su uso sea mucho más comedido que en otros países en los que también se sigue aplicando la pena capital.

Pero a pesar del uso tan restringido que se hace en Japón de este tipo de castigo, existen problemas importantes. Según Atsushi Zukeran, presidente de la asociación japonesa de derechos humanos y justicia social Japan Association for Social Justice and Human Rights (Kyuenkai), se han producido cuatro casos de personas acusadas por error y posteriormente condenadas a muerte en Japón. Zukeran considera que esto es algo que podría volver a suceder.

“En el sistema de pena capital de Japón sigue habiendo la posibilidad de matar a la persona equivocada”, declara Zukeran a Equal Times, añadiendo que esto es preocupante para el historial de Japón en materia de derechos humanos. “Si alguien es acusado por error y después ejecutado, no hay manera de volver atrás”.

El caso más reciente es el de Hakamada Iwao, que permaneció 47 años en el corredor de la muerte, hasta que, gracias a unas pruebas de ADN, fue finalmente puesto en libertad hace tres años. Este caso pone de manifiesto lo complicada que la justicia puede llegar a ser. Existían pruebas que le podrían haber exonerado durante su juicio, pero la defensa no tuvo acceso a ellas. A día de hoy, Iwao sigue esperando que se celebre un nuevo juicio, pero la Fiscalía japonesa se niega a reconocer su inocencia.

Considerables problemas con el sistema judicial

Otros 130 condenados permanecen en el corredor de la muerte de Japón, famoso por el duro trato que reciben los reclusos y por las graves violaciones de los derechos humanos. En Japón, los condenados a muerte mueren ahorcados, y la fecha de la ejecución no es revelada, ni siquiera a la persona condenada, hasta la mañana del día en que se lleva a cabo.

Japón presenta un índice de condenas muy elevado. Más del 99% de los juicios de criminales acaban con un veredicto de culpabilidad. Si bien esto puede atribuirse en parte al número relativamente bajo de casos que van a juicio, otra parte está también relacionada con las firmes recusaciones sistemáticas que hacen que a una persona le resulte extremadamente difícil demostrar su propia inocencia.

Según Zukeran, estas recusaciones empiezan a partir del momento en que se sospecha del acusado.

“Una vez arrestados, permanecen detenidos durante 23 días, de la mañana a la noche, en la celda de una comisaría de policía, donde son interrogados a puerta cerrada y sin la presencia de un abogado”, dice.

“En esas condiciones cabe la posibilidad de que terminen por hacer declaraciones falsas, lo que puede convertirse en la base o el fundamento de un veredicto de culpabilidad y una condena de muerte”.

“A partir de ahí, la situación no mejora”, dice Yoshihiro Yasuda, un prestigioso abogado que defiende a personas que se enfrentan a la pena de muerte. Según él, el propio juicio se decanta a favor de los fiscales, haciendo que resulte extraordinariamente difícil demostrar la inocencia de alguien.

“Nosotros no tenemos acceso a las mismas pruebas a las que puede acceder el fiscal general”, declara Yasuda a Equal Times. “Además, ellos pueden contratar gratuitamente a muchos expertos y utilizar los institutos públicos de investigación científica, mientras que el abogado tiene que pagar por ello”.

Kyuenkai está reclamando tres cambios que él considera harían que el sistema fuese más justo: modificar el sistema de los interrogatorios y desplazar a los prisioneros de las comisarías de policía a centros de detención judiciales; ofrecer a ambas partes un acceso adecuado a todas las pruebas; y prohibir los cargos de la acusación por apelar el veredicto de culpabilidad.

Debates públicos, no encuestas

A pesar de estos problemas flagrantes, la pena de muerte cuenta con un amplio apoyo entre el público japonés, y las encuestas más recientes muestran que el 80% de la ciudadanía está a favor de que se utilice.

Yuji Ogawara, un abogado que ha trabajado en varios casos de condenados a muerte, opina que esto pone aún más de manifiesto el hecho de que en Japón todavía no exista un verdadero discurso nacional sobre el uso de la pena de muerte.

“Yo personalmente creo que no deberíamos decidir sobre la pena de muerte en función de los resultados de unos sondeos. Se debería decidir sobre la base de debates públicos”, dice Ogawara.

“Hasta ahora, los ciudadanos de Japón no disponían de muchas oportunidades para discutir ya sea la abolición o el mantenimiento de la pena de muerte”.

Sin embargo la tendencia es preocupante. Según Yasuda, el primer ministro Shinzo Abe podría estar considerando utilizar la pena de muerte como instrumento para proteger al país de ataques terroristas antes de la celebración de los próximos Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio.

“Desde que Abe se convirtió en primer ministro de Japón, se han ejecutado a un total de 21 personas”, dice Yasuda. “Se trata de la cifra más elevada jamás registrada durante el mandato de un primer ministro”.

La concienciación sobre el uso de la pena de muerte en otros países, como los Estados Unidos, China o Indonesia, sigue siendo mucho mayor que en Japón, y los casos que se dan allí suelen atraer la atención internacional. Muchos abogados creen que la presión y una mayor atención mediática podrían contribuir en la lucha a favor de la abolición de la pena de muerte y de la reforma del sistema de justicia japonés.

“Hace tiempo, en Francia, la actriz Catherine Deneuve protestó en una ocasión y llevó personalmente a la embajada estadounidense un saco lleno de peticiones firmadas”, dice Yasuda. “Yo quiero que la gente haga lo mismo en la embajada japonesa. Creo que así los japoneses despertarían”.

Ogawara está de acuerdo en que la atención internacional puede ayudar –pero advierte de que ésta tiene que ser constructiva, puesto que las críticas hostiles podrían tener consecuencias imprevistas–.

“La presión extranjera sólo provocaría la resistencia del pueblo japonés”, dice Ogawara.

“Por eso es mejor que la comunidad internacional nos dé consejos, como un amigo que comparte valores comunes”.