En Chinsapo, un barrio densamente poblado ubicado en Lilongüe, capital de Malawi, el sacerdote rastafari Storm Jericho Kadondo arranca cuidadosamente las hierbas que crecen alrededor de una planta de cánnabis que está cultivando a escondidas detrás de la valla de su casa.

“Como rastafari, cultivo al menos un árbol de cánnabis para fines meditativos. Pero tengo que cultivar el árbol sagrado a escondidas, porque aquí es ilegal cultivarlo”, señala Kadondo, director general de la asociación de la hermandad rastafari Rastafarian Fellowship Association.

En Malawi todos los tipos de cultivo de cánnabis son ilegales: desde la marihuana, que contiene niveles más altos del componente psicoactivo THC y que se utiliza para fines medicinales y recreativos, hasta el cáñamo, que tiene niveles insignificantes de THC y numerosos usos industriales. Sin embargo el país es famoso por ser uno de los mayores productores de esta planta en África austral. Y la Malawi Gold, una variedad de marihuana especialmente potente (que localmente se denomina chamba), es muy apreciada por los entendidos del cánnabis del mundo entero.

La importante comunidad rastafari de Malawi ha estado reclamando durante años la legalización del cultivo, suministro y posesión de marihuana, puesto que uno de los principios clave del movimiento rastafari es fumarla. Sus reivindicaciones, antaño marginales, están ganando mucha popularidad a raíz del desplome del precio del tabaco en el mercado global, producto que aporta aproximadamente el 60% de los ingresos externos de Malawi.

En tándem, el creciente apoyo internacional en favor de la despenalización y la legalización del cánnabis está repercutiendo en la percepción que se tiene de esta planta. Se ha manifestado un apoyo especialmente enérgico en favor de la legalización del cáñamo, que puede utilizarse para la fabricación de una gran diversidad de productos comerciales, como textiles y cosméticos.

“La firme postura adoptada por la comunidad internacional contra el consumo del tabaco está llevando a Malawi a perder millones de dólares de ingresos de exportación. La comunidad rasta considera que la legalización del cultivo de marihuana puede dar un vuelco al destino económico del país”, explica Kadondo a Equal Times. En 2018, los precios de subasta para los cultivadores de tabaco de Malawi eran de 1,58 dólares USD por kilogramo; el cánnabis puede venderse por 30 veces dicha cantidad.

Kadondo afirma que la asociación Rastafarian Fellowship Association ha escrito a la Comisión Jurídica de Malawi y a la Comisión de Derechos Humanos de este país para instar al Gobierno a que siga los pasos de países como Uruguay y Canadá, legalizando todos los tipos de cánnabis.

“La marihuana tiene muchas propiedades vitales. Contiene aceite cannabidiol [más conocido como CBD o aceite de cáñamo], cuya demanda en el mercado es muy elevada por las propiedades curativas que posee”, indica Kadondo.

Ras Chikomeni Chirwa asiente. Este músico y agricultor se hizo famoso de la noche a la mañana tras intentar presentarse a principios de este año a las elecciones presidenciales del país que se celebrarán el próximo mes de mayo. Aunque Chirwa fue descalificado por no cumplir algunos de los requisitos básicos para ser candidato, su promesa de legalizar el cánnabis le hizo ganar muchos partidarios.

“El Gobierno no está dejando clara su postura respecto al cultivo de marihuana”, explica a Equal Times. “El Gobierno está actuando como si el cánnabis fuera una sustancia nueva cuando en realidad se ha estado utilizando durante muchas generaciones para curar una gran variedad de enfermedades, además de ofrecer interesantes oportunidades económicas para el país”.

El potencial económico del cánnabis, a pesar de la caída del precio

Según un informe del Banco Mundial de 2011, el comercio de la marihuana representa cerca del 0,2% del PIB anual de Malawi. Y aunque entre 2017 y 2018 los precios mayoristas de la marihuana en algunos estados de EEUU (un importante mercado internacional para el cánnabis) se desplomaron hasta un 50% debido al elevado volumen de cultivadores que inundaron el mercado, la empresa de investigación de cánnabis Brightfield Group proyecta una expansión del mercado legal del cánnabis de hasta un 60% de aquí a 2021, alcanzando los 31.400 millones de dólares. Esta evolución supondría una enorme oportunidad para países como Malawi, donde los productos agrícolas representan el 80% de todas las exportaciones y la agricultura representa el 80% de todos los empleos.

La iniciativa para legalizar el cánnabis en Malawi dio un gran paso adelante el pasado diciembre, cuando el Parlamento aprobó una propuesta de Boniface Kadzamira, diputado independiente por Ntchisi Norte (Malawi central), para redactar un proyecto de ley que permita el cultivo, producción y posesión de cáñamo industrial y de marihuana para fines médicos. Si bien el Parlamento dio su visto bueno para realizar pruebas con el cáñamo industrial, los legisladores debaten actualmente el proyecto de ley propuesto.

Esta no es la primera vez que el Parlamento de Malawi debate la legalización del cánnabis. En abril de 2000, Joe Manduwa, antiguo viceministro de Agricultura, fue el primer parlamentario en abogar por el cultivo legal del cáñamo industrial, una postura que sigue manteniendo actualmente.

“La legalización del cultivo del cáñamo podría dar la vuelta a la economía del país, puesto que es más barato de cultivar que el tabaco y se vende a buen precio en el mercado internacional”, sostiene Manduwa.

También podría contribuir a la creación de nuevos puestos de trabajo en un país donde los niveles de pobreza no dejan de aumentar: “Nos quejamos de la alta tasa de desempleo que registra el país, pero la legalización de la marihuana podría dar trabajo a los jóvenes que deambulan por las calles”, afirma Manduwa.

Sin embargo se apresura a señalar que hace falta organizar con carácter de urgencia una campaña cívica para informar a la gente sobre las diferencias entre el cáñamo industrial y la marihuana.

Una opinión parecida comparte la inversora británica Tanya Clarke, que gestiona la asociación nacional de cáñamo industrial National Industrial Hemp Association of Malawi y que ha dirigido diversos estudios sobre el cultivo del cáñamo industrial en el país desde 2015.

“[Muchos] malawianos se consideran religiosos, y la defensa de la legalización del cáñamo industrial ha sufrido porque se ha argumentado desde una perspectiva religiosa. Además, muchos malawianos tienen dificultades para acceder a información, y este vacío informativo hace que solo perciban los aspectos negativos del cultivo del cáñamo”, señala Clarke.

No obstante, los activistas antidroga siguen advirtiendo de que, con la flexibilización de las normas relativas al cultivo de cáñamo industrial, es muy probable que los productores abusen de la ley cultivando marihuana, lo que podría provocar un aumento del consumo entre los jóvenes del país.

“Es cierto que podríamos vernos tentados a optar por el cáñamo industrial, habida cuenta de los beneficios económicos, pero también tenemos que considerar las repercusiones sociales y morales que la legalización de la marihuana podría tener en el país”, señala Nelson Bazwell Zakeyo, director general de Drug Fight Malawi, una ONG dedicada a la lucha contra la droga. Los activistas que se oponen a la legalización, como Zakeyo, advierten que los efectos negativos del consumo frecuente de marihuana pueden ir desde una pérdida de la función cognitiva hasta la aparición de alteraciones psicóticas.

Hetherwick Ntaba, médico y exministro de Asuntos Exteriores (de 1993 a 1994), que apoyó la legalización del cultivo de cáñamo cuando Manduwa presentó por primera vez la propuesta al Parlamento hace casi 19 años, sostiene que hay mucha información equívoca respecto al uso de la marihuana, y que no existen pruebas científicas que demuestren que sea más peligrosa o adictiva que sustancias controladas como pueden ser el tabaco y el alcohol.

“El problema que tenemos los malawianos es que somos demasiado conservadores y que estamos tratando el cáñamo como una nueva sustancia. Los que se oponen al cultivo del cáñamo afirman que provocaría un aumento de los índices de delincuencia, pero este argumento carece de lógica. Los beneficios de la legalización tienen más peso que los aspectos negativos”, sentencia.